Por: Juan Houghton
Difícil diferenciar el fenómeno Petro, el gobierno Petro y los cambios sociopolíticos que han ocurrido en Colombia en los últimos años, y en buena medida han sido catalizados por la figura del presidente. No hay dudas de que los cambios sociopolíticos han sido determinados por transformaciones socioeconómicas neoliberales y el desmonte de las mediaciones estatales, las transformaciones en el aparato productivo, la guerra interna y el consiguiente fracaso de la institucionalidad representativa en todo el mundo. Pero el fenómeno Petro amerita hacer alguna disección, en formato de tesis cortas que aquí apenas serán descriptivas.
Hay que advertir de entrada que nadie nos engañó; en la izquierda votamos mayoritariamente por Petro a sabiendas de que defendía tesis contradictorias. Es mi caso. Lo hicimos por lo que significa su capacidad de construcción de un campo político popular; aun así, o precisamente por eso, importa mostrar cómo la figura de Petro tiene aportes sensibles y limitaciones ilustrativas.
Las desnudeces de la derecha
El gobierno de Gustavo Petro ha develado muchas de las miserias de la autodenominada democracia colombiana, término preferido por los oligarcas criollos para describirse a sí mismos:
Petro ha evidenciado que los verdaderos partidos de la derecha en Colombia son el partido contratista, el partido de los medios corporativos, el partido militar y el partido del narcotráfico organizado. Los demás actores políticos se revelan simples subalternos, meros acólitos del poder oligárquico-financiero. El papel de las altas cortes, tumbando normas y nombramientos a discreción, es una prueba contundente de esta dinámica. Con ello, y por gracia de la ventura, el nuevo escenario ha contribuido a que la burguesía, en el enfrentamiento al gobierno de Petro, con sus desnudeces eduque masivamente a buena parte del movimiento popular sobre el carácter clasista del Estado, su subordinación estructural a los intereses del gran capital y su incapacidad de auto reformarse.
Petro ha puesto de manifiesto la ignorancia generalizada de los políticos de derecha, ya sean congresistas o periodistas. Su condición de lector ávido contrasta de manera casi insultante con la mediocridad de figuras como Iván Duque. Sin embargo, esto también puede resultar irritante para una sociedad popular sumida en la ignorancia política, económica e histórica.
Petro ha revelado el parroquialismo genuflexo de las élites criollas, mostrando que es posible para Colombia desempeñar un rol internacional basado en ideas pertinentes y en la importancia de su economía en América Latina. Pero lo paradójico es que, si la derecha vuelve pronto al poder, heredará este logro significativo. Después de los “siete enanitos” de Duque, tendrán algo de lo cual jactarse.
El gobierno de Petro ha permitido evidenciar que la cleptocracia y la corrupción son componentes constitutivos de la oligarquía colombiana y sus operadores políticos. La dependencia del presupuesto público es evidente. La reacción histérica del gran capital ante la posibilidad de que se les exija tributar directamente o que deben competir sin recursos del Estado muestra que la ganancia del capitalismo colombiano depende en gran medida de las grandes obras de infraestructura, los recursos de la salud y las pensiones, y los subsidios directos. Los más histéricos entre los histéricos: los medios de comunicación.
El clasismo rancio y victoriano de las élites —en verdad, la aporofobia—, que antes ofrecían paternalmente como un atractivo turístico de su decadencia, se ha transformado en un llamado violento a la exclusión de lo indio, lo negro, lo popular, e incluso de lo clasemediero. La invasión de jipis, enruanados y malvestidos en las dependencias públicas ha provocado una reacción visceral que revela su frivolidad, ostentación y rigidez conservadora. Sin embargo, lo han hecho tan mal que solo han logrado exponer una estética vulgar, pariente digna de su principal fuente de ingresos: el narcotráfico y la corrupción.
Otra variante de este clasismo es la evidencia del sentido patrimonial del Estado que han tenido las élites dominantes en Colombia. No solo por el saqueo sistemático que se ha evidenciado, sino porque su sorpresa al descubrir que los recursos públicos también pueden estar al servicio de las comunidades pobres, y no solo de los grandes conglomerados y sectores capitalistas, es palpable. La reacción hostil ante esta realidad no logra ocultar su perplejidad.
Petro, quizás sin quererlo, ha expuesto la profunda convicción derechista del centro político colombiano. Periodistas progresistas, intelectuales graduados de liberales de izquierda y políticos etiquetados como “demócratas” no necesitaron ninguna medida de izquierda para pasarse al lado del empresariado. Bastó con que Petro anunciara su intención de cumplir su programa de gobierno para que salieran en desbandada.
El golpe blando es la estrategia privilegiada de la derecha cuando no tiene el control del gobierno. Debemos prepararnos para que esta sea una constante en los próximos ejercicios de gobiernos alternativos, desde la izquierda hasta el centro progresista.
La nunca llegada debacle de la economía
El gobierno ha enfrentado un contexto marcado por secuelas de la cuarentena del Covid en el descenso estruendoso del PIB, el endeudamiento desmedido de la administración Duque, y problemas globales como la inflación y la crisis de suministros; junto a ello, una desaceleración económica más pronunciada de lo esperado, dificultades en la ejecución presupuestal, y un creciente déficit comercial, junto con problemas como la inflación persistente y el aumento del desempleo. A pesar de estas dificultades, la administración ha logrado mantener una estabilidad económica relativa, evitando una debacle tanto del capitalismo como del bienestar general. Esta capacidad de sortear crisis refleja una gestión económica adaptativa en medio de un entorno global complejo. (Entre paréntesis: no es posible dejar de lado que en Colombia los recursos del narcotráfico han contribuido en las últimas décadas a sostener parte de la estabilidad macroeconómica, ni que la crisis de precios de la cocaína vino a contribuir a la ralentización del crecimiento económico interno en los últimos años).
El gobierno de Petro ha implementado avances significativos en políticas sociales y económicas que benefician al campo popular, incluyendo la expansión del programa de Renta Ciudadana, el incremento del salario mínimo, y el impulso a la reforma rural y la educación superior. A pesar de los avances, la administración ha sido incapaz de lograr transformaciones sustanciales debido a la resistencia política y las limitaciones económicas.
Pero el gobierno no ha logrado satisfacer completamente las expectativas del movimiento popular. La percepción de que Petro ha sido un buen presidente para el capitalismo, pero no tanto para las demandas del movimiento popular, refleja una desconexión entre las promesas del gobierno, los resultados reales y la comunicación con la sociedad. La retórica presidencial sobre el control de los factores macroeconómicos debe ser vista con cautela, reconociendo que muchos de los desafíos enfrentados son el resultado de dinámicas internacionales que escapan al control gubernamental directo.
Nuestras propias miserias
El gobierno de Petro ha expuesto las profundas debilidades y miserias de los partidos políticos y las organizaciones socio-políticas colombianas de izquierda y populares:
Si bien es posible llegar al gobierno en medio de una muchedumbre, gobernar exige una organización unificada. La ausencia de visión estratégica se manifiesta en la lucha entre organizaciones y personalidades por el acceso a instancias de decisión. La falta de cooperación, la búsqueda desesperada de ubicar amistades y lealtades en los puestos cercanos al poder, la continua descalificación de compañeros en el gobierno y la carrera por mostrar logros individuales (en claro contexto de precampaña electoral) se han convertido en parte del paisaje en el gobierno. Los discursos de Petro, que intentan reorientar hacia una lectura estratégica, no logran modificar esta inercia egoísta.
El sentido de poder que Petro proyecta, contrasta notablemente con la ausencia de esta vocación en el conjunto de la izquierda partidaria y social. Cada vez que Petro llama a intensificar el autogobierno, el movimiento social responde dentro del estrecho marco del formato de los sujetos de derecho, reconociendo al Estado, tal como está, como el límite de toda acción política. Este es quizá el efecto más dañino del enfoque oenegero que se ha instalado en el movimiento popular colombiano.
Petro ha logrado superar, en cierta medida, el corporativismo identitario del movimiento social, pero no ha podido neutralizar el narcisismo de sus más cercanos amigos políticos. Reconozcamos que Petro denunció esta patología en el congreso de Colombia Humana; aunque en buena medida este narcisismo es un acto reflejo de esos políticos emulando el estilo de posicionamiento político del propio Petro, deslucido eso sí por la ausencia de autenticidad. La exaltación compulsiva del ego, la necesidad del aplauso y la aprobación, la instrumentalización de las causas populares para su provecho mediático, el poder como espejo de pequeñas aspiraciones personalistas y escenario de reafirmación personal, les hace entender las necesidades del pueblo como medio y no como finalidad. Lo bueno es que los personajes de la farándula devenidos en políticos lo han hecho tan mal, que una buena parte de ellos no tendrán ninguna posibilidad en el futuro.
Un gobierno con excesivo peso de las ONG ha revelado su marca de nacimiento: reemplazar la acción con pronunciamientos y denuncias. Este enfoque es especialmente problemático en materia de derechos humanos, donde la incapacidad para confrontar a los enemigos del movimiento popular y exigir o denunciar a la fuerza pública ha generado un escenario en el que el movimiento de derechos humanos reclama tímidamente la protección estatal, y muchas veces tiende a justificar la situación con la externalización de responsabilidades; las masacres y los asesinatos de líderes sociales ya no se asumen como expresión de un Estado indolente o cómplice.
Por otra parte, se ha demostrado que gran parte de los dispositivos adoptados por el gobierno (y que fueron concebidos por el movimiento social y de derechos humanos) son ineficaces. Los Puestos de Mando Unificado (PMU), las mesas de garantías, los consejos de seguridad y las alertas tempranas se han convertido (en realidad siempre lo han sido) en trámites administrativos que se “cumplen” al tiempo que no se garantiza el goce efectivo de los derechos. La necesidad, sobrevalorada a mi juicio, de tener a las fuerzas militares del lado del gobierno, ha llevado a una especie de “human-right-washing” (lavado de cara humanitario) del ejército, evitando señalar su complicidad y externalizando la responsabilidad en otros actores. Con esto no se puede negar que buena parte de los asesinatos cometidos contra líderes del movimiento social son responsabilidad del EMC y los paramilitares. Pero la ausencia de planes efectivos de protección es ostensible.
La impericia
El gobierno de Petro ha dejado al descubierto nuestra falta de pericia en la gestión pública. Pero no porque carezcamos de personas capacitadas para ello o porque la derecha las haya tenido a raudales. A lo largo de décadas hemos lidiado con miles de funcionarios incompetentes puestos por la derecha que han ocupado los ministerios sin ruborizarse. El verdadero problema radica en no haber comprendido que, para gobernar eficazmente, era necesario remover, erradicar, neutralizar y arrinconar los clivajes fundamentales del funcionamiento del Estado: la corrupción, la captura del presupuesto por parte de operadores, la rigidez de los procedimientos internos (el “no se puede hacer” y el “aquí siempre lo hemos hecho de este modo”), el “partido del funcionariado de derechas” y el deep state, que en el caso colombiano es básicamente una estructura de “lealtades jerárquicas”, donde prima “hacerle caso solo a los míos”.
Una de las razones de peso detrás de la decisión de Petro de intentar neutralizar este estado profundo fue hacer un acuerdo burocrático con quienes él creía que eran “oligarcas presentables”, buscando ganar tiempo para consolidar sus propias fuerzas. Sin embargo, estos supuestos aliados no le dieron ni un solo día de margen de maniobra; desde la primera semana en el gobierno, se dedicaron a sabotearlo en múltiples niveles. Ganar un poco de tiempo no es un crimen político en situaciones de evidente debilidad en la correlación de fuerzas institucionales, pero confiar en esos aliados tóxicos fue un error estratégico.
Pero no seamos complacientes con nuestros déficits en gestión pública. Como dijo con acierto Reagan: “gobernar son los nombramientos”. Y, lamentablemente, ha habido nombramientos pésimos, muchos de ellos hechos por Petro en altos cargos. No solo aquellos que obedecen a acuerdos con la derecha —que en cierto modo los pusieron ellos—, sino también dentro del propio progresismo. La falta de visión en los nombramientos ha afectado no solo los altos cargos, sino también las posiciones más bajas dentro de los ministerios y departamentos, donde los nombramientos chimbos han debilitado aún más la capacidad del gobierno para implementar sus políticas. La primacía de la lealtad sobre la claridad estratégica, típica de la política cuando nos sentimos asediados, ha llevado al gobierno a personajes nefastos, que precisamente por su falta de visión estratégica han defeccionado ante la “imposibilidad de cambiar cualquier cosa” y han caído en el posibilismo de la gestión pública, es decir, en la corrupción, el amiguismo, etc.
La ilusoria defensa de la institucionalidad y la estabilidad económica
La hipótesis de que la derecha colombiana acogería el discurso de Petro sobre el “desarrollo del capitalismo” no se cumplió. A pesar de que Petro ha estabilizado una economía que la derecha estaba llevando al colapso, subestimó el factor ideológico profundamente arraigado en la derecha colombiana, que es refractaria a todo cambio, elitista y racista. Petro reconoció este problema en el Congreso de Colombia Humana, pero lo sigue considerando exclusivo de la extrema derecha, cuando en realidad es una característica de la derecha en su totalidad.
Petro sostiene que solo una corriente política progresista puede cumplir el rol de “desarrollador” del capitalismo de manera sostenible, ya que sin un “control legal” el capitalismo tiende a autodestruirse y a devastar la naturaleza; es cierto que el crecimiento capitalista amenaza a la vida en su conjunto y que la derecha no va a aceptar ninguna regulación y menos en un escenario de crisis sistémica de acumulación, pero de ahí no se deriva que vaya a permitir que fuerzas políticas progresistas lo hagan “por su propio bien”. Como se ha evidenciado, prefieren que se destruya el país y el mundo antes que aceptar “ganar un poco menos para seguir ganando”; la oligarquía sabe que el sistemático saboteo al gobierno de Petro obviamente es un saboteo a sus propios negocios, pero prefieren pegarse un tiro en el pie a permitir un gobierno democrático.
Aunque Petro ha evidenciado el carácter clasista y la inercia del Estado, insiste en la vía de la reforma institucional y el pacto con la derecha “democrática”. Calcula que un llamado a la defensa de la legalidad y la estabilidad le permitirán construir las fuerzas necesarias para una reforma más profunda en un establecimiento refractario al cambio. Olvida que esta perspectiva también podría estar beneficiando a la derecha, que espera que las energías destituyentes del estallido social se disuelvan. Ni Petro logrará canalizar completamente esas energías, ni la burguesía logrará difuminarlas. La incapacidad de la izquierda tradicional para recoger esta impugnación a la totalidad es un desafío que excede estas cortas letras, pero que constituye el núcleo de una estrategia de transformación anticapitalista. Aquí reside la paradoja: Petro reconoce el agotamiento de los modelos de representación democrático-burgueses, pero persiste en una estrategia que podría ser insuficiente para abordar la profundidad de la crisis.
Pero lo que en Petro parece ser una táctica, en sus subalternos y correligionarios se revela convicción. No de otro modo se explica la emoción genuina que sienten muchos funcionarios cuando los voceros internacionales del gran capital les dan golpecitos en el hombro por su buen comportamiento en el cuidado de las recetas de las calificadoras de riesgo, o cuando aparece algún príncipe decadente en los programas de variedades.
Petro parece ser el único que reconoce claramente que la viabilidad de su gobierno depende de liberar las fuerzas populares, un enfoque que contrasta con la cautela y el temor predominante entre otros actores políticos. La mayoría de los miembros de su gobierno se manifiestan en favor de cambios, pero no ocultan su temor a la movilización popular “descontrolada” (es decir, que ellos no controlan), evocando el viejo eslogan del Comité de Paro durante el estallido social: la preocupación de que una mayor agitación popular podría descarrilar los avances y favorecer a la derecha.
En contraste, la posición de Petro es ambivalente. Por un lado, promueve la idea de un poder constituyente, alentando a la gente a asumir un rol directo en la gobernanza. Por otro lado, su administración se muestra pasiva ante la mediación conservadora de “sus burócratas” y el saboteo de la burocracia reaccionaria. Aunque Petro llama a que quienes no estén dispuestos al cambio se aparten, no toma medidas decisivas para apartar a los elementos burocráticos que obstaculizan el progreso. Esta ambivalencia plantea un dilema significativo: la falta de acción decisiva para enfrentar a la burocracia conservadora puede debilitar la capacidad del gobierno para implementar transformaciones profundas, limitando así su potencial para cumplir con las expectativas populares.
La paradoja de que la izquierda se convierta en defensora de la legalidad burguesa no es exclusiva de la situación colombiana. A nivel global, las nuevas derechas han comenzado a subvertir su propia legalidad, tanto internacional como nacional. Esta tendencia ha generado una nueva dinámica en la que las derechas están dispuestas a romper con la institucionalidad contemporánea, mientras que la izquierda se enfrenta a un dilema existencial: ¿debe decantarse por la impugnación del sistema o por la contención dentro de los marcos legales existentes?
Traducido a Colombia, en la coyuntura actual las izquierdas se enfrentan a un dilema (que en el Estallido del 2021 se planteó entre la Primera Línea y el Comité de Paro): impugnar el sistema en su totalidad o contener su ruptura. Resolver este dilema no es fácil, ya que los escenarios destituyentes también pueden llevar a salidas reaccionarias e incluso filofascistas, que no deben ser subestimadas. Sin embargo, la contención de la ruptura con la institucionalidad también puede marginar los proyectos transformadores de la lucha realmente existente y, a mediano plazo, entregar los procesos de impugnación del capitalismo a proyectos de derecha más dispuestos a romper con el orden institucional.
Petro camina en el filo de ese dilema. Él ha declarado en ocasiones que realizar la democracia en Colombia sería en sí misma una revolución, pero a menudo olvida el significado profundo de su propio argumento: para que haya democracia en Colombia es necesaria una revolución que implique un cambio radical de la sociedad, algo que en el contexto colombiano difícilmente se logrará por medios institucionales.
Sobre el voluntarismo
Desde las elecciones al Congreso, era evidente que un gobierno progresista sería minoritario. Con solo 20 senadores del Pacto Histórico, de los cuales apenas la mitad eran confiables, y aún menos representación en la Cámara, el panorama legislativo ya era problemático. Aunque existía la posibilidad de una mayoría para la paz, era claro que no habría mayoría para reformas económicas significativas. A pesar de esto, Petro optó por una estrategia de cambio audaz y simultáneo, lo que, aunque comprensible ante la presión popular, generó grandes expectativas que resultaron difíciles de cumplir.
Algunos ejemplos de ese voluntarismo, que se revela frustrado o muy limitado, aparece en los compromisos del gobierno en materia de depuración de las fuerzas armadas, en la transformación de la política de drogas y en la paz. La propuesta de depurar las fuerzas militares careció de cálculo estratégico y el golpe contundente al designar la primera comandancia fue asimilado por la oficialidad reaccionaria, que se recuperó, se tomó confianza, y en pocos meses había vuelto a las andanzas con el paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción; Petro ha intentado neutralizar la base social del ejército mediante concesiones como la mesada 14, los ascensos de suboficiales a la oficialidad y mejores salarios para los soldados conscriptos (medidas justas, eso sí), pero la movilización reaccionaria de la reserva activa muestra que es un camino poco efectivo. Otro tanto pasó con el desmonte del ESMAD, que al principio pudo realizarse ante el fuerte apoyo popular. Hoy no hay suficiente fuerza política y en cambio hay una fuerte resistencia institucional y política para profundizar la depuración de las fuerzas armadas y el desmonte de ese organismo criminal varias veces condenado. La política de drogas es otro ejemplo de voluntarismo frustrado: aunque la legalización de las drogas, y en particular de los cultivos, cuenta con un consenso amplio, no se valoró el poder de actores que buscan asegurarse una posición favorable en el modelo de regulación emergente y han obstruido reiteradamente cualquier medida inteligente.
Para eludir la debilidad de la estrategia para transformar la fuerza pública, y en lugar de reconocer que no ha sido posible lograr cambios importantes a pesar del voluntarismo, se acude al viejo expediente de la negación; en una suerte de trans-sustanciación, en amplios sectores del progresismo se afirma sin prueba alguna que con Petro “ahora sí el ejército persigue a los criminales”, “ahora sí podrá derrotar a los armados”, “ahora sí hay transparencia en el manejo del billonario presupuesto de guerra”, “ahora sí respetan los derechos humanos”, “ahora sí persiguen al paramilitarismo”, “ahora sí no le sacan los ojos a la oposición cuando se moviliza”. Este peligroso “error” de demostrar forzadamente que el gobierno ha sido capaz de transformar el alma del ejército colombiano, convirtiéndolo en una fuerza democrática y constitucionalista, es una suposición engañosa y peligrosa.
Petro sobrevaloró sus capacidades para suscribir un acuerdo de paz a nombre del establecimiento. Es evidente que el conflicto armado del ELN y la Segunda Marquetalia con el Estado no tiene por enemigo al gobierno de Petro, sino a las oligarquías que históricamente han acudido a la violencia política para destruir la organización y la movilización populares; si hay acuerdo de paz tendrá que ser con ellas. El supuesto de Petro era que las transformaciones previstas en su programa de gobierno, al ser coincidentes con gran parte de la agenda política de la insurgencia, era suficiente para llegar a un acuerdo con cierta celeridad. Pero el argumento tenía dos debilidades: en primer lugar el gobierno no tiene las mayorías institucionales (congreso, altas cortes) para acordar las transformaciones normativas que requiere cualquier proceso de paz; por otro lado, el gobierno hasta ahora no ha tenido la posibilidad de sentar (por vía del convencimiento o de la presión política) a las oligarquías armadas y al ejército para que se comprometan a abandonar su estrategia de contrarrevolución preventiva; lo de Lafaurie y Valencia Cossio a estas alturas resulta apenas simbólico. Aunque el conflicto armado de organizaciones como EMC tiene diferencias en su configuración, está claro que estos dos criterios tienen igual relevancia para un acuerdo definitivo.
El resultado es que dos años después de haber iniciado esa dispersa negociación de paz con múltiples actores, el gobierno tiene muy pocas certezas de cambios estructurales para ofrecer a las organizaciones armadas y, casi con seguridad, no será en su mandato en el que se suscriban acuerdos con ellas. Este hecho ha empujado al gobierno a restar valor a los diálogos que se venían realizando y optar por una estrategia de desmembramiento de las estructuras irregulares, con el evidente propósito de tener trofeos de paz, como el eventual acuerdo de desmovilización a que se llegue con el grupo Comuneros del Sur o con los dirigidos por Calarcá.
Por otro lado el gobierno regresa a una vieja estrategia de “asfixia democrática” de los actores armados a través de una conjetural “transformación territorial” que, como la imaginada en su momento por Santos y Sergio Jaramillo, no transformará el territorio y sobre todo no terminará la guerra; a estas alturas debería ser claro que una negociación con actores armados y sin transformaciones territoriales es garantía de que la guerra que se saque por puerta volverá por la ventana, y que transformaciones socioeconómicas sin acuerdos sobre el poder político territorial es camino seguro para que los armados mantengan su presencia; y también es claro que obras y gasto público sin transformar los ejes del desarrollo regional no transforman ningún territorio. Lo peor es que todo indica que para cubrir la frustración de la paz total el gobierno profundizará el despliegue militar en áreas críticas trasladando a las organizaciones irregulares el costo político de la violencia y a las comunidades el costo humanitario.
No se puede criticar a un gobernante (minoritario) por su voluntarismo, especialmente cuando enfrenta un sistema refractario al cambio. En política, la voluntad es un desafío constante a la realidad. Durante la etapa de empalme, marcada por la ocupación de oficinas públicas por una avalancha de desarrapados, se evidenció una necesidad profunda de inclusión y reconocimiento de las expectativas del campo popular. Intentar cambiarlo todo en un contexto donde la sociedad demanda un cambio total no es una ingenuidad, sino una respuesta a la emocionalidad política necesaria para enfrentar las injusticias históricas. Sin embargo, esta emocionalidad también condujo a la generación de expectativas que resultaron difíciles de satisfacer; la falta de cálculo respecto a la débil correlación de fuerzas en el Congreso se pagó con creces. Aunque la necesidad de intentar cambiarlo todo en un contexto de expectativas populares elevadas era comprensible, también generó riesgos considerables.
Petro, el catalizador de las fuerzas sociales del cambio
La contribución principal de Gustavo Petro en las luchas populares colombianas es, sin lugar a dudas, la demostración de que la derecha no es invencible. Después de dos décadas de uribismo y post-uribismo, las posibilidades de una victoria popular parecían más remotas que nunca. Sin embargo, el nuevo escenario político se define precisamente por la fractura, el desmoronamiento de ese orden neoliberal que parecía inquebrantable. En este contexto, Petro ha logrado exponer todas las grietas de la hegemonía neoliberal y oligárquica en Colombia. La reacción casi histérica ante su —¿ya olvidada?— propuesta de un proceso constituyente reveló que la derecha ha hecho sus cálculos: si Petro decide arriesgar su capital político en un escenario electoral, bien podría ser un escenario donde la derecha sufra de nuevo una derrota inesperada.
Petro sigue siendo el catalizador de las fuerzas sociales del cambio. No solo ha galvanizado las posibilidades del poder popular, sino que ha mostrado que, tras el estallido social, donde el poder popular destituyente demostró su capacidad de destruir e impugnar el orden, es posible alcanzar una victoria electoral. Este rol es comparable al que en su momento desempeñó Jorge Eliécer Gaitán. La historia deberá reconocer a Petro su papel en la construcción de un campo político antioligárquico de masas, casi 70 años después de Gaitán. No es poca cosa construir este “nosotros” ante el poder oligárquico. Sin embargo, aquí yace también una posible trampa: creer que es capaz de canalizar el poder destituyente dentro de los márgenes de la institucionalidad. Petro percibe ese callejón sin salida y por eso aboga tímidamente por un llamado al poder constituyente, consciente de las limitaciones del progresismo dentro de las estructuras actuales.
Petro, dos años después de empezado su gobierno y tras una campaña feroz desde la derecha mediática e instancias judiciales que han tumbado varias medidas progresistas, sigue teniendo un reconocimiento y apoyo popular que no tiene ninguno de sus contradictores en el campo de la derecha o el centro. Ese diálogo permanente con la sociedad, que se expresa en diferentes eventos políticos, al mismo tiempo que su gobierno tiene menor reconocimiento y sus ministros calificaciones entre regulares y malas, lo pone en un lugar equivalente al que hace 20 años tenía Uribe. Ni siquiera las encuestas de la derecha pueden ocultar el tamaño de esta favorabilidad. Vuelve a aparecer la posibilidad de que su prestigio sea un componente positivo para una propuesta electoral en el año 2026; ahora bien, la experiencia electoral de las elecciones locales en 2023 mostró que esto es una hipótesis que no necesariamente se cumple.
En un contexto donde las expresiones organizadas del movimiento popular se inmovilizan mutuamente en el corporativismo identitario, Petro se convierte en el puente que desactiva esta enfermedad y muestra las condiciones de posibilidad del “cambio para todos y todas” y no “para cada uno, una, une”. No obstante, los esfuerzos de los partidos y movimientos socio-políticos por construir un referente de “unidad popular” más allá de Petro han sido infructuosos, como lo demuestra el desesperado discurso del presidente en el Congreso de Colombia Humana, una constatación de su impotencia para lograrlo.
Petro no percibe, o no quiere percibir, que en cierto modo es él mismo un causante de esta imposibilidad. Sin embargo, no sería justo atribuirle completamente la responsabilidad por la falta de una dirección colectiva en las luchas populares. Al fin y al cabo, Petro insta a construirla, aunque su experiencia de líder le limita ser un co-dirigente; porque Petro ha construido este puente con lo popular y entre lo popular impugnando a las organizaciones políticas y sociales, ya impugnadas de forma evidente durante el estallido social; hay que reconocer que en parte Petro tiene razón: si se hubiese supeditado a estas estructuras organizativas posiblemente no hubiera podido hablar con la plaza, donde se ha crecido. Esto se percibía desde su campaña. Mientras los analistas se concentraban en las tarimas, donde Petro se rodeaba a menudo de personajes poco estimulantes, en la plaza estaba ocurriendo otra cosa: la construcción de un “nosotros” popular, enfrentado al “ellos” de la oligarquía, y Petro era el agente principal.
El estado de confrontación histérica que en Colombia se ha dado en llamar polarización —aunque tal cosa no exista realmente— ha producido una inusual toma de partido político de clase en el campo del movimiento popular. Quizás sabiendo que sus planteamientos atrincheran a la sociedad popular, Petro (y Francia antes que él) se ha convertido en un experto en construir permanentemente ese “campo ideológico”. Su papel ha sido central en la creación de un “ellos” (la oligarquía, los ricos) y un “nosotros” (los pobres, los nadie, los excluidos), que ha consolidado una ventaja para las fuerzas populares, como lo demuestran consistentemente los estudios al respecto. Y de paso ha reventado los agrupamientos políticos pragmáticos que pretendían reconstruir el viejo centro atrapa-todo; la explosión en mil pedazos del Partido Verde —hace apenas seis años el partido victorioso en las elecciones regionales— le otorga a Petro una vez más el rol que en su momento tuvo Uribe de aprovechar favorablemente los encuadres políticos antitéticos.
