Cerca de 2.000 campesinos, mujeres y jóvenes permanecen concentrados sobre La Ruta del Sol, arteria principal para llegar a la costa norte del país. Desde ayer mantienen cerrada la vía, a la espera de que el Gobierno dé pasos claros y concretos para solucionar la emergencia humanitaria denunciada en varias regiones.
En la vereda Cruces de Timbio, sobre la vía Panamericana que comunica al Cauca y al sur del país, también hay otro punto de bloqueo. A estos se suman un refugio humanitario en la Nunciatura Apostólica en Bogotá, y otra movilización en la conexión Quibdó y Pereira. Esta movilización por la vida y la permanencia en el territorio es otro intento de Congreso de los Pueblos y el Coordinador Nacional Agrario para llamar la atención por los ataques sistemáticos contra sus procesos organizativos.
Angela Villamizar, vocera de Ciudad en Movimiento, organización presente en el punto de bloqueo de la Ruta del Sol, asegura que la amenaza armada de los grupos paramilitares no solo se sufre en los territorios campesinos, también en las zonas urbanas. “El movimiento social, que ha mostrado una impresionante capacidad de organización y movilización, plantea que la paz total solo puede construirse con medidas reales que garanticen el bienestar de las comunidades históricamente asediadas por el paramilitarismo”, plantea la lideresa.
En la macroregión, compuesta por el sur de Bolívar, los santanderes y el sur del César, se ha denunciado de manera reiterativa las amenazas, retenciones, desplazamientos forzados y asesinatos que sufren quienes defienden sus derechos y la tierra.
“Donde está la fuerza pública es donde hay presencia de los grupos paramilitares. Las comunidades vivían muy tranquilas, porque tienen sus normas de convivencia, hoy en día fueron rotas por ese actuar del paramilitarismo”, explica Nelson Valbuena, uno de los voceros del punto.
Además de garantias para organizarse y caminar sin miedo por sus territorios, las organizaciones piden que se replantee la doctrina militar, investigar los financiadores del proyecto paramilitar, y destituir los mandos militares sobre los que recaen investigaciones o indicios de actuar en complicidad con grupos paramilitares.
Ayer una comisión de voceros se reunió con delegados del Gobierno en Bogotá. Pese a que no hubo acuerdo entre las partes, se espera que hoy se pueda instalar la mesa de interlocución y negociación, y acordar las garantías mínimas que necesitan las comunidades.
Nelson además recalca que “Invitamos a la comunidad internacional, a los medios de comunicación y a las organizaciones de derechos humanos a que se unan en este clamor, porque es la vida del campesino, del pequeño minero, del parcelero… el territorio se quiere para la construcción de la vida”
