Por: Juliana Builes Aristizábal
Ilustración: Natalia Bedoya Alcaraz
La Asociación Colombiana de Salud Mental y de Psiquiatras asegura que desde hace un año se presenta una escasez generalizada en varios medicamentos para pacientes con enfermedades mentales. En marzo, se llegó al punto más crítico. Ambas asociaciones hicieron un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social y al INVIMA como ente regulador, para encontrar una solución inmediata.
Sin embargo, el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal declaró en una entrevista para RTVC Noticias que la escasez no es real. Según él, estamos en una situación de desabastecimiento, y el problema es entre los gestores farmacéuticos (empresas contratadas por las EPS para la entrega de medicamentos) y las empresas prestadoras de salud.
Para María Amparo Quiñones, experta en auditoría en salud, el desabastecimiento responde a muchos factores. Por un lado, desde la pandemia, aumentaron los diagnósticos de enfermedades mentales, no solo en el país, sino a nivel mundial. Según la Asociación Colombiana de Salud Mental, de cada 10 personas, 2 o 3 presentan ansiedad o depresión en Colombia.
Además, los medicamentos psiquiátricos no se utilizan exclusivamente para pacientes con diagnósticos de enfermedad mental, sino que se prescriben para diferentes patologías como enfermedades neurodegenerativas (por ejemplo, el Alzheimer), lo que incrementa aún más la demanda. También, las dificultades administrativas entre EPS y gestores farmacéuticos complican la obtención de estos fármacos.
Es importante señalar que, para que un medicamento de este tipo pueda llegar a manos de un paciente psiquiátrico, deben cumplirse varios pasos, tanto para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado. En el régimen contributivo, todos los trabajadores formales y sus familias están afiliados a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), que prestan sus servicios a través de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). La financiación de estos servicios proviene de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que a su vez se nutre de los aportes de empleados y empleadores.
El régimen subsidiado es donde se afilia a la población clasificada por el Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) en los niveles I, II y III. Esta afiliación también se realiza a través de EPS del régimen subsidiado, que pueden ser cajas de compensación familiar, empresas solidarias de salud, y EPS públicas o privadas.
Para que un medicamento llegue al paciente, debe pasar por toda la cadena de importación, producción, abastecimiento y logística. El proceso comienza con el INVIMA, que es el organismo estatal encargado de la dirección, vigilancia y control, y sigue con las Empresas Prestadoras de Salud, los gestores farmacéuticos, hasta llegar al usuario final.
Para Pedro Amariles, coordinador del grupo de investigación en promoción y prevención farmacéutica de la Universidad de Antioquia e integrante del grupo de investigación en atención farmacéutica de la Universidad de Granada, además de lo que expone la doctora María Amparo Quiñonez, la importación de materias primas para producir medicamentos agrava la escasez: “Tenemos una dependencia muy significativa en el tema de materias primas; entre el 85% y 90% de estas se importan, lo cual se ve potenciado por factores geopolíticos y por la oferta y la demanda”. Además, agrega que: “Otro tema importante es la regulación de precios, ya que esto hace que para muchas farmacéuticas no sea rentable traer o producir ciertos medicamentos”.
A pesar de que el Superintendente de Salud dice que no hay escasez, diferentes médicos psiquiátricos que consultamos afirman que han tenido que cambiar de medicamento para evitar una situación grave con sus pacientes, lo que ha llevado a varios a ser hospitalizados. Esto representa más costos para el sistema de salud y menor calidad de vida para las personas con diagnósticos de salud mental.
Joan Durango, psiquiatra del Hospital San Vicente Fundación, cuenta que “los medicamentos psiquiátricos son de uso crónico. Cuando se suspenden de forma abrupta, la consecuencia más cercana es una descompensación en el paciente. Esto significa retroceder ampliamente en un tratamiento con un paciente que ya puede encontrarse en un momento de estabilidad clínica, lo que puede llevar desde una disminución en su rendimiento laboral o escolar, hasta un estado de psicosis y, directamente, a una hospitalización”.
El grupo de medicamentos psiquiátricos que se encuentra más escaso es el utilizado para el manejo de trastornos en adolescentes y niños que necesitan psicoestimulantes para tratar enfermedades como el déficit de atención, ya que estos no son fácilmente reemplazables.
Para Daniel, un niño de 12 años diagnosticado desde los 4 con trastorno de déficit de atención e hiperactividad (cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad), conseguir el medicamento que le permitía mitigar su patología, se ha vuelto todo un viacrucis. Su padre tiene que hacer lo que él llama “la ruta de la salud”, que consiste en visitar cada gestor farmacéutico posible en la ciudad de Medellín para ver si alguno le puede entregar la fórmula médica de su hijo.
En los últimos meses, incluso el plan B, es decir, una segunda opción prescrita por su psiquiatra, ya no tiene existencias en la ciudad. En enero de este año, por falta de medicina, Daniel tuvo un “rebote” que afectó notablemente su comportamiento, por lo que el colegio no le permitió tener jornada completa. La otra jornada tuvo que pasarla con sus hermanas o su papá en casa, lo que puede retrasar su aprendizaje, pues la formación en el hogar requiere procesos pedagógicos con los que la mayoría de familias colombianas no cuentan.
Daniel no tiene medicación. El fondo rotatorio de estupefacientes había respondido que la EPS es la única que debía tener este medicamento. Para su familia, la situación es desconcertante, pues las consecuencias son notorias en la calidad de vida de él y su círculo de apoyo.
Para otros diagnósticos que representan más riesgo para los pacientes y sus familias, como la esquizofrenia, el panorama tampoco es alentador. Wilder está diagnosticado con esquizofrenia bipolar afectiva desde hace nueve años. En 2015, cuando tuvo su primera hospitalización, vivía en una finca con su mamá, una mujer mayor, en Yolombó, un municipio del nordeste antioqueño a tres horas de Medellín. En ese momento, conseguían los medicamentos en el Hospital Mental de Bello, en su municipio las fórmulas de los psiquiatras no se encontraban en farmacias privadas, ni en el hospital del pueblo.
Wilder ha pasado por varias crisis debido a los cambios de medicamentos y, en algunas ocasiones, por la falta de estos. “Una situación de esas es muy grave; en esos momentos, él ha llegado con machetes para hacerse daño a sí mismo o a otras personas, o hasta se va de la casa y se pierde. Nosotros nos teníamos que aprovisionar, porque imagínese usted yendo a Bello cada rato. Pero eso a veces no era posible porque no había cómo”, cuenta Dora González, su cuñada y quien ha sido su cuidadora durante casi cinco años.
Wilder ahora se encuentra en una casa de reposo, donde tiene menos posibilidades de que le falten sus medicamentos y más personal capacitado para atender algún tipo de crisis mental. Sin embargo, su hermano Wilfredo tiene que reclamar los medicamentos entregados por su EPS. “Hay veces que él no encuentra los medicamentos y le toca volver todos los días hasta que se los entreguen. Él se preocupa mucho porque dejar a Wilder sin medicamento puede significar que sus avances se pierdan, y él está mucho mejor en ese lugar”, afirma Dora.
Para Daniel y Wilder lidiar con la escasez de sus medicamentos no es un tema nuevo; sin embargo, ahora es un problema que está en crecimiento, pues hasta las opciones B o C para sus tratamientos se están agotando. En este momento, la desconfianza en el sistema de salud sigue aumentando, por la incertidumbre que genera la nueva reforma. Ante este panorama de escepticismo, lo que terminan haciendo las empresas es aprovisionarse, y los directamente afectados terminan siendo personas como Daniel y Wilder, y por supuesto sus familias y cuidadores.
La Reforma y otras iniciativas
El pasado mes de abril, la reforma a la salud se hundió definitivamente en el Congreso. En esta se exponía “una nueva política de farmacéutica nacional”, cuyo único aspecto novedoso era el respaldo a la producción nacional de moléculas no protegidas por patente, lo que significaría un impulso para la producción nacional de estos medicamentos.
Pero, en términos de regulación, el único cambio sería la definición de un precio máximo de venta al público. “Creemos que esta reforma no tenía cambios realmente significativos que pudieran combatir algunos de los problemas que consideramos importantes para mejorar el abastecimiento de medicamentos. En Colombia tenemos de forma muy marginal el desarrollo científico y la producción de principios activos, es decir, de materia prima. Tenemos un enfoque dirigido específicamente solo a la producción”, asegura Pedro Amariles, coordinador del grupo de investigación en promoción y prevención farmacéutica de la Universidad de Antioquia.
El Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia está avanzando en un proyecto de ley que busca fortalecer todo el sector farmacéutico, amparado en el término de autonomía sanitaria, declarando así este sector como estratégico. Las pautas de esta iniciativa están orientadas al fortalecimiento de la investigación científica, desarrollo tecnológico y producción para lograr la autonomía sanitaria. Apunta al problema de fondo: que el país gane independencia en la elaboración de materias primas.
El presidente Gustavo Petro todavía no se decide a presentar una nueva reforma a la salud. Lo cierto es que son urgentes las medidas reales que solucionen una escasez que sí es real. La salud mental de los colombianos no puede depender de un debate más.
