Por: Jairo Antonio Garzón (Rueda Suelta) y Miguel Prieto (Caribe Investigación)
Unos antecedentes necesarios
A principio del siglo XX, en el marco de la producción extensiva de banano gracias a empresas como la United Fruit Company, y de la anexión de Colombia al circuito económico, político y financiero de los Estados Unidos, se gestaron las primeras organizaciones de trabajadores agrarios, obreros, artesanos e incluso de mujeres, colectivos que confrontaron el modelo extractivo y de explotación y que en consecuencia fueron víctimas de la emblemática masacre de las bananeras en diciembre de 1928.
En la década de los 70, las organizaciones campesinas del caribe confluyeron en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), creada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo como parte del programa de reforma agraria, que pronto se vería trascendida por un sector del campesinado que exigía cambios más profundos, y que en el Caribe puso en marcha masivas recuperaciones de tierras en alianza con diferentes movimientos de izquierda.
Un testimonio musical de aquella época es la obra de Máximo Jiménez Hernández, músico monteriano que retrató las causas y los métodos de lucha del movimiento campesino de las sábanas y montañas de la región, pero que también tuvo que vivir la criminalización y el destierro.
La respuesta Durante el siguiente gobierno, en cabeza de Misael Pastrana Borrero, fue la firma del Pacto de Chicoral en el Congreso y con algunos terratenientes, el cual se convirtió en la Ley 4 de 1973, legalizando el ejercicio de persecución, criminalización y exterminio de liderazgos y comunidades, poniendo en práctica una contrarreforma agraria a sangre y fuego.
Nunca se han ido
El paramilitarismo como política de Estado y herramienta de defensa del status quo, escaló exponencialmente en las décadas de 1980 y 1990, a partir de su doctrina contrainsurgente, apostó por el exterminio de las organizaciones sociales y políticas alternativas que avanzaban en la correlación de fuerzas políticas con organizaciones políticas como ¡A Luchar! y la Unión Patriótica.
Su progresivo crecimiento se consolidó en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como un ejército de alcance nacional, y que experimentó su clímax de terror a principios de la década del 2000 con el tránsito entre los presidentes Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez, y que contó con el soporte del Plan Colombia, estrategia contrainsurgente dictada y financiada desde los Estados Unidos y camuflada en la guerra contra las drogas.
En teoría las AUC se desmovilizaron en 2006 bajo la ley de Justicia y paz, sin embargo, en la práctica no desmontaron ninguna estructura de poder ni su relación con el aparato militar, no han aportado verdad histórica ni han reparado a sus víctimas, mucho menos han garantizado la no repetición de los hechos victimizantes. Hoy han mutado en sus formas y métodos, pero sus intereses y razón de ser siguen vigentes.
Aunque hay investigaciones e interpretaciones que sostienen que, si bien el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), son organizaciones herederas del paramilitarismo, perdieron su carácter contrainsurgente y hoy son una compleja red empresarial que tienen su motivación principal en la acumulación de capital. Es fundamental señalar que además ejercen gobernanzas armadas, mantienen vínculos políticos y económicos con élites locales y, en definitiva, actúan en defensa estructural del estatus quo.
El EGC, nombrado por el Estado como Clan del Golfo, es la agrupación armada ilegal más grande del país y la que más se expande. Ha ocupado vacíos dejados por las FARC-EP y le disputa territorios al ELN, a las disidencias de las FARC y a las Autodefensas Conquistadores (ACSN) en las proximidades de la Sierra Nevada, quienes a su vez han iniciado un proceso de expansión hacia el sur del Cesar y la puerta del Catatumbo.
Si bien ya no se cometen los grandes magnicidios de los años 90, ni las masacres y desplazamientos masivos del 2000, el paramilitarismo se camufla y administra la violencia a través de combos locales, quienes a través de asesinatos aleccionadores a personas socialmente estigmatizadas y liderazgos agrarios como Teófilo Acuña, Jorge Tafur o Narciso Beleño, dejan claro quiénes mandan y cuál es el riesgo que se corre por participar o liderar este tipo reivindicaciones sociales.
Como bien ha demostrado el investigador y defensor de derechos humanos Javier Giraldo Moreno en distintos ensayos, el Proceso de Justicia y Paz no fue más que una cortina de humo para salvaguardar la empañada legitimidad del Estado y la responsabilidad del Establecimiento, en lo que se ha considerado como un genocidio continuado.
La lucha campesina continúa vigente
A pesar del poder hegemónico afianzado en la región tras la arremetida paramilitar, en los últimos años se vienen levantando diferentes procesos campesinos que luchan en las fértiles sabanas, ciénagas y montañas de la región Caribe. Entre marzo y abril de 2025, se presentaron dos nuevos casos en los municipios de Codazzi y Pailitas en el departamento del Cesar, situación que reavivó el debate sobre la legitimidad y vigencia de esta práctica en tiempos del primer Gobierno de corte progresista.
El primer caso se registró el 25 de marzo en el corregimiento de Casacará, en el municipio de Codazzi, cuando varias familias recuperadoras, que confluyen en la organización Integración Campesina del Cesar, ingresaron a los predios conocidos como María Victoria y Las Carmelas, y establecieron campamentos para iniciar el proceso de posesión. Sin embargo, han sido hostigados por las Brigadas ganaderas solidarias que lidera la Federación Nacional de Ganaderos FEDEGAN.
El segundo caso se presentó en el predio La Sonora, ubicado en el municipio de Pailitas, ocupado el 26 de marzo por aproximadamente 100 familias que pertenecen a la Comisión por la Vida Digna y los Territorios, plataforma regional que aglutina varias organizaciones de base en la región.
En un comunicado fechado el 9 de abril de 2005 aseguran que “… la lucha campesina en La Sonora es muy sencilla de entender, el predio tiene baldíos, lo que quiere decir que quien se dice dueño, se apropió de las tierras que, por ley, deben destinarse para que el campesinado sin tierra pueda trabajar en dignidad, produciendo alimentos”, y añaden más adelante que experimentan “el riesgo por desalojo ilegal e intervención de paramilitares del Clan del Golfo”.
Ambas organizaciones vienen protagonizando varias experiencias de acción directa y de interlocución con el gobierno de Gustavo Petro, en un tire y afloje de compromisos, cumplimientos a medias y movilización permanente. Todo esto en medio de un tenso ambiente de amenazas, intimidaciones y violencia.
La respuesta vieja y confiable
El 29 de marzo, la organización Integración Campesina del Cesar denunció hostigamientos y maltratos de las brigadas ganaderas en el predio de Codazzi, quienes junto a la policía hicieron presencia en el predio ocupado con numerosos vehículos, algunos hombres encapuchados y armados según testimonios y fotografías de la misma colectividad campesina.
El 31 de marzo el medio, Contexto Ganadero reportó que “se logró un desalojo pacífico sin necesidad de intervención policial”, ese mismo día en una segunda publicación aseguraron que “… detrás de estas acciones casi siempre hay estructuras delincuenciales bien organizadas y conocedoras al detalle de los procedimientos policivos y judiciales”, profundizando la estigmatización y ambientando la criminalización de las organizaciones.
El temor al retorno de los peores tiempos del paramilitarismo es latente y responde no sólo al vínculo histórico del paramilitarismo con el gremio ganadero, sino a la incapacidad del Gobierno nacional para controlar estas “iniciativas civiles”, terminando supeditado al poder de las élites locales.
En esta recta final del Gobierno, y en el marco de las nuevas campañas, seguramente se acelerarán algunos procesos, pero a todas luces es insuficiente para cumplir los objetivos estructurales. El movimiento campesino, que ha acompañado al ejecutivo, y que no dejará de hacerlo, tampoco abandonará la movilización y la acción directa como única vía que le ha funcionado para alcanzar sus aspiraciones. La reforma agraria integral y popular seguirá siendo por ahora una tarea pendiente, y las fuerzas contrareformistas, institucionales y armadas, también siguen vigentes.
