Por: Isabel Preciado y Juliana Builes
Las salvaguardas socioambientales en la transición energética son lineamientos, principios, reglas y mecanismos colectivos que buscan garantizar que los nuevos proyectos no reproduzcan los impactos históricos del modelo fósil ni profundicen las injusticias en los territorios. En un contexto dominado por empresas privadas, intereses extractivos y dinámicas de mercado, constituyen una ruta de protección: permiten garantizar derechos, prevenir daños y orientar los cambios energéticos hacia la justicia social, ambiental y cultural. Son, a la vez, un escudo frente a la repetición del despojo y un horizonte para impulsar transformaciones desde abajo, en clave popular y comunitaria.
Los procesos comunitarios en Colombia han demostrado que la autogestión, el cuidado colectivo y la organización popular son la puerta de entrada para pensar en unas salvaguardas que trasciendan lo técnico y encarnen el espíritu de las luchas territoriales. Su núcleo es la protección, el fortalecimiento y la garantía de las energías comunitarias, entendidas como prácticas de soberanía y cuidado que integran el fogón, el agua, el sol, las huertas y las juntanzas. Estas formas de energía son alimento, calor, reunión y posibilidad de autonomía; democratizarlas significa también defender la dignidad y la permanencia en los territorios. En este sentido, constituyen el corazón de las salvaguardas, pues no sólo protegen lo existente, sino que proponen un modelo alternativo frente a la lógica extractivista y de acumulación del capital que se apodera de todo.
De allí surgen las propuestas de salvaguardas para la transición energética justa (TEJ): mecanismos que buscan proteger la vida en los territorios y fortalecer las autonomías comunitarias que por años han sembrado alternativas como juntanzas para construir, cosechas de agua, estufas eficientes, biodigestores, agroecología, agroforestería, cuidados colectivos y múltiples prácticas autogestionadas que sostienen la vida. Estas salvaguardas son escudo y horizonte: escudo frente a los megaproyectos extractivos disfrazados de verde, y horizonte hacia otros mundos posibles construidos desde la autonomía y la democratización de la energía. Porque la energía no se reduce a lo eléctrico: es la vida misma, desde cómo se cultivan y comparten alimentos hasta cómo se tejen redes de cuidado y solidaridad.
En este escenario, la expresión “transición energética justa” no puede reducirse a un eslogan. La crisis climática actual —sequías extremas, incendios que arrasan bosques, lluvias torrenciales, deslizamientos, huracanes e incluso guerras por el control de la energía y los bienes comunes— evidencia una urgencia vital. No es posible seguir sosteniendo un modelo basado en combustibles fósiles ni en un sistema económico que se alimenta del consumo excesivo, la acumulación y la demanda insaciable de energía y materiales. La transición energética no es una opción ni un simple cambio de tecnologías: exige transformaciones profundas en la forma de producir, distribuir y consumir energía, pero también en cómo se organiza la vida misma.
En Colombia, este tránsito suele definirse como el paso de un modelo fósil a uno menos contaminante. Sin embargo, si se mantiene bajo la lógica corporativa, corre el riesgo de repetir la misma historia: concentrar beneficios en unos pocos y trasladar los costos a los territorios. Grandes parques eólicos en La Guajira, granjas solares industriales, represas hidroeléctricas o la explotación de minerales críticos para nuevas tecnologías demandan enormes flujos de materia y energía. Todo esto genera nuevas zonas de sacrificio o profundiza las ya existentes, mientras los pasivos ambientales de décadas de extractivismo permanecen invisibles.
Los territorios como ejemplo vivo
Diversas comunidades rurales y urbanas han resistido durante años frente a la inoperancia del Estado y a la indiferencia —cuando no abierta negligencia— de las empresas privadas respecto al bienestar de quienes habitan y sostienen los territorios de donde se extrae la riqueza. En lo alto de Medellín, en la comuna 8, donde la ciudad se interrumpe con las montañas verdes que rodean el Valle de Aburrá y con barrios autogestionados levantados por quienes llegaron desplazados, se encuentra el asentamiento El Pacífico. Catalogado como “zona de alto riesgo” en el plan de ordenamiento territorial —es decir, condenado al abandono—, este barrio decidió no esperar: creó su propio acueducto, organizó huertas urbanas, levantó un plan barrial de gestión del riesgo y hoy proyecta un Parque Energético Comunitario que garantice luz y seguridad cuando todo lo demás falla.
La experiencia de El Pacífico muestra que salvaguardar colectivamente es posible cuando las respuestas nacen de las necesidades reales de los territorios y no de proyectos impuestos desde afuera. Sus soluciones, forjadas desde la organización barrial, revelan que la transición justa no depende de megaproyectos disfrazados de sostenibilidad, sino de prácticas cotidianas que fortalecen la vida comunitaria y evitan reproducir nuevas zonas de sacrificio.
En el mismo salón donde se construyen sueños colectivos y se acompañan las emociones, se comparte también la visión de un futuro donde la energía sea un derecho y no una mercancía. Su lema lo resume todo: “Con el Estado, sin el Estado y a pesar del Estado”. Una frase que encarna la manera en que muchos territorios enfrentan las crisis —climática, ambiental, energética, social y económica— con sus propias fuerzas. Y recuerda por qué son necesarias las salvaguardas: sin reglas colectivas que protejan los derechos de las comunidades y de la naturaleza, la transición energética corre el riesgo de convertirse en el nuevo disfraz del viejo extractivismo.
Un proceso tejido desde abajo
Los espíritus y las plantas recorrían el salón mientras Bismar Conchave, de la comunidad indígena Emberá Dobidá del Alto Baudó, armonizaba el espacio. Los rostros se concentraban para invocar la protección de los seres espirituales frente a cualquier mal. Ese acto de cuidado y protección abrió un encuentro en Valledupar que reunió a organizaciones y liderazgos ambientales de todo el país para avanzar en la construcción colectiva de unas salvaguardas que hagan posible una transición energética justa.
Ese inicio no fue un gesto simbólico aislado: recordó que la energía también es espiritualidad, memoria y vínculo con la vida. Las plantas dispuestas en el centro evocaban la fuerza de los espíritus, y la palabra traía a los ancestros que aún acompañan a las comunidades. La transición energética, en este sentido, no puede reducirse a cifras de kilovatios ni balances contables: implica sostener la existencia en medio de la crisis climática, política y social, sin romper los lazos con el territorio.
La construcción de las salvaguardas ha sido un proceso tejido colectivamente: encuentros, talleres y diálogos donde comunidades urbanas, campesinas, afrodescendientes e indígenas han compartido memorias, voces y propuestas. Más que un ejercicio técnico, es un acto de armonización basado en el conocimiento profundo de los territorios, en la fuerza de la juntanza y en la voluntad de proteger lo propio mediante el reconocimiento de saberes y haceres.
En este camino, las energías comunitarias aparecen como la expresión más concreta de autonomía. No son solo tecnologías alternativas, sino formas de habitar el mundo que democratizan la energía, fortalecen la organización y muestran que la vida puede sostenerse desde la cooperación, la siembra y el cuidado compartido.
Las salvaguardas: hoja de ruta desde los territorios
Las salvaguardas para la transición energética justa se han construido a partir de la identificación de problemas socioambientales existentes y de los riesgos que pueden intensificarse con la expansión de proyectos minero-energéticos en el país. Este ejercicio permitió reconocer derechos en riesgo —al territorio, al consentimiento y a la consulta previa, al agua, a un ambiente sano y a la participación, entre otros—, y formular propuestas de defensa que funcionan como mecanismos de protección y como rutas de negociación frente a empresas y gobiernos. También se definieron actores clave que deben participar en esta defensa: comunidades locales, autoridades ambientales, empresas, organizaciones sociales y la academia.
Entre los principales problemas señalados se destacan tres:
- Proyectos eólicos en La Guajira: se desarrollan sin consulta previa o con procedimientos limitados que desconocen el gobierno propio y la autonomía del pueblo Wayuu. La salvaguarda propuesta exige que el consentimiento libre, previo e informado tenga carácter vinculante y que la participación sea vinculante para todas las comunidades afectadas, sean o no grupos étnicos.
- Desplazamiento de economías locales por parques solares: situación que demanda salvaguardas orientadas a proteger la soberanía alimentaria y a garantizar un ordenamiento territorial que reconozca conflictos previos, ecosistemas frágiles y pasivos ambientales.
- Afectación de fuentes de agua por hidroeléctricas y minería: problemática que evidencia la urgencia de salvaguardas que protejan ríos y acuíferos, incluyan procesos de reparación integral y reconozcan los acueductos comunitarios.
En esta ruta, las salvaguardas condensan la fuerza de las comunidades y la necesidad de las autonomías territoriales. Se orientan a proteger los territorios frente a megaproyectos extractivos, garantizar derechos colectivos con mecanismos vinculantes como la consulta y el consentimiento previo, reconocer y fortalecer las energías comunitarias como expresiones de autonomía y democratizar la energía más allá del mercado, entendiéndola como un bien común inseparable del agua, la tierra y la cultura.
Este esfuerzo dialoga con experiencias de otros países. En Chile, organizaciones sociales han avanzado en lineamientos territoriales y en la sistematización de conflictos socioambientales ligados a proyectos eólicos y solares, generando aprendizajes de alcance regional. En Brasil, comunidades, sindicatos y movimientos socioambientales han logrado articularse para incidir en políticas públicas y plantear salvaguardas vinculadas a la defensa de la Amazonía y de los pueblos tradicionales. En este marco, la Alianza Potencia Energética ha sido clave para conectar procesos, fortalecer iniciativas y comunicar avances de cada país, construyendo un horizonte regional de transición energética justa.
Las salvaguardas son la condición mínima para que la transición energética en Colombia no se convierta en un nuevo disfraz del extractivismo. Representan la voz de comunidades que se niegan a seguir siendo zonas de sacrificio y que, desde sus territorios, reclaman respeto, dignidad y permanencia. La construcción colectiva de estas propuestas demuestra que la justicia no se diseña desde el centro ni en negociaciones a puerta cerrada: se teje en las mingas, en las asambleas barriales y en las comunidades que ya muestran que otro modo de producir y habitar la energía es posible.
Casos como el de El Pacífico en Medellín son ejemplo de esta capacidad de autogestión. El llamado al gobierno es claro: poner en el centro de la transición a las comunidades y a la naturaleza, no al negocio corporativo. Reconocer las salvaguardas como hoja de ruta vinculante es una forma de garantizar que este cambio no reproduzca despojo, desigualdades y violencias. Con ellas, la transición abre camino hacia la justicia ambiental y la autonomía territorial; sin ellas, seguirá siendo la instrumentalización de la esperanza bajo nuevas formas de control.
Es cierto que su aplicación enfrenta tensiones: proyectos impuestos bajo la fachada de la transición, estudios ambientales superficiales, licencias exprés que ignoran los tiempos comunitarios. Casos como la línea Colectora en La Guajira, que atraviesa más de 200 comunidades sin consulta previa efectiva, muestran la magnitud de estos conflictos. También hay desafíos internos, como la fragmentación organizativa, la cooptación de liderazgos y el riesgo de que las salvaguardas se conviertan en letra muerta. De ahí la importancia de fortalecer liderazgos, promover la formación en gestión de proyectos energéticos y, sobre todo, reconocer los saberes y haceres propios para mantener vivo este instrumento.
A partir de los encuentros realizados este año, las comunidades han plasmado estas salvaguardas como hoja de ruta, como herramienta de negociación y, sobre todo, como propuesta para defender los territorios frente a un modelo que ha contaminado aguas y suelos, roto economías locales y debilitado prácticas de vida digna. El mensaje que resuena desde los territorios es contundente: la transición energética será justa, popular y comunitaria, o no será; con ellas, se abre la posibilidad de sostener la vida, la autonomía y la justicia que este tiempo histórico exige.
Para conocer más sobre esta iniciativa: https://salvaguardas.org/
