Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 57)
Por Caribe Investigación
- El cuestionamiento del modelo
Los seis días de protestas e intensos bloqueos registrados en más de seis puntos del municipio Turbaco, al sur de Cartagena de Indias, nos convoca a reflexionar sobre varios temas: el derecho a la movilización, a la protesta y el encausamiento de estos hacia un objetivo común (derecho a la movilidad urbana); el cuestionamiento al modelo neoliberal impuesto en la década de 1990, que permitió la privatización de los peajes en el país.
También sobre el poco margen de maniobra que tiene el Gobierno del Pacto Histórico para resolver las demandas urgentes del país, lo que mantiene viva la idea de convocar a una Constituyente para avanzar en las transformaciones demandadas por la sociedad.
Aunque parezca exagerado, las protestas de la semana pasada en Turbaco pueden catalogarse como un estallido social. Por las implicaciones y el contexto en el cual se han desarrollado y por la diversidad de sujetos que participaron de estas, entre las cuales encontramos comunidades, comerciantes, transportadores públicos y miembros del Comité no más peajes o Comité anti peajes.
Recordemos que el pasado 17 de mayo de 2024 caducó la resolución del Ministerio de Transporte que suspendía el cobro a categorías 1 y 2 en el Peaje de Turbaco, lo que motivó las protestas y bloqueos protagonizadas por comunidades y transportistas en rechazo a la reactivación del cobro.
Las noticias relacionadas con el tema, sin embargo, no dieron mucho contexto. Y es que desde 2021, el Peaje de Turbaco ha incentivado la movilización social de esta región porque ven cercenado su derecho a la movilidad con un peaje incrustado en la mitad del municipio, que afecta incluso a los pobladores de zonas como Arjona, Mahates, María La Baja y los Montes de María.
En general, consideran que la tasa de retorno de inversión de la Concesión Autopistas del Caribe ya fue saldada, como bien lo ha explicado en varias ocasiones el Comité anti peajes.
La semana pasada, Colin Duarte, miembro del Comité, señaló a Noticias Caracol que en Turbaco “no hay agua, no hay alcantarillado, en Turbaco no hay un hospital que brinde las garantías de salud para el ciudadano, en Turbaco no hay universidades, pero tenemos peaje”. Una de las grandes contradicciones de este país, sirve como región de acumulación de riquezas para unos pocos, mientras que la pobreza se acumula sistemáticamente desde todas las perspectivas.
Herramienta de lucha
Habría que agregar otro elemento. Los bloqueos de vías se han convertido en la principal herramienta de lucha de los sectores marginados del país, de comunidades y trabajadores, de mujeres, campesinos, estudiantes, pueblos indígenas y afro, lo que demuestra que el Estado Social de Derecho promulgado con la Constitución de 1991 es un adorno del que pocos conocen beneficios.
No es un dato menor que de 742 bloqueos registrados el año pasado en todo el país, según la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), la región Caribe encabece la lista con La Guajira con 84 bloqueos, seguida por Bolívar con 78, Magdalena con 74, Córdoba con 65, Atlántico con 49.
Durante 2023, se registraron 2.046 manifestaciones vinculadas a la conflictividad social, entre las que se incluyen protestas y bloqueos, un aumento de 43 % con respecto a 2022, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
Esto deja al descubierto que el modelo político y económico dominante es excluyente, pone en duda los alcances de la Constitución de 1991, una carta constitucional con concepciones conservadoras y liberales, con un abanico de derechos que no son cumplidos por las ambigüedades mismas de la carta y por la prevalencia del modelo económico neoliberal, que suplantó las responsabilidades del Estado en materia de servicios públicos.
Esto nos da dos lecturas. Sí, como han afirmado los gremios económicos del país, los bloqueos de vías y carreteras impactan la economía en términos de transporte y logística, pero esto no puede invisibilizar las demandas sociales de una región que, junto con el Pacífico, es altamente desigual y pobre.
Y lo segundo, la región Caribe no solo es estratégica para la circulación de bienes y servicios y la conexión del país con el mundo, sino también rica en recursos y tierras para producir alimentos y satisfacer la demanda de las mayorías y, por lo tanto, debe tener espacial atención en materia de políticas sociales y económicas. Esto solo se logra con una gran movilización que demande una Constituyente para transformar las inequidades.
Cuestionamiento a las concesiones
Con la Ley 105 de 1993, el Estado consolidó el modelo de concesiones viales bajo la excusa de garantizar conexión nacional y mayor competitividad en el mercado, por la supuesta falta de recursos públicos para desarrollar obras en todo el país.
Desde entonces, un reducido grupo de familias controlan los peajes nacionales. Lo que no mencionan estos grupos económicos a la hora de pronunciarse en contra de los bloqueos, como sucedió la semana pasada con el estallido de Turbaco, es que a pesar de los cuantiosos ingresos que han obtenido las últimas dos décadas, no se traduce en mantenimiento y mejora de las vías por las que se cobra peaje.
Según cálculos de la Contraloría, citados por el portal Carga, la última década las concesiones han reportado utilidades cercanas a los 12 billones de pesos.
Teniendo en cuenta estos datos, y sumado a lo que expuso Colin Duarte, es contradictorio que el país sirva de plataforma para el saqueo y la acumulación de riquezas de unos pocos, mientras que sectores sociales históricamente excluidos no obtengan ningún tipo de beneficio y vivan al margen (invizibilizados) de las grandes obras que se han levantado en los últimos 30 años.
Otros conflictos se vienen acumulando. Por ejemplo, no ha habido respeto a los territorios ancestrales ni “compensaciones a cambio de permitir el tránsito por esas vías”, como apunta el portal Carga. Las consultas previas e impacto ambiental también han sido relegados de la discusión nacional en aras de garantizar la “inversión y el desarrollo” vía modelo de concesiones.
Basta recordar el panorama de tensión y alta conflictividad que se vivió durante las protestas indígenas de 2022 en el departamento del Cauca, o las que reiteradamente se producen en La Guajira, Magdalena, Cesar y otras regiones del país, para reiterar que el modelo de concesiones no solo es limitado, sino que alienta todo tipo de exclusión.
Y en Turbaco se repite esta fórmula. Las comunidades se sienten desamparadas por el Estado, encuentran que el derecho a la movilidad viene siendo mercantilizado sin que sus condiciones de vida mejoren significativamente, lo que significa un pobre desarrollo territorial equitativo e inclusivo.
El Gobierno del Pacto Histórico se comprometió en cambiar la situación de Turbaco. Jurídicamente, es poco lo que ha podido hacer y lo que pueda hacer con este municipio y con otros del país, teniendo en cuenta el modelo que hasta hoy prevalece, amparado por la ley.
El diálogo, sin embargo, es lo que diferencia a este Gobierno de sus antecesores. Que hayan llegado a un acuerdo con los manifestantes de Turbaco para suspender temporalmente los bloqueos habla de la voluntad política para escuchar y buscar alternativas a los conflictos históricos que padecen comunidades y sectores socialmente excluidos.
- El billón para Verano y Char
Indignación y vergüenza causó la aprobación por parte de Asamblea departamental del Atlántico para que el gobernador Eduardo Verano maneje a discreción un billón de pesos provenientes de la tasa de seguridad que cobran a los usuarios en el recibo de la energía eléctrica.
Un billón de pesos, de los cuales 600.000 millones serán manejados por la administración Char, mientras que la extorsión, el sicariato y la delincuencia en general han arrodillado a los pequeños comerciantes del Atlántico, muchos de los cuales han tenido que cerrar por temor a ser asesinados por negarse a pagarle a las bandas que operan en el departamento.
La casa Char lleva dos décadas gobernando. Ha sido responsable por omisión e indolencia del panorama de inseguridad actual. El argumento de hipotecar las vigencias futuras de la tasa de seguridad para utilizarlos en programas de seguridad no es más que un adefesio, una trampa para seguir saqueando el departamento.
Lo más lamentable es que ningún parlamentario (ni siquiera del Pacto Histórico) propuso eliminar el cobro de la tasa de seguridad a los habitantes del Atlántico, que ya pagan un servicio de energía excesivamente costoso.
- Opción tarifaria de energía
Para bajar la presión social por los altos costos de energía en el Caribe, el Gobierno asumió pagar la deuda de 5 billones de pesos a las comercializadoras Afinia y Air-e. En un mes estaría listo el desembolso, según informó la semana pasada el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Los gremios como Andresco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia aplaudieron la decisión del Gobierno. Claro está, no son ellos los que meterán la mano en sus bolsillos. Es la opción que venían impulsando los gobernadores y alcaldes del Caribe colombiano, pero no la alternativa más idónea porque no resolverá el problema de fondo: la estructura de costo y la casi nula inversión en infraestructura.
Hace falta más pedagogía para promover, respaldar y consolidar la propuesta de creación de una empresa regional de energía eléctrica de interés público y con capital del Estado para enterrar décadas de ensayo y error con respecto a este servicio en el Caribe.
Una vez más, como sucede con el Peaje de Turbaco, al Gobierno le toca maniobrar con lo poco que tiene a su alcance, con un Estado hecho a la medida del poder. Luego de que el Consejo de Estado le tumbara el decreto para reformar la CREG, cuya finalidad era modificar la actual estructura de costo, es poco lo que ha podido hacer en cuanto a las altas tarifas.
- Atentado contra la verdad
El atentado de un grupo de sicarios en una clínica de Barranquilla contra Jorge Luís Alfonso López (conocido como El Gatico) dejó como resultado la muerte de Edelmiro Anaya González, un ex paramilitar de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se desmovilizó en medio de proceso de paz de la administración Uribe.
Pero no era cualquier paramilitar. También conocido como el “Chino Anaya”, era el único testigo vivo del proceso por el asesinato de Eudaldo Díaz, alcalde del municipio El Roble (Sucre) en 2003. Anaya participó en el crimen y era quien podía ratificar ante la JEP lo revelado por el ex comandante de las AUC, Salvatore Mancuso, sobre la responsabilidad del expresidente Uribe en este asesinato.
Mancuso se pronunció sobre el atentado en Barranquilla y aseguró que se trata de “un atentado contra la agenda de paz y contra la verdad”. Se debe tomar en cuenta también las declaraciones del defensor de derechos humanos Juan David Díaz (hijo de Eudaldo), quien aseguró que el sicariato no iba dirigido contra López sino contra Anaya González.
Un escenario bastante raro en torno al caso, pero la tesis que Mancuso para nada es descabellada. Existe un ataque a la verdad y a la voluntad de paz de distintos actores de grupos armados y, agregaríamos, un ataque permanente y sistemático a las iniciativas de paz del Gobierno y de sectores alternativos que apuestan por la solución política al conflicto armado.
¿A quién beneficiaba el asesinato de Anaya?
- Los desaparecidos de Palmor
El pasado domingo 19 de mayo, un grupo de diez hombres armados y encapuchados irrumpió en una finca ubicada entre San Javier y Palmor de la Sierra Nevada de Santa Marta y se llevaron a cuatro campesinos. Uno de ellos, Fredy Polo, fue encontrado muerto a orillas del río Gallinas. Otra de las personas sigue desaparecida, mientras familiares claman por apoyo de las autoridades para dar con su paradero, se trata de Diego Mendoza.
A principios de mayo, se registraron combates en las alturas de Palmor entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). La disputa por el territorio no es reciente.
En un informe de 2022, la Plataforma para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos en la Sierra Nevada (PDHAL) detalló que ambas organizaciones paramilitares cobran cuotas extorsivas a productores de la zona: mayoristas cafeteros, carros de lácteos y gas propano, incluso a la empresa que estaba instalando las plantas fotovoltaicas de Palmor, también a la venta de inmuebles.
Estos hechos se dan en medio del anuncio del retorno de 130 familias afros y wiwas que habían sido desplazadas luego de los enfrentamientos entre las AGC y los Conquistadores, aunque no se conocieron detalles del proceso.
- Atentado contra niños
Niñas y niños de 70 instituciones del municipio Puerto Libertador y de la zona rural de Montelíbano, al sur de Córdoba, dejaron de recibir los beneficios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) porque un actor armado, presumiblemente las AGC, amenazó a los integrantes del Consorcio Alimentos Para Córdoba 2024. Un crimen de lesa humanidad, sin duda alguna.
- Tierras
El Gobierno entregó 19 títulos colectivos afro, más de 3 mil hectáreas en siete departamentos, en el marco de la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad. Aunque son pocas hectáreas tomando en cuenta las altas demandas en todo el país, fue significativo y esperanzador para la comunidad afro del Consejo Comunitario Afrocolombiano de Bajo de Polo, en el corregimiento de Rotinet, municipio de Rapelón (Atlántico), después de más de 100 años de constitución y espera de titularidad.
Otras 940 hectáreas de tierra fueron entregadas a varios consejos comunitarios afro de La Guajira, con lo cual se beneficiaron a 243 familias.
