Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 100)
Por: Caribe Investigación
1. Crimen contra los niños
En Sincelejo, capital del departamento de Sucre, el actual alcalde enfrenta denuncias por presuntas irregularidades en la gestión de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Se le acusa de desviar fondos destinados a la alimentación de los estudiantes, un escándalo que ha generado alarma en la comunidad por el impacto directo en el bienestar y la seguridad alimentaria de la población escolar más vulnerable de la ciudad.
Este caso no es aislado en el contexto regional, donde el PAE ha estado históricamente en el ojo del huracán por recurrentes episodios de corrupción. En el Caribe colombiano, el programa ha sido vinculado de manera persistente a esquemas de malversación, contratos con sobrecostos y entrega de alimentos de baja calidad, lo que ha comprometido seriamente su ejecución y ha privado a miles de niños y adolescentes de un derecho fundamental.
El caso más emblemático está relacionado con el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, condenado a 21 años de cárcel por corrupción en el manejo del PAE en el departamento.
La situación en Sincelejo refleja una problemática estructural y profundamente arraigada en la región. La corrupción en el PAE no opera de manera aislada, sino que suele insertarse en redes clientelistas que utilizan los recursos públicos como moneda de cambio político. Estos esquemas desfalcan no solo el presupuesto, sino el futuro de una generación, al afectar la nutrición, la concentración y la permanencia escolar de los estudiantes, perpetuando así los ciclos de pobreza y desigualdad.
La recurrencia de estos escándalos en departamentos como La Guajira, Cesar, Córdoba, Magdalena y ahora Sucre, evidencia fallas críticas en los mecanismos de control, supervisión y transparencia. A menudo, los contratos se adjudican a operadores sin la capacidad logística necesaria, se facturan por raciones nunca entregadas o se inflan los precios de los alimentos en clara connivencia entre funcionarios públicos y contratistas. La falta de veeduría ciudadana efectiva y la fragilidad institucional (cooptada por el poder político local y regional) crean las condiciones ideales para que estas prácticas criminales persistan.
Más allá del impacto inmediato, esta corrupción sistémica erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones y profundiza la desesperanza. Cada nuevo caso, como el que se investiga en Sincelejo, envía un mensaje devastador: que los intereses particulares de unos pocos prevalecen sobre las necesidades básicas de la infancia. Esto no solo constituye un delito, sino una grave violación de los derechos humanos de los niños, que ven vulnerado su derecho a una alimentación adecuada y a una educación de calidad.
La solución trasciende la mera sanción penal de los responsables. Se requiere una reforma estructural del programa que incluya una mayor descentralización en la gestión, la implementación de tecnologías para la trazabilidad de los recursos desde su origen hasta su destino final, y la participación activa de las comunidades educativas en la supervisión. Solo mediante un control social robusto y una voluntad política genuina se podrá blindar al PAE de la corrupción y garantizar que el plato de comida llegue a quien debe llegar.
2. Sentencia histórica
La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo que había declarado ilegal la adquisición de la finca La América, un predio de más de 1.400 hectáreas en Chimichagua, Cesar, que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) compró por 12.000 millones de pesos para destinarlo a 739 familias campesinas víctimas del despojo.
La decisión es un acto de justicia que anula los argumentos del Tribunal Superior de Barranquilla, que en agosto de 2025 había bloqueado la transacción al considerar que el terreno —vinculado a paramilitares y narcotráfico— aún estaba bajo embargo. Esta sentencia no solo desbloquea un caso emblemático, sino que sienta un precedente crucial para la reforma agraria en una región donde la tenencia de la tierra ha estado históricamente manchada por la violencia.
La importancia de este fallo trasciende lo jurídico: devuelve la legitimidad a la política de restitución de tierras en el Caribe colombiano. La finca La América había sido controlada por socios con vínculos paramilitares como Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias ‘Comandante Barbie’, y Jaime Blanco Maya, condenado por promover grupos armados. Al avalar su compra por el Estado, la Corte reconoce que el destino social de la tierra —en manos de campesinos pobres— prevalece sobre tecnicismos legales que podrían perpetuar la injusticia histórica.
El fallo también redefine el alcance de las jurisdicciones en procesos de extinción de dominio, estableciendo que los jueces de Justicia y Paz no pueden interferir en actos administrativos de entidades como la ANT o la Unidad de Víctimas. Esto evita que medidas cautelares —diseñadas para proteger bienes en disputa— se conviertan en herramientas para frenar la redistribución agraria. Para el Cesar, donde el despojo paramilitar desplazó a miles, esta claridad acelera la devolución de predios clave y fortalece la confianza en las instituciones.
Finalmente, la sentencia reactiva un símbolo de reparación colectiva en una zona azotada por el conflicto. La América no es un caso aislado: representa decenas de propiedades en la región cuyo destino jurídico ha estado en veremos por vacíos legales. Al priorizar el derecho fundamental de las víctimas sobre formalismos, la Corte Suprema no solo restituye tierra, sino dignidad, y envía un mensaje claro: la reforma agraria avanza, a pesar de los obstáculos.
3. Marcha contra la violencia
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones sociales y de mujeres convocaron para este martes 25 de noviembre una gran movilización en Cartagena.
El recorrido, definido a través de asambleas con organizaciones de mujeres, feministas, sindicales y comunales, no es arbitrario. Iniciar en Chambacú busca visibilizar la memoria de las comunidades negras que sufrieron despojo territorial y reubicación forzosa. El trayecto por el centro de la ciudad también busca reafirmar el derecho de las mujeres a habitar estos espacios, especialmente tras casos de discriminación que han sido reconocidos judicialmente.
Las razones para salir a las calles son múltiples y reflejan un panorama crítico. Las organizaciones denuncian la persistente desaparición de mujeres, migrantes y jóvenes sin respuestas institucionales; el acoso sexual en universidades y escuelas sin protocolos ni mecanismos institucionales destinados a la prevención ni atención a este tipo de violencia; y las amenazas contra lideresas sociales. A esto se suman las barreras en el acceso a la salud, especialmente para mujeres negras, trans y con discapacidad, y la falta de un sistema de cuidado que no recargue exclusivamente a las mujeres.
La movilización también cuestiona la política de seguridad de la ciudad, señalando la presencia de grupos armados que reclutan jóvenes y la falta de protección para las mujeres que cargan con el dolor de estas violencias. Exigen condiciones laborales dignas y denuncian que la pobreza y el hambre tienen rostro de mujer. La marcha se levanta así como un acto de resistencia para exigir la garantía de derechos y la erradicación de todas las formas de violencia.
4. Barranquilla, no cesa la violencia
Los primeros 18 días del mes de noviembre fueron críticos en materia de seguridad para la ciudad de Barranquilla, la capital y su área metropolitana acumularon 33 homicidios, una cifra que supera el promedio diario. Según el conteo preliminar se registraron 23 crímenes en Barranquilla, 7 en Soledad, 1 en Malambo y 2 en Galapa, mientras que en el resto del departamento se suman 8 casos adicionales, lo que significa 41 asesinatos en menos de tres semanas.
A la par, la isla San Andrés también entra en el radar de la región, al reportar un incremento de 65 % en el número de personas asesinadas durante 2025. Son 33 casos en comparación con los 20 registrados a corte de noviembre del 2024.
En ambos departamentos el patrón se repite. Crímenes relacionados con disputas territoriales entre bandas armadas, lo mismo que en otras ciudades del Caribe colombiano. San Andrés también es clave para bandas dedicadas el narcotráfico.
5. Victoria del caicedismo
La victoria de Margarita Guerra, con el 56,05% de los votos frente al 36,87% de Rafael Noya, marca el ascenso de una nueva gobernadora en el departamento Magdalena y la consolidación de un proyecto político que se ha mantenido durante casi una década, el denominado caicedismo.
Un mensaje queda claro: los pronósticos de la prensa regional y de las agendas de opinión vinculadas a los sectores de la derecha tradicional fracasaron estrepitosamente. Tumbaron la elección anterior, pero la voluntad del electorado se inclinó nuevamente hacia la opción de Fuerza Ciudadana, lo que demuestra claramente que esta opción política no solo tiene arraigo, sino estructura política sólida en sectores donde la derecha tradicional no tiene llegada.
6. ¿Parapolítica vigente?
En nada sorprende que un exsenador de la República como Álvaro Ashton, vinculado a la parapolítica en el Caribe colombiano, ratifique en versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los vínculos que tuvieron empresarios, políticos y paramilitares de esta región durante las décadas de 1990 y 2000, sobre todo durante el período presidencial del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Esta confesión ha reabierto una de las heridas más dolorosas y profundas de la política colombiana. Primero, por el daño que le infligió al pueblo caribeño en general, como víctima principal del paramilitarismo y la parapolítica; segundo, por el nivel de maquinación y conspiración que lograron sectores de la política tradicional, empresarial y del Estado en la región para asaltar el erario y ponerlo a disposición de las AUC; y lo peor, por el grado de impunidad que se mantiene hasta hoy a pesar de tantas investigaciones que han develado cómo operó la parapolítica y quiénes estuvieron vinculados.
Recientemente, el exsenador Álvaro Ashton afirmó, sin titubear, que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) se impulsaron alianzas entre entidades públicas y grupos paramilitares. Según su testimonio, recogido por el portal de investigación Vorágine, el gobierno nacional era quien transfería los recursos para proyectos presentados por alcaldes de la región Caribe, en un sistema de cooptación generalizado.
Durante su declaración, Ashton presentó una extensa lista de nombres de políticos y empresarios que habrían facilitado la financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con dinero público. Entre los señalados se encuentra Juan García Estrada, quien fuera alcalde encargado de Barranquilla. Ashton lo vinculó directamente con la conformación y operación del frente José Pablo Díaz de las AUC, afirmando que los proyectos se aprobaban a través de una consultora ligada a otro político de la región.
La trayectoria de García Estrada cobra relevancia por su cargo actual: es el presidente de 4-72, el operador postal oficial del país, nombrado en 2023 por el ministro TIC, Mauricio Lizcano. Según reporta Vorágine, bajo su dirección la entidad ha multiplicado exponencialmente el valor de sus contratos, pasando de montos de cientos de millones de pesos a adjudicaciones que alcanzan los 88.000 millones.
El mecanismo descrito por el exsenador era claro: los recursos para proyectos locales se estructuraban presuntamente para garantizar una contraprestación económica a las AUC a cambio de su apoyo político en las campañas. “Si no había visto bueno de los paramilitares, nadie hubiera podido de ninguna manera hacer campaña y conseguir votos”, declaró Ashton, pintando un panorama donde la parapolítica era una práctica común e indispensable para acceder al poder en el Caribe a finales de los 90 y los años 2000.
Frente a estas graves acusaciones, Juan García Estrada ha salido al paso para negar cualquier vínculo. Aseguró que en su época militaba en movimientos de izquierda y que “mal hubiese sido haber tenido contacto con esos grupos”. Su defensa choca frontalmente con el testimonio bajo juramento que señala una connivencia entre políticos locales, el gobierno nacional y el paramilitarismo, dejando al descubierto los complejos hilos de una verdad que la JEP sigue intentando desentrañar.
Lo de García Estrada es doblemente grave, tomando en cuenta que el presidente Gustavo Petro fue uno de los más vehementes denunciantes del paramilitarismo y la parapolítica. Lo más seguro es que García Estrada no siga vinculado a ninguna función de Estado.
Pero la lista de Ashton es larga, según cita Vorágine: “sobresalieron Armando Benedetti, hoy ministro del Interior; el empresario Julio Gerlein, el exsenador David Char y el senador Efraín Cepeda”.
