Ante la nueva efervescencia de la violencia —que algunos académicos ya empiezan a denominar como un “tercer ciclo de violencia” posacuerdo de paz con las FARC-EP—, el pánico propagandístico del monopolio mediático y el oportunismo de la clase política conservadora quieren que la sociedad colombiana vuelva a creer que su fallida estrategia guerrerista es el camino más expedito para garantizar el derecho a la seguridad.
Desde un principio, el primer Gobierno progresista de la historia se desmarcó de esta idea. Tan pronto llegó a la Casa de Nariño, el presidente Petro quiso pacificar el país con una estrategia de diálogo y solución política al conflicto armado que se recicla. Negociar con todos fue el principio que guio la política de paz de su Gobierno. Pero la improvisación metodológica, el secretismo y la arrogancia de algunos funcionarios, conjuraron el evidente fracaso de la anhelada paz total.
Impotente por no tener cómo mostrar resultados (que para el Gobierno significan desarme y desmovilización), el presidente pretendió solucionar con arsenal militar lo que no fue capaz de conseguir con estrategia política, pese a que intervenciones militares como las hechas en el departamento del Cauca demuestran la inviabilidad de esa estrategia. Resulta contradictorio que quien se opuso a que el éxito de la política de seguridad se midiera según la cantidad de litros de sangre (tal como lo hizo el uribismo), ahora proyecte como logro la cantidad de cabecillas dados de baja, las deserciones, los kilos de cocaína decomisados, etc.
Aunque le quede poco tiempo, más bien el presidente debería corregir los errores no forzados, retomar su plan inicial de tensar los cimientos del establecimiento para abrirle paso a las transformaciones de las condiciones que han producido, propiciado y reproducido la violencia; sin importar que los resultados no los vaya a ver él. Porque si en público se despotrica del capitalismo y el mercado, pero en privado no se transita de manera decidida a un Estado y una sociedad diferente a la capitalista, los procesos de paz con cualquier grupo armado, que en teoría deberían condensar las transformaciones que necesita el país, terminaran reducidos a meros cambios cosméticos.
Es cierto que la política del Gobierno sufrió un saboteo constitucional por parte del Congreso y de las Cortes. Sin embargo, en estos tres años, poco y nada se hizo por reformar la doctrina de seguridad nacional y su apéndice; la doctrina militar, que terminó irradiándose en la mentalidad de la gente de a pie, y convenciéndola de que todos los problemas del país se resuelven con militares y plomo. Poco y nada hizo, además, por implementar una política de desmantelamiento de las estructuras paramilitares, que no solamente crecen como espuma, sino que refinaron sus prácticas de guerra y tienen vocación de disputarse el sentido común y el poder.
Preso de la frustración, Petro pronuncia discursos de guerra total, al tiempo que mantiene mesas de negociación con grupos que someten a la población. Tilda a los campesinos cocaleros de mafiosos y amenaza con devolvernos a la aspersión aérea de glifosato, olvidando que el crimen organizado regula el orden social allí donde hace presencia y que la amenaza con el glifosato es una prueba de subordinación a la política exterior gringa.
Las contradicciones que hoy encarna el Gobierno son combustible político para una derecha sin imaginación; una derecha que se ha negado a evolucionar hacia posturas más democráticas, y por el contrario se alinea con los discursos bélicos que pululan en el mundo; una derecha que nos quiere presos de un falso dilema político: elegir entre la paz o la guerra.
