Por: Caribe Investigación
1. Emergencia hídrica
Si bien los temas servicio eléctrico y seguridad ocupan las primeras líneas de las agendas informativas y del debate público de la región Caribe, otro tema es clave porque impacta la cotidianidad, el desarrollo y producción de alimentos y se repite con sus matices en cada departamento: un mapa de crisis de agua en los ocho departamentos de esta región.
Una de las características más importantes del Caribe colombiano tiene que ver con su mapa hidrográfico. La región cuenta con una importante red de ríos, arroyos, lagunas, ciénagas y reservorios de agua que la ubican como una geografía de primera línea ecológica. Sin embargo, el acceso al agua potable, el servicio de alcantarillado o de tratamiento de aguas residuales y los impactos ambientales siguen liderando la lista de penurias que padecen poblaciones enteras.
Uno de los temas más comunes se viene presentando en el departamento del Atlántico, donde se han registrado varios casos de robo de agua potable por parte de hacendados y finqueros en Manatí, o fallas graves en el servicio de agua en los municipios Malambo y Soledad. El Atlántico recuperó hace pocos días más de un millón de litros de agua en operativos que desmantelaron redes clandestinas, identificaron 33 conexiones ilegales en fincas de Manatí que sustraían 1.500 metros cúbicos diarios, lo que afectaba a 40.000 habitantes y dejaba pérdidas por $2.000 millones.
Otros departamentos de la región Caribe enfrentan también graves problemas estructurales con el servicio de agua potable, como es el caso del departamento Magdalena, principalmente en Santa Marta, aunque también en municipios como Zona Bananera, Aracataca, El Retén y Chibolo. En Santa Marta, por ejemplo, las autoridades sellaron recientemente cinco fábricas ilegales de agua que operaban con pozos sin permisos ni controles sanitarios. Como solución estructural, se ha planteado varias veces la construcción de plantas desalinizadoras en Santa Marta (lo hizo Petro y el alcalde), aunque ninguno de los dos ha contemplado la renovación de la red de tuberías obsoleta y de planes de control de fugas.
A esto debemos sumar la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica de 2026 emitida por el Gobierno nacional para enfrentar las inundaciones ocasionadas por el impacto climático; o la vulnerabilidad que sufren comunidades rurales que están condenadas al acceso de agua potable o a la actividad pesquera y agrícola por falta de agua, mientras empresas de monocultivo, ganadería extensiva o de explotación minera tienen libre albedrío para operar en los territorios con graves afectaciones a afluentes de agua.
Tenemos entonces que entre las problemáticas más críticas se encuentran la falta de acceso en algunas ciudades o subregiones, la mala calidad del agua, la intermitencia en el servicio y la afectación por fenómenos climáticos como el frente frío y posibles sequías por El Niño y la afectación por el desarrollo de megaproyectos. Todo en su conjunto impide el uso correcto, equitativo, equilibrado y en respeto por el orden de vida del territorio.
En La Guajira, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Petro, la extrema vulnerabilidad no se ha superado. Es el departamento más afectado, con un 50% de la población con necesidades básicas insatisfechas, alta mortalidad infantil y dependencia de carrotanques, y con más del 60% de las comunidades rurales sin acceso a agua potable. Sus fuentes de agua presentan altos niveles de minerales y sales; la infraestructura de acueducto y alcantarillado está en mal estado o es insuficiente para atender la demanda, especialmente en las zonas rurales de Uribia. La presencia de aguas contaminadas y la erosión del suelo también dificultan la recuperación de varias fuentes naturales.
En Magdalena se debaten entre emergencias y saneamiento o tratamiento del agua residual: El desabastecimiento es crítico en municipios como Puebloviejo; también en Santa Marta, donde se suma otra preocupación: el colapso del alcantarillado (aguas residuales en calles y vías), lo que afecta la salud y la economía de esta ciudad turística.
Bolívar también padece por el deterioro de la infraestructura: sectores de municipios como San Jacinto llevan más de 30 años sin un sistema óptimo, dependiendo del servicio de carrotanques. En Cesar existe una mezcla de clientelismo e intermitencia en la prestación del servicio: Persisten fallas estructurales en Aguachica con dependencia de carrotanques u otras zonas rurales de Valledupar. También se han documentado casos de uso político del agua para captar votos, una de las prácticas más comunes en las comunidades que históricamente han padecido por el acceso al agua.
En Córdoba, por su parte, existe una brecha rural. A pesar de contar con fuentes hídricas (ríos), las comunidades rurales como Tierralta sufren por falta de infraestructura. Sucre depende de fuentes externas y, al igual que Bolívar, hoy está incluido en la declaración de emergencia. Las fallas se concentran en la baja presión y racionamientos en zonas apartadas.
Diferencias Clave
Entre los departamentos La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Atlántico, los problemas son principalmente estructurales y de gestión. Existe cobertura de acueducto en las cabeceras, pero fallan la continuidad (falta presión, racionamientos), la calidad (olor, color, sedimentos) y el manejo de aguas residuales. La causa suele ser la obsolescencia de la infraestructura, el crecimiento urbano no planificado, las conexiones ilegales (hurto de agua), la falta de inversión en tratamiento y la imposición de modelos extractivos de distinto orden. Esto se puede visualizar con un caso concreto: mientras Barranquilla tiene agua 24/7, su vecino Malambo sufre racionamientos severos; lo mismo sucede con otras ciudades, sobre todo porque es marcada la brecha entre las zonas urbanas y las zonas rurales.
La crisis se agravó por factores externos como el frente frío de 2026, que causó inundaciones y daños en acueductos, y la posible llegada de El Niño (agudizará las sequías). Además, la injerencia politiquera en la distribución del agua (como el uso de carrotanques con propaganda electoral en el Cesar) expone cómo la necesidad básica puede ser instrumentalizada, corrompiendo la gestión del servicio.
2. Crisis en La Guajira
El presidente Gustavo Petro anunció desde Riohacha que mantiene abierta la puerta al diálogo con Naín Andrés Pérez Toncel, señalado jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Petro advirtió que, si este no acepta negociar su sometimiento a la justicia, la Policía deberá proceder con su captura. La declaración ocurre en un contexto de grave violencia en La Guajira, donde las ACSN imponen control mediante masacres, extorsiones y un reciente paro armado de tres días que paralizó la economía regional.
El mandatario intenta equilibrar la insistencia en el diálogo con un tono más firme, mientras el acusado jefe paramilitar continúa apareciendo en videos portando armas y desplazándose libremente, desafiando a la Fuerza Pública. Aunque versiones extraoficiales indican que Naín Pérez habría manifestado su intención de entregarse voluntariamente, dicha rendición no se ha concretado por presiones del estado mayor de las ACSN. La situación genera fuertes críticas hacia la política de “paz total”: para algunos, negociar es necesario para desmontar estructuras armadas; para otros, fortalece a criminales que siguen delinquiendo desde el territorio. Mientras tanto, las comunidades de La Guajira permanecen atemorizadas y con su economía golpeada por la violencia.
La respuesta de las ACSN fue inmediata; en un comunicado, Naín Pérez respondió al presidente: “He escuchado el llamado de nuestro presidente Gustavo Petro y quiero responderle desde la tierra que me vio nacer: mi compromiso es con La Guajira y la paz”.
También anunció un cese al fuego total en todo el departamento, afirmando que no quieren seguir viendo más familias golpeadas por la violencia. “La Guajira no aguanta más guerra, entiendo el cansancio de mi pueblo y por eso anuncio ante el Gobierno y mis paisanos un cese al fuego total en todo el departamento; no queremos ver más derramamiento de sangre”, puntualizó.
No dudamos de las buenas intenciones del presidente Petro; queremos creer en la respuesta de las ACSN. Pero este domingo 10 de mayo se registró una masacre en el corregimiento de Palmira, en Puebloviejo, donde murieron integrantes de una misma familia a manos de sicarios a sueldo de las ACSN, según informaciones preliminares aportadas por las autoridades.
Como aseguramos semanas atrás, no existe voluntad de paz de este actor armado. Han utilizado la mesa de negociación y los comunicados para evadir su responsabilidad; el estado mayor de las ACSN dice una cosa y Naín Pérez otra; la realidad sigue siendo la misma.
La crisis de seguridad en La Guajira y Magdalena no se debe exclusivamente a las ACSN. El contexto actual es complejo porque entran en la ecuación las AGC, la banda Los Primos y otros actores menores que trabajan al servicio o en alianza con algunos de ellos.
Alerta de la Corte
La Corte Constitucional de Colombia emitió una alerta contundente sobre cómo los grupos armados ilegales están obstaculizando los controles estatales en medio de la grave crisis humanitaria que afecta al pueblo Wayuu en La Guajira, sobre todo en las zonas de mayor vulnerabilidad para el acceso al agua potable.
En un auto firmado por el magistrado Carlos Camargo Assis, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 advirtió que las condiciones de seguridad en el departamento impiden que los organismos de control verifiquen el cumplimiento de las órdenes judiciales destinadas a proteger a los niños y niñas wayuu, quienes sufren por la falta de agua, la desnutrición y la ausencia del Estado.
La decisión ordenó a la Policía y al Ejército brindar acompañamiento y protección a funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría en sus desplazamientos por zonas rurales de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
La alerta judicial se produjo después de que la Defensoría del Pueblo reportara un grave deterioro del orden público, señalando la presencia y actuación violenta de varios grupos armados en la región: específicamente las ACSN, las AGC y el ELN, además de estructuras de delincuencia común como Los Primos.
La Defensoría concluyó que no es posible realizar visitas a determinados puntos del territorio sin acompañamiento de la fuerza pública. La Corte también evidenció trabas institucionales que agravan la situación. Aunque la Defensoría solicitó apoyo a la Policía y al Ejército el 28 de enero de 2026 para garantizar la seguridad de sus funcionarios, inicialmente no obtuvo respuesta y tuvo que reiterar la petición el 11 de febrero. Cuando las autoridades respondieron dos días después, propusieron reuniones de coordinación logística, pero surgieron obstáculos: mientras la Policía alertó sobre la posible presencia de grupos armados ilegales en las zonas a visitar, el Ejército indicó que las solicitudes debían tramitarse directamente ante el Comando General, lo que retrasó el acompañamiento requerido. Además, la Procuraduría y la Contraloría informaron dificultades para verificar proyectos de acceso al agua potable debido a la inseguridad, y la Registraduría advirtió que varias jornadas institucionales en territorios indígenas requieren acompañamiento armado.
Para la Sala Especial de Seguimiento, toda esta información evidencia “una dinámica sistemática de control territorial” por parte de grupos armados vinculados a economías ilícitas, que ejercen control mediante “peajes” e incluso instrumentalizan a menores wayuu. La decisión de la Corte ordena a la Policía y al Ejército priorizar el acompañamiento a funcionarios en zonas rurales y sectores urbanos inseguros, advirtiendo que una actuación oportuna y coordinada es indispensable para superar el “estado de cosas inconstitucional” declarado desde 2017 en relación con los derechos fundamentales a la alimentación, la salud, el agua potable y la participación de los niños y niñas del pueblo Wayuu.
Este contexto es especialmente delicado para los liderazgos que vienen resistiendo la imposición de los parques eólicos en la Alta Guajira. Además de tener que luchar contra el Estado y las transnacionales para evitar que sus territorios ancestrales queden divididos, también quedan expuestos ante la constante incursión de las ACSN y las AGC en la zona rural de Uribia.
Un territorio que no es fértil para la siembra de drogas ni posee laboratorios de procesamiento de drogas, pero que por años viene siendo utilizado como ruta de exportación de drogas y, por lo tanto, poco a poco viene impactando en las dinámicas sociales de la región.
3. Rencauche del Plan Titán
La administración de Dumek Turbay acaba de anunciar el Plan Ancla Heroica, una estrategia de seguridad que implica una inversión de $15.588 millones y la presencia permanente de la Infantería de Marina en barrios críticos como Olaya Herrera, El Pozón, San Fernando y Pasacaballos. El alcalde ha presentado esta iniciativa como “un paso decisivo para recuperar el control territorial” y ha destacado que el Batallón 12 estará concentrado exclusivamente en Cartagena.
A primera vista, la estrategia busca corregir una de las fallas más señaladas del Plan Titán: la intermitencia de los operativos. Mientras el Plan Titán se centró en despliegues temporales y focalización en el Centro Histórico y zonas turísticas, el Ancla Heroica promete presencia sostenida y cobertura en otros territorios.
Sin embargo, en torno a esta “nueva” política hay escepticismo a la luz del historial reciente de la gestión de Turbay en seguridad. El Plan Titán, que implicó una inversión de al menos $46.000 millones durante su primer año, recibió duras críticas durante la Semana Santa de 2026, cuando se registraron siete homicidios en pocos días, incluyendo una masacre en Pasacaballos donde murieron dos policías y un civil en un ataque atribuido a las AGC.
Ahora bien, la principal crítica hacia los planes de seguridad de Turbay se centra en el enfoque y conceptualización policiva y militarista. Ambos están orientados a amurallar aún más el casco histórico, despojarlo de su gente raizal y de todo aquel que no forme parte del ideal de ciudadano que la élite cartagenera ha construido en torno a sus intereses económicos; además, han perseguido y discriminado a comunidades pobres de los cordones marginales. Sí, el enfoque policial de Turbay fue, es y seguirá siendo racista y violatorio de los derechos humanos porque está al servicio del poder económico local y del turismo, pero no de la gente que hizo posible la configuración de Cartagena como ciudad de gente caribe, negra, afro, raizal.
4. Crisis energética e industrial
La posible suspensión de contratos de suministro de gas solicitada por Canacol Energy, en proceso de reestructuración por deudas superiores a los USD 700 millones, mantiene en alerta a toda la región Caribe. La decisión afectaría a más de un millón y medio de usuarios residenciales y a empresas comercializadoras como Gases del Caribe, Surtigas y GasGuajira. El impacto más crítico recae sobre Cerro Matoso, que depende de Canacol para el 80% del gas natural que utiliza en su operación de ferroníquel en el sur de Córdoba. La minera advierte que un cese de actividades generaría un impacto irreversible: en 2025 generó más de 2.000 empleos, aportó $334.570 millones en regalías e impuestos y destinó más de $10.600 millones a programas sociales.
5. Justicia, restitución de tierras y memoria histórica
Varias noticias por las cuales debemos celebrar. Esta semana la Corte Suprema condenó al exgobernador de La Guajira, “Kiko” Gómez, a 31 años y 8 meses de prisión por ser determinador del homicidio de un concejal en 1997 y por concierto para delinquir con grupos armados. En Barranquilla, la SAE desalojó a la iglesia cristiana Vida Abundante del edificio Titos Bolos tras 29 años de ocupación irregular y una deuda de $2.227 millones. En materia de reparación, se realizó en Barranquilla el II Congreso Nacional de Restitución de Tierras, donde se anunció que más de ocho millones de hectáreas han sido incorporadas al Registro de Tierras Despojadas y se han redistribuido más de 350.000 hectáreas. Adicionalmente, en los Montes de María se consolidó la Mesa de Mujeres y Restitución de Tierras para reparar a las víctimas cuyo cuerpo y tierra fueron usados como “botín de guerra”.
6. Turismo y conflictividad vial
El gremio hotelero de Santa Marta solicitó aplazar el cierre del Parque Tayrona programado para el 1 de junio, argumentando que el sector no se ha recuperado de pérdidas superiores a $30.000 millones en 50 días por el frente frío y los derrumbes. Paralelamente, la ciudad enfrenta una fragilidad estructural en su conectividad vial: los bloqueos recurrentes en la Troncal del Caribe y en sectores como Tasajera y Zona Bananera han evidenciado la ausencia de rutas alternas, concentrando el 5% de los eventos de conflictividad social del país en 2025. Tras la muerte de un conductor turístico en un operativo policial, se pactaron 23 compromisos institucionales que incluyen el relevo del personal policial involucrado y la reconstrucción de la confianza con las comunidades.
