Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 60)
Por Caribe Investigación
- El camino de la paz en Magdalena
Luego de tres días de paro de actividades en la zona rural de Santa Marta y la Troncal del Caribe, que buscaba llamar la atención del Gobierno nacional para la instalación de una mesa de diálogo para desescalar el conflicto, la esperanza retorno al Magdalena con la instalación de la jornada de “Diálogo Social por la Paz en el Magdalena y la Sierra Nevada”.
En otras ocasiones, hemos insistido en que la vocación de diálogo del Gobierno del Cambio ha sido evidente si se contrasta con los gobiernos anteriores, sin embargo, en el caso del Magdalena había sido esquiva a pesar del reiterado llamado para la construcción de una política de paz por parte de las comunidades, organizaciones defensoras de los derechos humanos, la Iglesia e incluso de los llamados púbicos de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
Comunidades, organizaciones y líderes participaron en esta jornada, convocada por el Viceministerio de Diálogo Social y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. “Vemos con gran esperanza una concertación social que articule lo que vendría siendo una hoja de ruta en materia de paz en la Sierra Nevada”, expresó la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales, y Liderazgos de la Sierra Nevada.
La jornada de diálogo se da luego de varios meses de intensa confrontación entre las ACSN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en varias zonas rurales del departamento, con un inocultable impacto humanitario en las comunidades; y de operativos militares de la Fuerza Pública contra los Conquistadores, con golpes importantes a las principales cabezas de esta organización.
Que prevalezca el diálogo y la solución política al conflicto armado.
- El retorno de los wiwa y afros
Más de cuatro meses han pasado desde que las comunidades wiwa y afro de la cuenca alta del Río Ranchería en la zona rural de Riohacha (La Guajira) fueran desplazadas por los combates entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La semana pasada, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) “adelantó una jornada para verificar las condiciones de las áreas de El Limón, Naranjal y Cantedero en la Sierra Nevada de Santa Marta y facilitar el retorno voluntario y la reubicación de comunidades indígenas en situación de desplazamiento en la zona rural de Riohacha”, señaló el sitio web del ICBF.
A pesar de la noticia, el temor sigue reinando en las familias desplazadas ya que no sienten garantías de seguridad para el retorno. A finales de mayo, cuando autoridades locales anunciaron el retorno de las familias afectadas, fueron asesinadas dos personas en el corregimiento Juan y Medio, una de las zonas de disputa entre paramilitares.
La respuesta del Estado ha sido lenta. En este sentido, el “Diálogo Social por la Paz en el Magdalena y la Sierra Nevada” debe servir para evaluar las condiciones de retorno de estas comunidades afectadas.
- Sincelejo y el retorno de las Convivir
El ministro de Defensa, Iván Velásquez exigió al alcalde de Sincelejo (Sucre), Yahir Acuña, que suspendiera inmediatamente el “frente de seguridad” que estaba funcionando en la ciudad porque esto “nos devuelve al paramilitarismo”.
Acuña anunció recientemente la creación de un grupo de 100 hombres armados y motorizados para reforzar la seguridad en la capital de Sucre, un departamento que sufrió los estertores del paramilitarismo en décadas pasadas.
Sobre el caso llaman la atención dos puntos. El primero, tiene que ver con la presencia del comandante de Policía de Sucre, el coronel Jorge Alejandro Murcia, en el lanzamiento de la estrategia. Lo que se lee como una desconexión entre lo que hacen autoridades policiales en los territorios y la política del Ministerio de Defensa en materia de seguridad.
Lo segundo, es la justificación que hacen de esta medida tanto el alcalde Acuña como otros voceros, entre los cuales destaca la directora ejecutiva de Asocapitales, Luz María Zapata; esta última aseguró que “tenemos retos de seguridad tan grandes que están desbordados. Yo creo que, con todo el respeto, el ministro de defensa se apresuró un poquito a salir a comentar puntualmente el caso de Sincelejo. Decir que desmontaran estos grupos, porque es simplemente un contrato que se hacen con unas empresas privadas de seguridad, que son totalmente legales”.
De fondo existe un debate en torno al modelo y política de seguridad que debe implementarse en Colombia, hoy predominantemente militar y antisocial; existe un amplio sector de derecha que añora –aunque no lo admita públicamente- la seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe.
No es casual que a principios de mayo, gobernadores y alcaldes de ciudades capitales le pidieran al Gobierno nacional suspender el cese al fuego con los grupos armados y fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. La salida militar no será la solución a la grave crisis social y humanitaria que arrastra el país.
Acompañaríamos el llamado de los mandatarios, si en sus propuestas plantearan seriamente el tema del desmonte del paramilitarismo y la doctrina del enemigo interno; si no descontextualizaran el panorama actual de violencia, ya que además sugieren que los males que actualmente padecemos son responsabilidad exclusiva del Gobierno.
Cuando Fedegan asomó la propuesta de creación de los frentes ganaderos de seguridad con un plan piloto para Valledupar, el Gobierno nacional en conjunto debió salirle al paso sin dubitaciones ni medias tintas, prohibirlos de tajo.
- Inseguridad en Valledupar
El editorial del pasado 20 de junio de Radio Guatapurí titulado “Seguridad y observatorio del delito”, alerta sobre los indicadores de seguridad en Valledupar y la percepción negativa de los ciudadanos en torno al tema.
“Valledupar tiene el segundo indicador más bajo de las capitales del Caribe en homicidios por cada 100 mil habitantes, con corte a diciembre de 2023. En otras palabras, de las siete capitales costeñas, la nuestra es la sexta en homicidios, muy por debajo de Sincelejo, Cartagena, Riohacha, y Barranquilla”, expone Radio Guatapurí al citar el informe “¿Cómo vamos con la (in)seguridad en Valledupar?”.
La percepción generalizada, apunta el medio, es que la ciudad tiene graves problemas de inseguridad. “Desde esta tribuna insistimos nuevamente en la necesidad de crear un observatorio del delito que permita estudiar a fondo los patrones del comportamiento de la criminalidad por comunas, estrato social, género, entre otros factores”, resalta Radio Guatapurí al referirse a la recién creada Secretaría de Seguridad, con escasos o nulos resultados.
- Los guisos con la energía
Gracias a una investigación publicada por la Revista Cambio, se conoció que la empresa Air-e estaba auto comprándose energía para venderla con sobrecostos en los tres departamentos donde opera en la Costa Caribe (La Guajira, Atlántico y Magdalena); y que “la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Superintendencia de Servicios Públicos tienen a la Air-e contra las cuerdas por las presuntas inconsistencias entre las inversiones que hicieron en 2023 y la plata que cobraron a sus usuarios por ese motivo”, detalló Cambio.
Literalmente, quedó la empresa contra las cuerdas después de varios meses de indignación ciudadana por un servicio de energía deficiente y costosísimo. En su desespero, este lunes Air-e denunció a Isagen ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por “prácticas restrictivas”. Comienza la lucha entre mafiosos empresariales.
Ante este escenario de corrupción y desmedro del bien público, el Gobierno debería suspender los pagos de deuda acumulada por la llamada opción tarifaria, anunciados recientemente. Estos solo benefician a las operadoras del servicio Afinia y Air-e´y, no representa una solución estructural al tema de las altas tarifas.
A la par de estos acontecimientos, la Fiscalía inició una investigación en contra del director de la CREG, Omar Prias, “por presuntas omisiones de sus funciones, acciones que desencadenaron en el incremento de la tasa de energía en el Caribe”, reseñó la prensa.
Hoy cobra más fuerza la propuesta de creación de una empresa regional de servicios públicos (principalmente de energía) de carácter social y pública con financiamiento del Estado, que de por terminado este festín inmoral y saqueador del bolsillo de la gente.
- Parque eólico en el río Magdalena
El proyecto de parque eólico anunciado el pasado 29 de mayo en el río Magdalena, a la altura del barrio Las Flores de Barranquilla, ha hecho que varias voces se pronuncien al respecto.
Por un lado, está el sector portuario preocupado por la afectación en la navegabilidad del río (evidentemente defienden un interés económico). Por el otro, está la advertencia del sector de ambientalistas ya que la construcción de los 12 aerogeneradores pondrá en riesgo el hábitat de varias especies e impactará áreas importantes para la conservación de aves migratorias.
“Es una situación de muy alto riesgo, considerando que la ubicación del proyecto está muy cercana en la zona de amortiguación del parque nacional, que no solo tiene la categoría más alta y estricta de conservación en nuestro país, sino que además tiene un valor para la avifauna nativa y migratoria”, manifestó en mayo pasado la ambientalista y directora de la Fundación Proyecto Tití, Rosamira Guillén.
La transición energética no debe limitarse a un criterio de cambio de matriz energética, debe tomar en cuenta los impactos sociales y ambientales en los territorios, promover, permitir e incentivar la participación de las comunidades y diversos sectores para diseñar políticas de autogestión energética, autosustentables, alternativas, que no comprometan la vida.
La experiencia con los parques eólicos en La Guajira ha sido negativa hasta ahora, precisamente porque se impuso un modelo extractivo con una matriz diferente. Aprendamos de ella para no repetir la tragedia que actualmente padece el pueblo wayuu.
- La Misión Cauca y los EE.UU.
El viernes pasado el Gobierno nacional presentó la Misión Cauca con el objetivo de transformar la región y recuperar la seguridad en un departamento duramente golpeado por la guerra, y donde el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) ha arremetido en los últimos meses contra las comunidades y liderazgos de los territorios.
Puede que el presidente Petro tenga las mejores intenciones para devolver la paz al Cauca, pero la participación de Estados Unidos en esta apuesta, con una inversión de 11,5 millones de dólares, deja mucho que desear. “En su momento, el Plan Colombia sirvió para amplificar la guerra y las víctimas. No resolvió nada. Lecciones aprendidas para el Cauca”, escribió en su cuenta de X la investigadora y profesora universitaria, Alejandra Miller.
