Por: Juan Alejandro Echeverri
Montes de María ha sido laboratorio de todo tipo de intervenciones, estatales e internacionales, cuando Colombia ha intentado dar pasos concretos hacia un escenario de postconflicto. Tras la negociación y supuesta desmovilización de los grupos paramilitares a principios de siglo, a esta subregión del norte del país llegaron chalecos de muchos colores y millonarias sumas de dinero que proveía la cooperación internacional.
Gabriel Camargo fue uno de los campesinos caribeños que asistieron a la Asamblea Regional por la Paz que la Unión Sindical Obrera desarrolló el 28 y 29 de septiembre en Barranquilla. También fue testigo y beneficiario de esos programas que aterrizaron en su territorio. Siete municipios de Bolívar y ocho municipios de Sucre componen la subregión, uno de ellos es El Guamo, poblado donde nació y vive Gabriel. Este campesino de 44 años asegura que para la época también llegaron al territorio muchas empresas y organizaciones operadoras de los recursos, “pero se llevaban todo el dinero”, dice.
Casi 20 años después, cuando el país todavía sigue atormentado por su sino violento, y Montes de María vive una reconfiguración de los grupos armados, Camargo hace un análisis retrospectivo y recuerda algunos errores que no se pueden repetir si Colombia aspira a materializar una paz integral y duradera. Según él, una vez se anuncia la llegada de dinero en momentos de tregua momentánea o un engañoso contexto de postconflicto, empiezan a florecer organizaciones sociales y comunitarias de papel. “Se van para la Cámara de Comercio 5 ladroncillos y crean una organización para canalizar recursos”, asegura Gabriel, quien plantea que en adelante debe hacerse una evaluación rigurosa de la capacidad y la trayectoria de las organizaciones con las que se pretende articular esfuerzos materiales y económicos para transformar los territorios.
El campesino guamero además cuenta que “una vez el operador logístico de la actividad nos llevó un almuerzo hecho desde Sincelejo, que está a tres horas de El Guamo. Nosotros teníamos cierto nivel de empoderamiento, no tragábamos entero. Llegó la hora del almuerzo y el señor con los platos empacados. Nosotros le preguntamos a qué hora había sido hecho. Y le dijimos que cómo nos entregaba una comida amanecida; que los recogiera y se los llevara. Que nos tenía que respetar y en la próxima actividad contratar el almuerzo con nosotros, porque nosotros íbamos a hacer un mondongo, un bote de queso, o un sancocho entre todos, de manera que le quedara la plata al de la tienda de El Guamo. Eso lo fuimos corrigiendo, no solamente en el apoyo logístico sino en toda esa intervención. No queremos que eso ahora se repita”.
Pese a las malas experiencias y las falsas ilusiones, Montes de María mantiene la puerta abierta para cualquier intento de paz. En la subregión Caribe reconocen que no todo ha sido malo. Gabriel es una de esos liderazgos que se forjaron gracias a la intervención del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cuando él tenía 22 años. En ese entonces era otro joven más que veía como los grupos armados asesinaban la gente de sus pueblos. En 2020, la Comisión de la Verdad calculó que después de 30 años de violencia, Montes de María registrada 158.000 víctimas y 82.600 hectáreas abandonadas por los campesinos. El PNUD formó a Gabriel y otros muchachos de los 15 municipios de la subregión en políticas públicas, derechos humanos, fortalecimiento organizativo, equidad de género, entre otros temas.
En el caso de Gabriel, su liderazgo escaló y lo involucró en procesos campesinos, femeninos y afros. Aunque apoya reivindicaciones como la de los Consejos Comunitarios de El Roble, en el departamento de Sucre, quienes llevan más de veinte años esperando que el Ministerio del Interior les dé reconocimiento jurídico, el proceso base de Gabriel, en el que invierte su energía, es la organización campesina establecida en la finca Las Pampas. “Ese predio está en estos momentos en el Fondo de Reparación de Víctimas. Estamos tratando que el Gobierno, a través de la política de reforma agraria y la Agencia Nacional de Tierras, haga una compra Estado-Estado, es decir, el fondo vende, la Agencia Nacional de Tierras compra. Son 1.082 hectáreas de tierra, donde hay 56 familias que están esperando la formalización de ese predio”, explica Gabriel.
Esa finca fue una de las cinco haciendas de la zona que el comandante paramilitar Salvatore Mancuso entregó para reparar a sus víctimas. En total son alrededor de 3.000 hectáreas que han sido “ocupadas de buena fe” por unas 150 familias. Gabriel asegura que Las Pampas cuenta con las condiciones necesarias para que sean declaradas como una nueva vereda de El Guamo, la cual, para él, puede convertirse en la despensa agrícola de la subregión. En los 15 años que llevan luchando por la formalización y titulación de los predios, los campesinos de Las Pampas, con sus propios recursos, han hecho las vías, el acueducto rural, y accedido al servicio de energía, han “civilizado” y ordenado el territorio. “Estamos construyendo un plan de desarrollo para la zona. Tenemos clara la visión y la apuesta política, económica y social para transformar el territorio en los próximos diez o quince años. Los campesinos nuestros saben perfectamente lo que van a hacer, ya lo vienen desarrollando. Estamos a la espera que este Gobierno, nuestro gobierno, tomé la decisión final de formalizar y entregar el aporte para la financiación del plan de desarrollo de la zona”, cuenta Gabriel.
Montes de María y Las Pampas no son la excepción a la norma: en Colombia el dueño de la tierra no es el que la trabaja. Su brega por alterar esa máxima le ha costado a Gabriel amenazas, dos desplazamientos, también lágrimas. “Nosotros estuvimos en manos del Departamento de Prosperidad Social, la Dirección Nacional de estupefacientes, luego pasó al Fondo de Reparación de Víctimas. Al principio fueron órdenes de desalojo. En la presidencia de Álvaro Uribe, los funcionarios me hacían llorar de la rabia. Me decían: tú tienes que salir de ahí, eso no es tuyo, nosotros necesitamos subastar eso. Yo les decía: pero mira los que están ahí, son campesinos, también fuimos víctimas de Mancuso, cómo el Estado va a decirme, en esos términos, que me vienes a sacar con los antimotines, yo no soy ningún violento. Fueron momentos muy álgidos. Después logramos que la cooperación internacional nos acompañará y nos blindara el proceso; ya se habló en otro discurso, se generó un diálogo [con las instituciones]”, rememora Gabriel, quien se muestra ilusionado con el anunció que Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dio hace algunas semanas, según el cual la ANT espera viabilizar la compra de 13.000 hectáreas del Fondo de Reparación de Víctimas para luego ser tituladas a campesinos como él.
El de la tierra es uno de los frentes que sintetiza los obstáculos del actual Gobierno para legitimar su gobernanza con hechos y resultados concretos. Hasta finales de agosto, la ANT había comprado 135.000 hectáreas, lo que representa el 4,5 % de las 3 millones que el presidente Petro se fijó como meta. Gabriel asegura que parte de lo que puede entenderse como inoperancia del ejecutivo se debe también al saboteó de alcaldes y funcionarios “que están utilizando el plan tortuga, que tienen estancados los procesos, porque son cuotas políticas de algún gobernador o algún senador, y no están permitiendo avanzar porque no les conviene que el proyecto político de Petro avance en los territorios. Los alcaldes siguen manejando todos los proyectos de nuestro Gobierno a su antojo. En las elecciones de Senado y Cámara, en El Guamo el alcalde llevó un proyecto de baños y cocinas, y se los dio a los que iban a votar por Karen Cure y Lidio García, que son los que están en contra de las políticas del cambio. Eso es lo que nos tiene a nosotros como organizaciones sociales enredados”.
Además del boicot de los políticos locales, Gabriel no puede pasar por alto la paquidermia administrativa: “Por ejemplo, necesitamos un certificado de alguna cosa, y no entendemos por qué tiene que demorar tanto y hay que llamar a tantas personas para que nos lo expidan. Hay muchos cuellos de botella en unos trámites que solamente necesitan una orden de arriba, y la gente está esperando ese resultado y ya no sabemos más cómo hacer. Será que vamos a pasar estos dos años de administración y esos detalles, que solamente necesitan una decisión, no se van a dar, entonces para qué votamos. Los políticos tradicionales todavía se burlan de nosotros. “Mira, tú tienes gobierno y mira cómo andas”. En Bolívar logramos contratar con la Unidad de Gestión de Riesgo las ollas comunitarias. El año pasado contrataron 230 madres cabezas de hogar, víctimas de conflicto para que hicieran los almuerzos. Hoy, por la situación [de corrupción] que pasó con Olmedo, a esa pobre gente le deben su sueldo porque la Unidad no ha transferido a la Fundación contratista. Esas 240 madres de familia, que son amigas del Gobierno, que no entienden esos trámites, pero que ven en medios de comunicación la cantidad de ataques, pueden generar un resentimiento por un cuello de botella en Bogotá”.
Para leer los demás artículos del especial sobre la 3ª Asamblea Nacional por la Paz: https://periferiaprensa.com/category/especial-uso/
