Puerto Oculto, Cesar – La carretera de tierra cuarteada por la que me lleva Auden, antes era ciénaga toda. Hace más de 10 años no se movilizan en motos sino en las canoas que ahora el tiempo pudre en los solares de Puerto Oculto.
Éste corregimiento de San Martín, Cesar, que colinda con Puerto Wilches y Rionegro, Santander, fue uno de los principales puertos pesqueros del departamento, si no el más importante. Tal era la abundancia, cuentan los mayores y mayoras, que pescaban más de diez arrobas en dos horas, salían camiones atestados para Bogotá, y aún así tenían que botar parte de lo pescado.
La caravana ambiental por la región de los dos ríos, que inició hoy en Puerto Oculto, es el primer grito de auxilio por los crímenes ambientales que privados y multinacionales cometen con la complicidad de las instituciones estatales.
En el caso de Puerto Oculto y alrededores, terratenientes de las familias Téllez y Navarro, alteraron el curso natural de los ríos que tributan a las ciénagas; levantaron jarillones; invadieron el ecosistema con búfalos capaces de destruir la vida biológica que encuentran a su paso; y poco a poco cercaron y se autodeclararon dueños de lo que no puede tener título de propiedad.
Tales agresiones ambientales son una revictimización para las comunidades que fueron desplazadas a finales de los noventas y principios del siglo por el grupo paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra’ de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas por Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada, cuyos familiares ahora están al frente de la Personería, la Unidad de Víctimas, la Inspectoría y otras dependencias de San Martín.
A pesar de esta campaña privada e institucional de revictimización, los procesos sociales de Puerto Oculto y la región de los dos ríos quieren “salvar lo poquito que queda”.
Las familias de Puerto Escondido han recuperado desde hace 6 años cientos de hectáreas que les fueron usurpadas. Una vez recuperada la tierra, también recuperan la posibilidad de sembrar y ser soberanos alimentarios, económicos y ambientales.
En el sur del Cesar, sur del Santander, sur de Bolívar, nordeste y Bajo Cauca Antioqueño -la gran región bañada por los ríos Cauca y Magdalena- saben que “el Estado quiere que las clases sociales golpeadas y campesinas dependan de que el Estado garanticen unos derechos mínimos. “Antes no había plata debajo de la almohada pero había mucha comida; nunca nos enseñaron que eso era riqueza”, afirma Jorge Tafur, vocero de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, sur del Cesar y sur de los santanderes, quien organiza la caravana y está integrada por más de 40 procesos.
Teófilo Acuña líder del Coordinador Nacional Agrario y de la Comisión, plantea que el propósito de estos delitos ambientales “no es abrirle paso al monocultivo de palma de aceite, ni a la cría de búfalo; es sacar a los campesinos para poner en marcha la explotación petrolera por medio del fracking”, cuyos pilotos se harán en San Martín y Puerto Wilches.
La caravana termina el domingo 18 pero la defensa del territorio parece no acabar. Y mientras haya tierra en las manos equivocadas, habrán campesinos empecinados en labrar otro destino.
