Por Libardo Sarmiento Anzola*
La prueba del éxito de un Gobierno no consiste simplemente en el mantenimiento de un ritmo adecuado de expansión económica, sino lo que hace para que la vida de todos los ciudadanos transcurra en bienestar, justicia, convivencia y dignidad. Es imprescindible, por tanto, que la dinámica y cambios económicos sean sostenibles y estén en armonía con el proyecto democrático de sociedad y con las políticas públicas. La coalición política “Pacto Histórico” se autoproclamó como el gobierno del cambio. Las reformas pensional y laboral son dos componentes centrales en la cosmovisión de la administración Petro-Márquez.
El cambio en un contexto económico adverso
En las sociedades capitalistas, el modo de producción, en la vida material, determina el carácter general de los procesos de vida social, política, institucional, cultural e intelectual. El mercado mundial es el árbitro principal de estas sociedades. El término periferia tiene sentido en la dialéctica antinómica «centro-periferia» del capitalismo; alude a la totalidad de fenómenos que tienen implicaciones espaciales en la geopolítica global. Dualidad jerárquica del sistema económico-financiero-político-tecnológico y militar dentro del que Colombia es calificada como nación periférica.
Por tanto, la dinámica de largo plazo del país es dependiente y está imbricada en los ciclos globales del sistema mundo capitalista. Durante el período 1960-2024 (incluyendo las estimaciones del PIB para los años 2023-24 del Banco Mundial), el promedio de crecimiento mundial de la economía es de 3,4 % y el de Colombia 3,9; aunque un poco más alto, la evolución del PIB es más inestable y con variaciones abruptas (gráfico 1). En su informe “Perspectivas económicas mundiales” de enero de 2023, el Banco Mundial pronostica que el PIB colombiano pasará de un crecimiento del 10,6 % en 2021 a 8,0 en 2022, y descenderá a 1,3 en 2023. Para 2024 se estima que la producción crezca 2,8 de acuerdo con estas estimaciones, en un contexto de cambio disruptivo, como lo plantea el nuevo gobierno.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2023-2026
El programa de Gobierno del presidente Gustavo Petro propone que las transformaciones se realicen teniendo como punto de partida el territorio y las personas. El PND es el inicio de una transición que desemboca en la Paz Total. Una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna y construyamos un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza.
Las cinco grandes transformaciones que propone el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 son: (a) Ordenamiento del territorio alrededor del agua. (b) Seguridad humana y justicia social. (c) Derecho humano a la alimentación. (d) Transformación productiva, internacionalización y acción climática. (e) Convergencia regional. El PND contempla inversiones durante el cuatrienio de gobierno por la suma de $1.154,8 billones; en términos comparativos anuales, esta cifra equivale a una quinta parte del PIB del país y al 70 % del Presupuesto General de la Nación (PGN). El (cuadro 1) muestra la distribución porcentual del presupuesto para cada eje:
Las reformas laboral y pensional. El PND 2023-2026 señala que el país requiere un rediseño de su sistema de protección social, que asegure la oferta necesaria, pertinente y de calidad; y de una reforma a la seguridad social que garantice una protección universal frente a los riesgos en salud, desempleo y la vejez; pero a la vez se requiere una reconversión laboral y transformación productiva que brinde oportunidades a la población y a todas las personas la oportunidad de desarrollar sus potencialidades.
La Misión de empleo, un antecedente a tener en cuenta. A mediados de 2020, la administración Duque (2018-2022) dio inicio a la Misión de empleo (MdE) con una duración de un año, bajo la dirección del economista mexicano Santiago Levy. El objetivo de la ME consistió en el análisis y diseño de estrategias, reformas y políticas que permitieran extender y mejorar la protección social para los trabajadores, y crear mejores condiciones para que las empresas generen empleos más productivos y mejor remunerados.
Diagnóstico de la MdE. El mercado laboral colombiano está muy mal. Tiene una protección social ineficiente, un empleo precario para las personas y ofrece pocas oportunidades para que estas mejoren sus condiciones laborales, lo cual castiga el crecimiento económico y la productividad, por lo que no es de extrañar que Colombia presente las tasas de crecimiento de desempleo más altas de Latinoamérica.
Recomendaciones de la MdE. Según Santiago Levy, estas son algunas sugerencias que le permitirían a Colombia crear un plan estratégico para mejorar las condiciones laborales existentes en el país: I) identificar los elementos de protección social que se requieren ajustar en materia de servicios de salud, pensión, seguros previsionales, de desempleo y compensaciones en materia de despido; ii) establecer la forma en que se financiarán esos ajustes y cambios en lo laboral, esto es, definir qué viene del tema tributario, cuál debería ser el aporte que le corresponde a los trabajadores, según sus ingresos, así como los subsidios que requieren aquellos que devengan mucho menos, y cuales las contribuciones que recaerían sobre los empresarios; iii) la Misión señala que se deben “separar el papel del salario mínimo como piso y umbral”; iv) es necesario avanzar en la renovación de los instrumentos creados para la protección a aquellos que pierden sus empleos, así como fortalecer las instituciones de fiscalización laboral adecuándolas; v) la Misión señaló que también será necesario reorganizar las instituciones de capacitación y formación de recursos humanos para asegurar una fuerza de trabajo más atractiva para el sector productivo.
Otros aspectos importantes identificados por la ME tienen que ver con construir una visión objetivo que amplíe y mejore la proyección social en el contexto de un mercado laboral menos segmentado y más favorable a la productividad. Sobre todo, se quiere reducir la alta informalidad laboral que tiene Colombia. Es necesario reducir la tasa de desempleo, en lo que será clave el crecimiento de la economía y la productividad; reducir las brechas de género y urbano-rurales, e incluir a los jóvenes en el mercado laboral, entre otros propósitos urgentes.
El rezago colombiano en seguridad social de la población
La seguridad social en Colombia tuvo un origen tardío en relación a la historia mundial, en general, y respecto a América Latina, en particular. Frente a las luchas socialistas y emancipatorias de la clase trabajadora, en la Europa de mediados del siglo XIX, el Gobierno autoritario y conservador de Bismark en Alemania impulsó las primeras políticas de seguridad social y de sufragio universal para contener y neutralizar la fuerza revolucionaria (Constitución federal de 18719); medidas e instituciones que fueron imitadas en Inglaterra y demás países continentales. En los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, principalmente), caracterizados por ser receptores de la migración de fuerza de trabajo europea, los derechos económicos y sociales se establecieron a principios del siglo XX y se construyó la institucionalidad requerida para garantizarlos. En Colombia las primeras medidas de la seguridad social se inician a mediados del siglo XX, pero con una restricción significativa: solo cubrían a los trabajadores formales del sector privado y a los empleados del Estado; por consiguiente, dos terceras partes de la fuerza laboral y de los sectores populares fueron crónica y estructuralmente excluidos del acceso a la salud, las pensiones y la seguridad laboral en general.
En este sentido, la ME afirmó que la solidaridad, al llevarse a cabo a través de la tributación y no a través del mercado laboral, sería mucho más eficaz que en la actualidad, ya que abarcaría a todos los que tienen altos ingresos, independientemente de su fuente; y, en contraparte, beneficiaria a todos los que la requieren.
Todos los derechos humanos de las dimensiones económica, social, cultural y ambiental se deben expandir gradualmente hasta alcanzar la universalidad, sin discriminación alguna y sin importar las formas de ocupación o trabajo. Financiar la seguridad social con impuestos generales y no más con las contribuciones sobre la nómina, para los trabajadores que aún no la tienen mejoraría el acceso, ya que todos los trabajadores y ciudadanos tendrían los mismos derechos a beneficios en especie y en dinero. Adicionalmente, la universalidad de la protección social elimina la necesidad de utilizar el salario mínimo como umbral para las pensiones de retiro, o para las contribuciones de los trabajadores independientes o por cuenta propia a la seguridad social.
Características del mercado laboral colombiano
La población económicamente activa (PEA: 12 años y más de edad) comprende a las personas que durante un período de referencia se encuentran trabajando (ocupados) o buscando activamente un trabajo (desempleados); en contraste, la población Económicamente Inactiva (PEI) es el grupo de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral. En el mes de diciembre de 2022, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 22,5 millones de personas.
En Colombia, durante los últimos setenta y tres años, la tasa de desempleo (% Población no ocupada y que busca trabajo/Población económicamente activa) registra dos fases: durante el período 1950-1965, la desocupación fue inferior a dos dígitos; a partir de 1966, la exclusión laboral tiende a estar en dos dígitos, alcanzando un pico de 19,7 % en el año 2000 y otro de 21,4 en mayo de 2020 (gráfico 2).
Para el 2022, la tasa de desempleo del total nacional fue 11,2 %, lo que representó una reducción de 2,6 puntos porcentuales respecto al 2021 (13,8%). La tasa global de participación se ubicó en 63,6 %, lo que significó un aumento de 2,1 puntos porcentuales respecto al 2021 (61,5%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 56,5 %, lo que representó un aumento de 3,4 puntos porcentuales respecto al 2021 (53,1%).
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), durante el periodo 2001-2022 el porcentaje de población en edad de trabajar viene aumentando de 68,4 a 77,3 % debido al envejecimiento relativo de la población. En paralelo, la tasa global de participación desciende de 69,1 a 63,8 %, a causa de la exigencia de un periodo de formación mayor (capacitación, formación y educación) que demora el ingreso al mercado laboral. La tasa de ocupación tiende a mantenerse constante alrededor del 57 %. Las tasas de desocupación y subocupación han caído en 10 puntos porcentuales, sin embargo, afectan a una quinta parte de la fuerza de trabajo.
En este mercado, de cada 100 connacionales que hacen parte de la fuerza de trabajo y que se encuentran ocupados, la categoría “obrero, empleado particular” concentra el 36,8 % en promedio durante el período 2001-2022; la otra posición ocupacional en importancia es la de trabajador por cuenta propia, al participar con el 41,8 % en el total de trabajadores ocupados. La estructura ocupacional colombiana por grandes sectores económicos es consecuencia de la evolución de la estructura productiva; en 1938, de cada cien trabajadores 61,6 % laboraba en el sector primario; 17,0 en el secundario y 21,4 en el terciario; para 2022, el 16,4 % se encuentra trabajando en el sector primario, el 18,6 en el secundario y el 65,0 en el terciario (servicios, transporte, comercio).
Informalidad y economía popular
La informalidad es un problema estructural de Colombia, ese tipo de empleo es inestable, en general con bajos ingresos y sin protección ni derechos laborales.
El DANE reveló que entre 2001 y 2022 el porcentaje de población ocupada de carácter informal pasó de 68,7 a 58,3 % (gráfico 3). Trabajadores informales que laboran en actividades de baja productividad, microempresas, trabajos precarios e inestables y sin acceso a la seguridad social. La informalidad registra una alta correlación de signo positivo con la pobreza, la concentración del ingreso y las tasas de desempleo. En menor grado, la informalidad se correlaciona negativamente con las variaciones en el ingreso per cápita.
En las sociedades capitalistas la división del trabajo está tan desarrollada, que todos los trabajos y las actividades económicas y financieras constituyen en su conjunto un sistema de producción. El sector informal caracteriza a la economía colombiana y más correctamente debe definirse como la economía popular por oposición a las unidades económicas propiamente capitalistas. Por tanto, los sectores formal e informal mantienen fuertes relaciones recíprocas, derivadas de una movilidad cada vez mayor entre ambos. En gran parte, el movimiento de las actividades y el trabajo informal, unido a las asociaciones cooperativas representan una victoria preliminar para la economía política del trabajo sobre las del Capital. La cooperación es la negación del núcleo del Capital: el trabajo asalariado. No obstante, esto no es posible hasta tanto no se formen parte de asociaciones productivas dentro de las fuerzas y relaciones de producción. Estas formas de organización y producción están destinadas a tener la corteza del viejo sistema a la vez que las semillas del nuevo. La economía popular da trabajo a más de la mitad de la fuerza de trabajo, genera el sustento o ingreso diario de la mayoría de los hogares y contribuye con una tercera parte del PIB.
Los 18 temas de la reforma del mercado laboral
Tras la primera sesión de la subcomisión de la reforma laboral de 2023, el Ministerio del Trabajo dio a conocer cuáles serán los principales puntos que se tendrán en cuenta para la construcción del proyecto, que se radicará en el Congreso de la República. La iniciativa plantea reformas al derecho laboral individual y colectivo, y desarrolla principios del art. 53 de la Constitución e incorpora nuevos debates del mundo del trabajo. Los temas que se debatirán en la mesa de la subcomisión de la reforma laboral de 2023 son: i) Principios laborales y constitucionales; ii) Estabilidad laboral y modalidades de contratos; iii) Tercerización/ subcontratación, unidad de empresa; iv) Control al uso de contratos de prestación de servicios; v) Contrato de aprendizaje; vi) Dominicales y festivos; vii) Jornada nocturna; viii) Automatización; ix) Descarbonización; x) Trabajo en plataformas digitales; xi) Trabajo rural; xii) Trabajo informal; xiii) Trabajo migrante; xiv) Trabajo sexual; xv) Equidad y reducción de brechas; xvi) Asociación sindical; xvii) Negociación colectiva; xviii) Huelga.
La reforma pensional
La reforma estructural aplicada en Colombia en 1993 sobre el disperso y desordenado mapa de regímenes pensionales que existía, agrupó en dos regímenes diferentes a la gran mayoría de población trabajadora con la obligatoriedad de cotizar y acogerse a regulaciones diferentes para cubrir las contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia. Un régimen de prima media con prestación definida (RPMPD) y un régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS). El esquema mixto (público -Colpensiones- y privado) permitió que los grandes grupos financieros controlen una alta proporción del ahorro pensional de la clase trabajadora.
En la lista de reformas del Gobierno, la de pensión ha ganado protagonismo de la mano con la laboral. Lo primordial, como ha destacado la ministra Gloria Ramírez, es la creación de un “sistema complementario que conste de tres pilares: el pilar de ahorro voluntario complementario, el pilar contributivo y el pilar solidario básico”.
El pilar solidario básico estaría a cargo financieramente del Presupuesto Nacional; el contributivo sería el que recibe los fondos de los trabajadores, pero aquí estaría otro de los cambios: las personas que ganen más de cuatro salarios mínimos tendrían que cotizar en Colpensiones, y solo aquellos con más de ese ingreso podrían elegir, finalmente, en el de ahorro voluntario, las personas que lo deseen podrían complementar su pensión.
En Colombia sólo logra pensionarse uno de cada cinco trabajadores. Actualmente se encuentran afiliados 24,7 millones de trabajadores y trabajadoras: 27,1 % en Colpensiones y 72,9 en las administradoras de pensiones de naturaleza privada. En contraste, Colpensiones sostiene el 84,6 % de los 1,9 millones de pensionados y las administradoras del régimen privado solo al 15,4 (cuadro 2). El RAIS se proyecta con una ineficiente capacidad de cobertura en los reconocimientos pensionales de la población afiliada al mismo, traduciéndose ello en el traslado de una población de mayor edad a programas asistenciales o de cobertura de ingresos pensionales subsidiados.
En Colombia la población mayor de 60 años bordea los siete millones de personas (45% hombres y 55% mujeres). A través del programa Colombia Mayor el país ya tiene el germen de una pensión similar al pilar solidario básico propuesto en la reforma que adelanta la administración Petro, pero esta necesita ser más generosa y ampliarse a todos y todas. En 2023, 3,6 millones de adultos mayores no cuentan con ninguna pensión ni ayuda económica. La parte del universo de población sexagenaria no cubierta por beneficios pensionales es justamente la población más pobre de Colombia; precisamente este universo de adultos mayores lo constituyen las personas que en su vida laboral activa fueron excluidas de los circuitos ocupacionales que cumplían con las condiciones de la institucionalidad previsional y salarial.
La pobre cobertura contributiva de la afiliación al SGP es una de las preocupaciones básicas de la institucionalidad estatal, gremial y social del país, pues sobre este universo cotizante se basa la sostenibilidad del Sistema.
Finanzas públicas, funciones del Estado y el cambio posible
Durante el siglo XX, en el mundo se agigantó y desbordó el influjo de la Hacienda pública en la estructura social, llegando en los últimos tiempos a ser impresionante dicho influjo, tomando en algunos casos un carácter confiscatorio. A mediados del siglo XX, el tamaño del gobierno en el mundo desarrollado superaba el 25 % del tamaño de sus economías.
En Colombia, las dos prioridades en el gasto público son las de funcionamiento y el cumplimiento del servicio a la deuda. Los gastos de inversión funcionan como una variable de ajuste, dependiendo del ciclo de la economía, el balance del PGN y los objetivos de los gobiernos de turno. En el país, las instituciones fiscales y el presupuesto, en sus rubros de ingresos, gastos y endeudamiento, se amoldaron al desarrollo del comercio, de la economía monetaria y de la intermediación financiera, en un país cada vez más urbanizado. No deja de ser importante que el gasto público depende del recaudo tributario y del endeudamiento estatal. La tributación directa, cuya principal innovación fue la reforma del impuesto de renta en los años 1930, y la indirecta, que se extendió a partir de la década de 1960 a través del impuesto a las ventas, permitieron financiar parcialmente los compromisos adquiridos por el presupuesto a lo largo del siglo XX y en lo corrido del XXI (gráfico 4).
La principal fuente de ingresos de la nación son los “corrientes”. Esto son ingresos de carácter permanente que se generan de la actividad normal de la entidad y se clasifican en tributarios y no tributarios. La segunda fuente en importancia son los recursos de capital que tienen una participación relativa de 28,5 % en 2023, cifra menor a la de 2022 que fue de 41,6 debido al alto endeudamiento del país que contrajo la administración Duque (2018-2022), lo que obligó al gobierno del Pacto Histórico a hacer un ajuste radical, y la negociación con los acreedores para aplazar el pago del capital adeudado.
La deuda pública se encuentra integrada estructuralmente a la Hacienda pública y es simbiótica a la hegemonía del capital financiero sobre la sociedad. El sistema de crédito se ha convertido en la principal palanca moderna para la extracción de riqueza del resto de la población por el capital financiero. Los gobiernos proveen a sus necesidades, de cualquier manera que se entienda, gastando al presente más de lo que supondría los ingresos, y cubren la diferencia con deudas manifiestas u ocultas, que permiten disfrutar hoy el beneficio de los gastos, remitiendo su carga a las próximas generaciones.
Durante el período 1950-2023, el balance fiscal de la Hacienda pública es deficitario con un valor promedio de -2,7 %. No obstante, la variabilidad o desviación respecto a este valor promedio es significativamente alto: el coeficiente de variación es de -78,0 %; el rango de variación es de 8,7 puntos porcentuales, el valor mínimo es un déficit de -7,8 % y el máximo es un superávit de 0,9 en el año 1950 (en los 74 años analizados solamente se registran superávits en 6).
En Colombia, la relación entre gasto público y tamaño de la economía (presión fiscal) registra a lo largo del período 1947-2023 un valor promedio de 16,5 %; presenta además una alta variación con tendencia creciente en el tiempo: el coeficiente de variación es de 46,45 %, con un rango de 26 puntos porcentuales, un valor mínimo de 5,4 % en el año 1947 y un valor máximo de 31,5 en 2023 (gráfico 5).
El gráfico 5 registra las estadísticas básicas de la estructura y funciones del Estado colombiano con base en presupuesto de gastos o ley de apropiaciones de los años 1947 a 2023. La función financiarización concentra en promedio el 13,1 % del gasto público; la función administración, control, regulación, jurídica y fiscalista mantiene una media de 19,8; el mantenimiento y defensa del orden social condensa el 21,1; la función relacionada con el apalancamiento de la acumulación y la reproducción del capital tiene una media de 13,9; la función hegemonía, cultura, ideología y; reproducción socio-laboral muestra la media más alta, esto es, 31,7; finalmente, en contraste la función regulación metabólica y sostenibilidad ecológica presenta el valor promedio más bajo en la apropiación: 0,4 por ciento.
El PGN y el cambio de la administración Duque al Pacto Histórico
El gobierno del Pacto Histórico es de carácter “estadocéntrico” respecto a la larga hegemonía de la derecha neoliberal en el control directo del Estado: la proporción entre el gasto público y el PIB se eleva 5,2 puntos porcentuales al comparar el promedio de la administración Duque (2018-2022) y el primer presupuesto aprobado y ejecutado por la presidencia de Gustavo Petro (2023), al pasar de 26,2 a 31,5 %.
En la distribución funcional de los gastos en la estructura del PGN, los cambios son marginales. De las tres funciones del Estado analizadas, la mitad pierde su participación relativa: financiarización (-2,9 puntos porcentuales), orden social (-1,3) y hegemonía (-2,8). Las otras tres funciones aumentan el peso relativo en la estructura de gasto: administración (gana 6,4 puntos porcentuales), acumulación de capital (0,4) y ambiental (0,1) al comparar los promedios 1919-2022 respecto al año 2023.
El Presupuesto General de la Nación está aforado por un valor de $405,62 billones para el año 2023; El PGN 2022 fue aprobado por un monto de $350,4 billones del 15,8 %. De acuerdo con la estructura de gasto, el gobierno del Pacto histórico aumentó en 3,1 puntos porcentuales los gastos de funcionamiento de 2023 respecto al año 2022; en contraste, redujo los gastos de inversión en -0,9 y el servicio a la deuda en -2,2.
En relación con la estructura porcentual de los ingresos de la Nación según rentas, recursos de capital y balance fiscal del sector público en proporción del PIB, al comparar el promedio de la administración Duque (2019-2022) con el primer año fiscal del Pacto Histórico se observa que la administración Petro aumenta en 11,4 puntos porcentuales los ingresos tributarios, reduce en -7,0 los no tributarios y en -4,4 los recursos de capital. El promedio del déficit fiscal de la administración Duque fue de -6,2 % respecto al PIB; en la administración del Pacto Histórico se proyecta reducirla a 4,0 % en el año 2023.
Sin embargo, el gobierno progresista hereda un déficit fiscal de poco más de 8 % del PIB, esto es, $94,2 billones, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda. Por su parte, los registros de la Contraloría General de la República muestran que al cierre de 2021 la deuda total del sector público contabilizó $874,9 billones, correspondiente al 74,3 % del PIB. El déficit fiscal y la deuda pública, en conjunto, dificultan aún más concretar los ejes y promesas del nuevo gobierno para sus 4 años de gestión: las dos deudas suman $969,1 billones, equivalentes al 82,3 % del PIB.
Conclusiones
Si de verdad y de manera realista se quiere generar un cambio disruptivo en Colombia, se debe separar el derecho humano universal a la seguridad social de las condiciones oscilantes e imprevistas del mercado laboral o de las formas específicas de trabajo de los ciudadanos.
Los derechos humanos universales a la salud, a la educación, a las pensiones (por enfermedad, vejez o sobrevivencia), el seguro de desempleo y el ingreso ciudadano universal y garantizado o renta básica deben garantizarse y financiarse con el Presupuesto General de la Nación, tanto de ingresos como de apropiaciones. El país requiere una reforma fiscal estructural que desconcentre la riqueza y el ingreso.
La fragilidad en la coalición de gobierno se ha dejado ver con toda claridad en el trámite de la reforma tributaria al finalizar el año de 2022. El proyecto original perdió su espíritu original y sus alcances se redujeron ante la oposición de las fuerzas reaccionarias y burocráticas, pues no se impusieron tributos a las exorbitantes pensiones que devengan las exdirectivas de las diferentes ramas del Estado, ni se gravaron las actividades minero-energéticas, tampoco las altas ganancias de las iglesias o los altos patrimonios de los sectores más ricos de la sociedad; por tanto de la aspiración inicial de $40 billones se redujo a $20 billones, cuyo destino principal son solo dos: reducir el déficit fiscal y mantener los programas de asistencialismo social (suman más de 60, caracterizados por su alta dispersión y su baja eficacia).
Un gobierno progresista debe impulsar, fortalecer y expandir las formas asociativas de la economía popular. El PND tiene contemplado dentro de las facultades extraordinarias al presidente la creación de una institucionalidad que fortalezca e impulse la economía popular a nivel nacional. Adicionalmente, es necesario realizar una reforma financiera que permita articular los sistemas de crédito con las dinámicas de la economía popular. El marco de regulación y tributario debe ser favorable a las condiciones y necesidades de la economía popular.
Una de las grandes falencias del mercado laboral colombiano es la baja productividad. Un trabajador colombiano trabaja muchas horas y produce el 35 % de lo que produce un trabajador europeo. Un trabajo productivo puede ser bien remunerado; genera más valor por unidad de tiempo. En promedio, la población trabajadora en Colombia registra un nivel de productividad bajo debido, en parte, a su escasa formación académica y/o técnica, a la subutilización de la fuerza laboral, a la participación en actividades que no generan valor agregado y a la inadecuada relación entre el equipamiento de capital y la dimensión de su población trabajadora.
Paralelo a las reformas laboral y pensional se requiere construir un importante y significativo sistema de formación para el trabajo que garantice el conocimiento, las habilidades, y las competencias que necesita los modernos y cambiantes mercados de trabajo. Para que el mercado laboral funcione bien, gran parte de la reforma laboral debe centrarse en mejorar la formación para el trabajo.
La actual deformación del aparato económico colombiano genera una débil proyección de los sectores que debieran ser los dominantes y sostenibles ambientalmente: el industrial, el agropecuario y energético, garantizando con estos autonomía y soberanía en variados aspectos de la producción, el mercado y el consumo. En paralelo, estos debieran estar ligados a estrategias de ciencia y tecnología, efectiva reforma rural, financiación de variedad de iniciativas productivas y de mercado a pequeña y mediana escala a lo largo del país les dan empleo a millones de personas, así como aupar un proyecto educativo en los niveles media/técnica y superior que refuerce y libere la energía creativa contenida de millones de jóvenes.
La estructura de los tres pilares permite universalizar el derecho a la pensión: i) pilar solidario: a cargo del Presupuesto General, para quienes no consiguen una pensión; ii) pilar contributivo de reparto (o prima media): cotiza el trabajador que gane hasta cuatro salarios mínimos legales en Colpensiones, más de cuatro SML puede elegir el fondo de su preferencia; iii) y, un tercer pilar obligatorio y/o voluntario de cuentas individuales administrado por los fondos privados, para quienes deseen complementar su pensión. Es necesario contar con los recursos financieros suficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema. Por tanto, una reforma tributaria estructural y progresiva debe dotar al Gobierno de los recursos requeridos, además de mejorar la justicia distributiva del sistema económico y social.
Siempre habrá necesidad de equilibrar la protección de los derechos laborales y la universalidad del derecho humano a la seguridad social, que son muy importantes y, al mismo tiempo, promover un mundo donde puedan crecer las empresas. Y la manera de buscar la mejor solución a nivel nacional es tener un diálogo social permanente, solidario y democrático.
*Economista y filósofo. Investigador, escritor y consultor independiente
