Por: Juliana Builes Aristizábal
Fotos: Cortesía Coordinador Nacional Agrario
Ya habían pasado más de siete horas y todavía seguíamos caminando. Algunos compañeros, agotados por la inclemencia del páramo, pasaban a lomo de mula; otros apenas nos cruzábamos miradas mientras coincidíamos en los tramos del camino. Cuando parecía que estábamos por llegar, uno de ellos se detuvo. Nos miró a los dos periodistas que apenas lográbamos convencer a nuestras piernas de seguir bajando por aquella montaña de piedra y soltó una frase: “Germán Castro Caicedo decía que este no era el camino de la esperanza, sino de la desesperanza.”
La palabra se atravesó como una sentencia. La esperanza se cimienta en el deseo de que algo pueda ser posible, en esa sensación que despierta en nosotros un ánimo de determinación, algo así como creer en nuestros objetivos y sueños. Pero este camino era todo lo contrario. Los senderos eran tan estrechos que solo uno a uno podíamos avanzar, subiendo o bajando sobre piedras que tallaban las plantas de los pies, incluso con botas.
A las tres de la mañana, cuarenta y dos personas de distintas organizaciones sociales salimos del sector El Santuario, en el páramo de Pisba, Boyacá, rumbo a la vereda Pueblo Viejo. Recorrimos la misma ruta que hace 206 años transitó Simón Bolívar, un trayecto que parece haberse quedado suspendido en el tiempo.
Un día antes habíamos llegado a Cómeza Hoyada, también en Boyacá, para participar en la Caravana Humanitaria Ruta de los Libertadores, realizada entre el 26 y el 28 de septiembre. El propósito era recoger denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en la región y presentarlas ante una mesa de concertación con representantes del Gobierno Nacional, departamental y municipal. La meta: abrir un proceso de negociación que atendiera las necesidades de los campesinos del territorio.
La Caravana no surgió de la nada. Según explicaron sus organizadores, todo comenzó cuando el Coordinador Nacional Agrario (CNA) identificó una publicación en el medio Entre Ojos en la que se estigmatizaba a los liderazgos locales y al proceso comunitario en torno a la carretera del Páramo de Pisba, relacionándolos con la insurgencia. Ante esa estigmatización, el CNA contactó a las comunidades, propuso un plan de acompañamiento y ayudó a consolidar un proceso organizativo.
De ese trabajo surgió, en agosto pasado, la Asociación Corredor Humanitario Ruta Libertadora, conformada por alrededor de 170 afiliados de 16 veredas de los municipios de Pisba, Socha y Socotá. El plan incluyó apoyo jurídico frente a los señalamientos, fortalecimiento organizativo y, como acción central, la propuesta de realizar una Caravana Humanitaria. Inspirados en experiencias similares en otras regiones, se convocó a organizaciones e instituciones para acompañar el recorrido. Así fue como, después de meses de gestión, se concretó la ruta que atravesó el mismo camino histórico de Bolívar, pero cargado esta vez con las urgencias y reclamos de los campesinos del presente.
Los ojos del abandono
Para llegar a Cómeza Hoyada desde Bogotá es necesario tomar un bus en la terminal de El Salitre hasta Sogamoso, de allí otro hasta la vereda en el municipio de Socotá y finalmente adentrarse en el páramo. Fue en el Colegio Jairo Albarracín Barrera de esta vereda donde se instaló la Caravana.
Las palabras del alcalde de Socotá marcaron la presentación con un tono de intimidación: “Sería bueno que aclararan el fin de la Caravana. Si vienen de turistas, pues la situación de seguridad no es buena en el municipio y están acá bajo su propio riesgo”, dijo frente a varios niños de la institución.
El rector del colegio denunció la falta de infraestructura: no hay salones suficientes, faltan profesores, laboratorios, salas de cómputo y espacios de recreación. “La gestión educativa se hace con las uñas”, afirmó. Después, campesinos y campesinas tomaron el micrófono para hablar de las necesidades de conexión, salud, alimentación, titulación de tierras y, sobre todo, de una vía que permita vivir con dignidad.
Al día siguiente, la Caravana siguió hasta la vereda Pueblo Viejo, una de las más apartadas. Para llegar allí se necesita viajar en carro por más de hora y media hasta el páramo de Pisba, caminar otra hora hasta El Santuario y luego recorrer a pie 35 kilómetros por una trocha que en algunos tramos se reduce a 50 centímetros de ancho, cubierta de agua y piedras.
Pueblo Viejo fue alguna vez hogar de más de 600 personas. Hoy quedan apenas 11 familias. Allí nos recibieron, con aguapanela y pan, unas 30 personas reunidas para contar por qué la carretera que atraviesa el páramo es una necesidad urgente pospuesta por más de dos siglos.
Cuando una persona se enferma de gravedad en Pueblo Viejo ya no tiene opciones, la única forma es cargarlo en una camilla improvisada con palos y tela, subir durante siete horas por la montaña y llegar a un punto donde pueda acceder una ambulancia. Muchas veces, como relató Josué Brandon Carvajal, presidente de la Junta de Acción Comunal, no alcanzan a llegar: “La última persona murió en el camino. No hay electricidad, no hay señal de celular, los avisos se siguen pasando de voz en voz, de finca en finca”.
Carvajal habló desde el colegio de la vereda, que hoy solo tiene un estudiante: “Para los impuestos sí saben dónde estamos. Para las votaciones también, hasta nos instalan una mesa aquí. Ellos saben que existimos, pero ¿qué hacen los gobiernos?, se hacen los pendejos. A los padres les toca irse, llevar a los hijos a otros lugares. Los chinos ya se cansaron de echar tanta pata”.
Sus palabras fueron aplaudidas por la comunidad, que se reconoció en cada frase. El miedo también bajó hasta Pueblo Viejo, pero la gente habló. Otro campesino, antes de intervenir, miró a toda la Caravana y dijo: “Yo sé que tengo la lápida a un lado y la reja al otro, pero tengo una familia y una comunidad que necesitan que hable”.
Las dificultades son múltiples: no hay cómo sacar los alimentos para comercializarlos; las frutas se dañan en el camino; el café apenas logra sobrevivir; algunos viven de unas cuantas cabezas de ganado que deben trasladar a pie, acampando en la trocha para evitar que los animales mueran de frío. Pero la muerte aparece todos los días como amenaza cierta, mientras la esperanza campesina resiste a pesar del abandono y de las promesas incumplidas de cada campaña electoral.
Las veredas de El Oso, La Reforma y Chipa Viejo, que también rodean el páramo de Pisba, viven la misma situación que Pueblo Viejo. Son miles de personas que podrían mejorar su calidad de vida con la construcción de una vía que permita verdadera conectividad en la región.
La lucha que no se abandona
Freddy está entre los 40 y los 50 años. Nunca le pregunté la edad exacta, y a veces prefiero no calcularla, así en algún momento me diga el año de nacimiento. Freddy podría imprimir un mapa del páramo de Pisba solo haciendo lo que coloquialmente llamamos memoria fotográfica. Se ha caminado a pata limpia el territorio desde que tiene dos años y, a pesar de haber migrado por un largo periodo, el ímpetu boyacense lo tiene en cada línea de expresión que le ha salido con el paso de los años.
Allí, en la escuela de Pueblo Viejo —su pueblo—, en medio de las casi treinta carpas para dormir que habían extendido los de la Caravana Humanitaria, nos encontramos. Entre la conversación informal y el cansancio compartido, hablábamos de lo que los ojos no podían negarse a ver otra vez: la desesperanza.
“Oiga, yo pensaba… algún día me gustaría ser presidente. Uno piensa, pues, que en la política uno puede servirle a la gente”, dice Freddy mientras le pregunto si alguna vez supo que su camino iba a ser el del liderazgo social.
“A mí siempre me ha gustado servir. Yo me acuerdo que cuando vivía acá había unas muchachas que los papás las dejaban solas casi tres meses. Les dejaban algo de comida, pero era poco. Después les tocaba ir a buscar fósforos, sal, papa, miel… que regáleme, que présteme. Llegaban a la casa, y mi abuela les daba hasta donde podía, pero como era tan seguido, a veces se cansaba. A mí me dolía que ellas sufrieran. Llegaban por miel y yo trataba de sacarles un poquito por debajo de cuerda para darles. Yo creo que esa fue la primera vez que dije: a mí me gusta servir, a mí me duele el sufrimiento de las personas. Tenía unos siete años”, cierra Freddy, justo cuando nos sirven la comida.
A medida que íbamos trazando su vida, como si bajáramos y subiéramos una montaña, él recordaba cómo había ido de un lado a otro buscando mejores oportunidades. Freddy llegó a Pueblo Viejo porque su mamá lo dejó viviendo con una de sus abuelas, cuando tenía apenas dos años. En ese momento la vida en la vereda era distinta. Parece paradójico, pero en ese entonces sí había más oportunidades. Alrededor de los años ochenta, la comunidad vivía del comercio con mulas arrieras. Subían miel, harina, fósforos, sal y trigo por las montañas del páramo para venderlos en todo el territorio. Así también podían intercambiar algunos de los productos que sembraban en sus fincas.
Años después, el “desarrollo” llegó con las vías que construyeron en los municipios vecinos. El territorio parecía que por fin se iba a conectar, pero ocurrió lo contrario: las veredas más lejanas, las que quedaban en zona de páramo, quedaron totalmente desconectadas. Han pasado 45 años desde entonces y hoy las personas todavía tienen que transportarse a pie o en mulas para salir a alguna de esas vías que, en vez de traer progreso, les quitaron la posibilidad de una forma de subsistencia que sostenía la economía campesina.
Después de que la estabilidad en el territorio se apretó tanto que parecía imposible sobrevivir, la migración buscó cabida inclusive dentro de la mente de los niños. “Yo creo que inicié por ahí a los siete años a estudiar. Tenía que caminar cuarenta minutos para llegar acá. Es decir, hice parte de la primaria en este lugar donde estamos sentados. En esa época éramos unos setenta y ocho estudiantes, de primero a quinto, porque aquí no había bachillerato. Yo hice hasta segundo de primaria. Luego empecé a trabajar, por ahí a los ocho años. Desyerbaba caña, talaba potreros, y ya empecé a conseguir unas monedas. Eso me desmotivó con el estudio. Me fui para Santander, luego para Moniquirá, desyerbando caña y café… Después me fui para la sabana de Bogotá a trabajar con papa. Trabajé vendiendo helados en Tunja, en Sogamoso, en Bogotá, en Duitama. Y después, con el tiempo, me fui para el Ejército.”
En el Ejército, Freddy logró validar el resto de estudios que le faltaban para obtener el bachillerato. Además, hizo unos cursos de sistemas en el SENA que le abrieron la puerta para trabajar en el Banco de Occidente. Sin embargo, la vida en la ciudad tampoco parecía ofrecerle las oportunidades que se había imaginado. Con deudas y sin formas materiales de seguir subsistiendo en la rapidez de la ciudad, decidió volver a Socotá. Allí se instaló en el casco urbano y empezó a vivir de las minas de carbón.
El pasado del comercio arriero había quedado atrás, y ahora los pueblos de esta cordillera oriental habían cambiado su orientación hacia la explotación de la roca. A diferencia de las grandes explotaciones en La Guajira que van al extranjero, la producción de carbón en Boyacá está orientada al mercado interno del país.
Según la fotógrafa y documentalista colombiana Isabella Bernal, en su reportaje El calor de la roca: las encrucijadas del carbón, fábricas, cementeras, ladrilleras, termoeléctricas e ingenios azucareros lo requieren para producir la energía que mueve su maquinaria o para catalizar las fundiciones que producen acero. De acuerdo con la Federación de Productores de Carbón de Boyacá, en 2022 su producción representaba el 13 % de la matriz energética anual de Colombia y empleaba, de manera directa e indirecta, a unas treinta mil personas.
Freddy llegó como obrero de las minas a mediados de los años dos mil y, casi veinte años después, sigue ejerciendo el mismo oficio. La mayoría de los trabajadores en el municipio son hombres, y su pago en las minas está directamente relacionado con su rendimiento. Viven del día a día, y el día que no se trabaja no se paga. No hay seguridad social y la inseguridad dentro de los socavones sigue siendo el pan de cada día, al igual que la proliferación de bocaminas ilegales, que no solo han afectado la seguridad de los obreros, sino también el ecosistema del territorio.
“En la vereda Los Pinos, situada a cuarenta minutos de la cabecera municipal de Socotá, para 2023 podía haber más de cien bocaminas ilegales. La cifra no ha sido confirmada por la Fiscalía, pero es un cálculo que hizo la comunidad con apoyo del Ejército y de la Alcaldía. El 80 % de la población del municipio depende de la minería, y el 60 % trabaja en condiciones de ilegalidad”, afirma Isabella en su trabajo.
En medio de su trabajo como obrero, Freddy empezó a involucrarse en los procesos comunitarios y, años después, con la esperanza de cumplir ese viejo sueño de servir, llegó a ser concejal del municipio de Socotá en 2016.
Durante su experiencia política decidió enfocarse en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las veredas más alejadas. Nadie mejor que él sabía lo que significaba vivir en una zona desconectada, donde la idea de “vida digna” parecía solo un discurso que los políticos repetían cuando llegaban a la escuela de Pueblo Viejo.
Freddy explica que ser concejal en un municipio pequeño no da mucho margen de acción. No hay presupuesto, apenas la posibilidad de insistir, de hacer control político, de llevar la voz de la gente ante las autoridades locales. Aun así, en 2016 decidió actuar por su cuenta: redactó varios derechos de petición con ayuda de amigos y un abogado, solicitando la construcción de la vía y la instalación de luz eléctrica para las veredas más apartadas.
“Respondieron diciendo que eso era competencia del alcalde y no de la gobernación. Aun así, el gobernador y el alcalde se volvieron amigos y metieron maquinaria. La maquinaria era de la gobernación, el combustible lo ponía el alcalde Daíro Herrera, y avanzaron la trocha sin permisos hasta casi llegar a la línea del páramo. Alguien denunció que estaban dañando la selva, el páramo, y ahí quedó todo. Demandaron al alcalde, pero los que perdieron fueron las comunidades”, recuerda Freddy.
Desde ese momento empezó su lucha por una vía que les permita a las personas no morirse si se enferman, tener electricidad, conectividad, educación y sostenibilidad económica; en otras palabras, poder vivir y no solo sobrevivir en un dilema.
La explotación ilegal de carbón durante más de tres décadas ha tocado repetidamente la zona de páramo. Aunque la extracción no ocurre a más de 3.100 metros sobre el nivel del mar —altitud que Parques Nacionales considera como páramo—, en las partes bajas y zonas de bosque seco los afluentes de agua y las napas subterráneas siguen contaminadas por la explotación irregular que los gobernantes “no logran controlar”.
Paradójicamente, la conectividad de las personas sí parece representar la mayor amenaza para el ecosistema, mientras en otros territorios —donde Parques Nacionales también tiene jurisdicción— existen carreteras pavimentadas e incluso proyectos turísticos.
Después de salir de las lógicas de la política tradicional en 2022, Freddy retomó, un par de años después, el proyecto de la carretera junto a los habitantes de las veredas y municipios directamente afectados. Entre convites, rifas y otras iniciativas comunitarias, lograron reunir nuevamente maquinaria para empezar a abrir camino.
El primer día —recuerda Freddy— se reunieron como cuatro o cinco personas, nada más. “La comunidad no vino y nos quedamos sin saber qué hacer. Entonces dijimos: ‘hagamos una rifa, rifemos una moto’. Yo mismo mandé a hacer los talonarios, las boletas, las doné… pero esa primera rifa no funcionó. La gente no creía que eso se fuera a dar, así que no compraron las boletas y nos tocó devolver la plata. Después nos donaron una moto. Creo que fueron unos comerciantes o ganaderos de Paya, no sé bien, y ya a las reuniones llegaban hasta 60 personas de las diferentes veredas”.
La comunidad decidió seguir adelante. “Ya tocaba hacerle, ya no podíamos echarnos para atrás. La gente volvió a creer, compraron las boletas, se vendieron bien y con eso reunimos una plata. Dijimos: ‘para tal fecha nos metemos con la máquina’, y así fue.”
El trabajo empezó desde las partes altas, abriendo la trocha hacia abajo. “También hicimos recolectas —sigue Freddy—. Decíamos: ‘la máquina cobra tanto por hora, ¿quién colabora?’. Uno ponía una hora, otro otra, y así reunimos como diez millones. Todo lo hicimos con donaciones, con rifas y con la misma fuerza de la gente. Trabajamos hasta donde la plata nos alcanzó”.
Después de que el proyecto comenzó a gestarse, y tras la identificación de los casos de estigmatización hacia los líderes campesinos, apareció el CNA. De esa articulación nació la Asociación Corredor Humanitario Ruta Libertadora, una organización que, de la mano de Freddy y otros líderes del territorio, ha venido impulsando procesos comunitarios y de base social para que, por fin, las promesas aplazadas durante décadas empiecen a cumplirse.
Freddy está cansado de repetir la misma historia a todas las instituciones que llegan al territorio y se van con las promesas en la boca. Después de casi veinte años de liderazgo, lo que hoy siente es miedo. Su vida ha sido amenazada por actores no identificados. Semanas antes de la Caravana, un líder social que trabajaba en los mismos municipios que Freddy fue asesinado, y hasta el día de hoy no se sabe quién o quiénes fueron los responsables. “Yo no soy Estado, no soy Ejército, no soy de ningún grupo armado, no soy gobierno, no soy nada. Soy solamente un campesino. Entonces, mi vida corre peligro, de cierta manera tengo miedo”, dice Freddy con una mezcla de cansancio y resignación.
La noche del 29 de septiembre dormimos en la escuela donde Freddy había aprendido a leer y escribir. Al amanecer, a las tres de la mañana, volvimos a levantarnos para caminar otras siete horas y cumplir la cita que teníamos con las entidades nacionales, departamentales y municipales en el sector de El Santuario.
Freddy me acompañó todo el camino, el mismo que se sabe de memoria. Me hablaba para que el trayecto se me hiciera más corto, para distraer el cuerpo del cansancio y poder llegar a tiempo a la instalación de la mesa de concertación. El agotamiento que yo sentía en las piernas después de dos días mirando la desesperanza de frente, era el mismo que cargaba Freddy por su situación como líder social. Pero había algo que no podía evitar: llenar el camino con palabras, con esa otra forma de resistencia que es la determinación.
Llegamos empapados —“emparamados”, como dicen los campesinos del páramo cuando el frío les cala hasta los huesos— al sector de El Santuario. Ese 29 de septiembre nos llovió desde las tres de la mañana hasta las tres de la tarde. El pantano nos llenó las botas de caucho y el agua empapó la ropa que llevábamos para calentarnos un poco.
Cuando por fin llegamos, Freddy me felicitó. Se alegró por mí, pero también por él, porque volvía a tener los ojos llenos de esperanza. Me prestó su ruana y, con ella sobre los hombros, comenzó la interlocución con las entidades en la mesa de concertación.
Por primera vez, alguien del gobierno nacional los estaba escuchando de una manera distinta. Allí hicieron presencia tres funcionarios de la Dirección para la Igualdad y la Equidad del Campesinado del Ministerio de Igualdad, una delegada del Ministerio de Salud y otra de la Gobernación de Boyacá. A ellos se sumaron el senador campesino Robert Daza y la consejera presidencial para las Regiones, Luz María Múnera, quienes delegaron personas que acompañaron el recorrido de la Caravana.
Tras casi tres horas de interlocución con campesinos de los municipios de Socotá, Socha, Pisba y Paya, la consejera Múnera anunció la instalación de una mesa de trabajo con la Asociación Corredor Humanitario Ruta Libertadora: “El compromiso que traigo hoy es que antes de noviembre se va a instalar una mesa con ustedes, aquí en el territorio, para avanzar en soluciones concretas. Y esa mesa no va a ser para prometer lo mismo de siempre: va a ser para construir con ustedes un plan real, con tiempos, con responsables, con presupuesto”.
Tanto el Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de Salud respaldaron la decisión y se comprometieron a articular la gestión de la mesa desde sus áreas de competencia. Por su parte, el senador Robert Daza dirigió un llamado a la organización comunitaria: “Aquí lo que ustedes están pidiendo no es un favor, es un derecho. Y es deber del Estado garantizarlo. Yo como senador me comprometo a llevar esta voz al Congreso y a las instituciones, pero también quiero decirles que la fuerza más grande está aquí: en la organización comunitaria, en la unión de ustedes como campesinos”.
El tiempo, sin embargo, juega en contra. Después de noviembre empieza a regir en Colombia la Ley de Garantías, lo que dificultará la gestión de presupuestos para obras como las que se necesitan en el páramo de Pisba. Hasta este momento, las palabras que parecían tan firmes de Luz María Múnera se quedaron en la “ofrenda de compromiso” que fue su visita al territorio.
Durante casi una hora, los diferentes funcionarios se refugiaron en la retórica del desplazamiento, como si mover sus cuerpos hasta la zona de El Santuario fuera, por sí mismo, un acto que todos debíamos aplaudir. Se llenaron la boca nuevamente de promesas que hasta hoy no han cumplido. Dirigieron órdenes a sus equipos con frases como: “En dos semanas tiene que estar instalada esa mesa”; y se fueron creyendo que el cambio se hace creando discursos tan politiqueros como los que siempre han criticado.
A pesar de que se han gestado encuentros entre algunos delegados del gobierno y las organizaciones sociales para generar articulación y mantener una interlocución, hoy no hay rastro de ninguna mesa, mucho menos de alguna iniciativa concreta que, por fin, logre conectar los municipios y darle una vida digna a quienes caminan y tejen el territorio. Freddy, y todas las personas que siguen luchando por sus comunidades, ahora no solo tienen miedo: también, como el camino, están llenos de desesperanza.
