Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 59)
Por Caribe Investigación
- ¿Qué pasará con los Conquistadores?
Para nadie es un secreto que el paramilitarismo, en cabeza de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta (ACSN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), continuó afectando los derechos humanos del departamento Magdalena después del fallido Proceso de Justicia y Paz del Gobierno Uribe.
El panorama actual de los derechos humanos es tan delicado como lo fue a finales de la década de 1990 y 2000, cuando el Frente de Resistencia Tayrona de las AUC se apoderó de la Sierra Nevada de Santa Marta en contubernio con el Estado, mientras comunidades enteras y líderes eran masacrados o desplazadas del territorio, estigmatizados y señalados de pertenecer o ser colaboradores de las FARC o del ELN.
Desde hace poco más de una década, el departamento y las estribaciones de la Sierra Nevada han estado sumergidos en una ola violencia sin fin por la confrontación que las AGC y los Conquistadores vienen sosteniendo para controlar el territorio, las rentas del turismo, el liderazgo social, las rutas para la exportación de drogas, las zonas con planes desarrollo urbano y de construcción, entre otros.
Este año la situación ha empeorado a pesar del clamor de líderes defensores y comunidades, de la intervención de la Iglesia para abogar por una negociación entre el Gobierno y los Conquistadores, y de los llamados de las ACSN al ejecutivo para que comiencen unos diálogos de paz, esto último ignorado por las autoridades sin ninguna razón expresa.
Conjeturas
Varias conjeturas han expresado voceros y analistas en torno a la negativa del Gobierno de entablar una mesa de diálogo con las ACSN, en un contexto donde la Fuerza Pública les ha propinado duros golpes a los principales mandos de esta agrupación en los últimos dos meses.
La primera de ellas habla sobre el debilitamiento de las ACSN por los golpes a sus principales cabezas, tesis que la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) rebate en un artículo publicado hace pocos días bajo el título La familia que controla a Los Pachenca, el grupo que pone a temblar al Magdalena. “La caída de los hermanos Castillo esta semana no representaría mayores problemas para un grupo acostumbrado a reponerse de los golpes que le ha dado la ley y el Clan del Golfo en la última década”.
Los operativos y golpes contra las ACSN durante los últimos dos meses hablan de la penetración que la inteligencia del Estado ha hecho para detectar a los principales mandos y capturarlos, aunque esto no signifique necesariamente un debilitamiento estructural de esta agrupación, tomando en cuenta la capacidad de control social ejercida en el territorio por medio de la violencia.
Además, no debe descartarse el contubernio con la Fuerza Pública como indicó la Revista Cambio en un reportaje publicado el pasado 9 de julio, donde denuncian que los Conquistadores son los responsables de invasiones y despojo de millonarios predios en el casco urbano de Santa Marta, tema que es materia de investigación por parte de la Fiscalía General.
Todo el mundo sabe quiénes son, qué controlan, cómo operan, cuáles son sus capacidades, y cuáles los impactos humanitarios en las zonas y la ciudad capital del Magdalena. ¿No lo sabe la Policía Nacional?
En todo caso, la apuesta del Gobierno frente a las ACSN parece ser militar, sin ningún interés por instalar una mesa de negociación. “Con la llegada a la presidencia de Gustavo Petro intentaron meterse en la Paz Total. A pesar de que estuvieron dentro de los grupos que hicieron cese al fuego con el gobierno, las conversaciones nunca prosperaron y hoy están lejos de sentarse en una mesa de negociación”, concluyó PARES en el artículo citado.
Sí, el Gobierno ha sido esquivo a entablar unos diálogos con las ACSN, estos últimos tampoco es que honran esa voluntad de paz expresada los últimos meses, juegan a dos bandas: hacen amagues de voluntad de paz, pero siguen actuando en el territorio como los amos y señores violentando el tejido social.
Las ACSN buscan igualmente que sus principales cabezas sean nombradas como negociadores de paz para evitar una judicialización, como señaló el portal samario Seguimiento.co. “A través de la defensa que hoy lidera el buffet de abogados Fernández Harding han pedido al juez la excarcelación del acusado, reclamando un tratamiento jurídico especial ¿Por qué razón? Sencillo: el 11 de enero de 2023, ‘Muñeca’ fue reconocido por el gobierno de Gustavo Petro como Gestor de Paz”.
“Es importante mencionar que con este documento del gobierno de Gustavo Petro, no solo se reconoce como negociadores de paz a alias ‘Muñeca’, sino también al jefe máximo de la organización, Freddy Castillo alias ‘Pinocho’, junto con otros nombres como Eduar Castaño Morales, Santiago Rafael Pertuz, José Luis Pérez alias ‘Cholo’, Jhon Rafael Salazar alias ‘Flash’, incluso, el mismo Camilo Becerra Gómez, alias Camilo”, cierra el editorial.
Dos factores adicionales deben tomarse en cuenta. Con la captura en abril de Camilo Becerra Gómez, varios analistas, entre ellos el defensor de derechos humanos Lerber Dimas, señalaron que agravaría la situación de violencia en el departamento Magdalena, tesis que encontró eco con las capturas de dos importantes mandos la semana pasada. La población vive en zozobra por las represalias que puedan tomar las ACSN contra la Fuerza Pública y el inminente desborde de la violencia en el territorio.
Por último, y esto contradice aquello de la capacidad de recomposición de los Conquistadores señalada por PARES, la confrontación militar entre las ACSN y las AGC por el control del territorio en Magdalena, La Guajira y Cesar ha tomado otras dimensiones, distintas a las de hace una década. Esto también aleja la posibilidad de diálogo con el Gobierno, que ante este escenario apuesta a desmantelar militarmente a los principales mandos de los Conquistadores.
Los autodenominados “gaitanistas” crecieron en número y fuerza los últimos años, controlan amplias regiones del país (incluyendo varias del Caribe), tienen planes de expansión territorial que han ido ejecutando paso a paso, y la Sierra Nevada está dentro de sus propósitos de control por ser una región estratégica de cara al Mar Caribe, la zona rural de Riohacha, La Guajira, Cesar y el corredor fronterizo norte. Esto representa entonces una seria amenaza para Los Conquistadores.
El bulto lo seguirán llevando las comunidades campesinas, indígenas, afro, los líderes sociales, los sectores sociales más vulnerables, inermes ante la inacción del Estado y condenados por la indiferencia del país.
- Despojo de tierras
Como se menciona en el apartado anterior, la Fiscalía General tiene en su poder varias denuncias sobre invasiones y despojo de millonarios predios en pleno casco urbano de la ciudad de Santa Marta, liderados por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Esto se suma a otras denuncias sobre “extorsiones e impuestos que los samarios se ven obligados a pagar por un servicio de vigilancia en los barrios”, resaltó la investigación de la Revista Cambio.
Ambas prácticas no son nuevas. El robo de predios a campesinos luego de la ejecución de masacres por parte de paramilitares, o las compras de tierras a precios de huevo, fueron las prácticas más atroces y comunes que se llevaron a cabo en las últimas décadas, de las cuales se beneficiaron empresarios, terratenientes y poderosos enclaves económicos.
Bajo el mismo argumento de la “prestación” del servicio de seguridad, las AUC volcaron sus ojos al Atlántico a principios de la década de 2000, y tiñeron el departamento de sangre para luego venderle el servicio de “seguridad” a la gente. Y hoy no solo sucede en Santa Marta, en Barranquilla y su Área Metropolitana, o pagan la extorsión o se van.
Lo que denuncia la Revista Cambio es un secreto a voces en el departamento. Se tomaron un predio en las cercanías de Rodadero de manera violenta, sacaron a los trabajadores y obligaron a los dueños a firmar las escrituras bajo amenaza de muerte. Así, este reportaje detalla varios casos, unos más graves que otros.
Razón le sobra al Gobierno nacional para no sentarse a dialogar con un grupo armado que públicamente elogia la paz total y persiste en su llamado a la negociación, pero actúa a sus anchas y sigue imponiendo un régimen de terror tan letal como el que impuso el Bloque de Resistencia Tayrona de las AUC. Lamentable por las víctimas de todo el departamento.
- La fotografía de Ralito
Por el piso quedó la credibilidad del ya cuestionado alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, cuando la WRadio publicó dos fotografías donde aparece el mandatario reunido con César Gustavo Becerra Gómez, alias Camilo, quien es comandante político y vocero de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
“Dos fotografías están en poder de las autoridades y de agencias de inteligencia de Estado”, refirió el medio de comunicación, y más adelante detalló que se trató de una reunión celebrada entre ambos el pasado mes de febrero en la vereda Orinoco, un mes después de la posesión de Pinedo.
Por todos los medios, Pinedo Cuello ha intentado explicar que se trató de un secuestro, hasta le escribió al presidente Petro para excusarse. Por el efusivo abrazo que le da al comandante paramilitar parece más bien que sufre del síndrome de Estocolmo.
Hace recordar este episodio al Pacto de Ralito (2001), reunión secreta organizada por líderes paramilitares con más de cien dirigentes políticos de la costa Caribe en Santa Fe de Ralito, Tierralta,
Córdoba, para planificar cómo cooptar los procesos electorales de la región y las instituciones del Estado, tal como lo hicieron. Parapolítica se llamó… y se seguirá llamando.
- Estigma versus diálogo
La Movilización nacional por la vida y la permanencia en los territorios tuvo impacto mediático y político la semana pasada. Varias reseñas, crónicas y reportajes se escribieron al calor de las protestas que exigían al Gobierno avanzar en el desmonte del paramilitarismo, garantizar la vida en los territorios, resguardar los liderazgos sociales, entre otras demandas. Dos temas interesan explicar.
Como siempre, no faltaron los titulares estigmatizantes y tergiversadores por parte de la prensa tradicional. Ya es sistemático el señalamiento contra el movimiento campesino e indígena, responde a la forma como la oligarquía ve a los de abajo, a los pobres, a los periféricos, a los alternativos, a los que no caben en su canon de sociedad, en fin, a los que ponen en riesgo la estabilidad del régimen porque se atreven a disentir y cuestionar este país tan colonialmente violento.
¿Acaso es inocente este tipo de señalamientos? No, y forma parte de todo un plan para neutralizar y aniquilar el tejido social colombiano, porque lo condena moral y públicamente, y lo remata a balas el paramilitarismo.
Lo segundo se contrapone a lo anterior. Puede que el Gobierno de Petro no sea perfecto, comete errores, vacila, no alcanza el ritmo de las demandas y de los procesos organizativos que sustentaron su victoria, ni logra cumplir con parte del programa de gobierno que presentó en campaña; pero, a diferencia de sus antecesores, dialoga y busca alternativas, está consciente de la necesidad de cambios estructurales, y sobre todo está consciente de que sin el desmonte del paramilitarismo será imposible la paz.
Apostemos a lo segundo, al diálogo, al disenso democrático, a la confluencia, a la democratización de la tierra, porque de señalamientos y estigmatizaciones el país tiene una larga historia.
- Chiquita Brands, la vergüenza
Por fin concluyó el primero de los juicios en Estados Unidos contra la multinacional Chiquita Brands, demandada por miles de campesinos por haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Urabá y Magdalena. Tal vez no haya nada que celebrar con esta decisión, por lo que significa este episodio para las víctimas del paramilitarismo, pero sí es un alivio para el alma de cientos de miles desplazados y familiares de hombres, mujeres y niños masacrados o desaparecidos.
Histórica la sentencia si se tiene en cuenta que la justicia estadounidense había sentenciado por el mismo caso a la multinacional, pero sin haber incluido a las víctimas. Vergonzoso que el juicio que se le sigue en Colombia a diez directivos de Chiquita Brands esté paralizado. Esto habla de la selectividad, corrupción y atraso de nuestro sistema de justicia.
- Ganó Air-e
Un mes después de que el presidente Petro le exigiera al ministro de Minas Andrés Camacho una fórmula definitiva para desmontar el régimen tarifario en el Caribe, que ayudase a reducir las altas tarifas de este servicio, la respuesta del Gobierno disgustó a amplios sectores del Caribe, no convenció para nada.
Terminó asumiendo la ilegítima deuda que le impuso al Caribe la opción tarifaria de Duque, pagando a los operadores para “aliviar” los bolsillos de los usuarios. Ganaron los operadores del servicio, y los operadores políticos regionales, que desde hace meses venían aconsejando al Gobierno asumir la deuda.
Claro está, el Gobierno no tiene las condiciones jurídicas ni políticas para avanzar en otro sentido. Todo lo que ha intentado en materia de reformas o planes de acción inmediatos han sido coartados desde el Congreso o el Consejo de Estado. Ejemplos sobran: reforma a la salud, decretos de emergencia para La Guajira, contrataciones con las Juntas de Acción Comunal, reforma de la CREG para transformar el régimen de servicio de energía.
Lo que indigna a la gente es que el ministro Camacho lo anuncie como un gran logro. La deuda será saldada para los estratos 1, 2 y 3, pero las altas tarifas de los últimos años no perdonan estrato social, hasta los sectores comerciales e industriales denunciaron este año la merma de su producción por el costo de la energía.
Propuestas varias se han hecho para superar esta crisis, como crear una empresa pública regional con financiamiento del Estado para prestar el servicio de energía. Esta opción, por supuesto, poco le interesa a quienes operan detrás de bambalinas para que todo siga igual: la opción tarifaria de Duque, las operaciones dudosas, la calamidad de la infraestructura y el cobro de inversiones que nunca realizan.
Lo peor es que la Revista Cambio reveló que la empresa Air-e hicieron una jugada para autocomprarse energía a altos costos para después venderla a los usuarios. Grotesco. Esta decisión no contendrá por mucho tiempo el descontento que se viene incubando contra Air-e y Afinia.
- Demandan a Prodeco
La Agencia Nacional de Minería (ANM) adelantó una demanda contra la minera Prodeco, filial de la multinacional suiza Glencore, por el hallazgo de presuntas irregularidades en dos contratos.
Las irregularidades están relacionadas con la jugada de la empresa extractiva para renunciar a cinco títulos mineros en el Cesar en medio de la caída de los precios internacionales del carbón. “Encontramos diferencias sobre los bienes en reversión y el estado de una de las minas del complejo de La Jagua”, señaló Álvaro Prado, presidente de la ANM.
Justo sería que Prodeco pagara no solo por lo que demanda la ANM, también por los pasivos ambientales, sociales y laboral dejados en el departamento Cesar, donde explotó carbón por más de 30 años.
- Portaaviones en tiempos de paz
A finales de junio, Colombia recibirá un portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, como confirmó hace pocos días a La W el comandante de la Armada Nacional, almirante Francisco Cubides. Según el almirante, “el Comando Sur ha definido que, a través de las unidades de la cuarta flota, desplegar un grupo de tarea naval”.
“Más de 50 aeronaves, van a estar en el Pacífico, estamos planeando y vamos a adelantar una operación (…) a final de este mes llegarán cerca de Buenaventura para adelantar operaciones con la Armada de Colombia, va a permitir que se adelante esta importante operación, es también importante que la audiencia conozca que la Fuerza Aérea va a estar haciendo parte de este ejercicio”, detalló.
“Todo esto se logra gracias a que tenemos unos acuerdos para interoperar entre armadas, tácticas, procedimientos para promover la seguridad atmosférica, es un trabajo que nos permite que nos permite mantenernos como una Armada de reconocimiento internacional”.
