Por: Caribe Investigación
Una crisis sin salida
Cierra el gobierno de Petro sin haber solucionado la crisis del servicio eléctrico ni sentar las bases para reducir y mantener unas tarifas de energía acordes con la realidad del Caribe colombiano. Tardíamente, planteó la liquidación de la intervenida AIR-e como medida para acabar con la crisis financiera y de infraestructura que arrastra este operador.
A la par, el gobierno entrante de Aberlado de La Espriella y el sector eléctrico privado ya asoman lo que pudiera ser un plan para afrontar esta crisis. Más adelante detallaremos al respecto. Por lo pronto, queremos insistir en una realidad que tuvo que afrontar el Gobierno de Petro, sin ánimos de justificar los errores que cometió desde la intervención de AIR-e.
El origen de la crisis eléctrica que recibió el presidente Petro en el Caribe colombiano está directamente vinculado a la administración de Iván Duque. El principal legado de ese gobierno fue la división de Electricaribe y la creación de Air-e y Afinia en 2020, una medida que no resolvió los problemas estructurales de la región, sino que los trasladó a dos operadores que pronto se volvieron inviables.
A esta herencia estructural se sumó una decisión de política pública de Duque que agravó la situación: la “opción tarifaria”, un mecanismo creado durante la pandemia para diferir el pago de la energía de los usuarios. La deuda acumulada por esta medida (que supera los $3 billones) fue heredada de la administración Duque; no olvidemos tampoco que la posible solución se vio frustrada cuando el Congreso archivó un proyecto de ley que buscaba financiarla. Además de la desacertada política de Duque, Air-e y Afinia asumieron una frágil y debilitada infraestructura, lo que precipitó la crisis que hoy enfrenta el país.
En varias ocasiones, advertimos que el tema eléctrico era uno de los más complejos de resolver en la región; por lo tanto, debía formar parte de las propuestas tanto de Cepeda como de De La Espriella. Ninguno de los dos candidatos asomó un plan ni asumió este tema como fundamental en el debate público presidencial.
Conflictividad social
No es una exageración afirmar que un estallido social en la costa Caribe fue contenido durante los últimos años. Este tema, junto al servicio de agua e inseguridad, fue uno de los de mayor impacto en el desenvolvimiento social, comercial, cotidiano y productivo de la región. A las cifras de informes de la Defensoría del Pueblo nos remitimos.
Para el período de enero de 2022 y marzo de 2024, el Observatorio de la Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo elaboró el informe de “Conflictividad social asociada a la prestación de servicios públicos domiciliarios. Estudio de casos: Bolívar, Sucre y Córdoba”. Según la entidad, tanto agua como energía eléctrica representaron los principales casos con 46,3 % y 44,5 %, respectivamente. Lo que quiere decir que la actual crisis por la energía eléctrica y por el acceso al agua potable en toda la región del Caribe tiene un acumulado que va más allá de la administración de Petro.
Durante el periodo de enero de 2022 y marzo de 2024, se registraron 103 hechos de conflictividad social manifiesta ocurridos en Bolívar (54), en el departamento de Córdoba (31) y Sucre (18). En Bolívar, los casos por agua registran 29 % y energía 39 %. En Córdoba, agua representa 42 %, mientras que energía 57 %. En Sucre, agua 39 % y energía 56%. Entre los seis departamentos del Caribe se concentró el 58,9 % (258 de eventos) de los 438 casos ocurridos entre el 1 de enero de 2022 y el 15 de marzo de 2024 en el país. Es decir, el Caribe lideró la tabla en comparación con todo el país.
Según el informe del Observatorio, en el caso de Bolívar, las principales limitaciones estaban relacionadas con “una infraestructura obsoleta, las interrupciones frecuentes del servicio, el valor de las tarifas y los cobros indebidos”; en el caso de Sucre, determinó que las conflictividades “estuvieron relacionadas con las altas tarifas, las lecturas estimadas del consumo y los cortes de energía, como algunas de las principales quejas de las y los usuarios. No hace falta citar lo que se concluyó de Córdoba, pues comparte la misma realidad de Bolívar y Sucre.
Tendencia
Lo anterior no es un periodo aislado. Lamentablemente, se convirtió en tendencia y en patrón de una inconformidad social ante la falta de soluciones estructurales. Según el monitoreo del Observatorio, entre enero y diciembre de 2024 se registraron 3.832 eventos relacionados con conflictos sociales en Colombia, lo que representa un aumento del 87 % frente a 2023, cuando se documentaron 2.046 eventos.
Los datos revelan que las principales fuentes de conflictividad y que motivaron las protestas fueron: conflictos laborales 21%, prestación de servicios públicos 16% (agua y energía eléctrica), entre otros. Aunque el reporte evidencia que el acceso y calidad de los servicios públicos se vio especialmente afectado en la región Caribe.
El más reciente reporte disponible (2025) no es muy distinto al de años anteriores. “La región Caribe registró el mayor número de eventos de conflictos sociales manifiestos durante 2025 con 1.241 eventos en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Atlántico, Córdoba y La Guajira. Estos se relacionan particularmente con faltas y limitaciones o fallas en la prestación de servicios públicos (29 %)”, asegura la Defensoría del Pueblo.
Una de las conclusiones que la entidad repite en varios de los informes consultados deja una lectura circunstancial acerca de la forma en que el Gobierno respondió a las conflictividades relacionadas con el servicio eléctrico: “Aunque el Gobierno ha mostrado disposición al diálogo, la falta de avances y el incumplimiento de acuerdos están generando desconfianza y desgaste en las comunidades. La inconformidad podría continuar si no se cumplen los compromisos suscritos”.
Es decir, si bien Petro no pudo superar la crisis eléctrica y la debacle financiera de AIR-, entre otras conflictividades, logró contener un estallido social por la disposición al diálogo que describe la Defensoría del Pueblo, no solo para el informe de 2025, sino para todos los anteriores que involucran su periodo de mandato. Este, sin duda, es uno de los temas más complejos y urgentes para el Caribe.
El presidente electo asomó algunas declaraciones acerca de la crisis y nos preocupan dos cosas: en primer lugar, el carácter represivo con que enfrentará la protesta social, según declaraciones dadas por De La Espriella durante la campaña electoral; lo segundo, que termine ejecutando una privatización con recursos públicos (camuflada) que, en vez de solucionar la situación, empeore la crisis eléctrica en el Caribe colombiano.
¿Existe un plan?
Como se señaló anteriormente, ninguno de los dos candidatos tocó el tema del servicio eléctrico en el Caribe durante la segunda vuelta presidencial. Por lo cual resulta increíble que hoy De La Espriella tenga un plan para superar la crisis de energía de la región. Sin embargo, en el diario El Tiempo asomaron varias ideas de lo que podría hacer el gobierno entrante, mas no un plan como tal.
En síntesis, plantearon corregir los daños en las redes, combatir el robo de energía y eliminar las ineficiencias del sistema para reducir las tarifas, pero no explicaron cómo lo lograrán ni qué harán con la deuda acumulada de los dos operadores (AIR-e y Afinia).
Como no plantean en concreto cuál será el plan para superar la crisis eléctrica en el Caribe, inquieta que la solución sea peor que la enfermedad: inyectarles recursos a ambas operadoras, incluso devolver AIR-e a sus antiguos dueños (acusados de corrupción en el manejo de la compra de energía en bolsa).
Con respecto a reducir la tarifa en lo inmediato, o están mal asesorados o no se enteraron de que el fenómeno de El Niño está a la vuelta de la esquina, lo que, por supuesto, incidiría en el costo del kilovatio/hora en la región. La reducción de las tarifas no depende de buenas intenciones, sino de decisiones.
Más grave resultan las verdaderas intenciones del recién electo presidente. Semanas atrás, el senador por el Partido Verde, Ariel Ávila, reveló que parte del plan del entonces candidato De La Espriella se enfocaría en privatizar empresas de energía como las del Huila, Nariño, Caquetá, Meta o San Andrés, lo que impactaría en el costo del servicio por hasta 50% en el corto plazo.
La denuncia de Ávila se basa en declaraciones dadas por De La Espriella en septiembre de 2025, cuando el entonces candidato afirmó que coincidía plenamente con el libertario Daniel Raisbeck en sus propuestas económicas, entre ellas, reducir en un 40 % el Estado y eliminar 136 entidades.
La entrega total de estas empresas a manos de privados, como advirtió el senador, dejaría al Estado al margen en la toma de decisiones sobre las tarifas de energía; por lo tanto, elevaría el costo de las facturas entre un 25 % y un 50 %, en un periodo de 1 a 2 años.
En conclusión, no existe un plan de gobierno para superar la crisis energética, pero sí incertidumbre por lo que pueda pasar en los próximos meses: privatización del sector en varias regiones, gabelas para las operadoras del Caribe (como las de Duque) en detrimento de los recursos públicos, represión a la protesta social en torno a las tarifas, entre otras dificultades.
