Por: Caribe Investigación
Varias de las crisis humanitarias y de seguridad que sufren subregiones, ciudades y corredores estratégicos del Caribe colombiano están relacionadas con la permanencia, incursión, consolidación, expansión y/o control directo o indirecto ejercido por las dos principales organizaciones paramilitares que operan en la región caribeña: principalmente por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, autodenominadas Ejército Gaitanista de Colombia, EGC), y en segundo lugar por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Informes y alertas tempranas de los últimos cuatro años, elaborados por la Defensoría del Pueblo y distintas instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos o al estudio del conflicto social, político y armado colombiano, dan cuenta de este complejo proceso de crecimiento violento armado que ya no es netamente rural, sino también urbano-rural.
Esto evidencia, por un lado, una migración o mutación geográfica del conflicto, pues en las décadas pasadas (60, 70, 80, 90 y 2000) el paramilitarismo se concentró en mayor medida en áreas rurales del país. Aunque también en centros urbanos. Desde la década pasada, luego de la reagrupación, reencauche o readaptación de los paramilitares que no se sometieron al Proceso de Justicia y Paz de la administración Uribe, especialmente después de la firma del Acuerdo de Paz (2016), que conllevó a la desmovilización de las FARC, el paramilitarismo comenzó a reorganizarse y manifestarse con prácticas distintas (por ejemplo, ya no se cometían grandes masacres ni asumían públicamente la autoría de sicariatos). A la par, las agrupaciones que fueron emergiendo entendieron que la disputa ya no se limitaba a lo rural, sino a las dinámicas urbanas y de corredores estratégicos que conectan con las principales ciudades del Caribe.
Según investigaciones del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL), de la Fundación Ideas para la Paz, de la Defensoría del Pueblo y análisis de Caribe Investigación, hoy se identifican varios escenarios donde operan tanto las AGC como las ACSN, bien sea de manera directa o por mediación y alianza con otros actores (redes y/o bandas delincuenciales):
Corredor Bolívar-Atlántico, corredor Sur de Bolívar-Magdalena Medio-Sur de Cesar (hacia la región del Catatumbo), Sierra Nevada y sus estribaciones (del Magdalena al Cesar y La Guajira), Santa Marta-Troncal del Caribe-Dibulla-Riohacha, Alta Guajira-Maicao y Sur de La Guajira. También cuentan municipios estratégicos del Sur de Córdoba y un corredor clave en los Montes de María en Sucre con conexión con el Golfo de Morrosquillo.
Franquicias del crimen o paramilitares
Hoy los hechos son incuestionables: violación sistemática de derechos humanos, crisis humanitarias, desplazamientos, confinamientos, amenazas y coacción a los liderazgos sociales y ambientales, suplantación del Estado y formas de gobierno violento implementadas a través del miedo y el terror. El crimen organizado en ciudades como Sincelejo, Cartagena, Barranquilla y su área metropolitana, Santa Marta, Riohacha, Maicao o Valledupar se ha tornado más violento por su relación directa o indirecta con uno de los dos actores antes mencionados, o por alianzas que tienen que ver con los planes de expansión territorial de estos. También por la complicidad de la Fuerza Pública o la omisión y respuesta esquiva y tardía del Estado y gobernantes locales.
Ahora bien, tanto la forma como la conceptualización y categorización de todo este proceso de expansión varía según la visión de cada estudio, institución, académico o estudioso en la materia. Este punto de inflexión nos lleva a preguntar si el paramilitarismo, tal como se conoció en décadas pasadas, sigue vigente hasta hoy, o si, por el contrario, debemos asumir que estamos ante fenómenos nuevos que hoy son identificados con nuevas categorías de estudio según cada centro de investigación o investigador en particular.
No es materia del presente artículo calificar lo segundo o precisar cada uno de los nombres o categorías utilizados para identificar a cada actor; tampoco imponer que lo primero (paramilitarismo como política de Estado vigente) es lo que debe ser aceptado como verdad incuestionable. La segunda línea de investigación, que desplaza el concepto no oficial del paramilitarismo, se viene imponiendo en los debates públicos; es parte de la narrativa que han venido adoptando los principales centros de estudio e investigadores, o al menos los más visibles y mediáticos. Algunos de los argumentos o categorías utilizados por esta corriente sirven para profundizar en detalles de cómo operan y cómo son las relaciones de poder que se tejen en los territorios.
A nuestro criterio, sin embargo, desechar la tesis del paramilitarismo porque este o las agrupaciones herederas del paramilitarismo no se expresen tal cual lo hicieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y porque la relación de connivencia con el Estado no sea igualmente descarada, es un error imperdonable por varias razones:
– La connivencia con la fuerza pública y/o cooptación del Estado (sobre todo con el poder local y regional) se expresa con igual contundencia.
– El despojo de tierras llevado a cabo por el paramilitarismo de las décadas de 1980, 1990 y 2000 sigue siendo una deuda del Estado con el campesinado.
– Se siguen expresando las mismas relaciones de poder en torno a los territorios donde operan las AGC o las ACSN.
– Al igual que las AUC, actúan como muro de contención y de control social ante nuevos y renovados procesos sociales y liderazgos en territorios rurales y urbanos: liderazgos ambientales, sociales, por los servicios públicos, entre otros.
– Ejercen de igual forma normas de “convivencia” en el territorio, donde lo distinto es sí o sí condenado, sancionado o aniquilado.
– Es decir, en la práctica siguen siendo afines al Establecimiento y a la vieja lógica (tan vieja como la época colonial) del Estado colombiano: lo que no entra dentro de la norma establecida por el poder no se reconoce como parte de la sociedad; por lo tanto, es condenado y perseguido. Y esto nos lleva a recordar que el paramilitarismo como política de Estado no solo es de carácter militar y contraguerrillero, es sobre todo de carácter contrasocial.
Connivencia
La connivencia entre la fuerza pública y organizaciones de carácter paramilitar, incluyendo también a las denominadas disidencias de las FARC, es uno de los elementos que nos llevan a concluir que el paramilitarismo sigue vigente.
No puede explicarse la colusión (por acción u omisión) en las regiones más militarizadas después de la consolidación de las AUC y del Plan Colombia en la década de 2000, donde organizaciones como las AGC logran ejercer un control o despliegue sin igual sin que la fuerza pública pueda o quiera contenerlos.
Por ejemplo, desde 2018 se tienen registros del control que las AGC comenzaron a ejercer en los Montes de María, según la alerta temprana de inminencia 051–18 (2018). Con la alerta temprana 006 de 2020, la Defensoría del Pueblo advertía de una consolidación de control territorial en un corredor clave atravesado por las troncales de Occidente y del Caribe y la Transversal de Contenedores, que facilitan la comunicación hacia diferentes ciudades capitales como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Montería, Sincelejo y el Urabá Antioqueño.
Montes de María representa también una salida estratégica hacia el Golfo de Morrosquillo por el norte del departamento a través del municipio de María la Baja. En los últimos años, los municipios aledaños al golfo han visto cómo la violencia se apodera de sus calles y de la juventud, como sucede en otras calles y barrios de las principales ciudades del Caribe.
Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido seis alertas tempranas, “y en la última —033, de diciembre de 2022— advirtió que el Clan ya no estaba solo en seis municipios montemarianos, sino en los 15, ejerciendo una gobernanza armada que tiene en riesgo a casi 350.000 habitantes”, como reseñó El Espectador en un reportaje de mayo de 2023. ¿Cómo lograron las AGC consolidar ese poder en una región donde operan más de 4000 miembros de la Armada, la Policía y el Ejército? —cuestiona El Espectador.
El otro caso que se ha denunciado es el de la connivencia de las AGC y la fuerza pública en municipios del Sur de Bolívar. Según la Defensoría del Pueblo, durante 2025 esta subregión ha sido escenario de cuatro desplazamientos forzados masivos, cinco poblaciones confinadas, homicidios selectivos, amenazas a líderes y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Desde 2023, la Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) han denunciado que la presencia e incursión de las AGC en el Sur de Bolívar no solo tiene como objetivo desplazar al ELN y a las disidencias de las FARC; se han ensañado contra líderes y defensores, como se ha podido documentar en varias ocasiones.
Las reiteradas denuncias han tenido poca o nula respuesta por parte del Gobierno. La Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle ha denunciado en varios comunicados la omisión de la fuerza pública y la presunta connivencia entre esta y las AGC en el Sur de Bolívar.
Con respecto al Sur de Bolívar, el Gobierno nacional ha guardado silencio. Y los hechos son más que elocuentes. En septiembre de 2025, el portal de investigación Vorágine citó una investigación de la Fiscalía contra dos generales por presuntos vínculos con las disidencias de las FARC. Además de este caso, Vorágine recoge testimonios de líderes sociales y denuncias a que esas relaciones de complicidad entre militares y paramilitares se repiten en varias partes del país: Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare, Arauca.
Sur de Bolívar también fue escudriñado por Vorágine cuando precisa que el pasado 19 de octubre fue capturado José Alejandro Castro, un coronel retirado del Ejército, señalado de comandar el Frente Erlín Pino Duarte de las AGC en esta región, la misma zona donde había finalizado su carrera. Los investigadores lo imputaron por ordenar el asesinato del reconocido líder Narciso Beleño, líder que había denunciado con anterioridad la colusión entre las AGC y el Ejército.
Otros casos forman parte del repertorio de complicidades y alianzas. Sin embargo, cerramos con unas declaraciones de mayo de 2025 del ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, quien alertó que grupos ilegales han logrado infiltrarse en las fuerzas militares y la Policía Nacional para obtener información privilegiada.
El ministro no es inocente y ofrece una versión bastante interesada. Nos hace recordar a la administración Duque cuando respondía a este tipo de denuncias diciendo que se trataban de manzanas podridas. No hay inocencia en la fuerza pública, menos viniendo de altos mandos, generales o coroneles. Lo que existe es una cultura corrupta y mafiosa a lo interno de la fuerza pública y una sistematicidad que nos lleva a concluir que la doctrina del enemigo interno y la política que le dio vida al paramilitarismo son los soportes de estas relaciones de connivencia.
Origen del paramilitarismo
El origen del paramilitarismo en Colombia, según la exhaustiva investigación del sacerdote jesuita y defensor de derechos humanos Javier Giraldo Moreno, no responde a una reacción espontánea de sectores privados ante las guerrillas en la década de 1980, como plantea la versión oficial. Giraldo sostiene que sus más de tres décadas de trabajo investigativo demuestran que el paramilitarismo nace como una política de Estado impuesta por Estados Unidos en febrero de 1962, a través de una misión militar liderada por el general William Yarborough. Dicha misión dejó documentos secretos que ordenaban la creación de “grupos mixtos de civiles y militares” para eliminar a los simpatizantes del comunismo, sentando las bases de lo que serían los manuales de contrainsurgencia, inspirados en ideólogos como el francés Roger Trinquier.
El fundamento legal de esta política, señala Giraldo, se consolidó en Colombia bajo el gobierno de Guillermo León Valencia con el Decreto 3398 de 1965, que autorizaba la entrega de armas militares a civiles y la formación de grupos armados civiles al servicio del ejército. Aunque este andamiaje legal fue eliminado posteriormente, los gobiernos de César Gaviria y Ernesto Samper retomaron el espíritu de la norma al legalizar las empresas de seguridad privada y las Convivir, respectivamente. Sobre estas últimas, Giraldo destaca el papel del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y cómo sus miembros, sin identificación, podían circular libremente por retenes militares.
Finalmente, las investigaciones de Giraldo advierten que los manuales de contrainsurgencia que dieron origen al paramilitarismo siguen vigentes, como lo evidenció una experiencia personal en 2010, cuando el Consejo de Estado le negó el acceso a uno de ellos, argumentando que aún estaba vigente. (Para profundizar en el tema le recomendamos leer: Los manuales de contrainsurgencia que dan forma al paramilitarismo siguen vigentes: Javier Giraldo).
Así como hoy algunos analistas desdeñan la vigencia del paramilitarismo, durante décadas se nos intentó convencer de una tesis tan absurda como conveniente para el Establecimiento: durante años la versión oficial desvinculó al Estado como responsable del paramilitarismo, por el contrario lo ubicó como un fenómeno asociado al crecimiento de los carteles de la droga de la década de 1980, y a la iniciativa de ganaderos, terratenientes y otros sectores económicos de poder para combatir a las guerrillas.
La han limitado a política contrainsurgente. Pero el crecimiento y consolidación del paramilitarismo en la década de 1990 y principios de la década de 2000 formó parte de un plan mucho más complejo. Coincidió con la aplicación del Plan Colombia, sobre todo durante el primer período de gobierno de Uribe, lo que permitió al Estado modernizar su capacidad de fuego y aumentar el pie de fuerza en amplias regiones del país. Fue la época de mayor denuncia de violación de derechos humanos por parte del Estado o de las AUC en alianza con militares y organismos de seguridad. El tejido social colombiano se vio diezmado, amenazado y casi aniquilado.
Por eso, no se debe aceptar la tesis del desarrollo del paramilitarismo como respuesta espontánea al crecimiento de las guerrillas, sino como parte de la estrategia del Estado para consolidar el control militar y social perdido durante décadas.
Política de erradicación
El investigador Javier Giraldo Moreno ha demostrado que el paramilitarismo no solo no ha desaparecido, sino que se ha reciclado y continúa ejerciendo un poder fáctico bajo nuevas modalidades, especialmente durante y después del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, como explicó en una entrevista para varias organizaciones alternativas.
En la entrevista publicada en este mismo medio, Giraldo explica que, si bien ya no se da una colaboración abierta y descarada con entrega de armas o uniformes, el principal respaldo estatal actual es la impunidad y la “vista gorda”. Como ejemplo, relata el caso ocurrido en diciembre de 2017 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Urabá), donde dos paramilitares fueron capturados por la comunidad tras intentar asesinar a su representante legal, pero fueron liberados al día siguiente sin pasar una noche en detención, evidenciando la complicidad de la justicia y la fuerza pública. Según Giraldo, hoy los paramilitares ya no anuncian que vienen a matar, sino a controlar todo, imponiendo una “muerte a cuentagotas” y actuando como un verdadero Estado de facto, tal como lo ha reconocido el presidente Gustavo Petro.
Sobre los intentos de desmontar el paramilitarismo, Giraldo fue profundamente escéptico. Recordó que, durante las negociaciones de paz en La Habana con las FARC, el gobierno de Juan Manuel Santos se negó hasta el final a reconocer la existencia del paramilitarismo, y aunque se incluyó un capítulo con veinte medidas para su erradicación, ninguna era nueva ni había funcionado antes. La única medida concreta fue la creación de una fiscalía especializada, pero cuando la magistrada designada intentó actuar de forma independiente ante una masacre en el Cauca, el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez la subordinó a su despacho, provocando su renuncia. Fue reemplazada por Martha Mancera, cuya corrupción quedó luego en evidencia.
La presión social fue lo que logró aprobar el Proyecto de Acto Legislativo 015/2017, derivado del punto 3.4.2 del Acuerdo Final, que prohíbe la promoción o financiación de estructuras paramilitares. Sin embargo, el defensor Javier Giraldo Moreno (SJ) ha calificado este intento como “un amague sin mayor profundidad”, recordando que las 20 medidas adoptadas para la erradicación no eran nuevas, sino ensayos fallidos del pasado.
Erradicar el paramilitarismo no es simplemente combatir a unos grupos armados, sino transformar radicalmente la ideología de la Fuerza Pública. No puede hablarse hoy de un paramilitarismo superado si los siete manuales de contrainsurgencia denunciados por Giraldo con pruebas y documentación siguen vigentes, al igual que la doctrina del “enemigo interno”, profundamente internalizada en oficiales y soldados. Sin una derogación oficial de esos manuales y un cambio ideológico profundo, el paramilitarismo persistirá más allá de la simple desarticulación de sus estructuras armadas.
Algo más desesperanzador escribió Giraldo en 2020: con el Acuerdo de Paz de 2016, el Estado logró equiparar crímenes de guerra con crímenes de Estado, desnaturalizando así la violencia ejercida por agentes estatales contra civiles desarmados. El acuerdo con las FARC, aunque contó con importantes avances en materia de tierras, drogas o víctimas, fue saboteado desde el inicio; es uno de los pocos que contó con propuestas progresivas para superar algunas conflictividades. Es decir, cada proceso de paz ha estado definido por los intereses del Establecimiento, y esto último se ha aplicado tanto para guerrillas como para paramilitares.
En el marco del Acuerdo de México (#6) de marzo de 2023 entre el Gobierno y el ELN, se pactó en su punto 5.3 la erradicación total del paramilitarismo. Para cumplirlo, en enero de 2024 se firmó el Acuerdo #17, que creó un Observatorio sobre las formas del paramilitarismo, orientado a diagnosticar y estudiar el fenómeno para luego adoptar medidas de erradicación. No obstante, el texto advierte que esta iniciativa se queda corta frente a la magnitud del problema: después de 80 años de paramilitarismo como brazo armado no formal de la Doctrina de Seguridad del Estado, no se define cómo desmontarlo, ni qué herramientas se emplearán, ni cuál es el compromiso real del Estado para terminar con una política institucionalizada que ha servido para silenciar a quienes se oponen al statu quo.
El Observatorio nunca despegó realmente. El texto señala dos causas principales: los incumplimientos reiterados del Gobierno frente a lo acordado con el ELN y los constantes sabotajes del entonces Comisionado de Paz, Otty Patiño. Además, el enfoque se centró en el diagnóstico, no en la erradicación ni en resolver la impunidad sistemática que ha caracterizado las violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares en connivencia o no con el Estado. Paralelamente, el Gobierno ha mantenido ambivalencias: mientras predica la lucha contra el paramilitarismo, evita debatir el tema de fondo —la reforma a las Fuerzas Armadas y la derogación de la Doctrina de Seguridad del “Enemigo Interno”—, un asunto que ni siquiera figuró en la campaña electoral de 2022 ni ha tenido relevancia en el actual ejercicio de gobierno, más allá de intentar negociar con el Clan del Golfo o bandas de la Sierra Nevada.
Finalmente, en mayo de 2024, el Gobierno expidió el Decreto 0665, que crea una “política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, aprobada el 7 de septiembre en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Inspirada en el Acuerdo Final de 2016, esta política promete nuevas herramientas para el desmantelamiento y la transformación de territorios afectados.
A la luz de los fracasos previos y las contradicciones del propio Gobierno, no existen condiciones claras ni una hoja de ruta definida que permitan anticipar un cambio real frente a una estructura de opresión que durante décadas ha sido parte esencial del modelo de seguridad estatal colombiano.
¿Fin del paramilitarismo o enmascaramiento?
El Proceso de Justicia y Paz de la administración de Uribe significó más bien un giro narrativo del Estado colombiano para lavarse las manos de su responsabilidad con el paramilitarismo: cambio de nombre y categorías, impunidad y secuestro o destierro de la verdad.
La estrategia aplicada en el Proceso de Justicia y Paz se quiso imponer en las negociaciones con las FARC. De no ser por la presión de distintas voces y defensores de derechos humanos, el gobierno de Santos no hubiese reconocido que el paramilitarismo seguía vigente. Desde finales del Gobierno de Uribe, el Estado había comenzado a utilizar categorías y nombres distintos para identificar a grupos herederos del paramilitarismo, una manera de ignorar y sepultar una realidad.
Frente a las presiones nacionales e internacionales para erradicar el paramilitarismo, el gobierno de Uribe puso en marcha una “pantomima de desmovilización” con el objetivo de exonerar al Estado de responsabilidad. Las ceremonias de desmovilización de las AUC incluyeron el reclutamiento de jóvenes de último momento, como ha denunciado Javier Giraldo en diversos artículos y entrevistas. Se les entregaba uniforme y arma nueva a cambio de ceder más de la mitad del salario que recibirían por su desmovilización a sus jefes paramilitares.
La Fiscalía, por su parte, “investigaba” a estos desmovilizados utilizando únicamente sus alias —nunca registrados—, lo que los dejaba sin antecedentes penales y en libertad inmediata. Como complemento, Uribe creó redes de informantes y cooperantes pagados, y promovió empresas de palma aceitera para vincular laboralmente a estos ex paramilitares.
El andamiaje legal de esta estrategia incluyó dos leyes fundamentales. La Ley 782, pensada para paramilitares no identificados, ofrecía una amnistía generosa. La Ley 975 de Justicia y Paz, destinada a los mandos conocidos, estableció negociaciones en Santa Fe de Ralito con rebajas drásticas de penas y procedimientos judiciales benignos. Pero en Ralito se vincularon no solo líderes paramilitares, sino también narcotraficantes, a quienes los primeros les otorgaron credenciales falsas para acogerse a la ley. El intento de Uribe de convertir el paramilitarismo en un delito de sedición fue finalmente bloqueado por la Corte Suprema, y cuando algunos comenzaron a revelar sus vínculos con sectores del Estado y el Congreso, el expresidente optó por extraditarlos a Estados Unidos.
Lejos de significar el fin del paramilitarismo, Giraldo sostiene que estas medidas constituyeron “una etapa de consolidación de un nuevo paramilitarismo”. Esta nueva versión ya no operaba como un grupo armado ilegal que patrullaba abiertamente con el Ejército, sino como una organización con visos legales, nutrida de tres fuentes: quienes nunca se desmovilizaron, quienes ingresaron después de la desmovilización, y los más camuflados, que obtuvieron beneficios legales, pero continuaron delinquiendo.
Para ilustrar la persistencia de la colusión entre fuerzas militares y el nuevo paramilitarismo, Giraldo recurre al caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Urabá. Allí, el autodenominado Ejército Gaitanista controla veredas y juntas comunales. El investigador describe una modalidad de cooperación camuflada pero efectiva: cuando el grupo paramilitar convoca una asamblea para imponer impuestos ilegales o amenazar a la comunidad, la Brigada XVII del Ejército retira sus tropas 5 o 10 kilómetros antes. De este modo, cuando la comunidad eleva la denuncia, el Ministerio de Defensa responde que en esa fecha no había presencia militar en el lugar, eximiéndose de responsabilidad.
Finalmente, Giraldo señala que este nuevo paramilitarismo, con aspectos menos violentos, pero profundamente identificado con el narcotráfico, ha logrado cooptar a las clases políticas regionales mediante el dinero. A diferencia del gobierno actual, que apuesta por el diálogo, durante la administración Uribe se consolidó un modelo de simulación jurídica y complicidad encubierta. El sacerdote concluye que, en la práctica, el paramilitarismo no se desmanteló, sino que se transformó en una red más sofisticada, con visos de legalidad, protegida por la impunidad y la colaboración estratégica de sectores del Estado, incluyendo la fuerza pública.
Conclusiones
A pesar de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz de La Habana (2016) y de los dos intentos posteriores para desmantelar el paramilitarismo, lejos de reducirse la violencia, este problema se ha expandido hacia los centros urbanos, donde hoy se concentran luchas por derechos básicos como agua, energía, trabajo digno, educación y alimentación escolar. Los informes de derechos humanos más recientes revelan un dato alarmante: más de la mitad de las masacres ocurridas durante 2025 tuvieron lugar en ciudades.
Esta migración del genocidio contra liderazgos sociales no responde a una ausencia del Estado, sino a un exceso de militarización. Un ejemplo claro son las ciudades del Caribe que fueron intervenidas durante el Plan Colombia (1999-2009): lejos de alcanzar la tranquilidad, sufrieron un incremento brutal de la violencia paramilitar en la última década.
El paramilitarismo sigue siendo funcional al modelo económico y político vigente, operando en connivencia con las Fuerzas Armadas en regiones como Urabá antioqueño y los Montes de María, bajo el control de clanes regionales que oprimen a las comunidades y facilitan el saqueo de los territorios.
Por lo tanto, decir que el paramilitarismo no tiene vigencia, que estamos ante organizaciones armadas mercantilizadas, con mera tercerización de sus operaciones, es desconocer el origen del conflicto y el contexto que lo ha sostenido hasta hoy. Un país que no ha logrado hacer justicia en torno a la tierra saqueada, donde prevalece la impunidad, que no tiene verdad ni reparación porque un proceso de paz como el de Uribe extraditó la verdad y a los responsables de crímenes de lesa humanidad; un país configurado por manuales de contrainsurgencia y con una ideología contrainsurgente y contrasocial, seguirá siendo un país que reprime y condena lo que no cabe en su constructo de sociedad, es decir, seguirá apostando por la misma lógica que alimentó la política paramilitar de las últimas décadas.
Las agrupaciones paramilitares que operan en el Caribe no solo cambiaron modalidades de operación, sino que entendieron que la movilidad y la dinámica de la región dejaron de ser netamente rurales. Los liderazgos también cambiaron, pero siguen siendo presionados por la violencia y el control que se ejerce en las principales ciudades y centros urbanos. Esto no es fortuito.
Con la implementación del Plan Colombia y el auge de las AUC, el Estado logró consolidar un escenario óptimo para la incursión de inversiones de todo tipo: megaminería, turismo, ganadería extensiva, monocultivos de palma, infraestructura vial y urbanística.
Así como la dinámica del país y del Caribe cambió en torno a procesos más urbanos, el tejido social se reconfiguró, pero hoy es objeto de amenazas en zonas donde operan estas agrupaciones paramilitares, o en ciudades donde operan en alianza con grupos criminales. Es decir, los procesos de gentrificación que han sufrido ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Riohacha o Cartagena han coincidido con la presencia, incursión o disputa de estos actores.
Por lo tanto, siguen siendo funcionales a proyectos e intereses estratégicos ajenos a las comunidades. No se trata exclusivamente, como señalan expertos, de una lucha por el control territorial para administrar actividades ilegales y rutas de extracción de drogas.
Por ejemplo, en la Alta Guajira se viene dando un incremento de la presencia tanto de las AGC como de las ACSN, lo que expone aún más a los liderazgos que han denunciado las falencias y la lógica extractivista en el desarrollo de los parques eólicos, sobre todo el impacto que estos tienen en la forma de organización social y cultural del pueblo wayuu (libre movilidad, pastoreo, unidad territorial).
La Corte Constitucional de Colombia emitió recientemente una alerta contundente sobre cómo los grupos armados ilegales están obstaculizando los controles estatales en medio de la grave crisis humanitaria que afecta al pueblo Wayuu en La Guajira, sobre todo en las zonas de mayor vulnerabilidad para el acceso al agua potable.
En un auto firmado por el magistrado Carlos Camargo Assis, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 advirtió que las condiciones de seguridad en el departamento impiden que los organismos de control verifiquen el cumplimiento de las órdenes judiciales destinadas a proteger a los niños y niñas wayuu, quienes sufren por la falta de agua, la desnutrición y la ausencia del Estado.
La decisión ordenó a la Policía y al Ejército brindar acompañamiento y protección a funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría en sus desplazamientos por zonas rurales de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
La alerta judicial se produjo después de que la Defensoría del Pueblo reportara un grave deterioro del orden público, señalando la presencia y actuación violenta de varios grupos armados en la región: específicamente las ACSN, las AGC, además de estructuras de delincuencia común como Los Primos.
La Defensoría concluyó que no es posible realizar visitas a determinados puntos del territorio sin acompañamiento de la Fuerza Pública. La Corte también evidenció trabas institucionales que agravan la situación. Aunque la Defensoría solicitó apoyo a la Policía y al Ejército el 28 de enero de 2026 para garantizar la seguridad de sus funcionarios, inicialmente no obtuvo respuesta y tuvo que reiterar la petición el 11 de febrero. Cuando las autoridades respondieron dos días después, propusieron reuniones de coordinación logística, pero surgieron obstáculos: mientras la Policía alertó sobre la posible presencia de grupos armados ilegales en las zonas a visitar, el Ejército indicó que las solicitudes debían tramitarse directamente ante el Comando General, lo que retrasó el acompañamiento requerido. Además, la Procuraduría y la Contraloría informaron dificultades para verificar proyectos de acceso al agua potable debido a la inseguridad, y la Registraduría advirtió que varias jornadas institucionales en territorios indígenas requieren acompañamiento armado.
En el sur de La Guajira, que sufrió durante décadas pasadas desplazamientos de comunidades por la explotación del carbón y, por lo tanto, una transformación impuesta de su vocación agrícola, hoy se ve nuevamente amenazada por otros intentos de explotación de carbón y cobre, acompañados del reposicionamiento e incursión de estos actores paramilitares.
En el departamento del Cesar, liderazgos campesinos se han replanteado la lucha por la tierra después de años de exterminio y persecución paramilitar. En distintos predios de los municipios de Codazzi y Pailitas, lideran procesos de recuperación de tierras baldías, no sin antes enfrentar una nueva amenaza: han sido hostigados por las Brigadas Ganaderas Solidarias que lidera la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN). Una nueva forma de amenaza amparada en el supuesto derecho del sector ganadero de aliarse con la fuerza pública para defender su propiedad, aunque también han denunciado ser víctimas de amenazas por parte de las AGC.
Hace pocos días, campesinos del Cesar ocuparon el predio Caja de Ahorros #1 en Aguas Blancas, terreno que había sido adjudicado previamente al paramilitar Hugues Rodríguez y posteriormente recuperado por el Estado por estar vinculado al despojo y la violencia paramilitar. “Las comunidades recuperadoras señalaron que su acción constituye una medida legítima de reivindicación territorial frente a la ausencia de soluciones estatales eficaces para el acceso a la tierra, la garantía de derechos campesinos y la materialización de la reforma rural integral”.
Esto deja expuesta una de las fisuras del conflicto social y armado colombiano: la desigualdad y la concentración estructural de la tierra. Durante décadas, redes empresariales y políticas aprovecharon el auge paramilitar para acumular tierras a favor de la ganadería extensiva, monocultivos o proyectos extractivos. Miles de campesinos fueron asesinados, desplazados y despojados. La realidad del Cesar la comparten hoy campesinos del Magdalena Medio, Córdoba o Montes de María.
Las condiciones impuestas durante el auge paramilitar de las AUC siguen vigentes. El peligro es inminente para los que luchan por la tierra o defienden el territorio del extractivismo. Las conflictividades sociales no han desaparecido, y el mapa de expansión, consolidación y/o alianzas de las AGC y las ACSN guarda un elemento común: se despliegan en territorios estratégicos, donde liderazgos de todo tipo alternativamente plantean otras formas de vida distintas a la acumulación del capital. Entonces, el crecimiento paramilitar no solo es un asunto de control de economías ilícitas, sino de barrer los territorios de cualquier resistencia social.
Dicho todo lo anterior, ¿siguen vigentes las condiciones que permitieron el auge del paramilitarismo en Colombia?
