La cárcel se ha constituido en una de las instituciones preferidas del Estado Colombiano en lo que se trata de controlar y oprimir las manifestaciones de inconformismo de la sociedad. Inconformismo producto del abandono, falta de garantías y las reiteradas violaciones de derechos fundamentales como la vida o el trabajo; que cuando se rechazan por medio de la protesta social organizada, el gobierno tiende a criminalizar y judicializar. Y posteriormente envía a sus principales activistas a la cárcel, la cual se constituye, además, en otra fuente de violaciones sistemáticas de los derechos de las personas allí encerradas.
En Colombia desde hace más de un mes las personas privadas de su libertad en las cárceles estatales vienen realizando acciones de protestas pacíficas con el fin de exigir que se les garanticen y respeten sus derechos. Pero el gobierno ha querido mostrar estas manifestaciones como sabotajes contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, institución encargada de velar por las más de ochenta y cinco mil personas que se encuentran en los 144 establecimientos carcelarios y penitenciarios que existen en Colombia. Sin embargo, un caso tipo de las violaciones a los derechos humanos es la Penitenciaria de Valledupar, donde los internos padecen el desabastecimiento de agua potable, de un servicio de salud real, y además sufren torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por medio de golpizas, amenazas de muerte y gases lacrimógenos. Armando Pérez, preso político recluido en esta penitenciaría, así lo denuncia:
“Más de once años de violaciones a los derechos humanos; torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los internos han hecho de esta penitenciaría el Guantánamo colombiano. La impunidad, las agresiones permanentes contra los internos y nuestras familias, cuando vienen a visitarnos, y la complicidad del Estado ante tales denuncias, nos han llevado a declararnos en desobediencia pacífica e indefinida para exigir el respeto a nuestros derechos y rechazar la política represiva del INPEC. Exigimos el cierre de la Penitenciaría de Valledupar, dado que ésta es incapaz de albergar internos en condiciones dignas y por ser la cárcel de mayor violación de derechos en el país. En la actualidad un preso de la Tramacúa, como se le reconoce por su crueldad, tiene que vivir con menos de veinte litros de agua al día, los alimentos, en muchas ocasiones, se contaminan con coliformes fecales, lo cual agrava la crisis de salud.”
Treinta y dos días en huelga por el suministro de agua.
Son unos 300 detenidos de las torres 1, 2, 3, 4 y 5 de ésta Penitenciaría que se encuentran en desobediencia, entre ellos el prisionero político Hernán Rodríguez Díaz de la torre 4 de La Tramacua, quien duró 24 días en huelga de hambre (del 2 al 26 de mayo de 2011): «He decidido coserme los labios, la boca, y declararme en resistencia civil y pacífica en rechazo de los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que me somete el Estado colombiano por medio de su tratamiento penitenciario y el INPEC», son las palabras que nos hace llegar Hernán Rodríguez por medio de otro recluso en Valledupar.
Torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –en adelante FCSPP- denuncia que: a pesar de de las múltiples reuniones entre autoridades penitenciarias, la procuraduría, la alcaldía de Valledupar, la defensoría del pueblo, y la FCSPP; así como la visita de verificación del Congreso de la República por medio del Representante a la Cámara por Bogotá, Iván Cepeda, las vulneraciones derechos persisten. Desde el 2 de mayo de 2011, cuando los internos iniciaron las protestas pacíficas, la FCSPP ha registrado 3 casos de tortura individual con 4 víctimas. Y dos casos de torturas colectivas contra los internos del patio 2, por medio de aislamiento prolongado, en sus celdas por cuatro días, sin suministro de agua potable, y atacados con puñetazos, patadas, gases lacrimógenos y armas contundentes como son los garrotes.
«Nosotros como FCSPP consideramos que, debido a la condición de privados de libertad, y en el marco de la protesta pacífica cuyo fin es exigir garantías, respeto y aplicación de derechos fundamentales como la salud, el suministro de agua potable, entre otros, podemos catalogar las agresiones contra los internos como actos de tortura por parte de la guardia del INPEC». Esto se constituye en una razón más para que desde la FCSPP junto con las personas privadas de su libertad en Valledupar y sus familiares impulsemos la campaña mundial por el cierre de la Penitenciaría de Valledupar1.
Ausencia de agua potable en el penal.
Este penal presenta una emergencia humana y sanitaria. Sólo 15 minutos al día tienen los internos para acceder al suministro de agua potable. Tiempo en el que, además de tratar de recoger el agua para su subsistencia, tienen que enfrentarse a golpes, gritos y carreras en contra de los demás internos, lo que genera a diario una batalla campal por la sobrevivencia. Los internos no cuentan con servicios sanitarios en el penal debido a la ausencia de agua, lo que los obliga a tener que acumular sus desechos orgánicos en bolsas, y a mantener los sanitarios a desbordar.
¿Porque se busca el cierre y no la reforma de la Penitenciaría de Valledupar?
1. Porque es la cárcel de mayor violación de derechos humanos del país, entre los cuales se resalta la sistemática tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes; la restricción al suministro de agua; la falta de acceso a la salud; y el no funcionamiento de los programas de estudio, trabajo y enseñanza.
2. Porque es una cárcel castigo. Es decir, la utilizan para generar terror y neutralizar a los detenidos del país para que no exijan sus derechos. Innumerables traslados por motivo de castigo así lo demuestran. Y contrario a su fama de cárcel “más segura del país”, es insegura y violenta; en sus 11 años de existencia más de 32 personas han sido asesinadas en su entorno, entre los que se cuenta al detenido Luís Fernando Preciado tras la tortura a la que lo sometió el teniente de guardia del INPEC, Isifredo Chacón, condenado a 14 años de prisión, pero que después de pagar 6 años de cárcel fue puesto en libertad y paradógicamente reintegrado al cuerpo de custodia del INPEC.
3. Porque se agotaron los trámites para intentar mejorarla: esta cárcel es intocable. Cerca del 99% de las denuncias presentadas permanecen en la impunidad. El Estado ha sido incapaz de garantizar los derechos de los detenidos, sus condiciones dignas de reclusión y la seguridad. Además, las decisiones judiciales, así como las recomendaciones de instancias nacionales e internacionales no son acatadas. Esto deja claro que la única problemática que acosa a esta penitenciaría en es el tema del agua, como quiere hacerlo parecer el gobierno.