Por Juliana Builes
Fotos: Estefania Romero y Antonia
Diferentes organizaciones sociales del Catatumbo se pronunciaron en contra de la explotación minero energética y el conflicto armado en su territorio. Afirman que la extracción de gas, carbón y petróleo, que ha estado presente durante décadas en la región, no ha traído mejoras en las comunidades.
El 24 y 25 de mayo se desarrolló en Cúcuta la primera asamblea regional de las cinco convocada por la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo (USO) en el marco de III Asamblea Nacional por la Paz. Alrededor de 250 personas de diferentes procesos sociales de la zona nororiental del país, que ya habían estado reunidas en dos talleres preparatorios en Tibú y Ocaña, ambos municipios de Norte de Santander, se juntaron en el Auditorio de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (ASINORT).
Allí hablaron sobre la construcción de paz, abordada desde dos ejes principales: el primero, enfocado en los temas de verdad, memoria y derechos humanos; y el segundo, centrado en la transición energética justa con enfoque de género y la política minero energética.
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El primer día, la mesa principal realizó una contextualización de la problemática departamental, en particular del Catatumbo. En la tarde, se discutió en cuatro grupos focales acerca de los dos ejes principales del encuentro. En un primer momento, se realizó una serie de preguntas que pretendían identificar cuáles eran las problemáticas respecto a verdad, memoria, derechos humanos, y la política minero energética.
Para Arturo Rodríguez, secretario general del Polo Democrático de Norte de Santander, una de las principales problemáticas tiene que ver con el extractivismo: “Los recursos que deberían ser para nuestro territorio, se han ido para las grandes ciudades. La explotación de gas, carbón, petróleo y los monocultivos, como el de la palma de cera, no han contribuido al mejoramiento de nuestras vidas; por el contrario, han cambiado nuestra vocación agrícola y campesina”, puntualizó.
El segundo día, para mantener el mismo hilo conductor, se continuó trabajando en los mismos cuatro grupos focales, donde se elaboraron una serie de propuestas frente a las problemáticas previamente identificadas. Sobre el tránsito a energías limpias, Valentina Melo, integrante de la Juventud Comunista Colombiana JUCO, afirmó que: “En los planes de desarrollo de la región de Norte de Santander deben incluirse proyectos para la generación de energías renovables con enfoque comunitario, a través de formas asociativas de producción. Además, esto debe ir acompañado de capacitación para las personas afectadas, dignidad laboral y fortalecimiento de las economías populares”.
En términos de derechos humanos y paz, la conversación estuvo orientada hacia una palabra: unidad. Asociaciones campesinas, indígenas, de mujeres, comunidad LGBTQ+, estudiantes, profesores y sindicalistas estuvieron de acuerdo en que debe existir una unidad de las organizaciones en torno a la paz, construida desde los intereses colectivos y no individuales. “La paz debe pensarse desde la realidad de cada uno de los territorios. Las comunidades deben estar articuladas en torno a la planeación municipal, departamental y nacional para poder realizar verdaderas transformaciones que avancen hacia el gran objetivo de la paz total”, afirmó Andrés García, defensor de derechos humanos de la región del Catatumbo.
Los poderes y el conflicto en Norte de Santander
Durante los años ochenta, el movimiento social de la zona nororiental del país era uno de los más poderosos de Colombia. Con altos niveles de politización, logró movilizar a diferentes sectores de la sociedad en pro de la defensa de los derechos humanos, ambientales y del territorio. En los ochenta, la revolución nicaragüense agitaba los ánimos de los sectores progresistas del país. Los aires de revolución hicieron que estos ideales de lucha se trasladaran al contexto regional, alcanzando su máxima expresión en el paro cívico de 1987.
A propósito de esto, en Protestas en el Catatumbo: ¿y la historia?, Ana María Restrepo, investigadora del Cinep, cuenta que: “El 7 de junio de 1987, la Coordinadora Popular del Nororiente lideró durante 7 días un Paro Cívico Regional en 45 municipios de los departamentos de Cesar, Bolívar, Santander, Norte de Santander y Arauca, para exigir al gobierno desarrollo regional, protección de derechos humanos, desmilitarización, reforma agraria, servicios públicos, rebaja en impuestos, empleo, salud, educación, defensa de los recursos naturales frente a las multinacionales, vivienda y vías.”
Un año después, el fortalecimiento del movimiento se seguía constatando en las calles. En 1988, más de 20,000 campesinos marcharon nuevamente para exigir la defensa de la vida, tras el asesinato de dieciséis dirigentes de la Coordinadora Popular a manos de grupos paramilitares. “En ese momento, había movilizaciones y paros todo el tiempo, la lucha estaba en su máxima expresión y, claro, la respuesta estatal ante todo esto fue brutal. Era una guerra sucia y no eran terceros, era la policía, el B2, la inteligencia militar. Era de terror”, afirma Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos de la Fundación Progresar, una entidad que propende hace más de 30 años por la consolidación y el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos en Norte de Santander.
En los años siguientes, la avanzada paramilitar empezó a llegar a Norte de Santander con un objetivo de exterminio y control, consolidándose en 1999 con la llegada del Bloque Catatumbo (BC) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esta estructura estaba compuesta por cuatro frentes desplegados en 30 municipios, bajo el comando de Jorge Iván Laverde Zapata, conocido como “el Iguano”.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la masacre del 21 de agosto de 1999 en La Gabarra, corregimiento de Tibú, municipio del Catatumbo, donde las AUC asesinaron a más de 35 personas, marcó el inicio de una serie de disputas territoriales entre paramilitares, guerrillas y Ejército. La confrontación dejó, según informes del Cinep, cerca de 100 muertos, además de miles de personas desplazadas, desaparecidas y masacradas.
En ese contexto de violencia de los años 90, surgió paralelamente una clase política dominante en Norte de Santander que, hasta el día de hoy, sigue liderando las urnas. Aunque los apellidos han cambiado, el poder sigue estando en manos de los mismos grupos.
La simbiosis de los noventa entre narcotráfico, contrabando de oro y divisas, y otras rentas ilegales derivadas de ser una zona fronteriza, penetraron todos los sectores de la economía y la política nortesantandereana. Estas dinámicas crearon las condiciones para que ciertas personas, parte de este sistema, asumieran el poder y lo pasaran de elección en elección entre sus hijos, amigos o familiares cercanos.
Con la firma del acuerdo de Santa Fe de Ralito, donde los paramilitares se comprometieron a hacer un cese al fuego y a desmovilizar a todas sus tropas en un proceso gradual que finalizaría el 31 de diciembre de 2005, emergió una descendencia de la clase política nortesantandereana de los noventa, que había sido parte de la gran avanzada paramilitar en el territorio. “Para esos años hubo algo que nosotros denominamos el pacto con las AUC. Era evidente que había un tipo de acuerdo entre este grupo para mantener el control político, y por supuesto, eso estuvo cruzado muy fuertemente por el tema del narcotráfico y el lavado de activos. Ese tipo de acuerdos ha moldeado también lo que hoy conocemos como política en el departamento”, cuenta Wilfredo Cañizares.
En Norte de Santander, esas alianzas de poder desarticularon el movimiento social y popular, que hasta el día de hoy no ha podido recuperarse. Después de la gran arremetida paramilitar, los nortesantandereanos, y sobre todo la región del Catatumbo, han pasado por diferentes actores armados que intentan quedarse con el dominio de la producción de coca. Actualmente, aunque el panorama es diferente en su dinámica, sigue siendo influenciado por los mismos poderes políticos y económicos.
Para Wilfredo Cañizares, hoy en día el control de las rentas ilegales está mayormente en manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC). Sin embargo, desde hace aproximadamente 3 años, la nueva avanzada paramilitar ha intentado introducirse en estas dinámicas y asentarse en la frontera como parte de su estrategia militar. “Los paramilitares han intentado entrar en esta disputa, pero no han logrado consolidarse en las zonas rurales, por lo que han optado por ingresar a Cúcuta, a la zona urbana, lo cual es un hecho peligrosísimo. Además, han hecho diferentes alianzas con bandas criminales, beneficiándose así del microtráfico”, afirma Cañizares.
Ahora, el movimiento social y popular está alzando nuevamente su voz para ser escuchado por el gobierno nacional, en el marco de la III Asamblea Nacional por la Paz. La gran promesa de paz ha vuelto a llenar de fervor y revolución a los líderes que, al igual que en los años ochenta, creen en un verdadero cambio. Sin embargo, el anhelo de tranquilidad también ha llegado con los conflictos propios del control armado.
Según la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos de Norte de Santander, en su informe “Dinámicas de la violencia en Norte de Santander en el año 2023”, el año pasado se registraron 125 amenazas y ocho asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en el departamento. Y este mes, solo en Cúcuta, dos líderes han sido asesinados
A pesar del miedo que se vive en el departamento, los líderes comunales siguen abriendo debates para exigir el goce pleno de sus derechos. La articulación se ha convertido en un eje fundamental para la construcción de una paz descentralizada, alejada de las grandes ciudades y pensada desde los territorios. La III Asamblea Nacional por la Paz llega nuevamente en medio de un diálogo coyuntural, con la esperanza de aportar los insumos suficientes para que esta vez el cambio sea real. Hoy, lo único cierto es que el contexto histórico de conflicto armado en el nororiente colombiano parece repetirse en medio de una luz de esperanza.
Las comunidades siguen pensándose en medio de la guerra, que hoy también toca las disputas medioambientales, y exige buscar una salida sólida a los conflictos que los atraviesan. Las juventudes fueron la voz que sonó y representó los pensamientos de las asociaciones campesinas, indígenas, de mujeres, comunidad LGBTQ+, profesores y sindicalistas en el Auditorio de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos. Allí se hiló de forma conjunta las verdaderas preocupaciones y soluciones de los territorios Catatumberos. Ahora, el siguiente paso para la región Nororiental será llevar sus propuestas a la gran Asamblea Nacional por la Paz que se llevará a cabo a mediados de noviembre en Bogotá, y que recogerá las propuestas no solo de los nortesantandereanos, sino también de las regiones de los Llanos Orientales, el Suroccidente, el Caribe, el Magdalena Medio y el centro del país.
