Por: Natalia Bedoya Alcaraz
Fotos: Cortesia Campaña Objetivo Libertad
Hace cuatro semanas Silvia Camargo escribió la última carta que quería hacer pública en el instagram @elcasodelos11. El texto describía el desgaste emocional en el que puede terminar una joven estigmatizada, como ella. Eligió para esa vez un deseo y unas palabras justas: “pronta libertad para todos…”
Silvia es la única mujer entre los 11 jóvenes capturados en Bogotá en la madrugada del jueves 20 de noviembre del 2025. Los otros, todos hombres, eran como ella, habitantes de barrios periféricos e integrantes de distintos procesos comunitarios y populares de la ciudad. Juntos fueron presentados por la Secretaría de Seguridad como miembros de “Los PPP”, una supuesta banda criminal sobre la cual algunos medios dijeron que tenía nexos con grupos armados como el ELN. Las tres letras repetidas en mayúscula hacían obvia alusión a lo que se conoce como primera línea en el marco de una movilización social. “Cabecillas”, “coordinadores” y “dinamizadores” fueron los roles que les alcanzaron a atribuir en las notas de prensa; “terroristas” también se les dijo.
Sin embargo, Gloria Cortés, madre de Sebastián Cantor, no describiría así a su hijo. Ella diría que es un estudiante de enfermería que quiso, al igual que todos, luchar por una mejor calidad de vida y por una educación digna. Su novia, Karen, diría que él es su mayor apoyo y el mejor papá del mundo, estando ella en su quinto mes de embarazo.
Lilileth Quiñones, esposa de Camilo Portilla, otro de los detenidos, mencionaría que él es un buen padre, un buen hijo y un buen esposo; trabajador, colaborador, negado a decir que “no” y sacarse el pan de la boca si otro lo necesita.
Daniela, pareja de Brayan Valderrama, también criminalizado y estigmatizado por los medios de comunicación, hablaría de su novio como una persona que ayudaba mucho a la comunidad de Ciudad Bolívar, intentando darle lo que él no tuvo a otros niños y niñas.
Y Maritza Pinzón, la mamá de Silvia, la describiría como una administradora, trabajadora social y capoeirista con ideales muy claros, pero incapaz de matar una mosca. Todas mencionaron las ollas comunitarias como uno de los espacios que más frecuentaban sus hijos, a veces incluso con su compañía. Aun así, a ellas nadie les preguntó por sus seres queridos. Ese jueves que allanaron sus casas, que los capturaron de manera imprevista y violenta, los agentes de policía no se preocuparon por ninguna de sus emociones o versiones del asunto.
Están próximos a cumplirse tres meses desde que se llevaron a los 11 a la Unidad de Atención Inmediata (URI) de Puente Aranda. La audiencia de legalización se dio, a pesar de las irregularidades, el 21 de noviembre del 2025. Gloria relata que, una hora y media antes de que ella llegara, los policías rompieron ventanas y paredes de su casa, tiempo considerable para que los agentes hicieran lo que quisieran dentro de su hogar: “En la parte de afuera había policías de civil, uno de ellos me dijo: «pues es que ese fue el hijo que usted crió». Incluso se asomó un mayor al hueco de la ventana que habían hecho y yo le dije: «Mayor, siga y se lleva las bombas», y él me preguntó cuáles, entonces yo le dije: «pues las bombas con las que juega mi hija, que son las únicas bombas que encontraron en la casa». Porque en mi casa, según ellos, encontraron pólvora, pero divinamente pudieron haberla colocado ahí en el tiempo que ellos estuvieron solos”.
Su hijo Sebastián estaba ese día en la casa de Karen, su novia, donde se desarrolló un segundo allanamiento y la captura oficial. La agresividad no mermó y una persona vestida de civil entró sola hasta el tercer piso de la vivienda sin identificarse. Nadie supo a qué ni por qué. A Sebastián no le quedaron claros sus delitos, por supuesto, a su familia tampoco.
En los demás casos las denuncias son las mismas: los policías entraron a la fuerza, dañando, tumbando, quebrando, amenazando y riéndose en medio del pánico; armados frente a menores de edad. Confundiendo a las personas que iban a capturar con sus vecinos o sus hermanos. Negándose a responder preguntas y a dar información clara sobre el operativo. Buscando prendas muy específicas y llevándose cualquier cosa como material probatorio: “Falta un overol, falta esta otra cosa…”, decían, según Lilileth, “…fueron muy pocos solidarios para contestar preguntas, en el momento en el que me dieron el acta de captura para firmarla, yo la leí y decía que en mi domicilio había armas, cuando las únicas armas que había eran los cuchillos de la cocina”, relata también ella.
Entre el 24 y el 25 de noviembre, en varias sesiones, tuvo lugar la audiencia de formulación e imputación de cargos en la que se les acusó de cometer 8 delitos agravados, entre ellos, concierto para delinquir y terrorismo. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. La defensa argumentó en contra de la medida el 2 de diciembre, sin embargo, ocho días después el juzgado tomó la decisión de hacerla efectiva. Las 11 personas fueron trasladadas desde la URI hasta los centros penitenciarios.
Según varias publicaciones del alcalde Carlos Fernando Galán, este hecho es el resultado “real y contundente” de una investigación iniciada desde el 2024, que se propuso identificar a varias personas responsables de actos violentos y ataques a la fuerza pública. Sin embargo, desde la Campaña Objetivo Libertad, iniciativa que acompaña este y varios casos de criminalización de la protesta a nivel nacional, se entiende que esta acción está hilada con los procesos de judicialización y persecución que se generaron en el marco del levantamiento popular del 2019 al 2021, lo que conocemos como Estallido Social.
Juliana Higuera y Karen Cortés, integrantes de la Campaña, afirman que este es un ejemplo de cómo los procesos de criminalización se han venido sofisticando mediante mecanismos de judicialización y tecnologías del poder que no tienen que ver únicamente con dispositivos de hipervigilancia, sino también con todo un entramado estatal y paraestatal dedicado a perseguir a la gente que se organiza y que busca transformaciones sociales en el país.
“Este caso tiene unos patrones similares con procesos de criminalización en donde han buscado convertir en delitos los repertorios de lucha del movimiento social y popular, en donde buscan desnaturalizar el delito político despojando a los pueblos, a las comunidades, a las organizaciones de su carácter político. Es decir, despojando el contexto político de las acciones, queriendo reducir estos procesos a una cuestión de estructuras al margen de la ley o de delincuencia organizada”, expone Juliana.
Uno de esos patrones tiene que ver con el tipo de delitos: son ocho delitos complejos imputados con toda la intención de criminalizar y condenar. Otro patrón, es la actitud reaccionaria, dilatante y poco diligente del aparato judicial, que en este caso cambió momentáneamente y les dio un carácter reservado a las audiencias, violando la presunción de inocencia y demás garantías y derechos que tienen las 11 personas para defenderse. “Es como darles una condena de manera inmediata, sin que se surta el proceso penal”, explica Juliana, quien agrega que debido a esto, las familias pudieron asistir únicamente a una o dos de las primeras audiencias.
Un último patrón es que los sectores populares y empobrecidos empiezan a cargar una etiqueta de otredad negativa, que les hace siempre ser vistos bajo la sospecha o nombrados desde un lugar de alta peligrosidad. Este último se da en distintos escenarios y lo logran varios poderes en articulación. Por ejemplo, para este caso hubo un ejercicio articulado entre los medios de comunicación, la Fiscalía, la Policía, la Procuraduría, la Alcaldía de Bogotá y su Secretaría de Seguridad, que crearon todo un discurso alrededor de la seguridad en la capital del país, apoyándose en las redes sociales y en las agendas mediáticas, aprovechando el caso para impulsar un proyecto de ley que aumentaría la represión en las protestas sociales en Bogotá.
Además de que el trato ha sido selectivo y las visitas fueron vigiladas e intimidantes en la URI, también hubo un ejercicio estigmatizante desde la Fiscalía, que se negó a encender las cámaras en las audiencias para “proteger su seguridad”, pero al mismo tiempo compartieron las grabaciones de las sesiones con los principales medios informativos sin ninguna consideración con los 11 rostros de los jóvenes que quedaban completamente visibles; también se permitió el traslado de las personas criminalizadas hacia una rueda de prensa fabulada por la alcaldía:
“La Alcaldía de Bogotá realiza una rueda de prensa en donde saca a los compañeros y a la compañera de la URI, los lleva a un lugar en donde los exponen y los muestran como un trofeo, como los mayores criminales de Bogotá, en donde enuncian un montón de elementos que están de nuevo condenándolos social y mediáticamente. Esta rueda de prensa trae un montón de consecuencias y de afectaciones tanto para ellos y ella, para sus familias, sus redes de apoyo, sus círculos cercanos, porque están mostrándonos justamente como un gran logro el encarcelarlos, como si todos los problemas de seguridad y de desigualdad que tuviera Bogotá se resolvieran con la criminalización de unos jóvenes empobrecidos, racializados, de barrios populares y periféricos, que toda la vida han luchado por salir adelante y por cambiar este país”, añade Juliana Higuera
En efecto, varias de las madres y parejas que dependían del apoyo económico que su familiar podía brindar en el hogar tuvieron que asumir una responsabilidad completa de sorpresa. Así mismo, la mayoría tuvo que mudarse obligatoriamente del lugar en el que vivía porque el inquilino no les dio otra opción, o porque los noticieros no consideraron pixelar el material audiovisual que contenía la dirección o la fachada reconocible de su casa. También, en varios casos, las infancias fueron separadas de su madre y sus padres, las mujeres, entonces, tuvieron que empezar a asumir el cuidado completo de sus hijos o nietos. Recibieron comentarios y amenazas a través de las redes sociales por ser familiares de una de las 11 personas detenidas que toda la ciudad estaba viendo en las pantallas. La mayoría ha tenido que empezar procesos de acompañamiento psicológico por el desgaste físico y mental, el quiebre de su vida social y la preocupación que representa el mismo estado emocional de su familiar encarcelado, quien tampoco parece merecer ayuda por “criminal”.
“Donde yo estaba viviendo, lo primero que hicieron fue decirme que desocupara lo más pronto posible. Yo traté de hablar, de apaciguar, pero me dijeron que no, que los perjudicaba lo de mi hija, entonces tocó buscar e irnos. También amistades me dieron la espalda y algunas personas me escribieron en mi WhatsApp y en mi Facebook diciéndome hasta el mal del que me iba a morir. Entonces a mí en lo personal sí me ha costado mucho. Créame, que se lo digo con el corazón en la mano. Yo creo que ya me han escuchado: trabajo porque me toca, respiro porque me toca, vivo por ella y por darle fuerza a ella. Ella es mi hija, mi muchacha, mi todo”, menciona Maritza.
Gloria también cuenta que a raíz de eso vio comentarios que decían: “Ojalá supieran quiénes son las familias de esos para matarlas”. Y dice que cuando iba a la URI se sentía a merced de lo que el policía quisiera dejarle entrar porque era familiar de alguno de los 11; y que cuando su hija le preguntó qué le iban a decir en el colegio cuando se dieran cuenta de lo de su hermano, ella, con el corazón en mil pedazos, le decía: “Mi amor, nadie tiene por qué decirle nada”. Familias doblemente victimizadas que todavía lloran una Navidad sin uno de los suyos.
Las madres en acompañamiento con la Campaña Objetivo Libertad exigen todas celeridad en el caso, restablecimiento de los derechos de sus 11 familiares, un trato digno en los establecimientos penitenciarios para sus novios, esposos, hijos e hija, y la retractación por parte de los medios de comunicación y de la Alcaldía de Bogotá: “Exijo pronta libertad y que no los muestren más en los medios porque ellos no son trofeitos de nadie. El alcalde tiene que retractarse porque él tiene que estar investigando quiénes son si tanto le interesan. A mí me gustaría encontrármelo y decirle: «Señor alcalde, ¿usted sí conoce a mi hija? Porque ella no es terrorista”, agrega Maritza.
Por otro lado, Karen cuenta que desde la Campaña reconocen la importancia de asumir este tema no solo como un reto jurídico, sino también político; por lo que están haciendo un llamado a un mecanismo que permita atender las necesidades del país en ambos sentidos: “Una de las rutas que nosotras hemos venido trabajando, y que me parece que es una exigencia muy contundente hacia distintas instituciones, en especial al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior y a la Defensoría del Pueblo, es el tema de la Mesa de Alternatividad Penal, que permite revisar los procesos penales y que puede aportar una adecuación típica para la sin salida jurídica que tenemos hoy por los delitos que fueron imputados en el marco del levantamiento popular, pero que además permite abrir esta conversación de cara a la política criminal y de la protesta social. Hay una necesidad de que haya una mesa que trate estas judicializaciones, en donde haya un reconocimiento de ese ejercicio político y de ese contexto en el que se han desarrollado distintos hechos, que si bien sabemos, muchos de ellos han tenido de alguna manera el ejercicio de la violencia, ahí debe haber una proporcionalidad en las maneras en las que se está abordando este tema”, explica Karen.
Finalmente, agrega que una exigencia vital es la amnistía para todos los detenidos en el marco del Estallido Social, que es una de las banderas que ha levantado la Campaña desde hace años, no sólo porque a través de ella podría materializarse la libertad de todas las personas que están enfrentando actualmente un proceso judicial por protestar o por hacer parte de alguna organización política y/o popular, sino también porque aporta al reconocimiento que las instituciones deben hacer sobre el ejercicio político de las personas que están siendo judicializadas en el marco del Estallido.
“La amnistía en el país hasta el momento ha sido un mecanismo que ha beneficiado solo a los grupos armados, por lo tanto, esto requeriría de una ampliación, una revisión que nos permita justamente reconocer que hay un ejercicio y hay un carácter político de parte de personas que no necesariamente están armadas. Y no solo es para la libertad, que, por supuesto, es muy importante, sino también para abrir esta conversación sobre el carácter político de las acciones y la conexión que tienen los delitos comunes que se han imputado en estos últimos años con un contexto político de resistencia frente a las maneras en las que se materializa el poder en nuestro país.”
