Por: Rule of Law Lab, Facultad de Derecho de la Universidad de New York
El Laboratorio del Estado de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) publicó hoy un reporte que documenta cómo el gobierno del presidente Daniel Noboa ha tomado represalias contra la Corte Constitucional de Ecuador por hacer respetar los límites constitucionales al poder Ejecutivo. El reporte concluye que la intimidación a los jueces constitucionales, las investigaciones como represalia y los intentos de debilitar las facultades de la Corte amenazan la independencia del principal contrapeso institucional independiente frente al Ejecutivo en el país.
En los últimos años, distintos gobiernos latinoamericanos han recurrido nuevamente a políticas represivas de «mano dura» como respuesta al aumento del crimen en la región. Ecuador se ha convertido en uno de los ejemplos más notorios de esta tendencia regional, siguiendo el modelo de seguridad impulsado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, uno de los principales exponentes de este enfoque. Desde que asumió el cargo en noviembre de 2023, el presidente Noboa ha respondido a la escalada de violencia criminal decretando sucesivos estados de excepción, declarando la existencia de un «conflicto armado interno», desplegando a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y recurriendo a políticas represivas en materia de detención. Estas medidas han ido acompañadas de un marcado aumento de graves violaciones de derechos humanos y de un deterioro más amplio de los controles y contrapesos que protegen la democracia y el Estado de derecho.
En este contexto, la Corte Constitucional del Ecuador ha desempeñado un papel crucial en la defensa del Estado de derecho en el país. Si bien ha respaldado de manera consistente las medidas de seguridad que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución, también se ha pronunciado en contra de los esfuerzos del presidente Noboa y de su partido gobernante, Acción Democrática Nacional (ADN), por expandir el poder del Ejecutivo más allá de los límites constitucionales mediante estados de excepción y leyes de «urgencia económica» sujetas a un trámite legislativo abreviado. De este modo, la Corte ha ejercido precisamente el control sobre el Poder Ejecutivo que exige su mandato constitucional.
Desde agosto de 2025, y en represalia por el ejercicio de este control de constitucionalidad, el Poder Ejecutivo ha emprendido una campaña cada vez más intensa contra la Corte que amenaza su independencia. Este reporte documenta esa campaña de represalias y pone de relieve la urgencia de defender la independencia de la Corte Constitucional, principal contrapeso independiente al Poder Ejecutivo en el país.
En una democracia, la crítica a las decisiones judiciales está protegida por el derecho a la libertad de expresión y constituye un elemento fundamental del debate público. Sin embargo, como se demuestra en este reporte, los ataques del Poder Ejecutivo contra la Corte Constitucional del Ecuador y sus jueces exceden claramente los límites de la crítica legítima y constituyen amenazas a la independencia judicial. Estos ataques, que no se sustentan en el contenido de sus decisiones, configuran un patrón dirigido a: (i) deslegitimar públicamente a la Corte; (ii) intimidar y señalar públicamente a sus integrantes; (iii) utilizar procesos penales como mecanismo de represalia contra jueces que emiten decisiones contrarias al Gobierno; (iv) limitar la competencia de la Corte y menoscabar su independencia; e (v) imponer restricciones administrativas que obstaculizan el funcionamiento de la Corte.
i. Deslegitimación pública de la Corte Constitucional
La campaña de represalias del Gobierno se inició tras la admisión de acciones públicas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el Ejecutivo y la adopción de medidas cautelares que suspendieron provisionalmente algunas de sus disposiciones. El 12 de agosto de 2025, tras la suspensión provisional de varias disposiciones legales en materia de seguridad pública, el presidente Noboa encabezó personalmente una marcha contra la Corte. Previo a la movilización, la exministra de Gobierno Zaida Rovira y el expresidente de la Asamblea Nacional Niels Olsen, junto con personal militar, calificaron a la Corte de «enemiga del pueblo» en cadena nacional.12 Estos señalamientos formaron parte de una campaña más amplia de desinformación —que incluía mensajes coordinados en plataformas digitales y vallas publicitarias— dirigida a canalizar hacia la Corte el descontento público por el aumento de la delincuencia y atribuirle responsabilidad por la violencia en el país.
ii. Intimidación y señalamiento público de jueces constitucionales
Durante la marcha del 12 de agosto, los rostros y nombres de los jueces de la Corte Constitucional fueron exhibidos en grandes vallas publicitarias, acompañados de mensajes acusatorios, contribuyendo a su estigmatización y aumentando los riesgos para su seguridad e integridad personal. El presidente Noboa declaró: «No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan sus caras, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante toda la sociedad». El día de la marcha, sin previo aviso, fueron retiradas las barreras de seguridad que protegían el perímetro de la Corte y se desplegaron vehículos blindados militares en sus alrededores. Semanas más tarde, una amenaza de bomba obligó a evacuar la Corte, agravando el clima de intimidación en torno a su labor.
iii. Utilización de procesos penales como mecanismo de represalia contra jueces constitucionales
En septiembre de 2025, después de que la Corte dispusiera la suspensión provisional de un decreto presidencial que convocaba a un referéndum sobre la instauración de una Asamblea Constituyente, una alta funcionaria del Gobierno sugirió públicamente que los jueces constitucionales podrían ser objeto de procesos penales por obstaculizar la convocatoria. En enero de 2026, la Contraloría General del Estado inició auditorías relacionadas con las declaraciones patrimoniales de seis integrantes de la Corte Constitucional, incluidos su presidente y vicepresidenta, tras la adopción de decisiones de la Corte desfavorables al Gobierno. Al menos dos de estos procedimientos han dado lugar a investigaciones penales por presunto enriquecimiento ilícito. Las auditorías de los demás integrantes de la Corte permanecen pendientes, por lo que podrían dar lugar a nuevas investigaciones.
iv. Limitación de la competencia de la Corte y menoscabo de su independencia
En agosto de 2025, el presidente Noboa propuso una reforma constitucional que habría permitido someter a los jueces de la Corte Constitucional a juicio político ante la Asamblea Nacional, pese a que la Constitución excluye expresamente la aplicación de este mecanismo a sus integrantes. La Corte rechazó la propuesta por considerarla una amenaza a la independencia judicial y a la separación de poderes. En septiembre de 2025, el Gobierno planteó otras reformas que habrían exigido una mayoría calificada de integrantes de la Corte para invalidar determinados actos promovidos por el Poder Ejecutivo.
Ese mismo mes, el Poder Ejecutivo también intentó eludir el control constitucional previo al que deben someterse las propuestas de modificación constitucional, al impulsar mediante decreto la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La Corte suspendió provisionalmente un primer decreto que había sido remitido directamente al Consejo Nacional Electoral sin someterlo previamente al control de constitucionalidad de la Corte. El Poder Ejecutivo expidió después un segundo decreto con la misma propuesta, que esta vez fue remitido por el organismo electoral a la Corte para el correspondiente examen de constitucionalidad. Los votantes rechazaron finalmente la propuesta en el referéndum del 16 de noviembre de 2025. El episodio puso de manifiesto la disposición del Poder Ejecutivo a eludir los mecanismos de control constitucional para lograr sus objetivos.
Estos esfuerzos se vieron asimismo acompañados de una iniciativa legislativa susceptible de menoscabar la independencia institucional de la Corte Constitucional, al conferir a la Asamblea Nacional atribuciones para intervenir en la terminación anticipada del mandato de sus jueces. En septiembre de 2025, la asambleísta de ADN Lucía Pozo presentó un proyecto de ley que conferiría a la Asamblea Nacional la facultad de determinar, por mayoría de dos tercios, la concurrencia de determinadas causales para poner fin anticipadamente al mandato de un juez constitucional. La atribución de esta competencia a un órgano de naturaleza política podría incrementar la injerencia política en la composición y continuidad de la Corte.
v. Restricciones administrativas al funcionamiento de la Corte
En agosto de 2025, la Contraloría General del Estado inició una investigación sobre la gestión administrativa de la Corte, requiriendo información detallada sobre su funcionamiento interno y los procesos de designación judicial. Dada la facultad de la Contraloría para determinar responsabilidades administrativas y remitir a la Fiscalía General del Estado indicios de responsabilidad penal, la medida presentaba un significativo potencial de presión sobre la institución. De manera paralela, el Ministerio de Energía y Minas inició actuaciones encaminadas a poner fin al acuerdo que permitía a la Corte ocupar el inmueble en el que funciona su sede y dispuso su desalojo sin previo aviso. Aunque la decisión fue posteriormente revertida, el episodio puso de manifiesto el potencial de las medidas administrativas para ejercer presión sobre la Corte e interferir con su funcionamiento. El Gobierno también retrasó el desembolso de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo destinados a la Corte, restringiendo aún más su capacidad operativa.
En conjunto, estas cinco líneas de actuación revelan una campaña de represalias del Gobierno contra la Corte Constitucional por ejercer su función de control constitucional y hacer respetar los límites constitucionales al ejercicio del poder. Estas acciones ponen en riesgo la independencia que la Corte necesita para cumplir su función de contrapeso frente al Poder Ejecutivo. Proteger la independencia de la Corte es indispensable para salvaguardar el Estado de derecho. Una política de seguridad que respete los derechos, la legalidad y la proporcionalidad no debilita la capacidad del Ecuador para hacer frente a la delincuencia; por el contrario, es una condición necesaria para que esa respuesta sea sostenible, legítima y eficaz. Los estados de excepción deben conservar su carácter excepcional. La política de seguridad debe permanecer sujeta a los límites constitucionales. La efectividad de esos límites depende, a su vez, de que la Corte Constitucional pueda ejercer plenamente su rol de contrapeso, sin intimidaciones ni represalias.
Este informe muestra que la Corte Constitucional del Ecuador ha desempeñado un papel crucial en la defensa del Estado de derecho frente a los repetidos intentos del presidente Noboa de ejercer amplias facultades extraordinarias con el argumento de combatir la delincuencia organizada. La Corte ha reconocido que la Constitución permite el uso de medidas extraordinarias, pero ha insistido en que la política de seguridad debe mantenerse dentro de los límites constitucionales. Ha ejercido control sobre el uso reiterado de los estados de excepción, ha rechazado, en diversos casos, la invocación de la causal de «conflicto armado interno» cuando el Poder Ejecutivo no ha justificado su configuración, ha limitado medidas adoptadas durante estados de excepción que carecían de suficiente respaldo y ha rechazado los intentos de utilizar el procedimiento aplicable a los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica y mecanismos de reforma constitucional para ampliar las facultades del Poder Ejecutivo más allá de los límites permitidos en la Constitución. Al hacerlo, la Corte ha ejercido precisamente el control de constitucionalidad que le corresponde conforme a su mandato constitucional. Las decisiones de la Corte también son coherentes con los estándares internacionales aplicables relativos a los límites de las facultades extraordinarias, la separación de poderes y el Estado de derecho.
En lugar de reconocer el control de constitucionalidad como una garantía indispensable del sistema democrático, el Gobierno de Noboa ha desplegado diversas medidas dirigidas a castigar y desalentar su ejercicio. Como se documenta en este reporte, estas medidas han tenido el efecto de desacreditar a la Corte ante la opinión pública, intimidar y exponer a sus integrantes, ejercer presión sobre jueces que han emitido decisiones contrarias al Gobierno mediante investigaciones patrimoniales y penales, restringir sus atribuciones institucionales e imponer restricciones administrativas a su funcionamiento.
Los ataques del Gobierno contra la Corte Constitucional constituyen una grave amenaza para la independencia judicial y el Estado de derecho en Ecuador. Esta situación exige una respuesta urgente de la comunidad internacional —medidas concretas para apoyar a la Corte, exigir al Gobierno rendición de cuentas y disuadir nuevas represalias—.
Los organismos internacionales y mecanismos de derechos humanos han condenado los ataques del Gobierno de Noboa contra la Corte Constitucional, advirtiendo que socavan las condiciones necesarias para el ejercicio independiente de la justicia constitucional. En agosto de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a Ecuador a «respetar y garantizar la independencia de la Corte Constitucional». Asimismo, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados advirtió que «cuando altos funcionarios califican a los jueces de “enemigos de la ciudadanía” por cumplir con su función, se pone en peligro la independencia del poder judicial», y que «estas declaraciones podrían constituir intentos de socavar la independencia judicial, lo que tendría un efecto disuasorio sobre la capacidad de los jueces para actuar con independencia y libre de presiones externas». Estos pronunciamientos son importantes, pero no han sido suficientes para detener la campaña del Gobierno contra la Corte. Se requieren medidas adicionales para evitar que Ecuador se deslice aún más hacia el modelo autoritario asociado a Bukele. Los actores internacionales —entre ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros mecanismos de la OEA, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, e instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo— deben dar seguimiento de manera continua y reforzar la presentación de informes públicos sobre los ataques contra la Corte. También deben incorporar la protección de la independencia judicial en su diálogo y sus relaciones con Ecuador.
Una política de seguridad que respete los derechos humanos, la legalidad y la proporcionalidad no es una limitación a la capacidad de Ecuador para hacer frente a la delincuencia violenta; constituye la base para que esa respuesta sea sostenible, legítima y eficaz. La Corte Constitucional ha desarrollado una jurisprudencia consolidada sobre las medidas extraordinarias de seguridad y ha reconocido que estas pueden ser constitucionalmente admisibles siempre que se mantengan dentro de los límites constitucionales. En consecuencia, los estados de excepción deben seguir siendo excepcionales, no un sustituto rutinario del régimen constitucional ordinario. Asimismo, la Corte Constitucional debe ejercer el control de constitucionalidad sin intimidaciones ni represalias, para asegurar que las medidas de seguridad se mantengan sujetas a la Constitución y al ordenamiento jurídico y no a la discrecionalidad irrestricta del Poder Ejecutivo. Una respuesta eficaz frente a la delincuencia violenta requiere un control constitucional independiente.
Para leer el informe completo, visite: www.law.nyu.edu/rule-law-lab/corte-constitucional-ecuador
