Por: Valentina Cerón Berján
Creo firmemente que las elecciones presidenciales son un espejo.
No un espejo perfecto, por supuesto. Ninguna sociedad cabe por completo en una urna. Pero sí una fotografía de quiénes somos en un momento determinado. Allí aparecen nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras frustraciones, nuestras cosmovisiones y, sobre todo, nuestra idea de lo correcto.
Las elecciones no solo revelan quiénes somos. También revelan quién creemos que puede salvarnos. Y esa palabra, salvación, merece ser examinada con cuidado.
Yo, como el papa Francisco, le temo a los salvadores sin historia.
Pero como pareciera que una parte importante del país considera que Colombia necesita ser salvada, he decidido tomar esa idea en serio. Quizás tengan razón. Quizás efectivamente hemos llegado a un punto en el que las instituciones ya no bastan, la política tradicional agotó sus respuestas y necesitamos a alguien capaz de conducirnos hacia una redención nacional.
Así que antes de aceptar o rechazar esa tesis, quisiera hacer una pregunta mucho más sencilla: ¿Qué nos enseña la historia sobre los pueblos que buscaron ser salvados? Porque los discursos de salvación no son nuevos, son tan antiguos como la política misma. Y si algo me llama la atención es que los grandes desastres políticos de la historia rara vez comenzaron anunciándose como tal.
Ningún líder llega prometiendo persecuciones, ningún aspirante al poder anuncia que pretende restringir libertades o concentrar autoridad, ninguno se presenta como enemigo de la democracia. Llegan prometiendo salvación, reconstruir la patria, devolverle la grandeza a un pueblo herido; llegan prometiendo que ellos sí pueden arreglar lo que nadie más ha podido arreglar. Llegan queriendo ser el Ciro de Colombia.
En Alemania, por ejemplo, comenzó con una nación humillada tras la Primera Guerra Mundial, golpeada por la inflación, el desempleo y una profunda sensación de decadencia. Allí apareció un líder que prometía restaurar el orgullo nacional, rescatar la economía y devolverle la dignidad a un pueblo que sentía haber sido traicionado. Como suele ocurrir, los problemas eran complejos y las soluciones prometidas eran sorprendentemente sencillas. Y pocas cosas resultan tan seductoras como alguien que asegura tener respuestas simples para problemas que llevan décadas sin resolverse, como alguien con tres páginas de plan de gobierno.
Solo después llegó a Alemania la destrucción progresiva de las instituciones democráticas, la eliminación de la oposición política —o, como dice un sujeto: la destripación de la izquierda—, la persecución de minorías y uno de los mayores crímenes de la historia de la humanidad: el Holocausto.
Italia ofrece otra lección. Durante los años veinte, amplios sectores empresariales y conservadores vivían aterrados por la posibilidad de una revolución socialista —parecida al fantasma del castrochavismo—. Nada moviliza tanto políticamente como el miedo. Después de todo, es mucho más fácil vender una cruzada contra el apocalipsis que una propuesta de reforma tributaria. En fin, necesitaban orden, autoridad, alguien que pusiera límites a una amenaza que consideraban existencial. Y entonces apareció un hombre dispuesto a ofrecer exactamente eso. Lo que vino después fue un régimen que restringió libertades civiles, persiguió opositores políticos, encarceló y exilió disidentes, fortaleció aparatos de vigilancia y convirtió la diferencia política en una amenaza para la nación.
Y luego está Chile. Porque si alguien cree que estas reflexiones pertenecen únicamente a la Europa de hace un siglo, basta con mirar nuestra propia región. Durante años, la dictadura militar chilena fue presentada por muchos de sus defensores como una intervención necesaria para salvar al país del colapso. La narrativa era familiar: la patria estaba en peligro, las instituciones habían fracasado y las circunstancias exigían medidas excepcionales. Hoy sabemos cómo terminó esa historia: con desapariciones forzadas, con torturas, con persecución política, con miles de víctimas cuyos derechos fueron sacrificados en nombre de una supuesta salvación nacional.
Todas estas historias son distintas. Alemania no fue Italia e Italia no fue Chile. Los contextos y protagonistas eran diferentes. Pero existe un patrón que se repite con inquietante frecuencia: la nación está en crisis; las instituciones son insuficientes; los políticos tradicionales han fracasado; o, como dicen por ahí, “esto son los de nunca contra los de siempre”; la situación es tan grave que exige soluciones extraordinarias. Y entonces aparece alguien dispuesto a encarnar la respuesta, alguien que promete restaurar el orden; la patria (“milagro”).
Y entonces me surge una duda que no logro sacarme de la cabeza: ¿Por qué las sociedades dejan de confiar en las instituciones y empiezan a confiar en individuos?
Tal vez porque las instituciones no emocionan.
Los salvadores, sí.
Las instituciones prometen procedimientos.
Los salvadores prometen milagros (y, siendo honestos, los milagros tienen un departamento de marketing mucho mejor).
Las instituciones ofrecen límites.
Los salvadores ofrecen certezas.
Y la historia parece enseñarnos que cuando una sociedad empieza a enamorarse de las certezas absolutas, debería comenzar a hacerse preguntas. No solo sobre quién la va a salvar, sino sobre por qué siente que necesita ser salvada.
Pero bueno, supongamos que usted y yo coincidimos en algo: Colombia necesita ser salvada. Capaz sí nos acercamos a la decadencia humana. Capaz estamos a dos pasos del colapso civilizatorio y a uno de terminar en los sótanos del infierno. Y antes de que llegue el demonio marxista a llevarse nuestras almas, tendremos que elegir a nuestro salvador. Así que hagamos lo que cualquier creyente responsable haría antes de entregar su fe: examinemos al mesías.
Porque, otra vez, yo, como el papa Francisco, le temo a los salvadores sin historia.
Y gobernar Colombia no parece precisamente una tarea sencilla. Estamos hablando de un país de más de cincuenta millones de habitantes, del vigésimo quinto país más extenso del planeta, con una de las geografías más complejas del mundo, una guerra de más de medio siglo y una capacidad infinita para convertir cualquier problema sencillo en uno extraordinariamente complicado.
Sin embargo, el arquitecto de la patria milagro nunca ha sido alcalde, gobernador, congresista ni administrador de una gran entidad pública. Y claro, dirigir empresas también es administrar. Pero administrar una empresa y administrar un Estado no son exactamente la misma cosa. Una empresa existe para generar utilidades. Un Estado existe para garantizar derechos, reducir vulnerabilidades y procurar bienestar colectivo. En una empresa, si algo no produce ganancias, se elimina. En un Estado, por fortuna, los seres humanos todavía no funcionan bajo esa lógica.
Pero insistamos en que construir imperios empresariales basta para gobernar una nación. Según una investigación de La Silla Vacía, el futuro gerente de la redención nacional tenía cinco empresas activas en Colombia para 2025. De ellas, cuatro presentaban resultados contables bastante poco milagrosos, incluyendo pérdidas de decenas y hasta cientos de millones de pesos. Aunque, siendo justos, perder dinero no convierte a nadie en mal gobernante. Si así fuera, medio país estaría inhabilitado para opinar sobre economía.
Lo que muchos colombianos sí consideran indispensable es tener un exorcista para enfrentar la llegada del demonio marxista. ¿Y quién podría culparlos? Después de décadas escuchando que estamos a tres semanas de convertirnos en Venezuela, es natural que algunos quieran agua bendita, crucifijos y un candidato presidencial.
Lo curioso es que el gran exorcista del marxismo ejerció como abogado de uno de los personajes más controvertidos asociados al régimen venezolano: un hombre señalado durante años de actuar como operador financiero clave del gobierno de Nicolás Maduro. Se le ha acusado de obtener contratos multimillonarios con el Estado venezolano, participar en esquemas de importación de alimentos para el programa CLAP —en los que se denunciaron sobreprecios y productos de baja calidad— y de ayudar presuntamente al gobierno venezolano a evadir sanciones internacionales.
Aclaremos algo fundamental para evitar sobresaltos jurídicos: no existe condena ni decisión judicial que establezca que el mesías colombiano participó en las conductas atribuidas a su cliente. Pero la pregunta sigue siendo interesante. Si el exorcista del marxismo defendió profesionalmente a quien muchos consideran una de las figuras más representativas del sistema que promete derrotar, ¿por qué deberíamos creer que es él quien viene a salvarnos de ese mismo sistema?
Y es que pareciera que los clientes controvertidos no son una excepción, sino una constante. El refundador nacional también participó en la defensa de uno de los protagonistas de DMG, aquel esquema de captación ilegal de dinero que durante años convenció a miles de colombianos de que la gravedad era opcional y que los rendimientos extraordinarios podían multiplicarse indefinidamente. La defensa fue breve, es cierto. Pero años después el propio empresario condenado acusó públicamente a su abogado de haber actuado de manera desleal y poco ética durante el proceso.
Y la lista continúa. El constructor de la patria milagro también ha representado a figuras condenadas o investigadas por vínculos con la parapolítica, entre ellas Jorge Visbal Martelo, Eleonora Pineda, Dieb Maloof y Rocío Arias. Antes de que alguien redacte una nueva demanda, vale la pena aclarar algo evidente: ser abogado de una persona no convierte automáticamente a nadie en cómplice de sus delitos. Eso sería absurdo. Los abogados tienen derecho a defender a quien consideren pertinente. Lo que me genera curiosidad no es la legalidad de esas defensas, es el patrón. Porque cuando un hecho aparece una vez, puede ser una coincidencia; cuando aparece varias veces, al menos merece una pregunta. Y las preguntas, hasta donde sé, todavía no son delito.
Pero claro, me dirán que el derecho nada tiene que ver con la ética.
Así que, antes de convertirme en la próxima estadística dentro de las denuncias penales y demandas que suelen acompañar a quienes escriben, investigan o preguntan demasiado sobre el arquitecto de la patria milagro, vale la pena hacer una precisión elemental: el abogado nunca fue condenado ni aparece vinculado judicialmente a los delitos atribuidos a ninguno de sus clientes. Fue, simplemente, su abogado.
Pero dejemos el pasado ahí. Después de todo, quedarse anclado en la historia parecería una actitud poco progresista. Supongamos que la hoja de vida no importa. Supongamos que las trayectorias no dicen nada. Supongamos que todo lo anterior es irrelevante, frente a lo que realmente importa.
Hablemos entonces del presente. O mejor aún: hablemos de las famosas tres páginas. Porque existe algo admirable en la fe de algunos seguidores del mesías republicano. Con apenas tres páginas de programa de gobierno logran visualizar el futuro de más de cincuenta millones de personas. Es un documento tan breve que el volante del corrientazo de cualquier restaurante de barrio suele contener más información sobre el almuerzo del día que ellos sobre el destino del país. Quienes han tenido la osadía de leer algo más que esas tres páginas y se han aventurado a escuchar discursos, entrevistas y declaraciones públicas, habrán encontrado frases interesantes.
Por ejemplo, aquella promesa de defender la democracia “por la razón o por la fuerza”. Confieso que la primera parte me tranquiliza. La segunda me genera preguntas. ¿Qué significa exactamente la fuerza? Porque en una democracia liberal el monopolio legítimo de la fuerza corresponde al Estado dentro de límites constitucionales muy específicos. Cuando un político promete defender la democracia mediante la fuerza, uno esperaría alguna explicación adicional. Tal vez exista. Tal vez soy yo quien no logra comprender la profundidad filosófica de la frase.
Pero la historia latinoamericana me ha enseñado a desconfiar de cualquier proyecto político que considere que la democracia necesita ser protegida mediante herramientas que terminan pareciéndose demasiado a aquello de lo que supuestamente la protegen. También me preocupa la facilidad con la que algunos líderes convierten a sus adversarios en enemigos. No contradictores u opositores. Enemigos. “Miserables”. “Delincuentes”. Y en un país como Colombia, donde la violencia política no es un capítulo lejano de los libros de historia, sino una herida todavía abierta, ese lenguaje debería preocuparnos.
Porque aquí ya vimos lo que ocurre cuando ciertas ideas políticas dejan de ser consideradas legítimas y empiezan a ser consideradas exterminables. La Unión Patriótica perdió miles de militantes y simpatizantes en un proceso de exterminio sistemático que se extendió durante décadas. Por eso, cada vez que escucho promesas de “destripar” políticamente a la izquierda, me pregunto si realmente somos conscientes del peso histórico que tienen ciertas palabras. Las democracias no se construyen eliminando opositores. Las democracias se construyen aceptando que los opositores también tienen derecho a existir.
Luego vienen las propuestas.
Una de las más llamativas es la creación de una “primera línea de seguridad” integrada por reservistas, veteranos y civiles para trabajar junto a la Policía en la lucha contra la delincuencia. Muchas cosas suenan bien antes de que uno abra un libro de historia. Porque existe un pequeño detalle que algunos parecen pasar por alto: una de las bases del Estado moderno consiste precisamente en que el uso legítimo de la fuerza pertenece al Estado y no a particulares. Cuando empezamos a difuminar esa frontera, las cosas suelen ponerse interesantes. Y por interesantes quiero decir peligrosas.
Las Convivir, por ejemplo, nacieron como asociaciones de vigilancia rural destinadas a colaborar con las autoridades. En la práctica, muchas terminaron infiltradas por estructuras paramilitares o compartiendo recursos, miembros e información con grupos de autodefensa. Qué curiosa insistencia tiene la historia en aparecer justo cuando nadie la invitó. Quizás los colombianos deberíamos acostumbrarnos a que civiles participen cada vez más en tareas de seguridad. Después de todo, quienes suelen apoyar estas iniciativas rara vez imaginan que serán ellos o sus hijos quienes terminarán asumiendo esos riesgos.
Ahora bien, tal vez usted no vive en una zona rural. Tal vez la seguridad no sea su principal preocupación. Tal vez lo que le importa es la economía, las relaciones internacionales, la inversión, la estabilidad. En ese caso, el profeta de las tres páginas también tiene propuestas interesantes.
En uno de sus trinos escribió: “¡No a la ONU y no a la JEP!”. Debo reconocer que admiro la capacidad de síntesis. Desmontar décadas de construcción institucional nacional e internacional en apenas seis palabras es un talento que pocas universidades enseñan.
Comencemos por la ONU.
Colombia no puede simplemente levantarse un martes cualquiera y decidir que ya no quiere participar en uno de los principales organismos multilaterales del planeta. Pero incluso intentar deteriorar o reducir drásticamente esa relación podría traer consecuencias evidentes: menor respaldo diplomático, deterioro de la imagen internacional, tensiones con socios estratégicos y pérdida de espacios de cooperación fundamentales para temas como migración, implementación de acuerdos de paz, protección ambiental o lucha contra el narcotráfico.
Y luego está la JEP.
La Jurisdicción Especial para la Paz no es un adorno decorativo que pueda retirarse con un trino. Hace parte del ordenamiento jurídico colombiano y está vinculada al cumplimiento de compromisos internacionales derivados del Acuerdo de Paz. Su eventual eliminación requeriría transformaciones constitucionales profundas. Lo cual resulta curioso. Porque pareciera que algunos le tienen terror a las reformas constitucionales cuando las propone el adversario político, pero las encuentran perfectamente razonables cuando sirven para ejecutar su propio programa de gobierno.
Ahora bien, supongamos que todo eso se logra. Supongamos que debilitamos la relación con organismos multilaterales, generamos incertidumbre sobre compromisos internacionales y cuestionamos pilares fundamentales del proceso de paz. La pregunta es sencilla: ¿Qué inversionista ve ese panorama y piensa inmediatamente “qué excelente lugar para traer mi dinero”? Yo no lo sé. Pero sospecho que no son muchos.
Y claro, siempre queda la alternativa de invertir en cárceles. Muchas cárceles. Diez megacárceles. Porque si algo caracteriza a los proyectos de salvación nacional es que siempre tienen una fascinación particular por construir muros.
La JEP costó cerca de 700.000 millones de pesos en 2025. Una sola megacárcel como el CECOT salvadoreño costó aproximadamente 460.000 millones. El futuro administrador de los milagros propone diez. Yo no soy economista. Por eso dejo las matemáticas a quienes sí saben. Pero incluso sin calculadora, parece evidente que la discusión no debería limitarse a cuántas cárceles podemos construir, sino a qué dejamos de financiar para construirlas. Escuelas, universidades, programas culturales, atención a víctimas, protección ambiental. Porque los presupuestos públicos tienen una característica bastante incómoda: no son infinitos.
Y finalmente llegamos a la pregunta que realmente me interesa.
No es si Colombia necesita un salvador. Sino, ¿qué clase de salvador estamos dispuestos a aceptar? Porque detrás del semidiós de turno encontramos a una figura que ha protagonizado episodios públicos por los cuales una jueza le ordenó retractarse y ofrecer disculpas por vulnerar derechos fundamentales de una periodista. Encontramos a alguien cuestionado por episodios relacionados con maltrato animal. Encontramos a alguien que compara el fracking con una simple obra civil en uno de los países más biodiversos del planeta.
Y entonces vuelvo al punto inicial. Creo que esta elección no trata únicamente sobre economía, seguridad o ideología. Creo que trata sobre ética.
Porque quienes defienden al Ciro colombiano suelen quedarse en el terreno de la moral: el bien contra el mal, los buenos contra los malos, los ciudadanos de bien contra los demás.
Yo propongo una discusión distinta. La ética no pregunta quién es bueno. La ética pregunta por qué consideramos bueno aquello que consideramos bueno. Y para responder esa pregunta hacen falta más cosas que TikToks, cadenas de WhatsApp, imágenes creadas con inteligencia artificial y trinos virales. Hacen falta libros, historia, memoria. Y, sobre todo, la inusual práctica de pensar.
