Por: Caribe Investigación
A la grave situación de riesgo que sufre la subregión Centro del departamento del Atlántico (municipios Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo), advertida por la Defensoría del Pueblo el pasado 30 de agosto, se suma un Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Estructural No. 022 de 2023, en el cual concluye que persiste y se profundiza un escenario de riesgo para los municipios Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Galapa y Malambo.
En el informe de la Defensoría del Pueblo se señala que se han mostrado signos de recrudecimiento durante el periodo 2023-2026 en el Área Metropolitana de Barranquilla (AMBQ). Hace poco más de una semana, basados en la Alerta Temprana 019 de 2026, indicamos que el Centro del Atlántico se había convertido en un laboratorio de violencia por la forma como se fue configurando y expandiendo el control armado ilegal en los municipios que componen esta subregión.
El Informe de Seguimiento lo que hace es ratificar lo que analistas vienen advirtiendo desde hace años: una reconfiguración lenta pero persistente y profundamente violenta del crimen organizado y el paramilitarismo en todo el departamento, lo que hace comparar el contexto actual con la década de 2000, cuando las AUC se tomaron el Atlántico e impusieron un régimen de control social y económico a través de la amenaza y la extorsión.
La diferencia es que hoy operan distintos grupos armados, con bandas y pandillas locales al servicio de estos, quienes además liberan una guerra por el control territorial de corredores estratégicos tanto en el Área Metropolitana como en el Centro y Sur del departamento.
El documento de la Defensoría advierte que las estructuras criminales con incidencia en el Área Metropolitana conservan su capacidad de control territorial, regulación violenta de economías ilegales y mecanismos de intimidación sobre la población civil. Persiste el riesgo y presenta manifestaciones de recrudecimiento, lo que refleja la capacidad de las estructuras criminales para reconfigurarse y adaptarse a las acciones institucionales, señala el informe.
Homicidios y violencia letal
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe de seguimiento es el comportamiento de los homicidios en la región. En 2023 se registraron 733 casos en el AMBQ, cifra que ascendió a 880 en 2024, un incremento de 20.1%. La tasa por cada 100.000 habitantes pasó de 32.58 a 38.77.
Aunque en 2025 se observó una reducción a 755 homicidios, la Defensoría explica que la disminución obedeció principalmente a una tregua informal entre algunas facciones criminales y no a una desarticulación estructural de los grupos armados. Por lo tanto, los factores de riesgo se mantuvieron intactos.
Es más, al corte del 30 de abril se registraron 338 homicidios durante 2026. Lo que implica una tendencia al alza que puede cerrar el año con cifras superiores a las de 2025.
Al igual que la Alerta Temprana 019, el informe de seguimiento de la Alerta Estructural de 2023 identifica cinco estructuras principales que operan en la región: las AGC, autodenominadas Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con presencia en corredores logísticos y portuarios. Los Pepes, estructura urbana con incidencia en Barranquilla, Soledad y Malambo. Los Costeños, Los Rastrojos Costeños y estructuras locales “tercerizadas”, que incluyen redes barriales y juveniles.
Poblaciones vulnerables
Una de las mayores inquietudes radica en las afectaciones contra niños, niñas y adolescentes, ya que se documentaron casos de homicidios de menores de edad en ataques armados, así como el reclutamiento y utilización de jóvenes por parte de estructuras criminales.
Varios menores de edad han sido víctimas de masacres y ataques armados en espacios comunitarios. También han sido víctimas de desaparición y homicidio, como es el caso de las hermanas Sheerydan Sofía Hernández Noriega (14 años) y Keyla Nicolle Hernández Noriega (17 años), reportadas como desaparecidas y halladas sin vida en zona rural de Malambo.
Acerca de la instrumentalización y el reclutamiento, la Defensoría refiere que, en diciembre de 2024, un operativo en la vereda Las 300 (Galapa) encontró a 60 jóvenes, algunos menores de edad, presuntamente vinculados al EGC en actividades de captación.
Las violencias basadas en género muestran cifras alarmantes. En 2024, el departamento del Atlántico registró 77 mujeres asesinadas, de las cuales 11 fueron tipificadas como feminicidios. El 80% de estos casos se concentró en el Área Metropolitana de Barranquilla. La Defensoría agrega elementos importantes:
- La mayoría de los homicidios de mujeres se cometen mediante sicariato, lo que evidencia su relación con dinámicas de criminalidad organizada y control territorial.
- La feminización de la pobreza incrementa la vulnerabilidad: las mujeres son presionadas a asumir deudas, actuar como intermediarias en economías ilícitas o sufrir violencia sexual y retaliaciones.
Liderazgos sociales y comunitarios padecen igualmente la violencia criminal, según el informe de seguimiento. Entre 2023 y 2026, se documentaron 108 casos de agresiones contra liderazgos sociales en el Atlántico, de los cuales el 65% se concentra en el Área Metropolitana de Barranquilla.
Esto se agrava con el patrón y cifras relacionados con los homicidios, consolidados como la principal expresión de la violencia criminal. El aumento de los homicidios de 20.1% entre 2023 y 2024 también se extendió a municipios periféricos como Galapa y Puerto Colombia, lo que significa una expansión hacia los corredores que conforman el Área Metropolitana.
Modalidades de Homicidio
Según el informe, se pueden identificar nueve tipologías de homicidio, cada una con funciones específicas dentro del escenario de riesgo. Mencionaremos las de mayor impacto:
Sicariato. Constituye cerca del 90% de los homicidios. Refleja la existencia de mercados criminales organizados, redes de pago y estructuras de mando.
Masacres. Se documentaron al menos 20 masacres con aproximadamente 70 víctimas mortales entre 2023 y 2026.
Homicidios con sevicia. Incluyen desmembramientos, exposición pública de restos y tratos crueles. Retaliaciones entre estructuras o asesinatos en el marco de disputas por control territorial, drogas o extorsión. En ocasiones se ha extendido a familiares, parejas o colaboradores de los actores involucrados.
Asesinatos por extorsión. Las víctimas son quienes se niegan a pagar “impuestos” ilegales. Afectan a comerciantes, transportadores, tenderos y trabajadores informales.
También identifica otra forma de violencia poco menos visible, relacionada con disputas por tierras: ocupación, apropiación o comercialización de predios urbanos y periurbanos. Sectores como Pinar del Río, Altos de Pinar del Río, La Loma y El Rubí, corredor Barranquilla-Galapa, áreas entre Soledad, Galapa y Malambo y la zona costera de Puerto Colombia son escenarios de estos conflictos.
Lo anterior es un patrón que se repite en varias ciudades del Caribe; por ejemplo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada vienen influyendo en la comercialización de predios en las áreas rurales de Santa Marta, todo bajo coacción y amenaza.
Un dato adicional de este informe. Lo que la Defensoría llama población civil no vinculada, es decir, aquellas víctimas sin participación en economías ilícitas, afectadas por ataques indiscriminados o errores de identificación, termina por desmontar la narrativa policial que etiqueta este tipo de homicidios como “ajustes de cuentas” entre delincuentes.
La extorsión se ha consolidado como uno de los principales mecanismos de control económico y social en el Área Metropolitana, con impacto principalmente en comerciantes, transportadores y motocarristas, docentes y personal educativo y propietarios de pequeños negocios. La Defensoría ha documentado varias modalidades: “Tributaciones” ilegales, llamadas y videollamadas extorsivas, panfletos intimidatorios.
