Por: Juan Alejandro Echeverri
Collage: Estefanía Romero
Pareciera que a Cartagena le estorban las pieles negras que se atrevieron a emanciparla de la Corona española un 11 de noviembre 1811. Fueron los mulatos, esclavos y artesanos empuñando lanzas quienes se concentraron en el hoy populoso y turistificado barrio Getsemaní, marcharon luego hasta la Casa del Cabildo, donde despachaba la Junta que gobernaba la ciudad, y forzaron la firma del acta que proclamaba su desobediencia a la autoridad extranjera.
Como ocurre cada año, Cartagena no escatimará en las fiestas que conmemoran su gesta independentista, aunque las vidas negras sigan oprimidas y marginadas por un despotismo moderno de sangre local.
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El ordenamiento socioespacial de “La Heroica”, como se le conoce a la ciudad caribeña, no se corresponde con el ADN de su tradición. Estela Simancas Mendoza, docente desde hace 25 años de la Universidad de Cartagena, señala que en el modelo de desarrollo turístico que determina todas las decisiones político-administrativas que hoy se toman sobre la ciudad, hay un antes y un después luego de la expulsión de las comunidades afropopulares asentadas en El Limbo, sector que con los años se convirtió en lo que actualmente es Bocagrande, una de las zonas más lujosas y turísticas. En 1925 el concejo le vendió a la Andian National Corporation esas tierras. La petrolera estadounidense construyó allí las viviendas de sus trabajadores y, a medida que urbanizó la zona, atrajo población extranjera.
Un segundo hito que menciona Estela, quien también integra el Movimiento Social de Mujeres y Feministas de Cartagena y Bolívar, es el desalojo de los barrios de Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo, a finales de la década de 1930. Esos barrios, ubicados en ese entonces entre la playa y las murallas, eran ocupados por población campesina racializada del Caribe que había llegado hasta allí huyendo de la guerra de los Mil Días entre liberales y conservadores.
Años más tarde, los habitantes empobrecidos que vivían en los tugurios del barrio Chambacú fueron víctimas de la misma limpieza urbanística. Al ser construido en las inmediaciones de la zona amurallada, entre la Laguna de San Lázaro y lo que hoy es el barrio histórico del Papayal, Chambacú fue estigmatizado porque «su degradación humana y moral» impedía que el Centro Histórico de la ciudad fuera el principal destino turístico del país. En 1971, más de mil familias fueron llevadas lejos de la bahía y del epicentro turístico. Quienes permanecieron allí, según Estela, están sufriendo hoy nuevas presiones para que acepten ser reubicados, “que es el concepto que utilizan las alcaldías para no reconocer que aquí hay despojo territorial racializado y segregación espacial urbana”.
También en la década de los 70, el icónico Mercado de Bazurto, núcleo de distintas manifestaciones de la economía popular, que para entonces funcionaba en el Mercado Público de Getsemaní, fue trasladado al centro-sur de la ciudad para abrirle campo al Centro de Convenciones de Cartagena de Indias.
Estela plantea que la población afropopular solo tiene cabida en el modelo de ciudad como mano de obra de la economía turística. Esa parte de la población arrinconada en la parte sur no recibe beneficios del turismo, pero paradójicamente es la que lo sostiene con su explotación y precarización. Kelly Patricia Ortega, una joven que impulsa una plataforma mediática cultural llamada Fogón Rebelde, también tiene claros los roles que “el desarrollo” les otorga a personas como ella: “Un funcionario público una vez manifestó una frase que se volvió como un símbolo para expresar unas especies de fronteras racializadas, él dijo que de La Popa para allá [donde están los barrios populares], la gente es negra. [En Cartagena] tienes acceso hasta cierto punto [de la ciudad] para ir a vender, para ir a servirle al turismo. Las negras o somos prostitutas, o somos palenqueras vendedoras de dulces y de frutas, o somos masajistas, o somos las que trabajamos en los hoteles y en los restaurantes atendiendo a los extranjeros. Lo mismo pasa con nuestros hombres, son los que van a trabajar a las obras, a las playas, los que están al servicio de los blancos”.
La educadora y defensora de derechos humanos asegura que la subordinación al visitante no es una vocación natural de la ciudad, sino que ha sido impulsada por las elites y el capital trasnacional, “es lo que define [el teórico David] Harvey como el modelo de acumulación por desposesión”.
Esa segregación urbanística y social es resultado de un racismo estructural. Cartagena, un territorio por antonomasia negro, tiene ciertos lugares vedados para las pieles negras a ciertas horas. Según Estela, las mujeres afropopulares deben pensar dos veces en cómo llevar el cabello y cumplir con un código de vestimenta en aquellos espacios de ocio que ofrece el capital turístico, como discotecas o restaurantes; y si transitan por el Centro Histórico después de las 7 de la noche, son perfiladas y hostigadas por la policía y las cuadrillas.
Estas últimas conformadas por funcionarios que hacen parte del Plan Titán, la estrategia de seguridad implementada por el actual alcalde Dumek Turbay Paz, que no ve a las personas negras como ciudadanos de especial protección sino delincuentes en potencia o pieles que afean la falsa estética blanca que se debe fingir ante los más de 850.000 turistas extranjeros que visitaron la ciudad amurallada el año pasado, según las cifras de la alcaldía.
Las economías populares tampoco pueden desenvolverse con libertad en “La Heroica”. El DANE calcula que casi la mitad (el 48,8 %) de la economía cartagenera es informal. Tanto en el Mercado de Bazurto como en el Centro Histórico, la policía persigue a los venteros ambulantes hasta el punto de destruir o desaparecer sus mercancías. Distinto es el racero a la hora de aplicar restricciones sobre la explotación del espacio público cuando lo usufructúan hoteles de lujo como el Santa Teresa o el Santa Clara, a quienes la alcaldía les concesiona las plazas.
Estela explica que el transito de la colonia a la república, no significó un avance en términos de igualdad para las poblaciones afropopulares y mestizas empobrecidas de Cartagena: “Estoy de acuerdo con Antonio Quijano, quien sostiene teórica y políticamente que aunque se le dio muerte al viejo colonialismo en términos político-administrativos, lo que sigue persistiendo es la colonialidad del poder. La cual se entiende como una múltiple opresión racial, de clase y de género, que conlleva a desconocer la existencia y el acceso a la igualdad a poblaciones que, paradójicamente, se dice en la Constitución del 91 que deben ser sujetos de especial protección, pero que son las más violentadas”.
La agenda antirracista es una lucha joven que empezó en la década de los 90 en Cartagena. Al igual que en otros lugares del país, movilizada por el Proceso de Comunidades Negras (PCN), organización que logró la inclusión de la Ley 70 de 1993 en el bloque constitucional. La norma no solo reconoce a las negritudes como sujetos de especial protección, también pretende garantizar derechos básicos reconociéndolas como propietarios colectivos de las tierras baldías que han ocupado por siglos en las riberas de los afluentes de la cuenca del Pacífico, además de salvaguardar su identidad cultural.
Aun siendo una valiosa herramienta jurídica de autorreconocimiento, la educadora repara en que patrimonializar la memoria de los territorios negros ha servido para instrumentalizarla en beneficio del capital turístico. “Me refiero, por ejemplo, a rutas que aluden al patrimonio vivo, a la champeta, a la vida de las mujeres palenqueras. En las experiencias turísticas se trata de comercializar o hacer performance de nuestras formas de vivir a través de una narrativa que le sirve al capital turístico. Las condiciones de vida de la gente negra no cambian, por el contrario, las condiciones de desigualdad se profundizan”.
Respecto a la democratización del acceso a la tierra, para Estela la Ley 70 se queda corta porque está diseñada principalmente para la zona del Pacifico, toda vez que no reconoce la existencia de consejos comunitarios en zonas urbanas como Cartagena. En su consideración, la agenda antirracista debe darle una importancia central a las problemáticas de los territorios urbanos, porque más allá del asunto de la propiedad de la tierra, muchos conflictos y expresiones de despojo que afectan a la ruralidad están relacionados con los fenómenos de crecimiento de las urbes.
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La zona industrial de Cartagena está ubicada a las afueras de la ciudad, en medio de los barrios pobres periféricos y los municipios de Arjona, Turbaco y Turbana, donde vive Kelly Patricia. En las inmediaciones de Mamonal, la localidad donde fue ubicado el distrito manufacturero en el que se refina petróleo, se procesan alimentos, bebidas, químicos, y se fabrican insumos agrícolas, textiles y plásticos, antes se sembraba y cosechaba comida.
“Cartagena ha crecido de espaldas a las fuentes de agua, a la Ciénaga de la Virgen, a los manglares, y eso mismo ha pasado con el crecimiento de su zona industrial y la ampliación de la Refinería de Cartagena [que empezó en 2009 y terminó en 2022]. Eso generó un gran impacto ambiental, creo que ni siquiera se ha hecho un estudio real de lo que provocó en las comunidades y en el medio ambiente. Muchas empresas han crecido y se han instalado en estos territorios [Membrillal, Policarpa y Pasacaballos], porque en Cartagena no hay tierras donde seguir construyendo, incluso la expansión urbana también está creciendo hacia esas zonas. Y no se hace un mayor seguimiento a la contaminación ambiental y el despojo territorial, ni siquiera socialización con las comunidades, nada”, afirma Kelly, quien impulsa además una casa cultural campesina en su municipio.
Una de las pocas contingencias ambientales que tuvo eco mediático fue la provocada por Carman International, empresa responsable de almacenar, tratar y disponer los residuos orgánicos, lixiviados y aceites sobrantes generados por empresas procesadoras de pescado, la refinería de Ecopetrol, entre otras. Kelly asegura que en una época de lluvias de 2013, se desbordaron las diez piscinas donde se almacenaban las sobras industriales y se derramaron en las aguas de Arroyo Grande, el cual desemboca en la Bahía de Cartagena. Según una publicación hecha por El Espectador, técnicos de Ecopetrol extrajeron más de 5.000 litros de hidrocarburos del torrente. Ante la magnitud de la mancha aceitosa que apareció en una de las playas turísticas de la ciudad, el Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales declararon la emergencia ambiental. Además de cesar las operaciones de la empresa, la decisión ordenaba el retiro total de los residuos, una restauración del ecosistema y una reparación a las personas afectadas. Doce años después, Kelly asegura que ninguna autoridad local o nacional vigiló el cumplimiento de las medidas. La empresa, dice ella que le han contado las comunidades vecinas, mantiene las piscinas colmadas y sigue vertiendo los residuos en la fuente de agua.
No existe un estudio que sustente sus afirmaciones sobre los impactos ambientales y sociales de la expansión industrial y urbana de Cartagena, pero en el día a día, Kelly se ha dado cuenta que las lluvias ya no se pueden vaticinar como antes, y que los cultivos nativos no son igual de fértiles que hace años. “Eso genera una frustración en la población campesina. Yo soy campesina, nosotros somos de los pocos que nos aferramos todavía a decir que la tierra hay que defenderla, que vamos a sembrar. En las ollas comunitarias escucho a la gente siempre con la preocupación y la angustia, porque quieren vivir en su campo, pero parece que no hay condiciones para habitarlo por el miedo a ser asesinado por nombrar las cuestiones que nos están pasando. Uno se angustia por saber qué va a pasar con nuestra tierra, con los alimentos, qué va a pasar con nuestros modos de vida, con nuestro arraigo territorial”, asegura Kelly.
El modelo de desarrollo de Cartagena carece de sostenibilidad, inclusión y dignidad, el puerto turístico va consumiéndose a sí mismo y todo aquello que encuentra cerca, le estorba su riqueza natural, es excluyente y forja generaciones con miedo al futuro. En términos de bienestar, la productividad de “La Heorica” es baja, pero si de empobrecer personas se tratara, su rendimiento sería notable. Según las últimas cifras del DANE, Cartagena tiene 390.000 personas en situación de pobreza monetaria y 125.000 en pobreza extrema, lo que la ubica como la cuarta ciudad capital con peor registro. Kelly, su familia y su vecindad corren el riesgo de engrosar el día de mañana la aceitada cadena de miseria que tratan de ocultar a toda costa las ciudades. De verse obligada a dejar su parcela, la joven sabe que son altas sus probabilidades de desplazarse a una “zona urbana periférica empobrecida, marginada, racializada y también violentada”.
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En Cartagena hay vidas descartables, vidas que no son dignas de que alguien las llore. Hasta el 31 de octubre, según el observatorio Cartagena Cómo Vamos, en la capital caribeña se habían cometido 273 homicidios en lo corrido del 2025. El 96% de los asesinados eran hombres, y el 70% de ellos tenían entre 20 y 39 años.
Santiago Pombo, otro joven que también hace parte de Fogón Rebelde, asegura que “La Heroica” padece una gobernanza paramilitar encabezada por dos grupos: el Clan del Golfo y Los Salsas Mexicanos. A través de las redes sociales, cuenta Santiago, medios sexistas y sensacionalistas han justificado el asesinato en masa de la juventud masculina: “Son personas de barrios populares, empobrecidas, racializadas, que ante la pobreza extrema que existe, se vuelven vulnerables para ser reclutados por estos grupos que manejan el microtráfico, el tráfico de armas y la trata de personas. Son criminalizados porque la primera pregunta que hace la prensa es cuáles eran los antecedentes que tenía, o si tenían algunos patrones de comportamiento como el consumo de sustancias, e incluso si tenían alguna orientación sexual diversa. Eso pareciera motivo suficiente para ser asesinado por un sicario en Cartagena”.
Con Fogón Rebelde, Kelly y Santiago intentan confrontar la naturalización de la muerte y popularizar una contranarrativa que devele las intenciones ideológicas que hay detrás de esos “medios” digitales. Además de ser una plataforma joven que publica videos, también aglutinan organizaciones campesinas y barriales que se empeñan en cambiar “el orden de las cosas” bajo una apuesta política antipatriarcal, antirracista y antiimperialistas. “La plataforma trabaja la educación popular y mediática porque entendemos que la formación política es fundamental en este momento, las mismas organizaciones estamos tratando de entender qué es lo que está pasando en Cartagena. Es muy confuso porque estos grupos armados ya no se presentan como grupos paramilitares, sino que incluso las instituciones lo quieren presentar como crimen común, cuando en realidad son organizaciones militares organizadas que están en todas las instituciones”, afirma Santiago.
Uno de los aspectos que más preocupa de esa normalización de la muerte, es la participación de la policía en esa violencia letal. En agosto de 2025, el colectivo Resistimos Desde el Sur, la Comisión Especial de Derechos Humanos de Cartagena y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) publicaron un informe titulado Jóvenes en riesgo de asesinato por la violencia policial racista en Barrios Unidos de Cartagena. Tomando como referencia dos barrios ubicados en una zona de “expansión urbana marcada por la reubicación de comunidades afectadas por desastres naturales, el desplazamiento forzado, y la búsqueda de reparación”, las cifras y los testimonios condensados en la publicación develan la carga racista de las practicas represivas, a veces mortales, que la policía ejerce sobre los jóvenes negros empobrecidos de la ciudad.
Para la elaboración del informe, el Juzgado 175 de Instrucción Penal Militar y Policial notificó que entre el 2020 y el 2022 se registraron 33 homicidios en el departamento de Bolívar, relacionados con procedimientos de policía. Según cifras de la organización Temblores sobre hechos de violencia homicida presuntamente cometida por agentes de la policía, que son citadas en la publicación, entre 2017 y 2019, el departamento de Bolívar ocupó el tercer lugar con 37 casos, de los cuales 29 ocurrieron en Cartagena. La misma ONG identificó que el 11.4 % del total de casos reportados a nivel nacional corresponde a asesinatos cometidos contra personas afrodescendientes. “Lo anterior sitúa a esta población vulnerable como la más asesinada por la Policía Nacional en el periodo de estudio”. De los 33 homicidios cometidos contra la población negra a nivel nacional, 11 sucedieron en el departamento de Bolívar.
La profesora Estela cuenta que su hijo de 22 años ha sido víctima de la predisposición violenta de la policía: “A él, como a muchos jóvenes, siempre llega la policía a perfilarlos en las canchas, a hacerle requisas, y a veces no llegan ni preguntando, sino golpeando a los jóvenes. Lugares que históricamente han sido espacios de sociabilidad en los que se encuentran los jóvenes de nuestras barriadas populares, la esquina, la tienda o la cancha, constantemente son perfilados por la policía”.
En la publicación del Cinep y las organizaciones de derechos humanos, los testimonios documentados denuncian otra practica reprochable de los agentes: “La policía retiene a jóvenes que tienen conflictos con otras manzanas y los utilizan de carnada para obtener un día de permiso. Retienen a un joven de la manzana 2 que tiene conflicto con los jóvenes de la manzana 4, lo recogen en su manzana, lo trasladan en la moto de policía hasta la manzana con la que tiene el conflicto y lo dejan ahí para que sus “enemigos” lo golpeen o se “venguen”, la policía solo interviene cuando está muy herido y retiene al agresor para reportar su captura y pedir sus beneficios compensatorios”.
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La lucha jurídica por el reconocimiento y castigo de los delitos raciales cometidos por agentes del Estado, está en una etapa incipiente. “Cuando hablamos de perfilamiento racial, las formas de opresión actúan juntas, y no por separado. Una persona puede vivir al mismo tiempo una violencia racista, una violencia de género y una violencia de clase, están articuladas, alojadas en un mismo cuerpo y en una misma subjetividad. Y esto ocurrió con el caso de Harold Morales”, explica Estela.
Harold era un futbolista de 17 años que además trabajaba en un lavadero de motos del barrio San Francisco, otro barrio periférico de la ciudad. El 24 de agosto del 2020, policías lo asediaron en su lugar de trabajo, le dispararon por la espalda y lo mataron. Los involucrados intentaron alterar la escena y justificar el homicidio argumentando que el joven era un pandillero que les había disparado, afirmaciones que la defensa logró desmontar después.
El asesinato de Harold desató la indignación y una rabia contenida en Cartagena por la criminalización y la violencia sistemática que ejercía la policía sobre jóvenes negros señalados de consumidores, vagos y bandidos. Gracias al engorroso litigio que diversas organizaciones antirracistas han liderado frente a este y otros casos más antiguos, el país hoy cuenta con algunos avances en la materia, expresados en Leyes como la 1482 de 2011 y la 1752 de 2015, las cuales sancionan penalmente las formas de discriminación por raza o sexo. Sin embargo, lo que más destaca Estela de todo el camino andado son las contranarrativas posicionadas en el debate público, que denuncian y rechazan sin adornos las prácticas racistas que emanan del Estado y de sus instituciones; y que controvierten el imaginario de que los jóvenes negros son criminales y las mujeres negras son prostitutas.
Si el racismo no cayó con el destierro de la Corona Española, tampoco se ha extinguido la rebeldía de los y las negras que se baten contra la opresión como hace 214 años lo hicieron los esclavos y artesanos de Getsemaní.
