Por: Caribe Investigación
Difícilmente una familia promedio colombiana puede imaginar que detrás de una popular marca de atún, comercializada en todo el país bajo el nombre de Van Camp’s, se esconda una historia de maltrato, discriminación, violencia de género y acoso laboral. Desde insultos, condiciones laborales insalubres e infrahumanas, despidos y descuentos injustificados de salarios por ir al baño —hasta el punto de imponer el uso de pañales para “mantener” el ritmo de la producción—, hacen parte de un repertorio de violencia que la operadora estadounidense Seatech International Inc. viene imponiendo desde hace años a las trabajadoras de la planta principal, ubicada en Cartagena.
Sin exagerar, la explotación laboral que sufren a diario casi 1.800 trabajadores de esta empresa atunera puede compararse con las condiciones brutales de explotación que sufrieron los esclavos africanos durante el periodo colonial español en Cartagena de Indias.
Luego de varios años de unas reclamaciones que han librado los sindicatos para mejorar las condiciones humanas, de salud, salariales y de trabajo, el caso cobró notoriedad entre 2023 y 2025 después de dos inspecciones ejecutadas por el Ministerio del Trabajo a las instalaciones de la empresa, por medio de las cuales constataron el acoso, la violencia de género (80 por ciento de las personas son mujeres pobres y racializadas) y la precarización laboral; pues la mayoría de los contratados no tienen seguridad social ni protección de riesgos laborales.
El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) acompañó este proceso y documentó la terrible realidad de las mujeres trabajadoras en el informe Lo que hay detrás de las latas de atún Van Camp’s-Seatech (2025), en cuya elaboración participaron cinco mujeres y un hombre que trabajan en la empresa. La conclusión principal es demoledora y escalofriante: estamos ante un caso de esclavitud moderna.
A pesar de la visibilidad mediática, la batalla judicial de los sindicatos y de las inspecciones del Ministerio del Trabajo, las condiciones de explotación y riesgo siguen siendo las mismas, como ratificó para esta entrevista una de las autoras del informe del Cinep, Alicia Cardiles Fontalvo, vicepresidenta del sindicato Sinaltrainal sede Cartagena, quien no solo ha padecido las violencias anteriormente descritas, sino que ha sido judicializada por la empresa y ha recibido amenazas de muerte.
Caribe Investigación: ¿Podrías contarnos hace cuánto tiempo trabajas en Seatech y cuál fue tu primer contacto con la empresa?
Alicia Cardiles Fontalvo (ACF): Llegué a la planta por una convocatoria de la empresa, que estaba buscando mujeres para trabajar. Ingresé en marzo de 2007; tenía un hijo. Ingresamos un grupo de diez mujeres del barrio; quedamos contratadas cinco. Comenzamos en condiciones fuertes: más de 16 horas de trabajo de lunes a sábado.
CI: ¿Qué te motivó a afiliarte al sindicato Sinaltrainal? ¿Cómo fue ese proceso y qué significó para ti tomar esa decisión?
ACF: El proceso de afiliación lo inicié porque tuve un accidente laboral en 2013 en la empresa y ellos no respetaban ningún derecho. Me caí dentro de la planta; cuando me reintegro de la incapacidad, encuentro que me habían despedido. Metí una tutela ese mismo año y me reintegraron. Por eso me sindicalicé, porque no permitían hacerlo; la empresa perseguía al sindicato y había mucho temor para afiliarnos.
Todos los días la empresa nos reunía para infundir una campaña de terror, diciendo que el sindicato acabaría con la empresa o nos podían despedir. Teníamos miedo porque dependíamos del sueldo. Y en ese momento yo tenía dos hijos.
En 2015 la empresa sacó una circular para informar el despido de todos los trabajadores. Nos encontramos la circular donde supuestamente iban a una parada y cancelaron los contratos. Nos echaron el Esmad y comenzaron a perseguirnos; solo la solidaridad de organizaciones sindicales y sociales nos permitió resistir. Fueron cuatro días de protesta e incertidumbre, resistiendo en las afueras de las instalaciones de la empresa para que nos dieran respuestas.
A la semana de ir y venir al Ministerio del Trabajo, nos notifican que la empresa aplicaría el artículo 140 del Código del Trabajo, que le da potestad a la empresa a pagar el salario, pero sacando del puesto de trabajo a los trabajadores. Quedamos afectados 160 compañeros de dos sindicatos; liquidaron a otros. Nosotros resistimos porque nos movilizamos.
CI: ¿Cómo describirías el ambiente laboral en la planta para las mujeres que trabajan en la línea de producción?
ACF: Es horrible. Es una forma esclavizante; aplican acoso y violencia de género, discriminación, maltrato a las trabajadoras, porque la mayoría somos mujeres. Te llaman a descargo, te ponen sobreproducción, te descuentan tu salario casi en todas las quincenas, te descuentan las idas al baño con el argumento de tiempos muertos.
CI: Se ha denunciado que a las trabajadoras se les descuenta el tiempo que tardan en ir al baño, al punto de que muchas optan por usar pañales para evitar esas rebajas salariales. ¿Puedes confirmar si esta práctica sigue ocurriendo y cuáles otras que consideres abusivas?
ACF: Esto sigue ocurriendo a pesar de la denuncia pública. Yo fui reintegrada en el mes de enero del presente año, y cuando hice la denuncia pública en el Congreso de la República en representación de la organización sindical, la empresa se ensañó conmigo, me individualizó y me presentó una denuncia en la Fiscalía por presunta injuria y calumnia.
Cuando comenzamos a capacitarnos, fue que comenzamos a hacer más efectiva la lucha porque pudimos identificar, reconocer y visibilizar las diferentes violencias de género que se ejercen directamente.
El acoso sexual también presuntamente se ejerce en la empresa. Por medio del salario te manipulaban; algunos jefes usaban su posición de poder para manipular a las trabajadoras, te proponían garantizar tu trabajo a cambio de acostarte con ellos, mensajes con dobles sentidos, insinuaciones muy fuertes para salir o acostarte con ellos.
Cuando llegaban los barcos con trabajadores de Ecuador, unos trabajadores con posición de jefes te involucraban en esos turnos para explotación sexual. Eran casos específicos, no una práctica de la empresa, pero eso era parte de la explotación. Muchas no denunciaban porque tenían esposos o parejas; y cuando lo hacían, era por no tener un salario digno.
CI: ¿Qué otros descuentos ilegales o injustificados has visto aplicar en los pagos? ¿Se te ha descontado por permisos médicos, citas de terapia o incapacidades?
ACF: Están descontando las idas al baño, citas médicas, terapias físicas; los permisos sindicales no los quieren pagar o te los niegan; la representación sindical (lectura de recomendaciones, orientación por reintegro) no la pagan, no pagan días de suspensión por incapacidad.
Hacemos el reclamo para poder gozar de lo que son derechos. Ellos hacen todo eso para que nosotros no salgamos del circuito de explotación. Incluso, el tiempo que ejercemos cuando vamos a hacer el reclamo también nos lo descuentan.
CI: Los informes del Ministerio de Trabajo describen ritmos de producción extenuantes, con líneas que no se detienen. ¿Cómo son esos ritmos en tu turno? ¿Tienen pausas reales para descansar o comer?
ACF: Comenzamos a hacer una campaña en contra de la violencia de género en los puestos de trabajo; 80 por ciento somos mujeres negras, raizales, populares. Eso resume el perfil de contratación de la empresa: que sea de barrios populares, baja escolaridad, pobres y con hijos para controlarnos. La mayoría no tenemos educación secundaria.
Esto es una forma de controlarnos, de someternos, pagando lo que quieren porque saben que las mujeres aguantamos por mantener un salario miserable por nuestros hijos.
Son más de 600 trabajadores enfermos en la planta, gente que entra a trabajar y al año se enferma por los ritmos extenuantes de producción, que cada día la empresa va aumentando sin que ninguna institución los regule. Casi que se triplica la producción inicial que tenía la empresa, y eso provoca en los trabajadores que en poco tiempo se enfermen, lo que se ha convertido en un problema de salud pública en Cartagena. A esto se le suma un abuso por el control de los trabajadores en general: para el mínimo movimiento tenemos que timbrar y eso también genera estrés, depresión, ansiedad.
Nunca han respetado las recomendaciones sindicales, ni las del Ministerio del Trabajo; en la mayoría de las veces ni las acogen y mucho menos las respetan.
CI: ¿Qué riesgos físicos enfrentas a diario en tu puesto? ¿La empresa te proporciona los equipos de protección personal adecuados y en buen estado?
ACF: Al principio, la empresa no cumplía con nada de eso; cumplían en el papel, pero no se veía reflejado en la práctica, ni cinturón de fuerza y mucho menos los implementos adecuados para nosotras, solo la bata y botas; no reportaban los accidentes laborales, despiden a trabajadores enfermos o accidentados.
Por el trabajo que han liderado Sinaltrainal y Sinaninal con las denuncias públicas, querellas ante el Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo, mejoraron un poco las condiciones de trabajo. Pero a pesar de todo eso, la empresa sigue violando los derechos laborales y de salud de los y las trabajadoras en su rehabilitación integral. En la empresa no se ve un papel real de promoción y prevención para bajar el nivel de enfermos y accidentes. Hay compañeros que trabajan en altas temperaturas en las áreas de cocina y bodega, y no han tomado en cuenta las recomendaciones del Ministerio del Trabajo y del propio sindicato.
El ministerio del Trabajo tuvo que exigirle resultados más firmes a la empresa con respecto a los hallazgos encontrados y constatados, y denunciados por las organizaciones sindicales. Aunque se logró mucho con el gobierno de Petro: reconocimiento del laudo arbitral, mejor horario de trabajo, la representación sindical, la violencia de género mermó, el sistema de seguridad industrial mejoró.
CI: ¿Se mantendrán esos logros?
ACF: Tenemos temor de que los avances logrados sean anulados, que los derechos de los trabajadores ecuatorianos no sean reconocidos, que se fortalezca más la tercerización. Ya comenzaron a despedir a la gente; hay 24 despedidos, con un presunto abuso sindical y un carrusel sindical. Según la empresa, intentan obligarnos a afiliarnos en un solo sindicato, violando el derecho constitucional fundamental de la libertad sindical y la organización; aprobaron nuevo reglamento interno que viola la libre expresión y la organización, vulnera derechos, no permite grabar, ni en los descansos podemos utilizar teléfonos.
CI: Volviendo a las condiciones laborales. En los barcos se encontraron condiciones de hacinamiento, alimentos en mal estado y riesgos eléctricos. En la planta, ¿has visto situaciones similares? ¿Cómo calificarías las condiciones sanitarias de los baños y los comedores?
ACF: Dos personas trabajan en un solo puesto; la mayoría de las mesas de trabajo están ocupadas por personas con reubicaciones médicas, no tenemos suficientes puestos de hidratación para el número de trabajadores y áreas, no han implementado los extractores para ambientar las áreas de bodega; los baños fueron ampliados, pero las condiciones son deplorables, las paredes están que se caen; los comedores no han mejorado y la comida suministrada a los trabajadores es pésima; nos enfermamos porque no elaboran productos de calidad, nos obligan a comer atún dos veces a la semana y no tienen un protocolo de nutrición.
Muchas tenemos problemas de columna y no tenemos sillas ergonómicas; usamos sillas de metal exponiendo aún más la salud de los trabajadores que tenemos enfermedades de columna. A futuro aumentarán los trabajadores afectados por ese tipo de enfermedad.
CI: Se reportó una fuga de amoníaco en la planta en febrero de 2026. ¿Estabas trabajando ese día? ¿Cómo reaccionó la empresa y qué protocolos de evacuación se activaron?
ACF: Veo las mismas condiciones laborales de hace diez años, las mismas tuberías. La fuga de amoniaco probablemente se debe a que no invierten en tuberías nuevas. Factores de riesgo dentro de la planta persisten. Hay un cansancio de los trabajadores al punto de que se ha normalizado todo.
CI: ¿Has sufrido represalias, o alguna compañera, por estar sindicalizada? Por ejemplo, ¿cambios de turno, traslados, amenazas veladas o despidos?
ACF: Claro, me han levantado tres veces el fuero sindical. Dos veces he ganado y el tercero lo tengo en proceso judicial. Además, me impusieron una demanda penal por haber hecho la denuncia en el Congreso, a pesar de todas las denuncias públicas e investigaciones que se conocen.
Cuando comenzamos a profundizar las demandas y denuncias, sobre todo la violencia de género, me comenzaron a amenazar [entre 2015 y 2016]. A la oficina del sindicato han llegado varias amenazas. Unos hombres armados llegaron hasta mi casa para amenazarme; luego siguieron haciendo rondas. El sindicato me sacó de la ciudad para protegerme, mientras que otra compañera sindical se quedó; a ella la siguieron hostigando en marzo de 2021. Como resultado de las amenazas, la compañera murió en un nivel de estrés alto.
