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Golpe mediático: el preconteo, instrumento del fraude de la burguesía

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Por: Mauricio Reyes Rojas (@_maureyes)

La jornada de votación para la segunda vuelta presidencial ha estado llena de profundas irregularidades y por un afán desmedido de la burguesía y sus aparatos de propaganda para imponer el preconteo como una verdad absoluta. Tanto los grandes medios de comunicación como el candidato Abelardo se han lanzado en una carrera frenética por validar un resultado preliminar que carece de fuerza jurídica.

A la luz de las propias normas de la legalidad burguesa, el único encargado de declarar un ganador tras culminar los escrutinios municipales, departamentales y nacionales es el Consejo Nacional Electoral (CNE). Solo después de surtir rigurosamente estas etapas, la institución expide la credencial que acredita al vencedor de la contienda. Entonces, ¿cuál es el afán de los monopolios mediáticos y de los sectores reaccionarios por mover una matriz de opinión que empuja al error a las mismas instituciones que juran defender? ¿Acaso su pretendida «patria milagro» consiste en pisotear las formas de su propia democracia liberal con tal de salvaguardar sus intereses de clase?

El objetivo es claro: propinar un golpe mediático. Buscan imponer un presidente de facto en el imaginario colectivo sin que se agoten los procedimientos legales. Tras la primera vuelta, los medios clausuraron el debate político; para ellos, lo único importante ahora es el reconocimiento ciego de unos datos provisionales.

La estrategia de los medios y su candidato consiste en implantar el preconteo como la etapa definitoria del proceso, mientras desacreditan sistemáticamente el escrutinio real. Vimos desfilar por las pantallas a analistas, ONG amansadas y funcionarios del CNE, la Registraduría y la Procuraduría, todos interpelados con un único fin: obligarlos a pronunciarse y alinearse con el supuesto ganador. Aunque las instituciones del Estado mantuvieron una prudencia calculada, los analistas del establecimiento salieron a reconocer el resultado.

Conviene refrescar la memoria histórica: en contiendas anteriores, el escrutinio permitió recuperar casi un 2 % de los votos que convenientemente resultaron «embolatados» en el preconteo. En un escenario donde la distancia aparente entre Abelardo e Iván Cepeda es de apenas un 0,95 %, descuidar esta fase es entregar la plaza sin pelear. El proceso de escrutinio ante jueces y notarios no es un simple trámite; las impugnaciones permiten una revisión meticulosa de las actas y del material electoral. Es allí donde se resuelven las inconsistencias y se validan los votos reales.

En una Colombia alienada por la inmediatez y la visión facilista que impone el capitalismo, pretenden vendernos que todo está consumado y que la «patria milagro» se materializa mágicamente luego de la elección. Un contraejemplo es Perú, donde las autoridades electorales asumieron públicamente que la revisión minuciosa tardaría un mes antes de declarar un ganador formal.

En las mesas y puestos de votación, tras el cierre de las urnas, la presión y el acoso hacia los jurados fue evidente. Fui testigo de cómo los funcionarios de la Registraduría y los transmisores de datos exigían una celeridad sospechosa en la entrega de las actas E-14, mientras los resultados ya se cocinaban en los sets de televisión. Las discrepancias entre el E-14 de transmisión y el de los delegados evidencian un mecanismo de fraude perfeccionado por las élites durante décadas.
Mi experiencia como jurado nos demuestra que es casi imposible que seis jurados de mesa conspiren de manera unánime para alterar un resultado; el verdadero fraude se ejecuta en la transmisión del preconteo y en los despachos de la Registraduría, donde funcionarios corruptos modifican, adicionan y manipulan los datos a espaldas del pueblo. De ahí la importancia táctica del escrutinio, el único momento donde las actas de claveros son confrontadas por jueces y notarios frente a testigos y delegados de los partidos.
Mientras esto sucede, y distanciándonos de las posturas extremas, facilistas y cómodas de quienes afirman «que ser gobierno es ser poder» o «yo no voto, construyo poder popular», es evidente que la clase obrera no puede cruzarse de brazos. Nuestra tarea histórica no se reduce a ser guardianes de urnas ni, mucho menos, a desgastarnos defendiendo la institucionalidad decadente de la burguesía.
Este momento de crisis institucional debe servir para agudizar la contradicción y fortalecer el verdadero poder popular: la hegemonía de la clase proletaria. Es la hora de impulsar nuestros propios proyectos y planes territoriales para edificar una Colombia libre y soberana. La urgencia del momento nos exige organizarnos, elevar la conciencia de clase y luchar sin tregua por la construcción de un auténtico Estado obrero, campesino y popular.

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