El año con mayor violencia letal contra personas defensoras de derechos humanos durante el gobierno de Gustavo Petro fue el 2025. Así lo evidencian los 165 asesinatos que hacen parte de las 874 agresiones contra 783 personas, que fueron reportadas y analizadas en el Informe Promesas Rotas del Sistema de Información del Programa Somos Defensores.
El suroccidente del país concentra aproximadamente el 40% de los casos, a pesar de albergar dos de los principales escenarios de diálogo con los Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. A nivel departamental, el caso más alarmante es el Cauca, donde tuvieron lugar 238 agresiones, seguido de Antioquia con 186. Por su parte, la violencia letal se concentra cada vez más en ciudades capitales (Cali, Bogotá D.C. y Cartagena) y municipios en regiones con crisis humanitarias, como Tibú, en Norte de Santander, y Calamar, en Guaviare.
En comparación con el año 2024, se registró un alarmante incremento del 20% en los ataques contra quienes defienden el derecho a defender derechos. El Programa Somos Defensores hace seguimiento a once tipos de agresiones y siete de ellas aumentaron: los asesinatos un 5%, los desplazamientos forzados un 64%, las desapariciones forzadas un 24%, los secuestros un 38%, las amenazas un 19% y los atentados un 16%. En el año anterior tuvieron lugar 15 judicializaciones de personas defensoras, mediante usos indebidos del sistema penal que no se habían documentado en el 2024.
El liderazgo indígena sigue siendo el más afectado, con 257 agresiones, seguido del comunitario con 206, el comunal con 124, el campesino con 60 y el de víctimas con 58. Se tiene igualmente conocimiento de un subregistro de las agresiones contra liderazgos de Juntas de Acción Comunal (JAC), profundamente afectados por amenazas colectivas en departamentos como Guaviare, Cauca, Huila, Meta y Córdoba. Frente a los actos de intimidación masivos y generalizados en contra de las JAC, se alerta sobre lo que pueda pasar con las directivas de esta figura en los comicios electorales que tendrán lugar el 28 de abril de 2026.
Teniendo en cuenta el incremento de las agresiones atribuibles a los autores desconocidos, que figuran en el 41% de los casos, el Programa Somos Defensores analiza críticamente la labor de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de estos ataques. Una falla crónica que se evidencia es la ausencia de esclarecimiento de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos: entre 2002 y septiembre de 2025, solo 11% de los 1.840 casos de víctimas de violencia letal cuentan con una sentencia condenatoria.
El escenario no es más alentador respecto a las amenazas: la agresión mayoritaria en el 2025, un año en el que los actos de intimidación por medio de redes sociales repuntaron. Al respecto, se señala que el grupo especializado creado por la Fiscalía en el 2021 para hacer frente a este tipo de ataques ha sido deficiente: Somos Defensores documentó 266 casos donde la víctima era una persona defensora, pero a febrero de 2026 ninguno había llegado a la etapa de juicio, uno se encontraba en investigación y 265 en indagación.
Además de aludir a problemas estructurales en las medidas adoptadas para hacer frente a la impunidad, como la no vinculación con la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, el informe se refiere a la ausencia de procesos disciplinarios contra quienes trabajan en la Fiscalía, con ocasión de la omisión de sus funciones o actos de connivencia en casos relacionados con personas defensoras: menos de diez investigaciones por estas dinámicas que reportan los liderazgos en distintas partes del país.
El informe se refiere igualmente a las falencias de la Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad frente a la cual se tenían altas expectativas al comienzo del gobierno de Gustavo Petro, que desde el 2011 está a cargo de la protección de la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en riesgo. Sobre ello se hace alusión a los problemas de mantener un modelo enfocado en lo individual y al otorgamiento de medidas materiales que desconocen una actuación más preventiva y que responda realmente a la magnitud del riesgo. Tras hacer seguimiento a los casos evaluados por el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas (CERREM) y a las medidas implementadas por la UNP entre 2022 y 2025, se informa lo siguiente: de 19.807 casos considerados, solamente 20 fueron evaluados con riesgo extremo en un país que en esos tres años registró alrededor de 196 atentados contra personas defensoras, encabezando la lista de países con mayor violencia letal en contra de este grupo poblacional.
De acuerdo con las cifras de la UNP, entre 2022 y 2025, la entidad implementó 59.484 medidas individuales según las disposiciones del CERREM. En este mismo periodo se realizaron 283 estudios de riesgo colectivo. El mayor número de solicitudes de estudio provino del Suroccidente del país: los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Nariño sumaron 108, seguidos de Bogotá, Santander y Norte de Santander. En el mismo período, la UNP sostiene que ha implementado 57.312 medidas colectivas con enfoque diferencial, destinadas principalmente a la dotación de medios de comunicación, botones de apoyo, sistemas de alarma, motores fuera de borda y motocicletas, además de hombres de protección; y 4.609 medidas complementarias “enfocadas al fortalecimiento organizativo y de prevención” que son recomendadas mediante asistencias técnicas y/o capacitaciones en temas organizativos, auto seguridad y autoprotección, entre otros.
Bajo esta perspectiva, el Programa Somos Defensores valora críticamente el proceso de modernización que la UNP adelanta de forma no participativa. Proceso que, además, no supera los problemas estructurales, como la falta de prevención, la comprensión del riesgo centrada en las amenazas, la descoordinación institucional y la concepción de la protección como un tema exclusivo de la UNP. Se reitera que en el poco tiempo que le queda al Gobierno, cumpla el compromiso de construir la ruta para la transformación del modelo de protección de manera concertada con las plataformas de derechos humanos y las organizaciones sociales.
