Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 64)
Por Caribe Investigación
Dos noticias relacionadas con la paz macaron la agenda del Caribe colombiano y del país los últimos días. El establecimiento de las mesas de diálogos entre el Gobierno y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), de carácter nacional, y entre el Gobierno y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), de carácter regional.
Con esperanza se pronunciaron voceros de organizaciones sociales y de derechos humanos, líderes sociales y analistas del conflicto, aunque no faltó quien expresara sus reservas, habida cuenta del actuar violento y criminal de ambas organizaciones en los territorios donde operan. Sin embargo, se debe valorar como positiva la decisión del Gobierno de entablar diálogos con ambos actores para avanzar en materia de paz.
El anuncio se vio empañado por los combates que ambas organizaciones mantuvieron el pasado fin de semana en el corregimiento Palmor, área rural del municipio Ciénaga (Magdalena), en el contexto de una disputa territorial de poco más de una década cuyo objetivo principal es el control territorial de la Sierra Nevada, sus estribaciones, la Troncal del Caribe y la zona rural de Riohacha; confrontación que se ha intensificado desde hace poco más de un año con graves consecuencias humanitarias.
Un elemento adicional se debe analizar. La confrontación militar entre ambas organizaciones viene acompañada por una guerra de comunicados (unos apócrifos, otros legítimos), en la que cada cual hace señalamientos con el objetivo de deslegitimar al otro.
La otra cara de la moneda es que este intercambio de señalamientos ha tomado carácter de guerra psicológica, con impacto directo en las comunidades: anuncios de limpieza social, amenaza a supuestas bases sociales de cada actor, lista de personas “no gratas”, son algunas de las manifestaciones terroríficas de esta confrontación narrativa.
La guerra de comunicados no solo busca deslegitimar al oponente en un contexto de diálogos con el Gobierno, aterroriza aún más a las comunidades inermes y asediadas por todo tipo de violencia, desprotegidas ante un Estado igualmente inerme y ausente.
Esto, sin dudas, deja más escepticismo y dudas acerca de la verdadera voluntad de ambos actores para edificar un camino de paz. Y en esto hubo consenso la semana pasada, tanto las AGC como las ACSN deben mostrar voluntad de paz con hechos, no solo a través de comunicados.
¿Se fortalecerán las AGC o las ACSN?
En un análisis publicado ayer por El Espectador se plantearon varias hipótesis sobre este tema. De antemano, no acompañamos la afirmación con que se construye el título, porque este de por sí pone en duda la medida.
Se puede no estar de acuerdo con muchas decisiones del Gobierno, tener visiones distintas a las que viene desarrollando, criticar las falencias de las mesas de diálogos actuales (ELN y EMC), lo que no se puede negar es su carácter dialogante y la disposición para construir la paz; afirmar que la inclusión de las AGC y las ACSN es para darle oxígeno a la paz total es desacertado.
Nos referiremos puntualmente al planteamiento que hace del Espectador sobre el aprovechamiento que harán de la mesa las AGC y las ACSN para fortalecerse. Esto desconoce por completo uno de los principios fundamentales del arte de la negociación, que es la continuidad en todo caso de El Arte de la Guerra, uno de los tratados más estudiados del mundo.
Exponía Sun Tzu que “si te conoces a ti mismo y también a tu enemigo, no debes temer los resultados. Si sólo te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada batalla perdida tendrás también una derrota”. Esto aplica perfectamente en una negociación.
Entablar una negociación entre dos o varios actores no se traduce automáticamente en la victoria de uno y la claudicación de otro. El Gobierno procurará nombrar a sus mejores voceros y asesores, tendrá definidas unas propuestas y hasta un plan b, y la contraparte hará lo mismo, no se sentará a ciegas y sin una propuesta propia y unas exigencias concretas.
Mientras tanto, cada actor continuará con sus planes militares, con su trabajo de inteligencia y contrainteligencia, con sus tareas y planes económicos. Esto, por supuesto, no es una regla a rajatabla, se pueden dar casos donde uno de los actores se siente en una mesa totalmente debilitado, dividido a lo interno y descompuesto moralmente, con suerte logrará una negociación que le permita a sus integrantes sobrevivir bajo las reglas del vencedor.
Pondremos un ejemplo para acompañar esta reflexión. Por años se ha señalado a las antiguas FARC-EP de incumplir con las negociaciones con Andrés Pastrana, se les acusa hasta hoy de aprovechar el proceso del Caguán para fortalecerse militarmente, ¿y acaso no hizo lo mismo el Estado colombiano? ¿Olvidamos que durante Pastrana comenzó el proceso de modernización militar más importante de los últimos tiempos, amparado y auspiciado por el Plan Colombia?
Debilitamiento
Como aclaramos líneas atrás, no se pueden aplicar todos los principios del arte de la guerra o de la negociación por igual para cada actor. En el que nos ocupa, es muy probable que le permita a las Autodefensas Conquistadores mayor oxígeno, y tiempo para recomponer sus fuerzas y conducción de primer nivel, tomando en cuenta los golpes militares que les ha propinado el Gobierno los últimos meses (principalmente por captura de cuatro importantes mandos).
Los Conquistadores también presentan en la actualidad un desgaste militar y logístico en la lucha por mantener a raya de sus territorios naturales a las AGC. Hoy se presentan un tanto a la defensiva en lo militar y territorial, mas no debilitadas.
El escenario pudiera complicarse para todos, sobre todo para las comunidades víctimas de la guerra entre ambos actores, o por el actuar de cada cual; porque el Gobierno, haciendo uso correcto de sus facultades, puede lograr un cese bilateral al fuego con cada uno, pero lograr un cese multilateral entre los tres puede resultar más complicado por los intereses territoriales de cada organización y depende exclusivamente de la voluntad de ambas organizaciones paramilitares.
El cese multilateral sería lo deseable para aliviar el pesar humanitario en los territorios, pero es un poco más complejo lograrlo, dependerá de la persistencia y habilitad del Gobierno, y de la disposición de las AGC y los Conquistadores para demostrar con hechos que realmente anhelan y construirán la paz.
En esto debe ser decisiva también la participación de la sociedad en su conjunto, de las organizaciones sociales y de defensa del ambiente, de los liderazgos y los derechos humanos, de la Iglesia, y de todos los actores que puedan contribuir con la construcción de un escenario de paz irreversible.
Significado, retos y trabas
En torno a estas dos mesas de diálogos, el colectivo de comunicación Rueda Suelta nos hace llegar varias reflexiones, que compartimos a continuación:
“Hay un significado especial en estas dos mesas, no solo por ser socio jurídicas, es decir, con un perfil de sometimiento mas no de negociación; aunque tienen un carácter político, pues es un Gobierno de izquierda negociando la paz con el brazo armado de la derecha. Petro está sentándose a negociar con el paramilitarismo, sea lo que sea que signifique eso hoy. El objetivo no solo es darle resultados positivos rápidos a la opinión pública, sino de avanzar en una discusión de paz real con la derecha paramilitar, los que nunca se han desmovilizado”.
A la anterior reflexión agregan cinco elementos que se deben considerar para comprender el carácter de las dos organizaciones y las implicaciones para las mesas:
1) Han venido politizado su discurso con formación política (muchas veces parecido al discurso de la guerrilla, agregamos nosotros). 2) Tienen en su AND el carácter contrainsurgente (también contra social). 3) En varias regiones tienen una lucha frontal contra las guerrillas, incluso en asocio con la Fuerza Pública (sur de Bolívar). 4) Es ingenuo pensar que las élites regionales, sobre todo en el Caribe, están de brazos cruzados y no financian y promueven estos grupos. 5) Existe una trazabilidad histórica del intento de injerencia violenta —utilizando el paramilitarismo— en Venezuela, ¿por qué no estaría eso hoy en la agenda de los Estados Unidos?
Sin duda un gran reto es poder avanzar en los diálogos con estos dos actores armados ilegales, los principales y de mayor impacto en el Caribe, con alianzas territoriales con sectores políticos, militares, policiales y económicos, pero también con arraigo territorial y una base social importante.
Ahora bien, queda otro camino por recorrer y este, a todas luces, es más espinoso porque comprende la transformación del Estado. Esto es el desmonte de la doctrina del enemigo interno y de la política paramilitar, diseñada y construida por el Estado desde la década de 1960 y vigente hasta nuestros días.
Este año se asomaron dos herramientas que pudieran contribuir con ese propósito. La primera es la creación del observatorio sobre las formas de paramilitarismo, producto de uno de los seis acuerdos alcanzados el pasado 17 de diciembre de 2023 entre el Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante el quinto ciclo de negociaciones, realizado en México.
Hasta los momentos no se conoce ningún avance de esta propuesta ni mayores detalles de cómo funcionará el observatorio. Al contrario, organizaciones sociales han hecho denuncias de connivencia del paramilitarismo con la fuerza pública en territorios como el sur de Bolívar, Magdalena Medio, Chocó y Urabá antioqueño.
La otra tiene que ver con la adopción de una política para el desmonte de las estructuras herederas del paramilitarismo, producto del Acuerdo de Paz de 2016. La política se aprobó en septiembre de 2023, pero su contenido se conoció en mayo pasado cuando el Gobierno publicó el decreto 0665 del Ministerio de Justicia.
Este decreto establece varias orientaciones y caminos para lograr el desmantelamiento de estas estructuras, garantizar los derechos humanos de las poblaciones y sujetos víctimas del paramilitarismo, les otorga a distintas instituciones del Estado responsabilidades específicas para la consecución de los objetivos, pero no toca por ningún lado el tema de la doctrina militar ni del paramilitarismo como política de Estado.
Al igual que el observatorio pactado con el ELN, de este decreto no se conocen logros palpables en los hechos.
A pesar de la incertidumbre, las dudas, los caminos por recorrer, las limitaciones jurídicas y políticas, y del ataque constante a la política de paz total, las mesas de diálogos con las AGC y las ACSN esperanza a toda una sociedad asediada por años por el paramilitarismo y condenada y perseguida por el Estado.
Bienvenidos los diálogos, y que estos contribuyan a corto plazo a aliviar la vida de las comunidades víctimas de conflicto, y a mediano y largo plazo contribuya no solo al sometimiento de estas dos organizaciones, sino al desmantelamiento del paramilitarismo como política de Estado.
