En un multitudinario evento celebrado en Saravena el pasado 29 de julio, con la participación de delegaciones de Arauca, Casanare, Santander, Boyacá y Cundinamarca, el pueblo del centro oriente colombiano se pronunció frente a la grave situación humanitaria que vive la región. El pueblo, en uso de la soberanía, que le es inherente y que ha tenido que ser reconocida por las normas nacionales e internacionales, se armó de valor e hizo público el testimonio que evidencia la crisis social y humanitaria causada por el Estado colombiano y las políticas del gran capital.
Ante la criminalización y persecución por parte de las autoridades oficiales, las comunidades presentaron a la opinión nacional e internacional la responsabilidad del Estado en la violación de los más elementales derechos. En forma contundente y clara se hicieron denuncias sobre la agresión a los pueblos ancestrales, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública y denominadas “falsos positivos”, la judicialización a los dirigentes sociales, la criminalización de la expresión ideológica y política, las acciones encubiertas, el paramilitarismo, la invasión de la vida cotidiana, entre otras.
A pesar de la ausencia deliberada de los organismos de justicia y control de orden nacional del Estado, las denuncias quedaron expuestas y las exigencias, producto de la sabiduría del pueblo, afloraron y fueron asumidas por las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, la comunidad internacional y una integrante del Parlamento Andino, quienes manifestaron su solidaridad y compromiso como veedores y participantes de un proceso que garantice la lucha contra la impunidad.
Entre los casos más relevantes que se conocieron en el marco del Cabildo Abierto están los relacionados con el intento de reactivar la estrategia paramilitar en varios de los municipios de Arauca, a través de panfletos con amenazas de muerte (Arauquita), extorsiones directas a campesinos (Saravena) y asesinatos o atentados con armas de fuego (Tame).
Los asistentes también pudieron presenciar la inesperada confesión que realizó una joven, que fue contratada por la Fiscalía para declarar en contra de las personas inocentes que están siendo procesadas por el homicidio de la juez penal de Saravena Gloria Constanza Gaona. La supuesta testigo, Martha Cecilia Jurado, manifestó que había firmado documentos y entrevistas para la Policía Judicial, a cambio de recibir beneficios económicos y la libertad de su hermano, que se encuentra preso, quien también está siendo utilizado para el montaje; así mismo afirmó enfáticamente que no tenía conocimiento alguno acerca del homicidio de la juez y que esos muchachos eran inocentes.
Respecto a su participación en el proceso, la joven Martha Jurado relata “Nos llevaron para Bogotá. Allí estuvimos como dos meses, y luego de haber firmado unos documentos, nos dieron 80 mil pesos de los transportes, pa’ que nos devolviéramos”. Afirmó que hacía pública la verdad “para que otras personas no caigan en la trampa” y porque “esos señores son inocentes, yo no sabía de qué era que me hablaba el Fiscal, sólo pensaba en mi hermano y los tales beneficios”.
Este hecho se constituye no sólo en una prueba de la inocencia de Robinson Adrián Ortega, Nelson Archila y Diomedes Gamboa respecto al delito que se les imputa, sino en una muestra fehaciente de los montajes judiciales de los cuales han sido víctimas aproximadamente 10.000 pobladores del centro oriente colombiano, especialmente del departamento de Arauca, orquestados por la Fiscalía, la Policía Judicial, el Ejército, el DAS y otras entidades del Estado.
Precisamente una de esas víctimas, la dirigente social Ariela Gélvis Quintero, fue protagonista de un acto de voluntad y soberanía, al presentarse ante el pueblo y los órganos de justicia para ratificar su inocencia y demostrar la persecución y los montajes que el Estado viene haciendo no sólo contra ella, sino contra la labor social y los proyectos comunitarios que ha representado, como es el caso de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena -ECAAAS-. Al respecto, las organizaciones sociales invitaron a los organismos de derechos humanos, a la comunidad internacional y a todo el pueblo del centro oriente colombiano a sumarse en una campaña en contra de la judicialización de los dirigentes y las comunidades, teniendo como caso ejemplar el de Ariela Gélvis, quien no sólo fue vinculada al mismo proceso penal que mantiene preso al cacique U’wa Ismael Uncacía, sino que la orden de captura en su contra fue puesta en una circular azul de la Interpol y su fotografía en un cartel de la fuerza pública con “los 20 más buscados de Arauca”.
Ese acto voluntario de parte de la doctora Ariela no bastó con ponerse a disposición de las autoridades en el mismo escenario público del Cabildo, pues tuvo que concluir con la procesión a la sede de la Personería Municipal de Saravena y luego hasta las instalaciones de la Policía Judicial, dado que la Fiscalía no hizo presencia en el evento, a pesar de haberse cursado una invitación a la Fiscal General de la Nación. A pesar de esto, los medios masivos de comunicación difundieron una versión distorsionada del hecho, afirmando que se había “entregado una guerrillera del E. L. N., presentándose junto con unos familiares a la Policía Judicial y manifestando su voluntad de colaborar con la justicia”.*
En primer lugar, lo que manifestó públicamente Ariela Gélvis fue su inocencia frente a las sindicaciones que le hace la Fiscalía en el sentido de pertenecer a grupos insurgentes; en segundo lugar, la presentación se produjo ante más de tres mil personas en el Cabildo Abierto, en donde quedó bajo la autoridad del Personero Municipal de Saravena; en tercer lugar, quienes la acompañaron a la sede de la Personería fueron aproximadamente 500 personas participantes del Cabildo; finalmente, Ariela Gélvis en ningún momento manifestó su intención de “colaborar con la justicia”, porque si se presentó ante la misma fue precisamente para demostrar su inocencia y corroborar lo que ella misma denominó como un montaje judicial en su contra.
Ante este panorama de agresiones de todo tipo, el Cabildo Abierto dejó como conclusión que el pueblo del Centro Oriente Colombiano seguirá ejerciendo las diversas formas de lucha que históricamente ha forjando en procura de una vida digna y ratifica su compromiso por los Derechos Humanos y la permanencia en el territorio.