Algunos de nuestros lectores se quejan porque, supuestamente, en las últimas editoriales nos estamos repitiendo en el tema de la continuidad del régimen en el gobierno de Santos; pero no, esto no es una repetición sino un grito: nos están matando, nos están desapareciendo, nos están cercando con amenazas; están militarizando nuestros escenarios de trabajo, de estudio, de socialización; están apagando nuestras voces con el terror cotidiano; están aplastando nuestras protestas con los gases lacrimógenos que los agentes del Esmad disparan a quema ropa y contra la cabeza, ya no para dispersar sino para matar. No es sólo el de Uribe, ni tampoco el de Santos; este es un régimen terrorista desde siempre, hijo de una oligarquía asesina e inclemente: son tan incontables ya nuestros muertos y nuestros desaparecidos, que no tiene sentido enarbolar algún nombre entre los tantos como bandera de nuestra lucha; no obstante, el dolor que hoy nos embarga nos obliga a recordar a nuestra amiga y compañera de luchas Ana Fabricia Córdoba, cuya sangre aún caliente debe estar quemando a sus asesinos. Pero con este mismo grito nos negamos a que este se convierta en el destino de los luchadores políticos y las mentes más lúcidas que se atreven a la crítica.
Mientras el régimen sea reiterativo en el terror como estrategia, no podemos dejar de reiterarnos en la crítica, en el grito que empuja, en la voz que desvela. No ha cambiado nada, todo ha empeorado, incluso la reacción misma de la gente, embelesada en el supuesto cambio coreado, de manera inclemente ante la realidad contraria, por los medios masivos.
La ley de víctimas y la ley de tierras han sido los anzuelos políticos para desviar la atención de los principales propósitos del régimen durante este periodo de gobierno. Son leyes sin dientes, que no pueden asustar a nadie y mucho menos a los asesinos que los han desterrado y que siguen al amparo del gobierno. Empezando por un contrasentido que no tiene presentación: que se reconozca a alguien como víctima de los actores armados (sin olvidar que el principal victimario ha sido el propio Estado), pero que por razones económicas sólo se repare a aquellos que pueden demostrar su condición de víctimas posterior al año de 1985. Y no tiene sentido sobre todo que se argumente esta contradicción en razones económicas, cuando el gobierno dedica millonadas desproporcionadas para el fortalecimiento de la fuerza pública (en detrimento de la inversión social), ocupada principalmente en matar, desplazar y desaparecer a los campesinos, indígenas, estudiantes, sindicalistas, líderes sociales de todos los sectores que reclaman o se oponen a las acciones arbitrarias del régimen.
Y si esto no fuera suficientemente cínico, la ley nos regala otra perla: el reconocimiento del conflicto armado por parte del gobierno de Santos no es una muestra de su apertura política sino otra jugada del ajedrecista que le reporta premios en varias partes. Ahora resulta que de la reparación y la restitución de tierras sólo pueden ser beneficiarias las víctimas del conflicto armado. Socarronamente se desliza entonces la idea, como lo denuncia el Representante a la Cámara Iván cepeda, de que los campesinos, líderes sociales o sindicales recientemente asesinados o desplazados de sus tierras por las famosas Bacrim no serían beneficiarios de la ley, pues no son considerados víctimas del conflicto armado.
Ello muestra lo funcional que resultan ahora las Bacrim (que siguen siendo estructuras paramilitares, con nexos permanentes con la fuerza pública y políticos regionales) para el régimen. Ello explica su escasa voluntad política para combatirlas. De hecho ha sido el viejo estilo que siempre le funciona al régimen: generar estrategias de control armado a la población, que no se limitan, desde luego al control territorial. Incluso cuando estas estructuras se salen de su control (que no creemos sea el caso de las bacrim) resultan funcionales al régimen porque justifican nuevas intervenciones para reforzar la represión y militarización en aras de la restauración del orden. Al fin de cuentas, los muertos siempre los ponemos los sectores populares.
De hecho, tal y como se han desarrollado las cosas, parece que ser beneficiada como víctima del desplazamiento forzado para restitución de tierras, es lo mismo que ganarse un boleto rápido para el otro mundo: Ya son 49 los líderes de los desplazados o reclamantes de tierras que han sido asesinados. Pero el asesinato y la persecución no se limitan a los desplazados que reclaman sus tierras; según denuncian las organizaciones sociales que hacen parte de la mesa Nacional de Garantías, en lo que va corrido del año ya han sido asesinados 20 defensores y defensoras de derechos humanos y más de 100 han sido amenazados; esto sin contar con el nuevo auge que ha tomado durante este gobierno y desde finales del gobierno pasado, la desaparición de luchadores sociales como estrategia de terror.
Sin embargo, este gobierno se sigue exhibiendo como el reparador de los entuertos del gobierno pasado en materia de derechos humanos (como si fuera fácil olvidar que el propio presidente, entonces como ministro de defensa encabezó la macabra estrategia mal llamada de los falsos positivos y que aún se conserva) y sigue exhibiendo su famosa ley de víctimas y de restitución de tierras como prueba de su compromiso social y su apuesta real por transformar las injusticias a que su propia clase ha sometido por tanto tiempo a los pobres de Colombia. Y los medios se embriagan y con ello embriagan a los incautos con la cara amable del mandatario “que ganó las elecciones con un programa de derecha y ha ejercido su gobierno con uno de izquierda”, lo que aparentemente crearía un hito en la historia política de este país, donde lo normal ha sido que los candidatos ganen las elecciones con un programa de izquierda y gobiernen aplicando uno de derecha. Pero, como acontecía en la novela de George Orwell, 1984, lo que realmente pasa es que los medios nos presentan a cada presidente como una ruptura fundamental en la historia, cuando siempre es una repetición.
Entre tanto, el Congreso de la Unidad Nacional tramita sin contratiempos las políticas fundamentales de este gobierno, que lo único que hacen es profundizar el proyecto económico neoliberal que se nos ha impuesto desde finales de los ochenta (independiente de quién sea el gobierno) y el régimen autoritario que le corresponde: Las locomotoras que arrasarán con lo poco que queda de nuestros recursos naturales y entregará lo que queda de nuestra riqueza al capital sin patria, y los estatutos antiterroristas y las supuestas reformas a la justicia que ahondarán el control y la represión: es decir, asfixia económica para la mayoría a favor de la minoría, y represión, desaparición y muerte para quien tenga la sensibilidad de verlo y la osadía de cuestionarlo y confrontarlo.
Esto hay que pararlo. Tal vez la sanción social a los medios masivos de comunicación, cómplices de toda esta ignominia y artífices intelectuales también del terror oficial (asesinos también por indolencia) nos brindaría un respiro para recuperar el sentido de la realidad que nos atropella. Los grandes canales televisivos y estaciones radiales que dominan nuestro espectro deben pagar esta complicidad, silenciarlos en nuestras casas, oficinas y espacios públicos sería una forma de empezar a cobrar, negándonos a tomar la dosis diaria de veneno informativo con el que nos adormecen y embotan, mientras nivelamos en las comunidades y en la gente toda la capacidad de juicio para enfrentarlos críticamente. Ello implica definitivamente una apuesta sincera por nuestros propios procesos comunicativos, el reconocimiento de nosotros mismos y de nuestras experiencias como fuente legítima para conocer la realidad que nos circunda, primer paso para transformarla.
Pero la transformación desde ya no puede ser, como hemos venido insistiendo, la movilización por cada reforma puntual. Es contra el régimen asesino que pone en juego cada vez nuestra posibilidad física de existir. Desde aquí y ahora la razón de ser de la organización social confronta esta realidad como destino; mientras legislamos en el Congreso de los Pueblos para construir una Colombia distinta, en el plano de la movilización tenemos que parar la matanza, llenarnos de la fuerza colectiva que nos permita sobrepasar el miedo individual con que vivimos cada día y gritarle en la cara a este régimen que ya lo conocemos, que no puede engañarnos más y que lo vamos a derrotar definitivamente.