Por: Wilmar Harley Castillo Amorocho
La doctrina del enemigo interno —DEI— es un concepto que se refiere a la “sospecha” de que dentro de una sociedad existen individuos o grupos que representan una amenaza, inminente o latente, para la seguridad nacional, la estabilidad política y el orden social establecido. Este concepto se popularizó en la década de 1960 en Estados Unidos, durante la Guerra Fría, como parte de las estrategias norteamericanas para contrarrestar al “movimiento comunista internacional”, adversario del capitalismo. Este marco fue la justificación a la represión de movimientos sociales y políticos, que se consideraban una amenaza para el establishment o la “civilización occidental cristiana”.
Después de la participación de Colombia en la guerra de Corea (1950-1954), el Ejército firmó numerosos tratados de cooperación militar con Estados Unidos. Además, envió personal militar a la Latin American Ground School, establecida en 1946 en Panamá y que en 1963 se llamaría Escuela de Las Américas, trasladándose en 1984 a Fort Benning, Georgia. Conocida actualmente como Instituto del hemisferio occidental para la Cooperación en Seguridad.
A partir esta formación militar directa de Estados Unidos, se despliega un arsenal doctrinario fundamentalmente en libros, editoriales, revistas, discursos, exposiciones, manuales de contrainsurgencia (editados con carácter secreto) de las fuerzas armadas y del Ejército Nacional de Colombia, perfilando al “enemigo interno” colombiano como: el sindicalista, el campesino que no simpatiza o se muestra renuente ante las tropas militares que penetran en su vereda o en su vivienda, el estudiante que participa en protestas callejeras, el militante de fuerzas políticas no tradicionales y críticas, el defensor/a de derechos humanos, el teólogo de la liberación, el movimiento ambientalista o comunidad que se opone a un mega proyecto y multinacional, el periodista que investiga a fondo hechos de corrupción y en general el poblador y pobladora inconforme con el statu quo.[1].
Actualmente, existen tres componentes principales que demuestran la vigencia de la DEI:
Paramilitarismo:
Recordemos que el origen del paramilitarismo está en la Misión Yarborough en Colombia, en febrero de 1962. Donde oficiales de la Escuela de Guerra de Fort Bragg (Carolina del Norte, Estados Unidos), dejaron un documento secreto, con anexo también secreto, orientando la conformación de grupos mixtos de civiles y militares, entregados clandestinamente y utilizables cuando se deteriorara la seguridad nacional: “Esta estructura se debe utilizar para presionar reformas que se sabe van a ser necesarias, para poner en marcha funciones de contra-agentes, contra-propaganda, y en la medida en que se necesite, para actividades de sabotaje y/o terroristas paramilitares contra los conocidos defensores del comunismo. Esto debe ser apoyado por los Estados Unidos” [2]
En tal sentido, el paramilitarismo lleva a crear una zona gris o indefinida que impide percibir dónde termina lo militar y dónde comienza lo civil. Tal ambigüedad es el corazón de la estrategia, pues permite el engaño y el camuflaje de lo oficial en privado y de lo privado en oficial, de modo que acciones impresentables de lo oficial puedan esconderse bajo mantos “privados”, y que las acciones no oficiales usufructúen la autoridad oficial en el momento de doblegar a las víctimas.
Así lo confirma el informe de la Caravana por la vida, la paz y la permanencia en los territorios, que se realizó entre julio y agosto del 2024 por los departamentos de Antioquia, Sur de Bolívar, Arauca, Chocó, Cauca y Valle del Cauca:
“Cabe anotar que, las bandas criminales de menor a mayor grado, desde la cuadra del barrio y sectores rurales a las oficinas y clanes criminales, se suman a la estrategia delincuencial donde el silencio, impunidad y la complicidad de las autoridades, instituciones y sistema judicial del país se convierte en el factor conector y sistemático al servicio de los objetivos del paramilitarismo y los actores políticos, empresariales, sociales, y periodísticos que hacen parte de este entramado criminal. De allí se deduce que el paramilitarismo no es solo un ejercicio individual de un pequeño sector, sino que al contrario comprende todo un aparataje y coordinación criminal y política a nivel nacional e internacional que ha influido en el modo de gobierno y las políticas impartidas décadas atrás en una sociedad que está catalogada como una de las más desiguales y violentas del mundo.”[3]
Así las cosas, actualmente el Clan del golfo, el Ejército Gaitanista de Colombia, el grupo armado La Cordillera, Ramón Izasa y sus hijos, las disidencias FARC-EP, la Coordinadora Guerrillera del PacÍfico, Los Comandos de Frontera, el Estado Mayor Central, junto a bandas locales, son la expresión del paramilitarismo con otros nombres y modalidades de organización y actuación diferentes a las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–. Porque según denuncias de las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos, como la corporación Joel Sierra, los frentes 28 y 45 del Estado Mayor Central se les atribuye el asesinato de liderazgos sociales de Arauca, amenazan y roban a las comunidades en Arauca, y también en límites con el vecino departamento de Casanare.
Siguiendo con otro ejemplo, está el caso de la captura de coronel retirado José Alejandro Castro Cadavid, señalado por miembros del Clan del Golfo de ser jefe del grupo paramilitar en el Sur de Bolívar, y dar la orden de asesinar al líder agrominero y defensor de derechos humanos Narciso Beleño, el 21 de abril de 2024 en el municipio de Santa Rosa, Bolívar.[4] Este actuar paramilitar lo venía denunciando la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, de la cual hacía parte el compañero Narciso. Incluso, la delegación de diálogos del ELN ha informado a la delegación del gobierno nacional, que el Clan del Golfo opera junto a las fuerzas militares en el departamento del Chocó. Esto fue ratificado públicamente en la entrevista que hizo la W RADIO a Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, el pasado 25 de noviembre de este año:
“En enero, en la Mesa de Diálogos, estuvo el ministro de defensa delante de las dos delegaciones y de la comunidad internacional. Le entregamos los expedientes de todo lo que ha pasado en el Chocó. Del 2018 hasta el 2023, cinco años, que ha sido la ofensiva del Clan del Golfo, las cuatro rutas de exportación de cocaína que construyeron entre Urabá y Quibdó, y todo eso fue resguardado por las fuerzas militares. Y les dijimos donde tenían el principal laboratorio de procesamiento de cocaína. Eso se lo entregamos en la Mesa de Diálogos, en enero, en La Habana al ministro de defensa”.
Escuadrón Móvil Anti Disturbios –ESMAD–, actualmente Unidad de Dialogo y Mantenimiento del Orden
Entre 1999, cuando se creó este grupo policial, hasta el 2019, se han denunciado y registrado casos de detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas. Según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el ESMAD es responsable de 986 casos de detenciones arbitrarias, 86 torturas y 45 desapariciones forzadas. Además, antes del 2019, el Estado tiene 54 condenas a favor de las víctimas del ESMAD, que representan $9.052.911.240 por reparación directa. Hasta finales de ese mismo año había otros 238 procesos vigentes.
Esto sin contar las víctimas de septiembre del 2020 y las de 2021, que se dieron en las ciudades y municipios a causa del Estallido social. En el 2020, las protestas se desplegaron por el asesinato del abogado Javier Ordoñez a manos de la policía nacional en la ciudad de Bogotá. Al siguiente año, las protestas en el país fueron motivadas por la reforma tributaria que el gobierno del expresidente Iván Duque pretendió imponer a la economía colombiana. A pesar de la modificación del nombre y la pretensión de cambiar el enfoque dialogante del ESMAD, su fuerza militar no disminuye ni tampoco su perspectiva sobre los derechos y el control social, que sigue siendo amedrentador, violento y represivo.
Sobre esto, la mesa por la reforma policial, en carta pública del 13 de junio del 2023, denunció cambios endógenos y cosméticos en la policía nacional, en vez de transformaciones integrales y la falta de debates reales sobre la función de la policía nacional. En dicha carta exponen: la falta de participación deliberativa y amplia de actores sociales sobre la nueva reglamentación de la policía para la atención a manifestaciones; el no cambio en la estructura del ESMAD, así como la legitimación de las prácticas abusivas y violatorias de los DERECHOS HUMANOS, al ampliar el actuar de este cuerpo policial a la erradicación de cultivos de uso ilícito, contra la minería informal-ancestral, control externo de protestas en centros penitenciarios, la no aplicación de reglas diferenciales a sectores sociales, étnicos, de género, entre otros. Además, dice la comunicación que “(i) no hay claridad en el procedimiento, creación y la utilización de armas por parte de sus integrantes; (ii) la vinculación de apenas dos personas a los Equipos de Diálogo frente a 25 agentes que integrarían los Equipos Móviles de Intervención, EMI; (iii) los policías con funciones de diálogo están bajo el mando del comandante de los dispositivos; (iv) la ineficacia del «enfoque de construcción de confianza», al carecer de canales de facilitación más allá de los ya establecidos; y (v) falta de integración y representación de las organizaciones y veedurías civiles[5]”.
Políticas de militarización de los territorios
La actual gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Magali Matiz es una mandataria que insistente en el aumento del pie de fuerza militar en el territorio, con la excusa de atacar a grupos armados y mantener la seguridad del departamento. Dentro del Plan Ayacucho de las fuerzas militares, el gobierno nacional se comprometió a enviar mil hombres y mujeres que conforman la fuerza de despliegue rápido con diferentes especialidades urbanas y rurales (solo llegaron 600, según informó el secretario de seguridad del Tolima, Guillermo Alvira, en agosto del presente año), también el aumento de miembros del Gaula militar y fuerzas especiales urbanas.
Otros dos hechos que ejemplifican la militarización del territorio a través de funcionarios públicos civiles, ocurrieron en el paro estudiantil del segundo semestre del 2024 en la Universidad del Tolima. El primero fue la presencia de miembros del ejército nacional en la entrada de la universidad, un día después de las protestas estudiantiles. Las directivas universitarias negaron haber solicitado su presencia cerca al campus universitario. Al respecto, empresas privadas de información locales sugirieron que dicha presencia militar se debía a protocolos de seguridad por la presencia de magistrados de la Justicia Especial para la Paz –JEP– en Ibagué. Pero recordemos que el presidente de la asamblea departamental, Felipe Ferro, del Centro Democrático, justificó las intervenciones militares directas y de inteligencia en las universidades.
El segundo hecho, también durante el paro estudiantil, fue la propuesta del presidente del Consejo Municipal de Ibagué, concejal Arturo Castillo, de usar los drones de la Policía Nacional para “reforzar la seguridad” de la comunidad universitaria. Con esa misma posición, el secretario de gobierno de Ibagué, Edwar Amaya (y ex comunicador de la minera Anglo Gold Ashanti), dijo que “no había lugar vedado a las autoridades”.
Otro ejemplo ocurrió en el departamento de Antioquia. Fue lo sucedido con la muerte del exmayor del Ejército Nacional, Juan Carlos Rodríguez, conocido como “Zeus”, en el municipio de San Francisco, Oriente antioqueño, el 29 de septiembre del 2024. El exmayor del ejército, era el encargado de expandir el control del Clan del Golfo en esa región y en el Magdalena Medio. Antes de esa operación militar, en San Francisco, un escuadrón de la policía nacional encontró al alcalde de Puerto Triunfo, Franklin Portilla, en un hotel donde previamente estuvo reunido con Oliveiro Isaza (conocido como “Terror” Isaza) y Juan Carlos Rodríguez. La policía no encontró a los jefes paramilitares, porque fueron avisados previamente del operativo policial, dando tiempo para que escaparan[6].
Para dejar más preguntas…
La DEI del Estado colombiano sigue vigente, fortaleciendo el control territorial urbano, a través de sus cuerpos militares y policiales legales especializados, políticas públicas locales y departamentales que legitiman la vigilancia ciudadana, así como la existencia de bandas locales que controlan el microtráfico en los barrios; pero también a través de grupos paramilitares (gaitanistas, disidencias, entre otros), cuya modalidad de control territorial se transformó con la “desmovilización” de las AUC[7].
Los mandatarios locales y departamentales que se oponen al Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno progresista, son otro componente de la DEI. Pues han echado mano de sus planes de gobierno y pronunciamientos públicos, donde priorizan la seguridad y el orden. Además, su discurso público en eventos o en redes sociales reproduce la estigmatización hacia sectores sociales que protestan contra sus iniciativas.
Las alcaldías de las ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga son controladas por representantes de clanes familiares regionales cuyo poder económico y político e intereses de clase se contraponen al actual gobierno del Pacto Histórico, y, por ende, a un proyecto de país alternativo deslindado del rumbo tradicional que esas élites han impuesto desde la historia republicana. Estas ciudades capitales fueron el epicentro del Estallido social del 2021, pero sus actuales mandatarios se caracterizan no solo por el discurso y su gobernabilidad represiva y estigmatizante contra los sectores que protagonizaron las protestas, sino que revierten los logros políticos que dichos actores ganaron durante su gestión y movilización pos-estallido social.
Pareciera que la estrategia de las elites a nivel local y departamental se dirige en dos direcciones: preparar esos territorios urbanos para frenar futuros estallidos sociales; y acumular y fortalecer una base social anti-progresista en estos dos años que le quedan al gobierno del Pacto Histórico.
Referencias bibliográficas:
[1] Tomé la información sobre la DEI, del informe que elaboró el padre Javier Giraldo para el Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV): https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/comisionPaz2015/GiraldoJavier.pdf
[2] Papeles de John F. Kennedy, Documentos Presidenciales, Archivos de Seguridad Nacional, Reuniones y Memorandos, Grupo Especial (CI), Temas: Fort Bragg, visita a Colombia, marzo 1962, casilla 319.
[3] https://caravanas.redcolombia.org/hoy-como-ayer-el-paramilitarismo-caravana-humanitaria-por-la-vida-la-paz-y-la-permanencia-en-el-territorio/
[4] Ver el reportaje “Las pruebas contra un coronel (r) del Ejército que habría ordenado el asesinato del líder Narciso Beleño” de la fundación de periodismo de investigación VORAGINE.
[5] Puede consultar la carta al buscarla en internet como: transformación del ESMAD en UNDMO no fue estructural ni contó con verdadera participación: Mesa por la Reforma Policial.
[6] Pueden encontrar esta noticia en el medio alternativo Colombia informa, publicada el 01 de octubre de este año. Y en Caracol Radio.
[7] Del libro: Del paramilitarismo al paramilitarismo, publicado por la Fundación Rosa Luxemburgo.
