Por Olimpo Cárdenas
El 22 de febrero de 2023 se cumplió un año del asesinato de Teófilo Acuña y Jorge Tafur, campesinos, defensores del territorio y miembros del Coordinador Nacional Agrario. Dos paramilitares fueron los autores materiales del homicidio cometido en Puerto Escondido, corregimiento del departamento del Cesar. Los mercenarios prestaban sus servicios a la causa de los terratenientes que han despojado miles de hectáreas al campesinado y a la Ciénaga de Zapatosa. Hasta hoy, los autores intelectuales siguen arropados por la impunidad, pero se sabe quiénes son, porque el paramilitarismo en Colombia es una estrategia de Estado muy vieja, un proyecto político que beneficia a las élites económicas, a los clanes politiqueros y a los que ostentan el poder desde hace más de dos siglos, quienes lo hacen ante la mirada cómplice de las autoridades y la sociedad entera.
Antecedentes
Alfredo Molano nos recordaba que en las 14 guerras civiles y 56 levantamientos populares que se presentaron en el siglo XIX, los hacendados liberales y conservadores armaron a sus clientelas electorales, a sus peones, y crearon ejércitos para confrontarse entre sí con el objeto de hacerse al poder político, defender sus tierras, sus privilegios, e imponer sus propuestas de gobierno. A principios del siglo XX fue recurrente el uso de la fuerza militar contra el naciente movimiento obrero, campesino e indígena que luchaban por salario y por la tierra desde los años 20. Esta represión era acompañada con rompe huelgas, capataces y forajidos armados, entre otros encargados de apagar la lucha popular y exterminar a los líderes y lideresas, encarcelarlos, desterrarlos o procesarlos en los tribunales de guerra militares.
Ya para los años 40 Colombia desarrolló convenios militares con Estados Unidos. En esta época es más nítida la injerencia del imperialismo en nuestro país, incluso participando en el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948. Los estadounidenses no solo permitieron el genocidio que le costó la vida a más de 300.000 colombianos y colombianas entre 1948 y 1958, sino que animó la creación de grupos paramilitares, que para la época se denominaron pájaros, chulavitas, cuatreros, entre otros, que hacían el trabajo sucio que los encopetados gobiernos conservadores y fascistas les ordenaban: matar liberales, socialistas y comunistas, o simplemente campesinos que se alzaban ante la barbarie conservadora.
Un paramilitarismo anticomunista y contrainsurgente
La visión anticomunista de los gringos crecía en la misma medida que la disputa por el poder global, económico, político y militar. La posguerra trajo la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y Colombia quedó involucrada en esta por ser subordinada de los norteamericanos. La sumisión se dio en todos los campos. La doctrina de la Seguridad Nacional y el Enemigo Interno empezó a regir con el auspicio de las élites colombianas y más directamente con el arribo al poder del dictador militar Gustavo Rojas Pinilla en 1953, quien incrementó los convenios que le permitieron al poderoso aparato militar de Estados Unidos imponer su macartización ideológica, no solo en Colombia sino en toda América. Colombia fue el único país suramericano que envió tropas a Corea (1951) en apoyo a la guerra que Estados Unidos le declaraba al comunismo internacional. Esto desde luego afincó la doctrina anticomunista que impera desde entonces, no solo en las escuelas de formación militar y en las élites, sino que impuso en el conjunto de la sociedad una mentalidad conservadora.
Los años 60 vinieron cargados de resistencia popular y de represión estatal. Las élites liberales se abrazaron con las conservadoras a través del pacto del Frente Nacional (1958-1974). Se repartieron el país y acordaron acabar los levantamientos campesinos, estudiantiles, sindicales, y a las nuevas guerrillas de las Farc y el ELN, que florecieron en 1964. Muy pronto, nos cuenta Alfredo Molano, el presidente liberal Carlos Lleras Restrepo “…dictó unos decretos que le permitieron a las FFMM armar civiles para combatir a las guerrillas (…) Este fue el primer acto legislativo de creación de los paramilitares, porque esos decretos [el 3398 de 1965] fueron convertidos luego en ley [48 de 1968]. Por lo tanto, se crearon grupos paramilitares legalmente desde mediados de los 60 (…) En el año 1968, con la idea de parar la influencia de Cuba en América Latina, se hizo la alianza para el progreso”.
Los intentos de reforma agraria fueron saboteados por los terratenientes, primero la Ley 200 de 1936, luego la Ley 135 de 1961, con pactos como el de Chicoral en 1972. La pequeña amenaza insurgente de los años 60 se había convertido en verdadera alternativa de poder revolucionario con presencia en casi todo el país, pero con mayor fuerza en el Magdalena Medio y el Oriente colombiano, donde la violencia estatal, la injusticia social, el despojo de tierras y la creciente formación de organizaciones sociales alimentaba el fervor popular. De aquí en adelante, el Estado desarrolló una estructura o tecnología de poder que combinaba el apoyo institucional con prácticas paramilitares, financiadas con recursos del narcotráfico y entrenamiento de las fuerzas militares, todo dirigido a reprimir a las organizaciones que luchaban por la tierra y a las insurgencias que disputaban el poder político a través de las armas.
Muerte a secuestradores
Luego de que la guerrilla del M-19 secuestrara a Nieves Ochoa, hermana de los miembros del clan Ochoa, nació en 1983 el MAS (Muerte a Secuestradores), organización creada y financiada por los capos del narcotráfico y comandantes paramilitares, con el fin de exterminar (lo dijeron públicamente) a los secuestradores. Esta organización narco- paramilitar destinó su gran poder a la creación de “autodefensas” en todo el territorio nacional, y la aniquilación de las insurgencias, sus bases de apoyo y los líderes de izquierda. Además, el MAS estaba apoyado por la fuerza pública, de hecho, en esa época, más de 60 oficiales de las fuerzas militares fueron señalados penalmente de pertenecer al MAS. El experimento se extendió por todo el país, junto al negocio del narcotráfico. El plan contó con la asistencia técnica y militar de comandos israelíes e ingleses. Y por supuesto de todos los batallones, bases militares y aéreas de la región donde se desplegaba la estrategia paraestatal. La financiación estuvo a cargo de los ganaderos, empresarios bananeros y mineros; y el apoyo político directo de fuerzas como Morena y de prestantes congresistas.
Nacen las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
La política mafiosa dio origen a las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, Posteriormente, en el año 1997, a las tristemente célebres Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las cuales desangraron al país y al movimiento campesino y popular durante más de una década. Las AUC dejaron en su camino más de 95.000 asesinatos, millones de desplazados y miles de desaparecidos, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. El Estado colombiano quedó a su entero servicio e intereses. Manejaron el Congreso de la República a su antojo, el propio Salvatore Mancuso reconoció que dominaban más del 35% de esa institución, por tanto, no es exagerado decir que legislaron para una mafia compuesta por clanes políticos y económicos.
Las AUC practicaron el genocidio político contra los procesos populares y los partidos de izquierda en Colombia. Trabajaron de la mano con las Fuerzas Militares, los organismos de seguridad del Estado, principalmente el DAS, también recibieron apoyo de mercenarios extranjeros. Se alimentaban de economías de origen legal como el manejo absoluto de los recursos de la salud en algunas regiones, las universidades públicas, los juegos de azar, entre otras finanzas públicas. También de contribuciones ilegales como las del narcotráfico, los aportes de los empresarios, el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero, la minería, la compraventa de combustible, el contrabando, y el monocultivo de palma.
El proyecto paramilitar estuvo lejos de agotarse con el acuerdo y supuesta desmovilización de más de 30.000 mil hombres y mujeres, orientada desde el gobierno de Uribe Vélez, por medio de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. El poder económico, militar y político del paramilitarismo, en especial de las AUC, significaba mucho para las castas mafiosas en el poder, pues con sus prácticas genocidas les garantizaron la implementación del modelo neoliberal y el enriquecimiento ilimitado.
Viejas y nuevas estrategias del proyecto paramilitar
En el prólogo de la compilación ¿Del paramilitarismo al paramilitarismo?, trabajo reciente del padre Javier Giraldo, Leonardo Luna, Ferdinand Muggenthaler y Stefan Peters, impreso por la Editorial Periferia, el profesor Francisco Gutiérrez Sanín analiza en el prólogo cómo el paramilitarismo de viejo cuño y el de los grupos paramilitares herederos mantienen inequívocamente “sus objetivos, los rasgos políticos, económicos y militares”. Dice Gutiérrez Sanín que la propuesta de “armar a las gentes de bien se ha mantenido vigente.” El objetivo económico, aunque con una tendencia más criminal, sigue siendo fundamental para ellos. No obstante, los gobiernos, las élites políticas y económicas, y sus aparatos ideológicos han posicionado la narrativa de la desaparición o desmonte del paramilitarismo, lo cual evidentemente no ha ocurrido. Muestran a esos grupos no como herederos, sino como simples bandas delincuenciales o grupos criminales (Bacrim), desligadas del Estado y sus élites, y sin mayores intereses que las rentas ilegales.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, varias estructuras con miles de paramilitares no se desmovilizaron y mantuvieron control de territorios y negocios, entre ellas las Autodefensas Campesinas de Casanare, las de Córdoba y Urabá, el Bloque Metro, el Frente Cacique Pipintá y el Bloque Héroes de Gualivá. Posterior al año 2006, algunos mandos medios de las AUC y algunos de los máximos líderes disidentes, generaron nuevas formas de poder y control territorial, pero mantuvieron las habituales, como la parapolítica, que jamás desapareció. Otros fueron regresando a sus viejos territorios a recuperar su mando, sus caletas, tierras y negocios. Desde luego, reactivaron su poderío, pero no con sus anteriores franquicias y membresías, sino con nuevas tácticas organizativas. Estas reactivaciones y reorganizaciones no fueron fáciles ni desprovistas de violentas rencillas y guerras sangrientas entre líderes y capos de vieja data.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) habla del concepto o categoría “Para-Régimen” cuando se refieren a los grupos actuales que siguen manejando la estrategia de la parapolítica, la que dejó decenas de políticos de derecha condenados, entre ellos Reginaldo Montes del partido Cambio Radical, Gonzalo García Angarita del partido Conservador, Juan Manuel López Cabrales del partido Liberal, Miguel Ángel Rangel del partido de la U, y muchos otros. Si bien hubo condenados, la justicia fue laxa con esta práctica, pues muchos políticos que estuvieron presos pagaron pocos años de cárcel y una vez en libertad volvieron a hacer de las suyas. La parapolítica no se erradico sigue enraizada en las diferentes regiones del país.
Indepaz también habla de “narco-paramilitares”, como una práctica concreta que ubica a estos grupos paramilitares más enfocados en el negocio del narcotráfico y la disputa de territorios y corredores aptos para tal fin. Los unos y los otros, de mayor o menos manera, mantienen el chip contrainsurgente. Indepaz demuestra en sus investigaciones como a pesar de presentarse una fragmentación de cientos de grupos armados delincuencias y paramilitares, las modalidades de todos se van consolidando por medio de oficinas de cobros, de sicarios, casas de pique y otras formas o estructuras militares más versátiles para lograr sus propósitos, de acuerdo a la necesidad concreta. A pesar de las disputas y alianzas se han venido posicionando grandes estructuras articuladoras como el autodenominado Clan del Golfo, también llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes manchan el legado del Gaitanismo al usar su nombre para denominar un grupo paramilitar
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)
De la misma manera como lo hicieran las antiguas AUC, las AGC crecieron y hoy se encuentran en la cima del poder paramilitar. Según datos de Indepaz, controlan 25 departamentos y más de 200 municipios en todo el país. La consolidación de las AGC se constata con el recrudecimiento de la violencia sociopolítica en dos sentidos: contra los firmantes de paz, cuyos asesinados superan los 350; y contra líderes y lideresas sociales, desde la firma del acuerdo de La Habana en 2016 son más de 1.300 los y las asesinadas. Las AGC se dedican al narcotráfico, negocian armas, controlan gobiernos locales, confrontan abiertamente a los grupos insurgentes y tienen nexos con algunos mandos militares, tal como lo reconoció ante la JEP alias ‘Otoniel’, quien fue su comandante hasta que el gobierno de Iván Duque anunció su falsa captura. Tienen mando único, centralizado y estructura nacional en grados de subordinación. Adicionalmente, conforme a sus intereses, hacen acuerdos con otros grupos armados ilegales en diferentes territorios.
En una entrevista que el medio Trochando Sin Fronteras le hizo al maestro Alfredo Molano en 2016, este manifestó que: “Hoy día, ante las posibilidades de paz que se vienen desarrollando con el ELN y las FARC, los paramilitares quieren de alguna manera prenderse a esos acuerdos o sabotearlos; llegar a un punto donde la sangre corra a tal magnitud que los acuerdos empiecen a aplazarse. Lo que yo tengo como una certeza lógica es que el ELN y la FARC no firmarán mientras el estado no controle el paramilitarismo”. Las Farc firmaron, pero el maestro Molano no se equivocó respecto al sabotaje y a la cantidad de sangre que correría a manos del paramilitarismo alentado por las élites ultraderechistas, que amenazaron con hacer trizas la paz, igual como lo hicieron por décadas las mismas élites representadas en otros gobiernos.
El paramilitarismo como proyecto, estrategia y política de Estado, se llevó a cabo gracias a por lo menos cinco fases, tal como lo explican los autores del libro ¿Del paramilitarismo al paramilitarismo?: sometimiento armado, represión selectiva, infiltración de organizaciones políticas, construcción de poder económico, político y militar, y, legalización e institucionalización. Con algunas mutaciones y métodos modificados, esas fases se mantienen hasta nuestros días.
LAS TAREAS PENDIENTES DEL ESTADO Y DEL MOVIMIENTO SOCIAL
· Lo primero es que el Gobierno Nacional haga un reconocimiento expreso de la existencia de la política y estrategia paramilitar. Nombre con claridad cuáles son las estructuras y dónde se encuentran. Por supuesto, si lo sabe, debe desenmascarar a sus financiadores y promotores.
· Es necesario adelantar una discusión a nivel institucional y social sobre la abolición de la doctrina de seguridad nacional y el enemigo interno dentro de las FFMM. Ya el gobierno colombiano tiene agendado expedir la Directiva 01 del Ministerio de Defensa, para discutir unos principios centrados en la defensa de la vida. Sin embargo, mientras Colombia siga siendo parte de la OTAN será difícil implementar reformas de fondo y forma.
· También como Estado, el Gobierno debe adelantar una lucha frontal por desestructurar el componente económico, político y militar que sostiene el proyecto paramilitar en Colombia. Las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos deben profundizar sus estudios, investigaciones y análisis para informar acertadamente a la sociedad; definir rutas idóneas para esa desestructuración y desmonte del paramilitarismo. La comunidad internacional debe jugar un papel fundamental en esta ruta.
· Se requiere que el gobierno impulse, de una vez por todas, la comisión por el desmonte del paramilitarismo, acordada en los acuerdos de La Habana. En este espacio deben participar las comunidades y organizaciones de regiones más afectadas por esta estrategia estatal.
· En el campo pedagógico, cultural e ideológico, especialmente en regiones afectadas por el paramilitarismo, es muy importante construir una estrategia pensada para sanar o descontaminar a la sociedad de ese adoctrinamiento cultural que impuso en las comunidades el embrujo autoritario, el control social, la forma violenta de resolver los conflictos, el comportamiento patriarcal y machista, la destrucción de las costumbres colectivas y solidarias, el daño ambiental, entre otras prácticas que se afincaron dentro del discurso hegemónico paramilitar, traqueto y capitalista.
