En Soacha la situación que tiene la mayor parte de la población es preocupante debido a varios factores que influyen en el deterioro de sus condiciones de vida como los altos índices de pobreza, violencia, precario cubrimiento hospitalario, explotación indiscriminada de canteras (muchas de ellas sin licencia, afectando irreparablemente el medio ambiente) desconociendo el pasado indígena; además de esto están las violaciones a los Derechos Humanos que van desde las ejecuciones extrajudiciales –falsos positivos- hasta el derecho a una vivienda digna. En este último tema de la vivienda digna, los directamente afectadas son los habitantes del sector que han sido desplazados, perdiendo sus hogares, que no han recibido ninguna respuesta práctica y verdadera por parte de la administración regional o nacional, inclusive luego de fuertes acciones de grupo llevadas a cabo por la comunidad desde hace más de cinco años.
El problema comenzó hace unos diez años, cuando el alcalde de Soacha, Jorge Martínez, declaró que cuarenta y cinco hogares estaban en zona de alto riesgo debido a las agrietadas paredes y debilitadas estructuras que los inmuebles presentaban. Pero la única opción que les dejó a los habitantes del sector fue salir de sus casas, por miedo a que las mismas cayeran sobre sus cabezas mientras dormían. La administración departamental tampoco brindó respuestas ni posibilidades para tal problemática, dejando como única opción que “cada cual busque su salvación”.
Los problemas de los habitantes del sector comenzaron allí, en tanto que fueron desplazados dentro de su mismo territorio, sin ninguna solución, ni compra de casa por parte de la alcaldía y con la mínima posibilidad de venta de las mismas, perdiendo, en muchas ocasiones, el trabajo acumulado de toda una vida, por la irresponsabilidad de las empresas constructoras y la negligencia de la alcaldía de Soacha.
El problema estructural radica –como lo señaló una comisión de peritaje proveniente del Japón- en que las casas que están construidas en Soacha fueron construidas sobre un humedal, lo que obligaba a la constructora a tener ciertas medidas específicas para la construcción, que, obviamente, no fueron tomadas en cuenta por los altos costos que esto implicaba; ahora esto desembocó en estructuras debilitadas y casas a punto de caerse.
De acuerdo con un estudio de suelos realizado por la escuela de ingenieros general Baraya, durante el mes de febrero del presente año, en las excavaciones se encontró agua a sólo 60 cm de profundidad, lo que hacía necesario un pilotaje con columnas de unos 18 a 25 metros de profundidad. Pero, aparte de no cumplir con este requisito, las placas de concreto no tienen la fortaleza ni el grosor adecuado, generando los problemas estructurales de las casas.
Como ya han transcurrido veinticinco años desde que la constructora Junin entregó el proyecto, es muy difícil que responda por las precarias condiciones en que lo entregó; lo que ahora se está peleando por parte de la comunidad es que, en primer lugar puedan ser reubicados en una vivienda digna por parte de la constructora, el Fondo Nacional del Ahorro (que subsidió la realización del proyecto) y la alcaldía de Soacha, que falló por negligencia para exigir que se cumplieran las condiciones necesarias para el trámite de la construcción de dichas viviendas.
En segundo lugar, se reclama por parte de las comunidades que la alcaldía entre a tomar las medidas necesarias para que esto no se repita en otros proyectos; sin embargo, la respuesta brindada es que el único control que pueden utilizar es que sea entregado un estudio de suelos. El problema radica en que –según palabras de la alcaldía- no se cuenta con el personal y presupuesto disponible para certificar que se construya conforme al estudio de suelos presentado, y que por ello mismo no se pueden frenar los proyectos de construcción, ya que la gente necesita donde vivir; no importa bajo qué condiciones ni por cuánto tiempo, sino un simple afán consumista de producir por producir, ya que esto es “bueno”.
Acciones de protesta
La acción en grupo que se ha llevado a cabo ha contemplado desde la toma de calles en San Mateo hasta acciones legales. “La toma de calles se dio hace unos cinco años, luego que la alcaldía y los medios de comunicación ignoraran nuestra problemática y situación”, señala Camilo, líder comunitario y habitante del sector, que ha trabajado en el problema desde su surgimiento. Así como también se llevó la denuncia hasta los estrados legales, la demanda tuvo que ser puesta ante el juzgado 17 de Cundinamarca, ya que “aquí en Soacha la justicia es bastante precaria, una acción legal puede tomar 5 o 6 años, para que cuando salga ya estén vencidos los términos del proceso, quedando uno insatisfecho, sin dinero y con el mismo problema”, complementa Camilo.
Actualmente en Soacha se están llevando a cabo de tres a cuatro grandes proyectos de construcción de vivienda, entre ellos Ciudad Verde. El problema con éste es que está proyectado sobre el mismo terreno: el humedal; se espera construir unas tres mil casas, que quedarán a parte del humedal, por debajo del nivel del Río Bogotá, lo que haría necesario un sistema de desagüe bastante bueno y, de nuevo, un pilotaje de entre 20 y 25 mts de profundidad. Sin embargo, en la proyección de tales construcciones no está contemplada la necesidad de esto, sino que simplemente se espera construir con el “requisito” del estudio de suelos, más no de la aplicación del mismo.
Lo que la comunidad exige es que se lleve el debido proceso por parte de las empresas constructoras, las entidades financieras y la alcaldía. En el marco del derecho que tienen las comunidades y poblaciones a recibir una vivienda de calidad, digna y por la cual están pagando. Mientras los abusos, con falacias acerca de las viviendas y los problemas, no tengan una debida solución, y la población sea la que siga sufriendo el desplazamiento por negligencia, la acción de la comunidad se intensificará y seguirá trabajando por y con la comunidad, manifiestan los afectados.