Por Caribe Investigación
La paz atizando el fuego
Aunque sea un tema de carácter nacional e internacional, el anuncio de una alianza militar entre los gobiernos de Colombia y Venezuela con el objetivo de acabar con la guerrilla del ELN, debe llamarnos a la reflexión en el Caribe toda vez que compartimos frontera con nuestro vecino a través de los departamentos La Guajira y Cesar, afectados históricamente por el conflicto armado.
Es incongruente que el presidente Petro, cuyo encuentro con Biden en Estados Unidos tuvo como tema central la paz, anuncie desde el Norte esta alianza militar, siendo el gobierno de Nicolás Maduro garante en el proceso de diálogo con el ELN.
En lugar de priorizar la solución por la vía política del conflicto armado y social en Colombia, está prevaleciendo la imposición de la guerra. No se puede hacer la paz por medio del chantaje y este llamado es para el Gobierno de Petro, el ELN y los países garantes.
Involucrar a nuestro vecino para construir la paz y a la vez convocarlo para la guerra deja más preocupaciones que certezas.
En la visita de Petro a la Casa Blanca el tema de Venezuela fue prioritario, aunque no estaba en la agenda oficial. El presidente Nicolás Maduro está de acuerdo con Petro en convocar a la oposición para una salida negociada: celebración de elecciones y levantamiento de sanciones.
De fondo, queda la impresión de que existe una negociación por varias vías en la que todos salen ganando (Biden, Petro, Maduro, la oposición venezolana), mientras el barco de la paz hace aguas.
Victoria antifracking
La prohibición del fracking en Colombia es un hecho, una victoria popular que se debe a la resistencia y trabajo de organizaciones sociales y ambientales, sectores académicos, una de las banderas del Pacto Histórico que reafirma la defensa de la vida como eje fundamental para un nuevo ejercicio de la política.
Las decisiones de los últimos meses indican que el gobierno de Petro coloca la conservación del agua, la reproducción y estabilidad de los sistemas ecosociales por encima de la rentabilidad económica.
La crisis humanitaria de La Guajira
La semana pasada la Corte Constitucional hizo un recorrido de cuatro días en La Guajira para evaluar el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017. En la visita a 21 comunidades de los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha se refleja lo siguiente:
La inspección es histórica, se hace por primera desde la publicación de la sentencia. Ratifican la alarmante cifra de 29 niños y niñas muertos por desnutrición en 2023. Constatan el casi nulo acceso al agua potable. Los centros de salud se encuentran en precarias condiciones. El PAE no garantiza cobertura a todos los estudiantes. El estado de las vías es casi fatal, en invierno las comunidades quedan aisladas.
En conclusión, el plan diseñado por la Corte basado en la Sentencia T-302, que orientaba la articulación de 25 instituciones, sigue sin arrancar.
No más peajes
En los últimos 30 años la construcción de peajes en las carreteras del país solo ha beneficiado a un pequeño grupo de poderosas familias. Sin embargo, hoy crece el movimiento social No Más Peajes que recoge las inconformidades de los ciudadanos.
Colombia es el tercer país con más número de peajes en América Latina, uno de los más costosos y deficientes. No sin razón la población denuncia que desde la salida de su casa es víctima de los peajes urbanos; hasta para visitar a un familiar tienen que pagar.
El panorama tiende cambiar por ahora, gracias a la participación ciudadana el gobierno suspendió peajes como el de Turbaco en Bolívar y el de Papiros en el Atlántico.
El paramilitarismo
En Valledupar cada día es más pronunciada la acción paramilitar. Durante 2023 más de 44 personas han sido asesinadas y no hay ninguna respuesta por parte de las autoridades. Esto deja ver el carácter contrasocial de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes forman parte de la disputa paramilitar para controlar el microtráfico en la capital del Cesar.
Radio Guatapurí recogió el testimonio de un habitante del sector La Macarena, ubicada en la margen derecha del Río Guatapurí: “Hay un encargado del negocio acá, que está desplazando a las familias migrantes y colombianas en el sector”.
De a poco, familias y líderes sociales están derribando el miedo y denuncian en todo el Caribe el acoso, asedio y gobernanza violenta del paramilitarismo que, a final de cuentas, no solo controla las rentas ilegales y el narcotráfico, sino que está al servicio del capital nacional e internacional, como viene sucediendo en el Magdalena Medio.
Es tan inhumano el accionar del paramilitarismo que a los educadores en Barranquilla les están exigiendo mil pesos diarios para dejarlos ejercer su trabajo e impidió el servicio de gas natural en la población de Achí (sur de Bolívar) para exigir un pago extorsivo a cambio.
Movimiento de Víctimas
A pesar de todas la trabas y obstáculos institucionales el movimiento de víctimas sigue luchando por restitución y reparación de sus derechos. Después de la aprobación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, el establecimiento ha hecho todo lo posible para frenar esta conquista.
Varios mecanismos han sido utilizados para suspender o congelar las solicitudes de restitución: por aspectos procedimentales; procesos largos que terminan agotando a las víctimas; presión de los paramilitares para espantar y silenciar a los demandantes, víctimas de desplazamientos forzados y robos de tierras ejecutados por las AUC entre las décadas de 1990 y 2000.
La directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Córdoba (URT), Dina Montalvo, informó recientemente que cerca de 600 solicitudes se encuentran suspendidas por falta de condiciones de seguridad en los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré.
La Unidad para las Víctimas en Sucre también soporta una deuda histórica en este departamento, uno de los más afectados por la violencia y el robo de tierras. Hoy son reconocidas 340 mil personas como víctimas y solo hasta 2012 fueron indemnizadas 35 mil personas (10% del total).
Solo la persistencia del movimiento social de víctimas hará realidad el derecho histórico a la verdad, reparación y restitución para que no se repita el despojo y el destierro.
