Por: Juan Alejandro Echeverri
Collage: Ana Sofia Ramírez
Los trámites con los que esperan descifrar sus orígenes y recuperar su plena ciudadanía, suelen dejarles con las mismas dudas. Han presentado una cédula que supuestamente corresponde a una madre biológica, y les han dicho que realmente pertenece a un hombre. De ese tamaño son las barreras legales con las que se han encontrado desde que se supieron víctimas de la adopción trasnacional de bebés.
Lo usual es que los colombianos renieguen de su nacionalidad y anhelen haber nacido en otro país. Lo raro es que ya de grandes, personas como Natt, Yennifer, Marta Isabela, Sirena y Amy, después de crecer y vivir la mayor parte de su vida en países del primer mundo, quisieran volver al país tercermundista del que las arrebataron, aunque la única referencia que tuvieran de él sean los comentarios negativos que escuchan en sus países adoptivos.
Se conocieron en 2024 en Bogotá. En sus redes sociales, días antes del 8 de marzo, Yennifer convocó a personas que tuvieran una historia de vida parecida a la suya para que el día internacional de la lucha femenina hicieran una acción colectiva. “Queríamos hacer algo para que los derechos de las mamás que perdieron a sus hijos también fueran incluidos en la narrativa del feminismo y la liberación. Porque si hablamos del feminismo, también tenemos que hablar de las mamás que no se le permite ser mamás, que no tienen los recursos, que viven en contextos muy difíciles, desplazadas o trabajando en casas ajenas, madres que han perdido sus hijos no por voluntad”, asegura Yennifer, quien regresó hace siete años a vivir de manera permanente en Colombia, luego de ser entregada en adopción a una familia alemana en 1990, cuando tenía dos años, según los documentos del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) que ha logrado recabar.
***
En los extremos dos costales de fique usados para almacenar café. En ellos la foto impresa de dos bebés, acompañada de la frase: nos querían vender, pero no sabían que somos humanos; son los mismos sacos que usaron aquel 8 de marzo en Bogotá. Desde la silla del medio, Yennifer hizo una introducción sobre la adopción trasnacional de bebés colombianos en una casa cultural de Medellín.
La activista explicó primero que el comercio de pequeños no empezó en 1968 con la creación del ICBF, cuya misionalidad consistía en proteger a niños y niñas abandonadas por sus padres o aquellos que estaban en riesgo por las condiciones socioeconómicas de su núcleo familiar. La primera casa de adopción en el país fue la Casa de la Madre y el Niño, fundado en 1942 en Bogotá por María López Michelsen, hija de Alfonso López Pumarejo, quien era el presidente en ese momento.
Entre la primera casa de adopción y la creación del ICBF, contó Yenifer, transcurrieron 30 años de adopciones sin ningún tipo de regulación, y de la cual no existe rastro. En ese periodo, las nacientes ciudades recibieron miles de personas que huían de la violencia que azotaba las zonas rurales. El Estado poco hizo por garantizar derechos básicos para los niños y las familias migrantes que engrosaron cinturones de miseria de las urbes en auge; prefirió que amparadas en el discurso clasista de la caridad, centros de adopción como el de la hija presidencial entregaran los niños pobres a extranjeros o familias colombianas de clase alta.
Con la primera Ley de adopción, la Ley 5 de 1975, las cosas en nada cambiaron. En parte, porque la regulación fue hecha a la medida de personalidades políticas de clase alta interesadas en el negocio de las adopciones. Para quienes intermediaban entre los niños y las familias adoptivas, la situación era inmejorable: la pobreza y la migración por la persistencia de la violencia en la ruralidad estaban al alza, el relato eclesiástico instaba a que las familias pobres en lugar de planificar entregaran sus hijos en adopción. Venían a buscar pequeños, con una moneda que tenía mucho valor en países del sur global como el nuestro.
Yennifer aseguró que alrededor de ocho casas de adopción, de quienes el ICBF se valía para tercerizar sus responsabilidades, fueron abiertas con dineros del exterior. Ciudadanos del primer mundo “donaban” a cambio de que su inversión regresara en forma de niños para las parejas que querían adoptar. La riqueza de afuera generó incentivos económicos perversos para las demás partes involucradas en la adopción. Médicos, abogados y notarios que tenían la potestad de avalar documentos necesarios para legalizar el proceso, falsearon papeles a cambio de dinero. “En mi documentación [la de Yennifer] se ve que cambiaron mi fecha de nacimiento. Tengo un documento de una chica que está buscando su familia, y tiene dos nombres diferentes de su mamá”.
La expositora recordó también los argumentos con los que un abogado, de apellido Valencia Zea, justificaba la práctica en la década de los 70. El defensor de las casas benéficas de adopción ante el Estado colombiano, planteó con la siguiente frase que el envío de bebes al extranjero era una cuestión de excedentes: “Colombia produce más café del que necesita para su consumo, se exporta el café sobrante a los países que lo necesitan. Colombia también produce una cantidad excesiva de niños”.
Una vez que Yennifer terminó de exponer los datos que ha investigado durante siete años, el resto de sillas vacías las ocuparon Natt, Marta Isabela, Sirena y Amy, con quienes había conservado horas antes en una cafetería de la capital antioqueña.
***
¿En qué momento se dieron cuenta de que habitaban una identidad viciada? Natt, de familia caleña, nacida en Bogotá, adonde volvió hace siete años después de ser llevada de niña a Suecia, asegura que es un proceso decolonial personal, pero en su caso fue muy evidente desde siempre: “Crecimos en familias muy blancas donde no podemos reflejarnos para nada. Es muy de la piel, de la existencia, del ADN. Los adoptados nos hemos adaptado para poder sobrevivir en donde crecimos, pero con muchas heridas que al final se reflejan después en la salud mental con muchos problemas”.
En el caso de Sirena, nacida en Bogotá, alta, morena, y quien desde hace un año vive en Cali después de ser llevada con tan solo dos meses de nacida a Dinamarca, su color de piel lo hizo más notorio aún: “Algo muy común en las personas adoptadas, es el sentimiento de soledad, creo que todas crecimos con eso. Yo era la única morena en todo mi pueblo. No tenía amistades. Y he regresado para contar que también pasé por muchos desafíos. Cuando mis papás me adoptaron, tenía unas reacciones que no eran normales para un bebé de mi edad. Hay muchos traumas conscientes e inconscientes que tenemos que navegar. Crecimos con una mentira. Toda la vida pensamos que era porque nuestros padres no nos querían o cosas así. Mi mamá [adoptiva] siempre quiso tener bebés morenos, entonces adoptó en Colombia, solo era por eso, no tenía nada que ver con querer ayudar al mundo”.
La ciencia médica ha determinado que las experiencias vividas en los primeros años de la infancia son trascendentales en la salud mental de cualquier ser humano. Eso explica por qué, según Yennifer, las víctimas de adopción trasnacional son entre 4 y 15 veces más proclives a tener conductas suicidas.
Por su experiencia de trabajo en Plan Ángel, fundación que desde 2008 hace lo posible por reunir a las personas separadas por la adopción y mantiene contacto con más de 1.000 familias colombianas buscadoras, la activista ha comprobado que los traumas también están presentes en las mamás que quieren volver a ver a sus hijos e hijas: “Han sufrido en silencio porque en Colombia siguen siendo estigmatizadas, porque si adoptaron uno de sus niños es porque hiciste algo malo. Lo más terrible es cuando una persona adoptada vuelve a Colombia, encuentra a su familia y le dicen que la mamá se suicidó hace x cantidad de años”.
***
Silvina Ocampo decía que “lo raro siempre es más cierto”. Lo evidente les ha hecho sentirse raras y extranjeras fuera del país; por su dicción agringada y su léxico limitado las han hecho sentir raras y extranjeras en Colombia. No ha sido fácil para Natt, Yennifer, Marta Isabela, Sirena y Amy descolonizar sus historias. Reclamar y recuperar su identidad, su cultura, su idioma, sus memorias, su tierra; reescribirse a sí mismas.
Uno de los comentarios más recurrentes que han escuchado sobre su situación es que no tendrían que estar buscando nada aquí, porque afuera estarían mucho mejor. Pero lo más difícil tal vez ha sido que el Estado las reconozca como lo que son: ciudadanas colombianas.
Marta Isabela nació en Bogotá, su familia es de los Llanos Orientales, regresó por un año a Colombia en 2017 después de ser entregada a una familia estadounidense, y a finales de diciembre volvió con la idea de quedarse permanentemente. Empezó a buscar a su familia en 2016. Primero solicitó la ayuda del ICBF, entidad de la que no recibió respuesta. Luego, una persona que trabaja con adoptados logró darle información en tan solo dos días: “Esta ayuda cuesta 400 dólares. No todos los adoptados tienen esa plata, y no es justo”, asegura.
Para reunir a las familias colombianas biológicas y a las personas adoptadas, el ICBF cuenta con un programa llamado orígenes. Yennifer asegura que además de responder un formulario invasivo y engorroso, el trámite exige el apoyo de los papás adoptivos y una terapia psicológica previa. El registro civil previo o posterior a la adopción, la declaratoria de abandono o adoptabilidad, o la sentencia de adopción requeridas por la entidad, son otro obstáculo para rehacer su árbol genealógico, teniendo en cuenta la sistemática falsificación de documentos, y que muchas madres firmaron papeles producto de amenazas, algunas ni siquiera sabían leer. “Yo tengo varios registros civiles, y en todos hay diferentes nombres, los documentos están llenos de mentiras y de versiones que no caben. Cuando regresé a Colombia, quería recuperar mi ciudadanía. Fui al ICBF y me dijeron que me iban a ayudar a encontrar a mi familia. Después de cuatro meses en el proceso, me mandaron un correo diciendo que no iban a seguir con él. Luego un directivo me ayudó y encontró todos mis documentos en una hora. No deberías tener que conocer a alguien y pagar por eso. Es una experiencia muy difícil para nosotros intentar buscar nuestra identidad, reclamar tus papeles, y que los sistemas que están hechos para ayudarnos, estén ocultando la verdad, luego descubres que es porque forma parte de un crimen supergrande”, manifiesta Sirena.
“Están cambiando las leyes de adopciones todo el tiempo para que sea más seguro para los niños y las niñas. Eso es muy importante, pero nunca sacaron una ley para las personas adoptadas adultas y que se nos garantizara el bienestar y los derechos de ciudadanía — complementa Yennifer—. Somos la memoria de lo que está estaba pasando en este país. Somos parte de esa historia, y hay que reconocerla, hay que verla en la cara. Porque es muy fácil pensar que pueden hacer eso, porque no va nunca íbamos a volver a Colombia y nunca tenían que volver a vernos las caras”.
***
No lo hacen para victimizarse. Tampoco para recolectar lástimas y pesares. Lo que sí pretenden es develar que tras el negocio de la adopción trasnacional de niñas y niños, además del lucro, se esconde un clasismo que criminaliza a las familias pobres y racializadas; un arribismo de Estado que prefiere tranzar bebés, en lugar de garantizar las condiciones materiales necesarias para una paternidad y una maternidad cuidadora. En el fondo, lo suyo también es un deseo de desagravio, vinculado con la memoria histórica, el feminismo, el antirracismo, el antifascismo, el anticolonialismo, y que pone el foco sobre apellidos poderosos, y por ende peligrosos.
“Lo que le gusta decir a ICBF es que hubo unos gastos administrativos que estaban cobrando, pero realmente fue una transacción, fue extractivismo, fue venta de niños. Buscamos que la élite colombiana que nos vendió, responda. Que haya un proceso de reparación, que el gobierno pida perdón a las familias, a nosotras, a nuestras comunidades, a los barrios que perdieron a sus hijos. Todo lo que denuncian mis compañeras, no debemos estar haciéndolo individualmente, debe haber una estructura que financie búsquedas, que arregle los papeles, que apoye a las personas que quieren vivir en Colombia y tener un proceso de retorno”, afirma Amy, quien también fue adoptada por una familia estadounidense, y vivió entre 2008 y 2018 en Bogotá mientras estudiaba y dictaba clases en la Universidad de los Andes.
Amy agrega que están evaluando posibilidades de litigio contra el ICBF, entidad que tenía la responsabilidad de proteger a los infantes dados en adopción, pero no hizo un estudio previo del perfil de las familias adoptivas, no vigiló que los adoptados crecieran en un entorno óptimo, ni se preocupó por aquellos que fueron abandonados en el extranjero, si es que los hubo.
Algunos países de Europa y Corea del Sur, el mayor exportador de niños con un aproximado de 200.000, han pedido perdón público, han implementado estrategias de reparación y han financiado informes rigurosos sobre los hechos. Algo similar quieren ellas que pase en Colombia.
“Fue una vulneración directa de esa responsabilidad del Estado. Se trata de entender que sí hay responsables, que es un patrón de violencia estatal para borrar generaciones completas de colombianos —complementa Amy—. Si alguna señora poderosa estaba facilitando la venta de niños, que cojan de su fortuna familiar y reparen a nuestras familias, a nuestras madres que viven en pobreza extrema, si aún viven. ¿Cómo hacer eso y no vivir hostigamiento de la élite colombiana, que ya diferentes compañeros hemos experimentado?
***
Este grupo de activistas conformado en febrero de 2025 y compuesto por ocho personas adoptadas por extranjeros, asegura que el número rastreable de víctimas de adopción trasnacional en Colombia es de 50.000; y que, dependiendo del caso y el año, el costo de un bebé colombiano oscilaba entre 12.000 y 70.000 dólares. ¿Cuál será el número exacto? ¿Cuántas personas incuban un agravio mental o padecen un cuadro clínico irreversible por tener una falsa identidad, y no saben cómo recuperar la que por genética natural sospechan que les corresponde?
