Por: Natalia Bedoya Alcaraz
La pasada COP28 que se celebró en Dubái, Emiratos Árabes Unidos a finales del 2023, dejó a países como Colombia con las esperanzas puestas en el Fondo para Pérdidas y Daños, que se creó para ayudar a financiar los costos que sufran los países más vulnerables en materia de pérdidas y daños frente a los eventos de cambio climático extremo. Aunque, a decir verdad, no debió esperarse mucho después de la escena inesperada en la que se aprobó:
“Se aprobó iniciando las negociaciones el primer día, o sea, sin discusión ni nada. Salió el presidente y dijo: apruebo el fondo y va a ser administrado por el Banco Mundial. O sea, se venía teniendo una discusión, se venía teniendo una participación de la sociedad civil, pero como él vio que se le iba a salir de las manos, que era una discusión incidente que ya venía construída, al primer día cogió y lo aprobó solo. Y el presidente de la convención viene del sector petrolero. Él tomó esa decisión, El Banco Mundial que ha tenido intereses en seguir financiando la extracción de combustibles fósiles, modelos de desarrollo no sostenibles y demás…”, cuenta como anécdota Estevan Marín Quintero, coordinador operativo y promotor de proyectos en territorio de la Fundación Barranquilla +20.
Las pérdidas y daños son los impactos negativos del cambio climático que no pueden evitarse ni con medidas de mitigación (reducir emisiones), ni de adaptación (ajustarse a los cambios); y estos incluyen pérdidas económicas y no económicas: infraestructura, cultivos, biodiversidad, ecosistemas, territorios y saberes ancestrales, prácticas culturales, tejidos comunitarios, vidas humanas y hasta la salud mental.
La lógica con la que se propuso manejar dicho fondo fue entonces que, a mayores emisiones de gases de efecto invernadero, mayor sería también la contribución económica que debía asumir cada Estado. Sin embargo, en la realidad, esto termina siendo un tire y afloje entre lo que las organizaciones y vocerías ambientales exigen, y lo que los negociadores elegidos por cada país llevan al debate y acuerdan. Por otro lado, también termina siendo una media injusta para quienes menos contaminan, como es el caso de Colombia, que, entre 1970 y 2022 (52 años) sólo produjo el 0,30% de CO2, en comparación con Estados Unidos, que produjo el 24.8% entre 1990 y 2024 (34 años).
“Colombia envía una delegación de negociadores que negocian por Colombia. Muchas veces no sabemos qué negocian, pero bueno…” dice Estevan, quien agrega que más allá de hablar de pagar por los daños y pagar por las pérdidas, hasta ahora no ha habido consenso, ni se han presentado avances sobre la estrategia de financiamiento y la gestión aterrizada de los recursos. Además, también denuncia que es necesario que la situación pase de allí porque las consecuencias de esta problemática, aparte de que evidencian desarticulación, también desbordan la capacidad de atención de la política nacional:
“Hoy tenemos unas maneras precarias de atender las pérdidas y los daños. Colchonetas que se dan a través de la unidad de gestión de riesgo, unos subsidios, pero usted sabe que eso es a dedo, o muchas veces es de alguna forma seleccionado por una o otra persona. Si mucho llegan 50 y son 300, 400, 500 familias. Todo lo relacionado con pérdidas y daños, si lo aterrizamos a una política pública, está asociado a una emergencia humanitaria. Entonces están las diferentes oficinas de las Naciones Unidas, la Cruz Roja, la Defensa Civil, los órganos de socorro, incluso las Umatas de los municipios están atendiendo este tipo de situaciones. Eso lo que evidencia es una desarticulación, porque hay un financiamiento demasiado delgado. En cuanto a la caja de toallas, a un arroz, a elementos no perecederos, hasta ahí llega la situación de atender las pérdidas y los daños. Pero entonces, ¿qué pasó con la escuela que se cayó? ¿Qué pasó con la carretera que se dañó para sacar los productos? ¿Qué pasó con la quebrada que devoró con todo el cultivo? ¿Dónde están esos saberes y prácticas cuando una persona falleció por un derrumbe o cuando se tuvo que desplazar e irse?”, argumenta él.
Organizaciones como Barranquilla +20 y la Red Mujeres por la Justicia Climática intentan posicionar el tema de pérdidas y daños en las agendas ambientales juveniles y de género. Para Zairybeth Velasquez, mujer wayuu, coordinadora de la Red, las organizaciones sociales han suplido al cien por cien el papel del Estado porque han sido quienes han estado presentes en los territorios, atendiendo, gestionando y protegiendo, aún si son invisibilizadas respecto a la inversión de recursos.
Según ella, las mujeres jugamos un papel fundamental porque sobre nosotras recae la responsabilidad del cuidado de la vida y, por ende, somos también las primeras en experimentar los efectos del cambio climático, que la destruye. Por ende, en las discusiones sobre políticas públicas asociadas a la problemática se debe reconocer el papel fundamental que juegan las mujeres cuidadoras del territorio, y dichos programas deben tener enfoque territorial, así como priorizar a las poblaciones más vulnerables y garantizarles su participación en la toma de decisiones:
“Para evitar nuevas formas de colonialismo climático, las políticas públicas y los proyectos que llaman supuestamente de desarrollo, deben ser construidas desde los territorios y no imponerse desde las grandes potencias mundiales, desde donde nos hacen creer que esa es la solución, como pasa actualmente con el tema de transición energética. Nos hacen pensar que esa es una forma de mitigar y de aportar a que no se siga generando más contaminación, pero lo que realmente se observa es que es un modelo económico capitalista que solamente está interesado en asegurar economía para el futuro. La única forma de evitar ese colonialismo es que podamos participar activamente en el diseño, implementación y monitoreo de esas políticas desde los territorios indígenas, afro, rurales, campesinos” argumenta Zairybeth.
Por otro lado, ella recalca que, desde su perspectiva, los responsables no solamente deben compensar económicamente, sino que también deben asumir una responsabilidad social, política, moral, y hacer una reparación integral a todos los pueblos afectados: “Creemos que no basta con pagar, sino que es urgente también prohibir y detener todas esas acciones que continúan generando grandes daños irreparables. Sentimos que esta reparación tiene que ir acompañada de la no repetición, con un enfoque realmente de género, de territorio y de justicia climática”.
Como latinoamericanas, para ella tenemos que ser radicales en cuidar la vida. Así mismo, tenemos que levantar la voz frente a quienes contaminan, despojan y destruyen nuestros sistemas de vida. “Debemos ser valientes, firmes y coherentes, pero también debemos creer en nuestra fuerza colectiva, en la sabiduría de nuestros ancestros, en el poder de las mujeres de dar vida, de cuidar, de sanar y de transformar el mundo. Porque si no somos las mujeres, ¿quién más lo hará?”, cuestiona ella.
Reclamar una contribución económica por un porcentaje de contaminación puede sonar abrumador, ¿En el presente se paga por lo invaluable? ¿Cómo podría calcularse el valor de una especie que se extingue, del alimento que se pierde, de lo que desaparece silencioso entre un desastre? ¿No todo es una pérdida?
Países insulares que están ya “condenados” a desaparecer en los próximos treinta o cincuenta años fueron quienes iniciaron las discusiones a nivel mundial sobre pérdidas y daños. Islas pequeñas que tienen literalmente “el agua al cuello” son las que hicieron los primeros reclamos frente a instancias internacionales. A Colombia pocos ciudadanos se la imaginan en esas, aunque ni siquiera contamos con la tecnología y la ciencia suficiente para interpretar acontecimientos críticos como el que sucedió en junio de este año en la vereda Granizal, del municipio de Bello Antioquia.
Para el caso, Estevan sostiene que esta demanda es justa. Es una demanda precisa que hacen en conjunto las comunidades locales, rurales, periurbanas, indígenas, afro y campesinas de todo el país. “Es una apuesta decolonizadora, no extractivista, antipatriarcal y anticapitalista, conectada estrechamente a otras luchas”. Es un frente necesario.
Barranquilla +20 hace parte de la coalición internacional de jóvenes por las pérdidas y los daños, tiene agenda formativa, combate la brecha de liderazgo ambiental, lucha desde el 2012 por la conservación, protección y defensa de una ciénaga, trabaja en los barrios y laderas de una ciudad calurosa que están en riesgo de desbordamiento, es propositiva alrededor del manejo del plástico, incide en los espacios de participación internacionales y un etcétera más; y así mismo, siente como una obligación insistir en tocarle los bolsillos a quienes menos se los quieren tocar. Hace parte de romper las cadenas.
Por ejemplo, a una comunidad que está protegiendo un bosque en riesgo por la crisis climática, que haya perdido no sólo ese bosque sino también la vida de uno de sus liderazgos en determinado evento natural extremo, no es significativo que se le intente devolver eso que no tiene precio, pero sí lo es poder tener recursos para hacer un proceso de restauración. La financiación incide directamente en que este tipo de acontecimientos no queden como vacíos dentro de la historia.
“El cambio climático lo estamos sintiendo todas y todos acá en el sur, es una reclamación y una demanda justa hacia los países del norte, que sí tienen el financiamiento para adaptarse y mitigar. Desde lo económico falta aterrizarlo en Colombia. Por eso es que esta discusión es álgida, porque es ahí donde se pone la lupa realmente. Mucha política, mucha discusión, muchas horas de adaptación, de mitigación, pero ahora sí, centrémonos en el financiamiento y en aterrizarlo a los países que más están sufriendo. Claramente, cuando se toca el bolsillo de los contaminadores y se dice que paguen los contaminadores, pues ahí es donde no se llegan a acuerdos, se van de las reuniones, e influyen. Rusia influye en los países del suroeste asiático para que digan que no, para que se dilate la conversación, para que los negociadores se paren de la mesa”, dice Estevan.
Él agrega que la presión política nacional e internacional que se necesita es clave para poder avanzar, pero esa presión sólo podrá darse si se empoderan las comunidades, pues son quienes, a nivel local, podrían detallar qué es lo que pasa y qué es lo que debe llevarse a la discusión internacional. Así mismo, argumenta que es importante que se garantice el acceso a la información: “Incluso más allá del financiamiento, estaría la apertura y la rendición de cuentas. Por ejemplo, ¿qué posición lleva Colombia frente a las pérdidas y daños para la próxima COP30? Eso lo necesitamos saber”. .
Dicha convención pretende hacerse a inicios de noviembre de este 2025 en Belém, Brasil. Para Estados Unidos y sus partes no es obligatorio, según cuenta Estevan, participar en ella, como sí lo es en cambio para Colombia. Sin embargo, este primero siempre ha sido uno de los mayores financiadores del evento, lo cual termina influyendo y trayéndole beneficios. Entre los retos para el movimiento ambiental colombiano están, entonces, poder poner en tela de juicio estas verdades; exigir mayor justicia ambiental y climática, y transparencia en los acuerdos que los grandes firman o pagan por interrumpirlos.
