Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 103)
Por: Caribe Investigación
Crisis de electricidad
Después de más de un año tratando de solucionar la crisis de electricidad en el Caribe colombiano, el presidente Gustavo Petro afirmó algo inesperado en su cuenta de X: “Estoy de acuerdo con el editorial de El Tiempo sobre la energía en el Caribe colombiano”. En el mismo mensaje elaboró una argumentación un tanto errática con la cual intenta explicar el origen del problema. En ningún momento cuestiona el diagnóstico y las críticas planteadas por el diario.
Pero, ¿qué dice El Tiempo en su editorial del 17 de enero, titulado “Sobretasa eléctrica”? Mencionaremos las ocho ideas principales:
- El gobierno del presidente Petro enfrenta, a siete meses de finalizar su mandato, la crisis eléctrica en la región Caribe, donde una quinta parte de la población sufre tarifas elevadas sin que se hayan implementado medidas de impacto.
- Se ha anunciado un decreto que establece una sobretasa transitoria de 8 pesos por kilovatio hora para usuarios residenciales y empresariales de todo el país (excepto estratos 1 y 2), con el fin de saldar deudas de la comercializadora Air-e (aproximadamente 2 billones de pesos).
- La medida genera polémica porque muchos consideran que las empresas privadas (como Air-e) deberían resolver sus problemas financieros sin transferir la carga a los usuarios. No obstante, la crisis tiene origen en políticas anteriores (como el congelamiento de tarifas durante la pandemia bajo el gobierno de Duque), que agravaron los pasivos.
- Si no se estabiliza financieramente a Air-e, se podrían provocar consecuencias negativas como una estatización costosa para la nación o la liquidación de la empresa, lo que desencadenaría una cadena de impagos y pondría en riesgo el sistema eléctrico regional.
- Aunque impopular, la sobretasa se presenta como una solución de urgencia y un acto de “solidaridad interregional”, comparable a cómo se han financiado proyectos nacionales (ejemplos: metros de Bogotá y Medellín) con recursos de todo el país.
- La sobretasa es una medida paliativa que no aborda las deficiencias de fondo del sistema eléctrico del Caribe, como el mal estado de las redes, que dificulta la medición del consumo y el recaudo. El Gobierno, a pesar de su intervención prolongada en Air-e, no ha resuelto estos problemas estructurales.
- La intervención en Air-e está bajo investigación por presuntos casos de corrupción, incluido el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lo que ocasiona incertidumbre sobre el futuro de la empresa y desconfianza en la gestión.
- La sobretasa es urgente para evitar un colapso inmediato, pero se requiere avanzar en soluciones estructurales antes del cambio de gobierno para prevenir que la crisis se agrave.
¿Estaba consciente el mandatario del contenido del editorial? No lo sabemos, pero lo cierto es que El Tiempo no deja bien parado al Gobierno y menos a su ministro de Minas y Energía, quien, por cierto, contestó a la publicación de Petro con un largo mensaje en el que anuncia “la convocatoria de un paquete de megaobras eléctricas para el Caribe por más de $6 billones”. Toca esperar de dónde sacarán los recursos, pero su respuesta, lejos de esperanzar, sigue dejando un manto sombrío sobre la situación eléctrica del Caribe.
El presidente Petro, tal vez consciente del mensaje de aprobación al editorial de El Tiempo, escribe sobre la publicación del ministro y, esta vez sí, logra hilar más o menos una explicación sobre el origen de la actual crisis. Sin embargo, sigue dejando un sinsabor. ¿Cuál será la solución?
Cañaverales, una lucha digna
Una victoria popular se logró en el sur de La Guajira. La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) negó a principios de enero la licencia ambiental solicitada por la empresa Best Coal Company (BCC) para el desarrollo del proyecto minero Cañaverales, que pretendían ejecutar en la jurisdicción de los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar, al sur del departamento.
La decisión llega luego de más de diez años de lucha incansable del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales para evitar la explotación de carbón a cielo abierto que afectaría ambientalmente el manantial de Cañaverales, un ecosistema que sostiene y regula la vida de la región. Líderes ambientales y comunitarios, organizaciones defensoras de derechos ambientales y humanos resistieron a toda la campaña de manipulación desplegada por la BCC para convencer a los habitantes de la región de explotar carbón en una zona con vocación agrícola.
Merecido reconocimiento debe tener el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Ccajar), que acompañó la lucha de la comunidad campesina y afro de Cañaverales, con asesoría técnica, jurídica y mucha solidaridad para lograr frenar el ecocidio pretendido por la BCC.
La BCC ya había sido derrotada en 2024, cuando Corpoguajira ordenó mediante Auto No. 072 del 15 de marzo el archivo del trámite de licencia ambiental para el proyecto minero Cañaverales, solicitado por la transnacional el 18 de noviembre de 2022.
Docentes a merced del crimen
La crisis de inseguridad que afecta a los docentes en Barranquilla sigue latente. Un reportaje del diario El Tiempo del 13 de enero da cuenta del “incremento de casos de extorsión e intimidación que han obligado a decenas de maestros a abandonar sus instituciones por temor a represalias”.
José Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla, explicó que la actual crisis no es coyuntural “sino un fenómeno persistente que se ha intensificado en los últimos años y que hoy afecta directamente la estabilidad laboral de los maestros y el normal desarrollo del calendario académico en varias instituciones oficiales”, según citó El Tiempo.
Según Jiménez, en 2024 se registraron alrededor de 20 traslados de docentes por motivos de seguridad, mientras que en 2025 esa cifra superó los 30 casos, “una tendencia que evidencia el crecimiento de las amenazas asociadas a redes criminales dedicadas a la extorsión”.
Ciertamente, la inseguridad ha mantenido en zozobra a la comunidad docente de Barranquilla por lo menos desde 2023. Esta crisis, que forma parte de la violencia desbordada en el departamento Atlántico, se caracteriza principalmente por una ola de amenazas, hostigamientos, robos y atentados dirigidos contra maestros, directivos y sedes educativas.
La comunidad educativa ha recibido amenazas directas por medio de panfletos, llamadas o mensajes de grupos delincuenciales, principalmente por oponerse a la extorsión o al microtráfico de drogas en los entornos escolares y por denunciar estos hechos. También han denunciado recibir presión de grupos delincuenciales para permitir que estudiantes vinculados a estas bandas operen dentro de los colegios.
En septiembre de 2023 estalló la crisis pública tras una serie de amenazas masivas. La Asociación de Institutores de Atlántico (ADEA) y Fecode denunciaron que más de 15 directivos docentes habían sido amenazados, lo que provocó un paro de 72 protagonizado por los docentes afiliados a la ADEA.
El detonante fue la amenaza de muerte contra la rectora Mariela Prada Fernández de la IED Las Gardenias, tras denunciar microtráfico en su colegio. El 5 de septiembre de 2023, su vivienda fue atacada con un artefacto explosivo casero (una granada) que, afortunadamente, no explotó.
Para varios analistas, la crisis es el reflejo de la disputa territorial del crimen organizado en los barrios de Barranquilla, donde las instituciones educativas y sus líderes son blanco por defender a los estudiantes y resistirse a la criminalidad. Los antecedentes inmediatos muestran un patrón de amenazas y ataques violentos que se ha intensificado desde 2023, con una respuesta institucional insuficiente e indolente.
Orden armado en La Guajira
Ante el panorama de violencia desbordado que sufre el departamento La Guajira, la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar escribió un artículo en La Silla Vacía con el cual describe con precisión cómo opera la criminalidad y el paramilitarismo en franca suplantación del Estado.
“El doble crimen ocurrido en Mingueo, la masacre de Maicao y la amenaza directa contra el presidente de la República no son hechos desconectados ni episodios excepcionales. Forman parte de una misma lógica de poder que consiste en la imposición de un orden armado que regula la vida social, administra castigos, define quién vive y quién muere y establece los límites de la acción estatal en amplias zonas de La Guajira.
Cuando un grupo armado puede torturar y decapitar a un adolescente, patrullar municipios con armas largas, ejecutar masacres, difundir propaganda y advertir al jefe de Estado sin perder control territorial ni capacidad de interlocución, lo que está en disputa no es únicamente el orden público. Está en juego la soberanía misma, la vigencia del Estado de derecho y la idea básica de que en Colombia la autoridad emana de la ley y no del terror”.
El orden armado suplanta al Estado en La Guajira es el título del artículo, publicado el pasado 13 de enero. Vale la pena leerlo y analizarlo, tomando en cuenta que el departamento ya no solo está sumergido en una grave crisis institucional, sino que está a merced del paramilitarismo y la delincuencia organizada.
La fallida política de Turbay
No cesa la política represiva del gobierno de Dumek Turbay en Cartagena. El alcalde anunció una nueva fase de su fracasada estrategia de seguridad en la cual estarán articuladas la Infantería de Marina, la Alcaldía, la Armada Nacional y la Policía Metropolitana, con operativos que se desplegarán en los barrios pobres y marginales como Olaya Herrera, El Pozón, Bazurto, La Candelaria y Fredonia.
En sus tres años y medio de gestión, Turbay no solo ha desperdiciado recursos en materia de seguridad, sino que, lejos de resolver la crisis de inseguridad de Cartagena, ha enfocado sus esfuerzos en reprimir los barrios marginados de la ciudad. Como expresamos en un artículo de noviembre de 2025 (Militarización en Cartagena, bodega de torturas en Barranquilla, informalidad en el Caribe – Periferia):
“Detrás del discurso oficial, se levantan voces que denuncian racismo institucional, estigmatización y una profundización de la exclusión histórica. Al Igual que sucede en Barranquilla, la aplicación de la política de seguridad en Cartagena parte de un diagnóstico errado y una visión excluyente de lo que es la ciudad, donde priorizan el aumento del pie de fuerza como solución cuantitativa para contener el crimen, pero ignora un problema estructural: cordones poblacionales marginalizados, excluidos de la bonanza turística y del derecho al disfrute de la ciudad y de los servicios básicos más elementales para vivir dignamente.
El Plan Titán, presentado como una respuesta contundente a los índices de violencia, ha sido criticado por su enfoque punitivo. Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos advierten que esta estrategia no solo ignora las causas estructurales de la inseguridad —como la pobreza, el desempleo, la carencia de servicios básicos—, sino que reproduce patrones de discriminación racial y territorial que se manifiestan desde la colonia hasta nuestros días. En barrios donde la mayoría de la población es afrodescendiente y vive en condiciones precarias, la presencia militar no se percibe como protección, sino como amenaza”.
Canal del Dique
El expresidente Ernesto Samper reaccionó al posible recorte presupuestal al proyecto de recuperación ambiental del Canal del Dique, considerado uno de los más importantes para la Región Caribe. “El gobierno acaba de recortar el presupuesto del Canal del Dique, que era el proyecto de recuperación ambiental más importante de la Costa y de Colombia. La firma SACYR puede reclamar judicialmente para irse”, escribió el exmandatario en X el 17 de enero.
Un día antes, la Cámara Colombiana de la Infraestructura -a través de una carta enviada a los ministros de Hacienda y Transporte, al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura y a la directora del Departamento Nacional de Planeación-, expresó su preocupación por la reducción de los recursos asignados a dos proyectos estratégicos (entre ellos Canal del Dique).
Hasta ahora, ningún funcionario del Gobierno nacional se ha pronunciado al respecto, por lo que queda en vilo este “megaproyecto fluvial orientado a la restauración de ecosistemas degradados y a la mitigación del impacto de posibles inundaciones en la Región Caribe”.
