Por: Juan Alejandro Echeverri
Fotos: Yelitza Osorio Urrea
LA ESPERANZA-TEGUCIGALPA/Honduras Fui muy lector de cuentos desde niño, y me encantaba escuchar cuentos de ninfas: mujeres bellas evaporadas en los bosques, que cuidaban las aguas, las aves. Yo decía qué bonito si fuera cierto eso, y se hizo cierto. Ahora hay una gran ninfa bellísima en los bosques de todo el mundo y sobre todo aquí alrededor de la esperanza que el Copinh ha creado. Esa ninfa se llama Berta [Cáceres]. Berta anda por ahí en las ondas de las aguas, en los rumores de los pinos, anda vigilando si ustedes y nosotros, los que ya peinamos canas, seguimos esas vivencias que a ella le costaron la vida. El testimonio es de Joaquín Cardoza, íntimo amigo de la lideresa hondureña Berta Cáceres, asesinada en su casa el 2 de marzo de 2016 por dos hombres armados a sus 44 años.
10 años después, el domingo 1 de marzo de 2026, en el Centro de Encuentros y Amistad Utopía, donde cientos de asistentes, especialmente mujeres, conmemoraron la década de ausencia de Berta, Joaquín contó que antes del asesinato, él y su hija le dieron albergue durante dos meses a una Berta que se resguardaba de las amenazas de muerte que habían arreciado en su contra. Alquilaron una casa cerca de la suya, procurando no despertar sospechas en el vecindario, “pero Berta no se podía tener encerrada en un lugar. Era como esos pájaros con alas, y las alas son para volar”. “Don Juaca”, como le decía Berta, le recriminó porque su temeraria decisión de volver a La Esperanza, su pueblo natal, iba a costarle la vida. Meses después, los hechos le dieron la razón.
Gualcarque se llama el río que regó la popularidad internacional de Berta. Sobre el río sagrado para el pueblo indígena Lenca de Honduras, la empresa Desarrollos Energética S.A. (DESA) quería construir una hidroeléctrica, y contrató a la compañía estatal china de ingeniería Sinohydro, especializada en la construcción de este tipo de infraestructuras, para que materializara la obra. Desde que en 2013 la asamblea de la comunidad de Río Blanco decidió plantarse en el camino por el que debía pasar la maquinaria, Berta hizo parte y lideró la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca pensado a cuatro horas de La Esperanza, municipio boscoso del suroccidente del país centroamericano.
Tan pronto ocurrió el crimen, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que Berta fundó junto a otros compañeros en 1993 y del que era coordinadora hasta su pronta partida, exigió al Estado hondureño firmar un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que expertos independientes realizaran una investigación transparente y limpia. El asesinato de su coordinadora no paralizó al movimiento; el Copinh realizó asambleas, vigilias y recibió el apoyo del continente y el mundo. “Porque mi madre no se asesina, mi madre se siembra; y nace y renace. Esto que quisieron apagar hoy, este incendio que es la lucha del pueblo, lo único que hicieron fue prenderle más fuego porque quisieron apagar el fuego con gasolina”, dijo Laura Zúñiga Cáceres en medio de una multitud que alzaba antorchas encendidas el día del homicidio.
Tal como lo predijo su hija, quienes pretendieron infundir miedo y enterrar la lucha que orientó con tesón, consiguieron el efecto contrario. Berta puso en el mapa del continente y del mundo a un país hasta entonces insular en el escenario geopolítico y acostumbrado a ser otro vasallo con complejo de inferioridad de Estados Unidos. Ella, que según su cómplice amiga de militancia Melissa Cardoza, había sido capaz de interpretar y pensar su país por fuera de la caja negra de la democracia, el progresismo y el partidismo, se convirtió de a poco en un faro para el feminismo y el ambientalismo latinoamericano. Su asesinato no hizo más que engrandecer su figura y su legado. En tiempos en que los pueblos en resistencia y los nuevos mundos carecían de arquetipos, Berta se volvió una causa continental contra la impunidad hecha paisaje en esta parte del mundo.
Ante la presión que hizo el Copinh a nivel nacional e internacional, el banco holandés FMO, que financió la construcción de Agua Zarca, optó por retirarse del proyecto en 2017; el Banco Centroamericano de Integración Económica, la otra institución financiera que aportó al proyecto, se desvinculó en 2019. Los prestamistas no han sido acusados penalmente, pero el Copinh, los familiares de Berta y las ONG que les acompañan exigen que se juzgue su responsabilidad porque sostienen que dieron su apoyo financiero pese a conocer la violencia que envolvía el proyecto y su poca fiscalización del dinero permitió que fuera utilizado para vulnerar los derechos humanos.
Entre 2018 y 2019, la justicia hondureña declaró culpables y sentenció a siete personas: Sergio Ramón Rodríguez, funcionario de DESA encargado del diálogo con las comunidades; Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de la empresa y antiguo militar entrenado en EE.UU.; Mariano Díaz Chávez, Oficial de las Fuerzas Armadas; Henry Javier Hernández Rodríguez, Elvin Rápalo Orellana, Óscar Torres Velásquez y Edilson Atilio Duarte, autores materiales.
Pese a la caída de los primeros siete, para el Copinh la justicia y la verdad seguían incompletas mientras las estructuras financieras y los poderes empresariales que ordenaron y financiaron el feminicidio gozaran de impunidad. La justicia estatal siguió actuando a cuentagotas. Durante el juicio a David Castillo en 2021, la organización Lenca instaló un campamento que duró 90 días frente a la Corte Suprema de Justicia en la capital Tegucigalpa. Al año siguiente, el presidente ejecutivo de DESA S.A. y antiguo oficial de inteligencia militar fue sentenciado a 22 años de prisión por coordinar, contratar a los sicarios y gestionar el dinero para pagarles.
En 2023, la Fiscalía solicitó la captura de Daniel Eduardo Atala Midence por ser uno de los autores intelectuales del crimen. Los Atala son uno de los clanes empresariales más poderosos de Honduras; tienen participación en bancos, compañías en el sector energético y de infraestructura, son dueños de uno de los equipos de futbol más importantes del país y propietarios de Camosa, la distribuidora para Honduras de la maquinaria agrícola de la marca estadounidense John Deere. Las personas condenadas confesaron ante las autoridades que la cúpula de los Atala, accionistas mayoritarios del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, tomaron las decisiones estratégicas y presionaron para que se desarrollara el proyecto a pesar de las amenazas contra líderes indígenas que se oponían a la represa. El tiempo develaría luego que Daniel Atala, actualmente prófugo de la justicia, recurrió al tráfico de influencias para obtener permisos que le dieran vía libre al proyecto, autorizó la contratación de los sicarios, y pagó campañas comunicativas de desprestigio contra el Copinh. Un informe al que tuvo acceso el medio alternativo Contracorriente da cuenta de que al menos “3.628 publicaciones de ataque a Berta y al Copinh fueron difundidas entre diciembre de 2023 y abril de 2025: 3,480 en Twitter/X y 148 en Facebook, eso hace un promedio de diez ataques diarios. Los mensajes acusan al Copinh y a la familia Cáceres de narcotráfico, sobornos, manipulación de pruebas y extorsión”.
Semanas antes de la conmemoración que se realizó hace unos días en el Centro de Encuentros y Amistad Utopía, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el asesinato de Berta, publicó los resultados de una profunda investigación que reafirmó lo que el Copinh denunció durante una década. (Lea el informe completo de GIEI)
Berta Zúñiga, hija de Berta y actual coordinadora de la organización que también presidio su madre, destacó en el evento tres hallazgos que renuevan la indignación y, por que no, la esperanza: el primero es que unidades de inteligencia del Estado que escucharon conversaciones del militar Mariano Diaz Chavez, quien planificó el crimen y contactó a los sicarios, sabían del asesinato dos meses antes de que fuera ejecutado; lo segundo es que estructuras de alto poder de la empresa DESA tuvieron dominio de los hechos de la violencia surgida por el proyecto; y tercero, la certeza de que el 3 y 4 de marzo de 2016, DESA emitió tres cheques por un valor de 500.000 lempiras pagadas a los sicarios y cuya trazabilidad indica que el dinero provenía de los bancos involucrados en el proyecto.
El padre Ismel Moreno, sacerdote católico hondureño reconocido por su defensa de los derechos humanos y su apoyo a la causa Copinh, aseguró durante la conmemoración que en “estos 10 años de lucha ha quedado patente que la justicia hondureña está organizada a partir de la impunidad y para producir impunidades. Esa justicia es enemiga de la justicia de los pueblos. Es impensable que se logre arrancar respuestas de justicia por parte de quienes son productores de impunidad, si no es a partir de la presión. Es impensable que hayamos llegado a identificar que faltan los Atala si no hubiese existido presión a nivel local, nacional e internacional”.
Por su parte, de manera remota, Roxxana Marie Altholz, abogada que hizo parte del GIEI, afirmó que después de 11 meses de trabajo, el grupo de expertos encontró “un Estado profundamente capturado por elites económicas. En ese contexto, varias instituciones públicas no estaban orientadas para garantizar derechos, sino para proteger intereses privados muy poderosos. Las entidades que debían reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas fueron, paradójicamente, las menos eficaces”.
A 10 años del crimen, Berta Cáceres sigue convocando y alentando esa emancipación y esa radicalidad que pregonaba. Una manera de practicar la justicia propia, planteó una de las asistentes a la décima siembra, es mantener vivo al Copinh a pesar de que la voluntad de los poderes empresariales y estatales quisieron decapitarlo. Sin embargo, no conformes con eso —porque si estuviera viva Berta no se conformaría con eso—, este aniversario marca un nuevo hito en la búsqueda de verdad y justicia, que no terminará hasta que sean juzgados y condenados Daniel Atala, Jacobo Atala, José Eduardo Atala y Pedro Atala.
Además de ceremonias espirituales, un llamamiento global a la acción, remembranzas del pensamiento legado por Berta, una visita a su tumba y a la casa donde fue asesinada, durante el décimo aniversario de su asesinato, cientos de campesinas hondureñas y mujeres de otras nacionalidades marcharon por las calles de Tegucigalpa mientras gritaban: “Faltan los Atala”. La movilización se plantó en la sede capitalina de John Deere y a las afueras de la sede del Ministerio Público. También en las instalaciones del Palacio de Justicia, un edificio sencillo de tres plantas, pintado de un grisáceo pálido y en cuyas oficinas cuelgan cortinas tristes. Al momento de la manifestación, con sus escudos, sus armas y sus miradas inhumanas, más de 40 policías custodiaron la entrada del lugar donde opera la Corte Suprema de Justicia y desde donde mana la impunidad que indigna al Copinh. En el frontis de acceso, donde está incrustado el escudo de Honduras y el nombre del edificio en forma de u, la pared descascarada y agrietada es una metáfora visible de la justicia hondureña. La memoria y el legado de Berta Cáceres seguirán profundizando las grietas en ese muro de impunidad.
