Edición 178 Julio - Septiembre 2024

¡Acuerdo Humanitario Ya!: romper las cadenas de la violencia

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Por Human Conet, PCN y Juan Alejandro Echeverri

Cortarle una línea en este texto a Leila Andrea Arroyo duele tanto como el desdén del Estado y la sociedad colombiana. La reconocida lideresa de la zona urbana de Buenaventura es una de las voces compiladas ¡Acuerdo Humanitario Ya!, un documental producido por Human Conet y el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Esta memoria audiovisual indaga y enaltece el instinto libertario de los pobladores originarios del Pacífico colombiano; expone, sin adornos, los impactos de una violencia perversa que tiene a las comunidades “al borde de un exterminio étnico, cultural y social”; también amplifica el clamor del Litoral Pacífico por un Acuerdo Humanitario que le permita “permanecer, existir, persistir y ser” en el territorio. Compartimos un fragmento de la cátedra de Leila, guardiana y heredera de la lucha que iniciaron hace varios siglos sus ancestros:

¿Podrías contarnos la historia de Buenaventura y sus ríos? ¿Cuándo y cómo llegaron tus antepasados?
[Inicialmente] la zona urbana de Buenaventura estuvo en dos sectores: en San José del Río Anchicaya; y San Francisco en el río Naya. Los que nacimos en la zona urbana somos descendientes de pobladores de los ríos de Buenaventura, que son nueve, pero también del resto del litoral Pacífico; hacia la zona media, donde está el Chocó, y la zona sur, donde está la costa caucana y nariñense. Es un territorio de colonias de pobladores, especialmente población negra, que llegaron a lo que hoy es la zona urbana a través de procesos de migración en función de procesos de desarrollo económico por la construcción del ferrocarril, los terminales portuarios de Puerto de Colombia, y la construcción de Cartón Colombia.

Nuestros pobladores llegaron a partir de los procesos de cimarronaje, que era escaparse de las haciendas o de los enclaves mineros de los esclavistas hacia territorios inhóspitos, que en este caso era esta selva de este gran macro ecosistema de manglar, un territorio que no era habitado por poblaciones humanas. Nuestros antepasados lo hicieron habitable solamente ante una actitud y un espíritu libertario, asumiendo que la condición de vida en esclavización no era digna, así se estuviera respirando, se estuviera comiendo, se estuviera caminando, pero las condiciones de vida no eran dignas.

¿Cómo ha sido la vida de la gente negra durante los siglos en esta región y cómo han resistido para defender sus territorios?
Cuando nuestros ancestros llegaron acá en condición de cimarrones, fueron estableciendo espacios y adecuándolos para convivir. Lo que nos han contado es que cuando se escapaba uno de nuestros antepasados, hombre o mujer, tenían una tarea: ir dejando señales por dónde había sido su travesía y hasta dónde llegaba. Esas señales eran marcar árboles. También llevaban semillas en sacos, en sus bolsillos, las mujeres en el cabello, y las tenían que ir regando. Eso iba a permitir que meses después, cuando otro u otra lograba escaparse, iba a estar atento de las marcas en los árboles o iba a encontrar determinada mata crecida en un tamaño que [indicaba] por aquí más o menos pasó hace tres meses.

Posteriormente, lográndose el establecimiento de esos territorios libres, que denominaron palenques, se fue reconstruyendo nuevamente la comunidad que todavía estaba en el imaginario, en la memoria, esa comunidad que estuvo cuando estaban en el continente africano, en sus respectivos países, sus respectivas tribus. Somos pobladores que desarrollamos múltiples actividades conforme a lo que el espacio territorial natural provee.

¿Qué hemos hecho históricamente acá? Hemos sido agricultores, pescadores, carpinteros, labradores de embarcaciones, mineros artesanales, cazadores, artesanos, arquitectos de todas nuestras infraestructuras, no solamente familiares como la vivienda, como la Ramada, sino las infraestructuras comunitarias como la caseta comunal, la calle, el camino. Hemos sido ancestralmente pobladores que llegamos en la búsqueda de establecernos como población libre para volver a desarrollar autónomamente nuestra forma de vida, y establecer un espacio para que las nuevas generaciones no viviesen en la condición de esclavización de nuestros ancestros.

El Pacífico tiene una característica natural: los ríos que nacen en la zona andina, y empiezan a descender de manera perpendicular para caer al mar. Nosotros empezamos a poblar los ríos a la orilla, no fuimos a establecer los sitios habitacionales dentro de los bosques. Eso permitía que pudiéramos tener el río como una vía de transporte. También en la zona alta de los ríos, nuestros ancestros construyeron caminos en tierra a la luz de lo que orienta la quebrada como un recurso natural que sabe por dónde es el camino, ¿para qué nos ponemos a inventar más camino? El camino lo da lo que ya existe, lo natural.

Hay algo que me llama mucho la atención y es que para el año 94, el gobierno, pero especialmente los gobiernos departamentales, decían que el litoral Pacífico colombiano era una selva virgen, que no había comunidad, que había comunidad en la zona urbana de Buenaventura y partecita en la zona rural; que había población en Guapi, en Santa Bárbara (Timbiquí), en Tumaco, y en Bahía Solano hacia arriba, pero en el resto no había pobladores. En esa época, cuando fuimos a concretar lo que fue finalmente la Ley 70 y especificar dónde vivíamos nosotros aquí, los funcionarios decían: «pero cómo si allá no hay gente, eso es baldío». En nuestra norma constitucional, los territorios baldíos son donde no hay gente y, por lo tanto, son del Estado. La región Pacífica había sido definida como un baldío de la Nación. Ellos pensaban que cuando decíamos allá vivimos, era aquí en Buenaventura, no en Cajambre, en el Naya, en Mayorquin.

Cuando fuimos a hablar de la titulación colectiva, decían: «la titulación colectiva es allá en el río»; pero decían otros funcionarios: «eso es baldío, allá no hay gente». Y empezamos nosotros a hacer nuestros mapas de los ríos, con su mar, sus costas, pero empezamos a ubicar las distintas comunidades que existían respetando esas leyes naturales que dicta el territorio en sí mismo.

¿Cómo ha cambiado esa forma de vida?
Desafortunadamente, eso no es hoy igual. Hay cambios que no necesariamente son para bien. Entonces nos dicen: no, la casa está muy lejos, hágala más cerquita, no importa que se monte encima de la quebrada. En cambio, nuestros mayores, dicen: no, ahí está la quebraba, ella tiene su lugar, hágala más pacacito. Pero es que me queda muy lejos para recoger el agua, entonces hagámonos aquí en la orilla. Ese no escuchar al territorio nos tiene enredados, pero gracias a Dios todavía seguimos teniendo memoria y práctica de eso que nos dejaron nuestros ancestros.

Hoy tenemos una tensión en el cómo vivimos. Voy a ponerlo en el caso de lo urbano. ¿Me voy a comprar las verduras al supermercado de cadena, o voy y las compro a la galería? Yo que voy a ir a esa galería, que me voy a chispear, que me voy a embarrar, mejor me voy para el almacén de cadena que está trapeado, está brillante, pero tiene productos que no son los de la región, que están contaminados por la forma como los producen y después me enfermo.
Hay más tensiones en lo urbano y lo rural. Cuidamos el espacio territorial para nosotros y para las generaciones que vienen, desarrollando actividades que no tengan tanta implicación en materia de desarrollo tecnológico, sin productos químicos; o dejamos que entre la retroexcavadora para que nos den un porcentaje de lo que produce sacando oro. Ese 10%, ese 15% que me van a entregar es para que yo haga un puesto de salud. Pero ahora que está la retro, cuando me vaya a bañar el río, me va a salir chanda en la piel. Pero antes de que estuviera la retroexcavadora, yo me iba para el río y no me salía chanda en la piel, por lo tanto, no necesitaba el puesto de salud.

Esas contradicciones son a otras escalas. Entonces, ¿establecemos los terminales portuarios en la zona urbana de Buenaventura porque necesitamos más dinero para generar mejores condiciones de vida para los colombianos en el centro del país? Y ustedes acomódense ahí [donde puedan]. Nosotros como Proceso de Comunidades Negras, entre otras de las dinámicas organizativas, seguimos defendiendo el derecho no a vivir bien, exigimos el derecho a tener un espacio para vivir, y ese espacio se llama el territorio. No nos sirve comer en cualquier lugar, no nos sirve vivir en cualquier lugar, para nosotros es importante vivir en un territorio que mantenga sus condiciones naturales de vida, y donde nosotros somos uno más de los seres vivos que conviven ahí.

Y aquí estamos y seguimos en una línea, gracias a Dios y a lo que nos enseñaron los ancestros: el espíritu es libre. El espíritu no puede vivir encadenado, y ese espíritu libertario lo tenemos gracias a Dios muchos, porque también es algo que se transmite, no solamente genética sino culturalmente, y aquí estamos viviendo en Buenaventura y en el Pacífico con contradicciones muy fuertes, pero asumiendo la postura que nos corresponde como descendientes de aquellos que en peores condiciones resistieron. Sería el colmo, que nosotros hoy en mejores condiciones, que no tenemos cadenas, tenemos opción en algunos casos de escoger algunas cosas de hacer, antes no había ninguna opción; tenemos la opción de tener nombre y apellido, antes no teníamos esa opción, éramos seres sin alma. Entonces, aunque ahora tengamos cosas tan grotescas como las casas de Piqué, como la violencia que hemos desarrollado nosotros mismos entre seres humanos, aquello que vivieron nuestros ancestros con la esclavización, fue peor. Y siendo peor fueron lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente libertarios para decir esto no es posible que sea una verdad permanente. Esto tiene que ser transformado y aquí estamos… yo soy eso, los que estamos acá somos eso: el resultado de esa decisión, y si ellos lo hicieron con menos condiciones, pues nosotros tenemos la responsabilidad moral, de mantenernos en esta lucha.

¿Cuáles son los impactos del conflicto armado en las comunidades negras de Buenaventura y el Litoral Pacífico?
A mediados de los 70 y principios de los 90, tuvimos un fenómeno que se le llamó los polizontes. La gente del Litoral Pacífico se iba en la parte de abajo de los barcos que salían de Puertos de Colombia. Era gente de aquí, que se va de manera ilegal, llegaban a Estados Unidos y desarrollaban actividades ilegales: el tráfico de drogas, antes de marihuana, luego la coca, y luego se va puliendo.

Como tenemos ese relacionamiento interno entre los de un río y los otros ríos, el que lograba llegar a Estados Unidos empezaba a obtener una rentabilidad, empezaron a mandar dinero a sus familias, pero también empezaban a mandar fotos de cómo se vivía allá. Entonces la gente empezó a adoptar eso que mandaban en las fotos. Eso empieza a resquebrajar un sistema de valores culturales que ha sido la plataforma de la vida comunitaria entre nosotros.

Si en tan poco tiempo vivir allá me permite mandar plata para que allá coman, entonces ya no es tan interesante ser pescador, ser agricultor, ser trabajador de Puertos de Colombia, ser un profesional con un cartón de pregrado, con una tesis laureada, y que, como no hay empleo, es un taxista. Eso me genera una imagen distinta de lo que quiero ser, porque las condiciones que tenemos acá son muy precarias. Si pensamos en un agricultor de países como Canadá, como Estados Unidos, las condiciones básicas pueden estar más cercanas a una persona de clase media alta de acá. Los tractores que tienen los campesinos en algunos países europeos son mejores que los de la alcaldía de Buenaventura

Así nos encuentran los 80 y los 90, en un proceso de debilitamiento de ese sistema de valores. En los años 90, empieza de manera muy fuerte la dinámica contemporánea del conflicto armado. Ese conflicto llega y encuentra un sector de la población pensando que es mejor vivir corriendo en lo ilegal, porque tengo mejores condiciones materiales de vida, así viva 40 años; no me interesa vivir 90 años en estas condiciones. El conflicto termina de erosionar lo que ya estaba debilitado.

La insurgencia, por ejemplo, no estaba presente en nuestros territorios; porque eran espacios de paso, de travesía, pero no de estancia. En el caso de Buenaventura, el ELN no estaba en el gran ecosistema de manglar, estaba en la zona de la cordillera. Eso que pasaba allá y pasaba acá, eran como dos países distintos. Pero cuando la insurgencia llega a nuestros territorios, las autodefensas llegan a nuestros territorios, se convierten en otra opción de empleo para la población, como la Policía y el Ejército que han sido opciones de empleo para muchos de nuestros jóvenes. Eso rompe esas relaciones de familia extensa. En la medida que unos se vinculan a la insurgencia, otros se vinculan a los paramilitares, —y digo se vinculan porque no es un tema necesariamente voluntario— ya no somos amigos, ya no somos familia, de pronto nos dimos cuenta que somos enemigos; y no estamos hablando de esta comunidad y la otra, dentro de la misma comunidad hay fracturas.

Por ejemplo, las madres comunitarias contaban, que en lo que enseñan a los niños a través del juego, decidieron no comprar ningún juguete bélico, ni pistola de agua, nada. Estas mujeres contaban, de manera extrañada, como los niños de las guarderías, con el pan que les daban del refrigerio, iban ruñiendo el pan, y con el pan armaban pistolas para jugar a la guerra. Eso no se lee como impacto.

De pronto, nuestros líderes comunitarios de barrio, los jóvenes, los adultos, ya dejaron de ser don fulano, el niño tal, el joven tal y empezaron a tener chapas. Ya no era el nombre que le puso la tía, la mamá, sino que tenían un apodo, pero un apodo bélico. De pronto todos son unos caballos; entonces ser caballo era tener el poder del terror. Entonces ahora ya no quieren ser ni la tía, ni el tío, sino que quieren ser el caballo: que yo hable y corra, que yo hablé y mate, esas son las afectaciones de la guerra.

Y lo otro, nuestros territorios empezaron a ser confinados. Ya tenemos el control de los actores armados, entonces aquí se hace lo que determinen. Cosas como en Buenaventura urbano… los paramilitares se establecen en un barrio y empiezan a ejercer sistemas de justicia, a decir: señora, señores, si su hijo le pega me dice, si su marido le pega me dice. Y como teníamos una pérdida de valores, aparecían esos actos, especialmente de hijos hacia padres, porque el tema de la violencia contra la mujer es un tema más histórico por todo el sistema del patriarcado. Pero entre nosotros, el levantamiento de los hijos contra los padres es una cosa nueva, porque aquí el tema del respeto era un elemento vital entre nosotros como comunidades. Ver a los hijos enfrentados a los padres, a los tíos, al tío, al vecino, eso era algo totalmente extraño en estos pueblos nuestros, y eso empezó a pasar, y a salirse de control, al punto que mamás y papás acudieron a los paramilitares para poder controlar y defenderse de los hijos.

Las mujeres empezaron a acudir a estos actores armados ilegales para defenderse de la violencia de los maridos. El conflicto armado desplaza la figura del sistema de justicia del Estado, que era débil por la poca presencia, y establece un sistema de justicia de la ilegalidad. Aquí hubo un impacto de los dos. Porque el Estado legal, con la omisión y la permisividad, validó las acciones de gobierno y de Estado que empezaron a ejercer tanto la guerrilla o los paramilitares en el territorio.

¿A qué mecanismos de autoprotección han acudido para permanecer en el territorio?
Esa demanda que nos establecemos a través de la Constitución Nacional del 91, de que tenemos dos años para que nosotros mismos, de manera organizada, tuviéramos una propuesta de ley que hablara de los derechos de nosotros, se discutiera en el Congreso y fuese aprobada, generó una dinámica de movilización organizativa muy importante a nivel nacional. El conflicto armado nos coge también en esa dinámica de fortalecimiento organizativo. Eso fue una ventaja, porque nos pone a pensar en esa misma lógica de defender el territorio como espacio de vida, que fue lo que defendimos con el gobierno; ahora teníamos que defenderlo de la violencia.

En el caso de Buenaventura, los primeros hechos violentos arrancan en el año 1998. En ese primer desplazamiento desde la zona rural hacia la zona urbana, se logra rápidamente que la gente retorne en un ejercicio autónomo. Después, a partir del 2000 la cosa se agravó, porque se generaron desplazamientos continuos. Eso nos alerta porque estamos vaciando los territorios rurales y estamos en el proceso de titulación colectiva, que determina que esos territorios son inembargables, y al titularse son enajenables, no se pueden comprar y vender, excepto si la comunidad deja de existir. Nosotros leímos que la dinámica del conflicto armado era una estrategia de vaciamiento de los territorios para seguir explotando los recursos naturales y establecer todas las dinámicas de expansión portuaria.

De mucho analizar, concluimos que necesitamos establecer lugares en la zona baja y en la zona alta de cada río, para que cuando se realice un hecho de estos, la gente no salga para la zona urbana, sino que, dependiendo del lugar, la gente salga al albergue que se ha construido en la zona alta o en la zona baja del río, de tal manera que empecemos a generar desplazamientos, pero dentro de la zona rural, porque no vamos a abandonar nuestros territorios.

Y como tenemos este Buenaventura urbano, cuando se llega de la zona rural por temas de desplazamiento, acá nosotros no tenemos albergues, porque tenemos una red cotidiana familiar, de compadrazgo que recibe, salgo corriendo para donde mi pariente, no salgo corriendo a ver dónde caigo. Existe una discusión política y organizativa de si es válido los albergues en la zona urbana. Planteamos que sí haya espacios de protección en los ríos, porque no es el espacio de la alcaldía, de la Secretaría de Convivencia, son nuestros propios refugios, así tenga apoyo de la institucionalidad, es de la comunidad.

¿Cuáles son los impactos de la no implementación del capítulo étnico incluido en el acuerdo firmado entre las FARC y el Estado?
El capítulo étnico es la manera de explicitar de qué manera debe abordarse el proceso de tránsito hacia la construcción de paz en nuestros territorios. Sabemos que hay un nivel de implementación muy bajo por la falta de voluntad política de los gobiernos que han transcurrido; y aunque hay un Gobierno reciente interesado en poder desarrollar y dar cumplimiento a dichos acuerdos, hay un conjunto de estructuras institucionales y normativas que impiden generar la garantía de derecho. Igual pasa con los acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura de 2017.

La no implementación de los Acuerdos de paz, y en este caso el capítulo étnico, para nosotros ha generado una revictimización. También una situación de desesperanza, porque había mucha ilusión en que se transformasen esas condiciones de relacionamiento entre el Estado y nosotros los pueblos étnicos, y por supuesto mejorar nuestras condiciones de vida en términos del desarrollo de nuestras autonomías. El proceso de paz generó una agudeza del conflicto por la proliferación de nuevos grupos. En nuestros territorios, donde antes había la opción de dialogar en algunos momentos con los actores armados, hoy no tenemos interlocuciones. Lo que hay es un caos, con muchos actores desarrollando hechos victimizantes. Estamos a merced de las famosas treguas que establecen entre grupos, que nos da como un compás mínimo de vivir sin acciones delictivas impactantes, luego aparecen los picos. Entonces tenemos simplemente una extensión del conflicto, a pesar de que hay un acuerdo de paz. Aquí tenemos un caos comunitario, y finalmente los que estamos perdiendo somos las mismas comunidades.

Somos un proyecto de Comunicación Alternativa y Popular.

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