Por: Juan Alejandro Echeverri y Ana Sofia Ramírez
FINCA TIERRA PROMETIDA, Cesar/ El campesinado lleva décadas sembrando derechos antes de que fueran reconocidos y nombrados como tal, así lo señaló Santiago Salinas del Ministerio de la Igualdad en el acto de apertura de la VIII Asamblea del Coordinador Nacional Agrario (CNA). Prueba de ello es el Acto Legislativo 01 de 2023, que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección, algo que el CNA empezó a exigir desde 2010. Los tiempos del Estado no están sincronizados con las agendas del campo. Por eso, complementó el mismo funcionario, “la dirección que tomen las instituciones estatales son las que ustedes marquen con la lucha y la movilización”.
El máximo espacio de construcción, debate y orientación política del CNA, que inició ayer y finalizará el viernes 21 de noviembre, se desarrolla en tierra recuperada. Puntualmente en la Finca Tierra Prometida, ubicada en la vereda Palestina de Pailitas, municipio del sur del Cesar. Hace 8 meses, más de 90 familias campesinas osaron tomar posesión de las 6.286 hectáreas que comprende el territorio.
Desde febrero de 1997, año de su fundación, el CNA ha reclamado la redistribución de la tierra. Que su Asamblea tenga lugar en el Cesar, tiene mucho simbolismo. La organización eligió el corazón del despojo. Según los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1985 y 2015 el conflicto armado dejó en este departamento del norte de Colombia 300.000 personas desplazadas. Ese robo planificado convirtió el territorio en un desierto verde para la ganadería extensiva y la siembra de palma. Los datos publicados por Fedepalma en 2020 cifran en 77.869 las hectáreas sembradas con palma de aceite en el departamento, lo que equivale a una extensión mayor a la de varias ciudades capitales.
En el primer día de Asamblea, la junta directiva dio un informe detallado de la gestión realizada entre 2022 y 2025. En los próximos días, las cerca de 800 personas que asistieron al evento discutirán la hoja de ruta política que determinará lo referente al trabajo de jóvenes, mujeres, internacionalismo, economía campesina, derechos humanos, política agrominera, enfoque sobre cultivos de uso ilícito, y, en especial, la Reforma Agraria Integral y Popular.
La multicrisis del campo colombiano
Uno de los principales problemas de Colombia en el tema agrario es el hambre y la desnutrición: 20 millones de colombianas y colombianos no pueden comer tres veces al día. Las razones que explican esta cifra son varias: de los 114 millones de hectáreas que tiene el país, los campesinos y campesinas trabajadores del campo —que son casi 5 millones— tienen 4 millones de hectáreas, parceladas en pequeños minifundios que no suelen superar las dos hectáreas.
Además, el 46 % de la población rural vive en pobreza monetaria y el 80% en la informalidad laboral; el campo tiene los peores indicadores en vías, salud, educación, agua potable y alcantarillado; y el país padece una dependencia alimentaria que lo obliga a importar 12 millones de toneladas de comida. Este estado de cosas está vaciando los campos colombianos. Si en 1938 el 63 % de la población colombiana vivía en la ruralidad, para el 2020 la cantidad se redujo al 18 %.
El despojo y la expulsión del campesinado no son cosa del pasado. El extractivismo minero y petrolero sigue demandando la explotación de los territorios; el narcotráfico, que es capaz de generar más divisas que el café, está más vivo que nunca; y los grandes monopolios de la agroindustria aprovechan las condiciones desiguales para condenar al exterminio al pequeño trabajador campesino.
No es posible que los 10 marranos de un pequeño parcelero compitan contra el casi millón que tiene la Fazenda, multinacional que también produce el maíz y la soya con los que los alimenta, además los comercializa luego como carnes frías y embutidos. Misma situación ocurre con otros monopolios como el del azúcar, manejado por empresas como Manuelita, entre otras, que hace unos años intentaron patentar la panela, un ingenio milenario del campesinado. Otro beneficiario de la excesiva concentración productiva es Nestlé, multinacional que produce y vende el 47,7 % de las pastas, el 50 % de las galletas, el 53 % del chocolate y el 51 % del café molido que se consigue en el mercado.
Los abonos necesarios para cosechar papas y diversidad de legumbres tampoco escapan de la lógica monopolizadora. Monómeros y Yara producen el 85 % de los bultos que se venden en el país; y el 98 % de los plaguicidas son traídos de afuera. Los tentáculos de los grandes capitalistas del agro acaparan toda la cadena productiva: la siembra y cosecha; la transformación; y la comercialización final: tiendas como Éxito, Ara, Alkosto y D1, que surte de productos básicos a las familias colombianas y pertenecen a grandes megarricos como Luis Carlos Sarmiento Angulo, generan alrededor de sesenta billones anuales.
TECAM, reforma agraria de hecho
El CNA no tiene una propuesta terminada sobre la Reforma Agraria Rural Integral y Popular. Pero tiene avances que serán complementados y profundizados durante su VIII Asamblea. Un punto de partida es la certeza de que una reforma de tal magnitud debe atacar el hambre y el deterioro ambiental causado por la forma en la que hoy se produce lo que comemos. También está clara la urgencia de redistribuir la tierra y los medios necesarios para producir y transformar lo que se siembre en ella. Otra de sus convicciones política es la disposición a materializarla con otras organizaciones, evitar la fragmentación y articular al trabajador rural con los trabajadores que, por ejemplo, abastecen las estanterías de las tiendas de cadenas. Otra certeza no menos importante, es que los fondos públicos deben financiarla y las manos campesinas a través de cooperativas comunitarias deben materializarla.
Una gran propuesta como la Reforma Agraria Integral y Popular necesita responder grandes interrogantes: qué, cómo y para qué se dispone a producir la tierra. Como plataforma campesina nacional, integrada por 48 organizaciones de toda Colombia, el CNA propone un reordenamiento del territorio, basado en la función social de la tierra y la soberanía alimentaria.
Un instrumento que durante estos años ha permitido concretar asuntos que suenan tan etéreos, son los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), nueva forma de territorialidad campesina que está orientada de acuerdo a las visiones, necesidades, intereses y decisiones propias de las familias, comunidades y organizaciones que pervivan en un determinado territorio.
En la IV Asamblea, realizada en 2013, el CNA mandató por primera vez la creación de los TECAM; los cuales fueron reglamentados y reconocidos años después a través del Decreto 780 de 2024. El 31 de octubre de 2025, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) aprobó la formalización del primer Tecam del país, habitado por 650 personas y ubicado en los municipios de Tamalameque, Chimichagua y Pailitas, en el departamento del Cesar. Hay otros 34 Tecam en lista de espera. El CNA se ha propuesto alcanzar la meta de 10 millones de hectáreas bajo la figura de Tecam; hasta el momento van cerca de 947.000.
Tras décadas de movilización y disputa institucional, el CNA ha cosechado varios hitos que en realidad son derechos arrebatados al Estado. Queda mucho sudor y mucho camino por labrar, como lo manifestó su actual presidente Adelso Gallo, en el acto de instalación de la VIII Asamblea, “la tierra sigue siendo el bien más preciado y el bien más codiciado”.
