Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 118)
Por: Caribe Investigación
1. Alertas tempranas: Sitionuevo y Maicao
La Defensoría del Pueblo emitió dos Alertas Tempranas de Inminencia (ATI) en los municipios de Maicao (La Guajira) y Sitionuevo (Magdalena) ante el grave riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como consecuencia de la expansión territorial de grupos armados ilegales en la región Caribe, principalmente las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
En Maicao, la ATI 013 de 2026 advierte que las ACSN buscan “consolidar el control sobre corredores estratégicos y economías ilícitas en este municipio fronterizo, lo que incrementa la exposición de la población civil a afectaciones contra la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal”.
En cuanto a la ATI 014 de 2026, emitida para Sitionuevo (Magdalena), señala un “escenario de riesgo inminente en el área rural y lacustre del municipio, comprendiendo los centros poblados palafíticos de Buenavista y Nueva Venecia, el corregimiento de Palermo —incluyendo los caseríos La Canchera, Caño Clarín y Villa Clarín—, así como las veredas San Antonio, Carmona y La Trinidad”.
Según el informe de la Defensoría, el riesgo se determina por la expansión territorial y proximidad operativa del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), que avanza desde el departamento del Atlántico utilizando el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta como corredor estratégico. A esto se suma la presencia consolidada de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que operan desde la vertiente occidental de la Sierra Nevada hacia zonas adyacentes al humedal.
Ambas alertas se suman a las recientes advertencias emitidas por la Defensoría sobre la escalada de violencia en el sur de Bolívar (ATI 003-26), Catatumbo y el sur del Cesar (ATI 006 de 2026), donde se han documentado desplazamientos forzados, uso de explosivos y drones en zonas pobladas, retenes ilegales y amenazas contra lideresas sociales y mujeres. La entidad ha formulado recomendaciones urgentes a las autoridades nacionales y territoriales para proteger a la población civil y prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos.
Maicao
En 2019, la Defensoría del Pueblo había emitido la ATI 039-19 para Maicao relacionada con la presencia de grupos armados ilegales como las AGC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y también organizaciones criminales de alcance internacional provenientes del occidente venezolano. Para 2021, y en seguimiento a la ATI 039, la Defensoría constató la exacerbación de riesgo en esta ciudad fronteriza por la presencia de las ACSN, que previamente habían concentrado fuerzas en Dibulla y Riohacha, y de las disidencias de las FARC autodenominadas Segunda Marquetalia.
La Alerta 013 de 2026 toma otros antecedentes igualmente importantes: entre 2022 y 2023 comenzaron a operar en el casco urbano de Maicao bandas armadas de origen venezolano como “Los Meleán”, “Yeico Masacre”, “Los Rafita”, “Los Rambos”, entre otras organizaciones delictivas de carácter transnacional provenientes de Venezuela, y más recientemente, “La Banda del Oso”, así como organizaciones locales, entre ellas “Los JJ” y algunas conformadas por “clanes familiares”.
Ahora bien, la Defensoría precisa que desde el año 2021 se registró de manera esporádica la presencia de las ACSN en el municipio, pero no fue sino durante 2025 “cuando comenzó a evidenciarse un proceso más definido de posicionamiento territorial de este grupo en Maicao, con injerencia en el casco urbano y en corregimientos como Carraipía y Paraguachón, situación que se inscribe en una lógica de expansión hacia zonas estratégicas de frontera con Venezuela”, dinámicas advertidas por la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana 020 de 2025.
“En lo corrido del año 2026 se ha evidenciado una intensificación de homicidios selectivos y múltiples, secuestros, extorsiones y otras expresiones de violencia asociadas a las disputas y procesos de consolidación territorial, que dan cuenta de la persistencia y transformación de las dinámicas de violencia en el territorio, así como de la consolidación progresiva de factores de riesgo para la población civil”, precisa la Alerta Temprana 013 de 2026.
En total, son cuatro dinámicas que identifica la Defensoría en Maicao, que pueden agravarse por el evidente avance de las ACSN en esta ciudad fronteriza y una disputa territorial que pondría en riesgo la tranquilidad de las comunidades y liderazgos.
Sitionuevo
En el caso de Sitionuevo, Magdalena, la Defensoría alerta también sobre la presencia de ‘Los Carperos’ en Palermo, en medio de la disputa entre el EGC y las ACSN, lo que añade un ingrediente más a la tensa situación en la Ciénaga Grande de Santa Marta. La Defensoría advierte que esta expresión de delincuencia organizada podría ser cooptada por el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en el contexto de la pugna que ambos mantienen por el control territorial.
De concretarse alguna alianza, la complejidad de las dinámicas de violencia se incrementaría exponencialmente y afectaría directamente a las comunidades que habitan en los centros poblados palafíticos y ribereños de la zona.
Según la ATI 014 DE 2026, tanto las AGC como las ACSN han impuesto prácticas sistemáticas de control social y económico, replicando los métodos del antiguo paramilitarismo. A través de la regulación coercitiva de la vida cotidiana, han restringido progresivamente los derechos fundamentales de la población civil, afectando de manera particular a las comunidades pesqueras, que han visto limitado su acceso a las zonas tradicionales de subsistencia y han sido desplazadas de sus territorios ancestrales.
Explica la Defensoría en la ATI 014 que el valor estratégico de esta región, que conecta la Sierra Nevada de Santa Marta con el río Magdalena y el mar Caribe, la convierte en un corredor ideal para la movilidad de grupos armados y el florecimiento de economías ilícitas. La alta conectividad hídrica del área, sumada a la dificultad de acceso y la escasa presencia institucional del Estado, ha creado un caldo de cultivo que favorece el ocultamiento de estas estructuras y aumenta la vulnerabilidad de una población que queda atrapada entre dos fuegos, sin una respuesta estatal efectiva a la vista.
Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo ha identificado dos factores críticos que evidencian el inminente escalamiento de la violencia. Por un lado, la instauración del terror se manifiesta a través del desplazamiento forzado de pescadores, el uso coercitivo de la población local para facilitar la movilidad fluvial de los actores armados y las amenazas constantes contra los liderazgos sociales. Por otro lado, el incremento de homicidios con características ejemplarizantes, la circulación de panfletos intimidatorios, la instrumentalización de infraestructuras comunitarias para el expendio de drogas y la ocurrencia de desapariciones forzadas ocurridas en el último año pintan un panorama desolador que podría desembocar en una crisis humanitaria de grandes proporciones en el corazón del Caribe colombiano.
2. Sierra Nevada y el pulso del Estado
Hace pocos días, diario El Espectador publicó un artículo escrito por el investigador Alejandro Blanco Zúñiga y el defensor de derechos humanos, Lerber Dimas, titulado “La Sierra Nevada y el pulso que el Estado perdió con las ACSN en la principal vía del Caribe”.
Si queremos entender por qué fracasó la mesa de negociación entre el Gobierno y las ACSN, esta reflexión de Zúñiga y Dimas es clave porque señala las raíces de una organización armada que lleva varias décadas en el territorio, solo que ha cambiado de nombre y modos.
Los recientes combates entre el Ejército y las ACSN en la Sierra Nevada, que provocaron una crisis y parálisis en la Troncal del Caribe, mostraron algo más complejo, precisan los investigadores: “En la Sierra Nevada el Estado puede disputar el territorio, pero no siempre logra ordenar la vida cotidiana. Y cuando un grupo armado puede convertir una carretera nacional en instrumento de presión, el mensaje ya no es local, es regional y nacional, con implicaciones que van más allá de una postura desafiante. Se trata de un grupo que logró instalar un sistema paralelo al Estado que goza de legitimidad y de silencios políticos-administrativos. Esto hace la diferencia entre la presencia militar y gobierno del territorio. El Estado puede entrar, combatir e incautar armas. Pero gobernar exige una legitimidad que no existe”.
Agregaríamos otro elemento que el Gobierno pasó por alto, por ignorancia o arrogancia: hacer un operativo militar de esa magnitud a una semana de las elecciones era de lo más perjudicial para la ya maltrecha imagen del Gobierno en materia de seguridad. No dimensionaron los resultados ni las consecuencias.
El Gobierno, agregamos nosotros, que le había propinado varios golpes militares a las ACSN los últimos dos años, asumió que golpear militarmente a esta organización significaba debilitarlos territorialmente. Tanto el Gobierno como el comisionado de paz no entendieron la fusión que tiene esta organización armada ilegal en el territorio, pues cuentan con un control férreo en sus dinámicas sociales y económicas y hacen valer el hecho de ser los herederos de la expresión paramilitar liderada entre 1980 y 2000 por Hernán Giraldo.
Por último, queremos mencionar un elemento adicional. Las ACSN, si bien públicamente se pronunciaron reiteradamente por una solución negociada al conflicto, no dieron señales para que la violencia realmente desescalara en el territorio. El Gobierno tampoco le puso mucho interés a este proceso.
Lo peor fue que enviasen al comisionado de paz a reunirse con las ACSN, según denunciaron los Conquistadores a través de su cuenta X, y una semana después esta organización fuera sorprendida por bombardeos y operativo en su contra por parte del Gobierno. Fue lo mismo que denunció el ELN unos meses atrás en el Catatumbo. De ser cierto, no solo fue irresponsable, sino que terminó de sepultar lo mínimo de confianza entre los actores armados ilegales y el Gobierno.
3. Rechazo a la ZUT de Tierralta
La Fundación CORDOBERXIA, organización defensora de derechos humanos en Córdoba, rechazó públicamente la implementación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Tierralta, al considerar que el proceso se ha adelantado con falta de transparencia y sin la suficiente participación de las comunidades locales. La organización advirtió que concentrar integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo en áreas rurales de esa zona podría representar graves riesgos para la población civil si no existen garantías reales de verificación, control institucional y acompañamiento comunitario.
El director de CORDOBERXIA, Andrés Chica, reveló que en recientes visitas al territorio evidenciaron “comunidades silenciadas” que viven bajo reglas impuestas por actores armados ilegales, quienes han limitado incluso aspectos cotidianos como el número de animales domésticos por vivienda y restringido el diálogo con las instituciones. La fundación advirtió además que la ZUT podría ser cooptada para fortalecer el control territorial del grupo armado, especialmente en el corregimiento de Palmira, y que el proceso se contradice con la persistencia de hechos delictivos como amenazas, extorsión, desplazamientos y homicidios en el territorio.
Ante este panorama, CORDOBERXIA solicitó al Gobierno suspender la implementación de la ZUT hasta que se aclaren las denuncias relacionadas con la negociación, y pidió mayor transparencia a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, así como veeduría de organismos internacionales. La organización insistió en que Córdoba necesita una paz real, con garantías para las víctimas, participación efectiva de las comunidades y sin acuerdos que pongan en riesgo la seguridad de los territorios.
Esta alerta se suma a las advertencias de diversos sectores sobre las ZUT, que han sido autorizadas por el presidente Gustavo Petro como parte de la política de paz total, pero que enfrentan críticas por la falta de garantías jurídicas y operativas. De hecho, el pasado 25 de junio, el Gobierno decidió aplazar de manera indefinida la instalación de la ZUT en Tierralta tras evidenciarse incumplimientos en los requisitos técnicos y la falta de infraestructura mínima requerida para recibir a los integrantes del grupo armado.
