El pasado 20 de junio de 2011, cerca de 10 mil obreros de Pacific Rubiales suspendieron sus trabajos en el campo petrolero de Puerto Gaitán. Reclamaban las mismas condiciones salariales de los empleados directos, y rechazaban el despido de más de mil obreros. Paralizaron las operaciones de los campos de Rubiales y Quifa (este), donde la petrolera canadiense saquea cerca del 25.8% del total de crudo colombiano, cuyas ganancias repatría hacia el mercado internacional sin que la nación reciba un sólo centavo por participación, y a costa de mantener a sus trabajadores en condiciones subhumanas, propias del siglo XVII.
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Las protestas se extendieron a otros campos petroleros, entre ellos, Petrominerales, que viene saqueando hace casi 10 años al municipio de Barranca de Upía – Meta -, en donde rapiña 40.000 barriles de petróleo por día; es decir de 14.600.000.000 barriles de petróleo al año. Entre tanto, los trabajadores, viven en condiciones extremas de penuria.
Antes que los trabajadores salieran por las calles de Puerto Gaitán a protestar, se presentaron los famosos “héroes de la patria” con sus rostros tiznados y capuchas respectivas. Un trabajador, que no quiso “ficharse”, aseguró que unos 500 o 600 empleados se encontraban desayunando en el casino de la compañía – entre ellos él -, cuando ingresó un escuadrón antidisturbios de la policía, con la cara tiznada, capucha y armas de combate internacional disparando gases y granadas aturdidoras modificadas con metralla. Y el 20 de septiembre 2011, la fuerza pública y la policía antidisturbios- ESMAD, atacó la población civil indiscriminadamente. El gobierno colombiano bombardeó con gases químicos y ametralló con municiones de poliuretano termoplástico. Cuando estas balas de goma se disparan con armas de artillería, como en este caso, la munición sobrepasa velocidades peligrosas de 200 metros por segundo. Si el proyectil impacta el cráneo, los riñones u otras zonas débiles del cuerpo, puede provocar la muerte.
Después destruyeron vehículos y quemaron carpas para responsabilizar a los trabajadores de dichos desmanes. El mismo día que estalló el conflicto, una comisión del sindicato de la USO acudió atendiendo el llamado de los trabajadores. Cuando la transnacional supo de esto, ordenó bloquear con sus camionetas la carretera pública, originando un trancón, impidiendo el paso, incluso a los miembros de la misión médica, quienes tuvieron que romper trocha para transportar personas en ambulancias. En ese lugar se encuentran tropas del Batallón 32 de las Fuerzas de Combate Terrestre de la Uribe, que observaron impávido mientras los extranjeros cerraban una vía pública como si fuera el gobierno de este país.
Complicidad de la prensa oficiosa
El Tiempo, periódico emblemático de la oligarquía nacional, redactó de manera mañosa que en Rubiales no había conflicto laboral, sino un frente de organización criminal. Así lo escribió: “En las horas de la tarde ingresaron dos camionetas blindadas quienes se identificaron como miembros de la USO…una vez que ingresaron al campo, apareció un gran número de personas encapuchadas”. Y concluye su artículo con un panegírico que ni siquiera un panfleto, por ética, sería capaz de escribir: “Pacific Rubiales es una compañía que cumple con todas las normas nacionales e internacionales, aplica y mantiene una clara política de beneficio y respeto hacia los trabajadores, y se caracteriza por ofrecerles incentivos que repercuten en su bienestar y en el de sus familias”.
El Tiempo pretendió incluso hacer creer a la opinión pública, que los trabajadores sometidos todo el día bajo los rayos solares, con lentes y bufanda para proteger los ojos y vías respiratorias del sol y del polvero que se eleva en verano hasta más de un kilómetro de altura, son guerrilleros. También Cortés Vargas, el 6 de diciembre de 1928, declaró a los trabajadores de las plantaciones bananeras de Ciénaga – Magdalena -, que protestaban por las pésimas condiciones de trabajo, “cuadrilla de malhechores”, para justificar la masacre de más de 3.000 trabajadores. Para la oligarquía de este país, cualquier conflicto laboral o social es criminalizado, judicializado o tildado de iniciativa subversiva.
Entrega con antecedentes
Pacific Rubiales, compañía Canadiense productora de gas natural y crudo pesado, se hizo a un negociado que Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos organizaron, para regalarles el patrimonio de nuestra nación a estos personajes. En 1983 Ecopetrol descubrió reservas probadas superior a más de 3.000 millones de barriles de petróleo, y en 1987, sospechosamente, la estatal petrolera firmó un contrato de participación en Rubiales, con 60% para Ecopetrol después de regalías de 20%, a sabiendas que estas reservas no necesitaba contrato de participación. Pero como si fuera poco, firmó otro contrato, el Pirirí, 50% para Ecopetrol, después de regalías de 20%, perdiendo el 10% con respecto al negocio anterior. Sabiendo Ecopetrol que el precio del barril subía, firmó otro contrato de asociación, el de Quifa, también dentro del Campo Rubiales, pero con 30% para Ecopetrol después de regalías, con un descuento de 5%. Cada contrato que hizo Ecopetrol fue leonino para el interés nacional.
Dentro de pocos días la transnacional incrementará la explotación alegando que ella descubrió los yacimientos. En consecuencia, Rubiales no pagará un sólo peso de participación al Estado colombiano. Esto es posible, porque la oligarquía gobiernista de este país no hace auditoría: la Contraloría informa que las cifras que dan las trasnacionales son creíbles y aceptadas por fe, ya que el Estado colombiano no tiene manera de saber si las cifras que dan las trasnacionales son ciertas. Añade la Contraloría que “el Ministerio de Minas y Energía no realiza balance volumétrico entre el crudo que se extrae y el crudo que se vende”, argumentando la extensión kilométrica que separa los pozos, que dificulta la presencia de calificadores del Estado.
Es decir, Pacific suministra al Estado colombiano las cifras que se le antojan y el gobierno la calcula suponiendo impuesto de renta del 33%. Vulgar mentira: las trasnacionales no pagan este impuesto. Ahora el gobierno pretende subcontratar una trasnacional gringa para que vigile las compañías transnacionales gringas, como quien dice, “poner a los ratones a cuidar el queso”. Si algo han demostrado las transnacionales en la auditoría, es que las firmas fiscalizadoras trabajan en contubernio con los que están bajo vigilancia.
Condiciones de un enclave desvergonzado
Los conflictos con los trabajadores y las comunidades cada vez son más graves. Rubiales está emplazando oleoductos a través de propiedades ajenas, imponiéndoles a los finqueros relaciones contractuales absolutamente inaceptables, haciéndoles la vida insoportable para expulsarlos de sus territorios.
Las exigencias de los trabajadores son derechos amparados por ley. En Pacific hay jornadas semanales hasta de 63 horas, lo que está prohibido, y algunos hacen turnos de hasta 18 horas al día. Los trabajadores exigen que se incremente el salario decretado por el gobierno para el 2011; que haya viáticos y auxilios de transporte; que los festivos se paguen con los recargos de ley; que a trabajo igual se pague salario igual, y que exista algún tipo de escalafón. Que si a un trabajador lo contratan para un oficio y lo ponen en otro mejor remunerado, le paguen por el segundo y no por el primero.
A los empleados en período de prueba no se les cancela su salario; las mujeres trabajan entre 13 y 14 horas, pero sólo se les cancelan 9. Ninguno de los trabajadores está asociado al Seguro Social. Los espacios de alojamiento reflejan la humillación y desprecio que este enclave colonial siente hacia los colombianos, hacinados en barracas y camarotes en condiciones insalubres y antihigiénicas, donde los trabajadores tienen que pernoctar durante 40 días, durmiendo dentro de un cobertizo, sin ventilación para refrescar los ambientes saturados de emanaciones de olores desagradables.
Campo Rubiales se halla muy distante de Puerto Gaitán, casi a 200 kilómetros, en medio de áreas selváticas abundadas por distintas especies de serpientes venenosas; sin embargo, la empresa no dispone de suero antiofídico, ni ambulancia, ni enfermera, ni conductor. Según los trabajadores, la alimentación es inadecuada, de mala calidad, de bajo nivel nutritivo e insuficiente. La empresa no entrega copia del contrato laboral a los trabajadores, en los recibos de pagos no consta la cuantía de los ingresos, ni los días laborados, ni los sobre tiempos. Los descuentos son enigmas. Los salarios no los paga quincenalmente.
Cuando los trabajadores salen de descanso para visitar su familia, tampoco se les paga apropiadamente. Las dotaciones de trabajo no se entregan puntualmente y se entregan incompletas. Las instalaciones sanitarias no tienen enchape con baldosín, son estructuras de letrina rústica, insuficientes y sin privacidad, donde proliferan colonias de microbios y bacterias, que ponen en riesgo la salud de los trabajadores. Además, en las instalaciones el agua es escasa, no alcanza para que todos los obreros puedan asearse adecuadamente.
Después de 40 días de confinamiento en los barrancones, para ir a ver a su familia recorren 180 kilómetros durante 12 horas, por las condiciones de la vía. Los buses carecen de aire acondicionado y no tienen el hermetismo necesario para evitar la entrada de polvo, lo cual genera enfermedades respiratorias. Y al regresar a sus labores, no encuentran camas desocupadas y deben esperar hasta que quede una disponible.
Un obrero trabaja con Pacific Rubiales o con cualquier empresa el tiempo que sea, y nunca aparece vinculado a esa transnacional, porque siempre le ponen un intermediario, cuya labor es hacer el trabajo sucio, perseguir y despojar al trabajador de su salario. Las cifras son elocuentes: Cepcolsa tiene 1.880 trabajadores y apenas reconoce como suyos 83, los otros 1.797 no se sabe de quiénes son para robarle la plusvalía, pero no cumplen su deber por ser “tercerizados”. Meta Petroleum, la empresa operadora de los campos de Pacific Rubiales, tiene 12.644 trabajadores y reconoce 535. Los otros 12.109 son de contratistas o tercerizados que nunca se sabe quiénes son.
Colofón
Desde que se inició el conflicto laboral y social en Puerto Gaitán y luego en Campo Rubiales, los trabajadores y las comunidades han sido objeto de agresiva violencia institucional y empresarial, dejando como saldo 50 trabajadores heridos de consideración, más de 500 trabajadores despedidos y varios miembros de la comunidad afectados. Mientras el Estado colombiano se muestra indiferente e incapaz de subordinar a las multinacionales. Pero antes que dar solución de fondo, el gobierno montará dentro de las instalaciones de Campo Rubiales el Batallón Número 7, para silenciar toda voz disidente. Los vehículos y combustible que utilizarán las tropas serán suministrados por Pacific Rubiales. Este acto que se constituye en traición a la patria, por cuanto el ejército de Colombia, el de los “héroes de la patria”, operará como ejército privado y mercenario por cuenta de una trasnacional que dejará de ser un campo petrolero, para convertirse en campo de concentración.