Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 72)
Por: Caribe Investigación
- Paz esquiva
Sigue escalando la guerra entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). El pasado viernes 29 de noviembre se registró un combate entre ambas organizaciones en la zona rural del Distrito Riohacha, en los límites con el municipio Dibulla.
La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL) se pronunció un día después en la plataforma X en los siguientes términos: “Persisten los combates entre el @EgaitanColombia y las @ACSN129068 en la parte alta de Dibulla (La Guajira). En esta región habitan principalmente Koguis y Wiwas. Es urgente que las dos partes dialoguen para evitar que este conflicto se siga agudizando y por la búsqueda de la paz”.
En agosto pasado, el Gobierno nacional anunció que establecería mesas de diálogos socio jurídicos —por separado— con las AGC y las ACSN; anuncio al que ambas organizaciones respondieron positivamente con mensajes de compromiso para la construcción de la paz. En realidad, la voluntad ha sido de palabra y no de hechos.
Ambas organizaciones han incrementado los enfrentamientos por la disputa territorial en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, con mayor impacto humanitario para la zona rural de Riohacha y la Troncal del Caribe; pero la disputa trasciende las balas, puesto que ambos se vienen acusando mutuamente a través de las redes sociales. El bulto lo siguen llevando las comunidades.
Con respecto a las mesas con ambos actores, nada se ha avanzado. Urge la instalación de estas y la participación de todos los sectores y actores involucrados en el territorio para blindar un proceso que no debe limitarse a los actores armados y el Estado.
2. Al borde del abismo
Barranquilla se encuentra al borde del abismo por cuenta de la inseguridad y el crimen generalizado. Es la tercera ciudad más insegura del país, según reportes de la Policía Nacional. La gente está desesperada, los pequeños comerciantes en la quiebra, la extorsión se incrementa sin que las autoridades puedan hacer absolutamente nada más allá de las mismas declaraciones rimbombantes de siempre.
Y al Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, no le pareció otra cosa que soltar la siguiente perla: “No tenemos ningún proceso con grupos criminales en Barranquilla… es que no podemos abrir otros procesos. Ya tenemos diez procesos abiertos. Desde luego, a uno le gustaría abrir procesos con toda banda, con todo grupo criminal, pero tenemos una limitación de espacios”.
Sorprende porque hasta hace pocas semanas se hablaba de una negociación con Los Costeños, una de las principales organizaciones del crimen organizado en el Atlántico, con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad del departamento; incluso a inicios de octubre se registró en Galapa una entrega de armas por parte de este grupo a agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.
Que Patiño diga que no pueden abrir otros procesos por la limitación de espacios deja mal parado al Gobierno. Lo que es peor, deja sin esperanza a la ciudadanía del Atlántico y de Barranquilla, acorralada por las extorsiones, robos, hurtos y enfrentamientos entre bandas y organizaciones.
“La guerra de las bandas criminales por el control de las rentas de microtráfico y extorsión es responsable, en gran parte, de que en agosto, septiembre y octubre de 2024 se hayan roto todos los récords de homicidios de las últimas décadas en Atlántico, con Barranquilla y Soledad a la cabeza”, explicó muy bien el columnista Juan Alejandro Tapia, en un artículo reciente publicado por La Contratopedia Caribe.
- Supergiros y la extorsión
Ingenuo el titular del diario El País de España con respecto a la extorsión en el Caribe: “Los ataques del Clan del Golfo a Supergiros reflejan la extorsión silenciosa que se ha tomado al Caribe colombiano”.
Que hoy se haga visible este problema porque afecta a una cadena importante de giros de dinero no significa que sea silencioso ni nuevo. La extorsión en el Caribe ha crecido los últimos años y la practican distintos grupos armados, sean bandas organizadas o agrupaciones más estructuradas y con mayor presencia e incidencia territorial, como las AGC y las ACSN, pues representa una de las principales fuentes de financiamiento.
Los más afectados son los pequeños comerciantes y tenderos de barrios, quienes han tenido que cerrar sus negocios por las amenazas de estos grupos. Muchas de las amenazas quedan en el anonimato por miedo, algo que las autoridades reconocen como subregistro. Pero también afecta al sector inmobiliario y turístico de las principales ciudades del país, aunque pública u oficialmente no se admita.
Sorprende un poco el impacto que está teniendo en una empresa con la visibilidad de Supergiros, lo que nos lleva a pensar en dos cosas: primero, la incapacidad del Estado, del Gobierno nacional y de los gobiernos locales y regionales para combatir este crimen.
Lo segundo, el poder de las AGC en la costa Caribe es de tal magnitud que hoy pueden utilizar la extorsión y las amenazas (desde el punto de vista mediático, claro está), como una herramienta de presión contra el Gobierno en víspera de una mesa de diálogos que no termina de cuajar.
Esto debilita, en todo caso, la imagen del Estado y del Gobierno, y le da entrada a las promesas de seguridad de la ultraderecha, que públicamente anuncia como solución la reedición de la Seguridad Democrática de Uribe.
- ¿Victoria popular?
Fue derrotado en el Cesar el proyecto de ordenanza “Seguridad y Convivencia Ciudadana”, cuyo recaudo se cobraría mediante la factura de luz de la empresa Afinia. A pesar de ello, de lejos representa una victoria de los sectores populares, como se ha querido dar a entender.
Es que la aplicación del impuesto estaba contemplada para los ciudadanos de estratos 4, 5 y 6, quienes debían pagar 9 por ciento más en la factura del recibo de luz, mientras que para los sectores comerciales e industriales era de 10 por ciento. Desde el principio, los sectores comerciales e industriales movilizaron la opinión pública para frenar este proyecto porque afectaría sus finanzas, más no por la noble causa de defender el bolsillo de los usuarios de a pie.
“La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) seccional Cesar, que agrupa a 150 empresarios de Valledupar, consideró desde un comienzo, que el impuesto del 10 por ciento impactaría de una manera negativa en el sector, al punto que podría llevar a muchos negocios a cerrar sus puertas”, reseñó El Tiempo.
A diferencia de lo que viene sucediendo en Barranquilla con la tasa de seguridad y alumbrado público, de la cual se benefician los grupos económicos aliados del clan Char, en Cesar los grupos de poder le sacaron la silla a la gobernadora Elvia Milena Sanjúan porque tendrían que poner de su bolsillo un impuesto adicional para financiar la seguridad.
- ¿Gestores de paz?
La designación de un grupo de 18 exjefes paramilitares de las antiguas AUC como gestores de paz provocó el rechazo de amplios sectores del país, sobre todo de aquellas voces y actores víctimas del paramilitarismo o defensores de derechos humanos y analistas del conflicto.
Acompañamos la indignación habida cuenta de los delitos y crímenes atroces cometidos, sobre todo por la impunidad que ha reinado desde la firma del proceso de Justicia y Paz durante el mandato de Uribe. Sin embargo, se deben reflexionar con detenimiento varias cosas.
En primer lugar, como ha aclarado el Gobierno, la designación no significa un cheque en blanco para que los excomandantes queden absueltos ante la historia y la justicia. La designación es para que sirvan de facilitadores y mediadores entre organizaciones criminales y paramilitares y el Gobierno para lograr desmovilizaciones individuales o grupales, sometimientos y desescalar el conflicto.
El Gobierno fue claro: el nombramiento “no modifica su situación jurídica, ni las medidas de aseguramiento vigentes, o su régimen de libertad, ni conlleva beneficios judiciales”. Y no solo se espera que así sea, sino que los 18 ex comandantes también se comprometan con la verdad y reparación a las víctimas del inconcluso proceso de la década del 2000.
Precisamente, el presidente Petro subrayó que uno de los objetivos principales de la propuesta es terminar el proceso de desmovilización de las AUC. Pero asalta la duda: ¿bajo qué condiciones?, ¿en qué términos? Se conoció a través de El Espectador que se adelanta una iniciativa en el Congreso para extender el período de la Ley de Justicia y Paz, cuya vigencia terminará en 2025.
Aquí es donde se complica el panorama o, al menos, pudiera crecer el rechazo hacia la iniciativa del presidente. El principal obstáculo que se le presenta al Gobierno para avanzar en los procesos urbanos con las distintas bandas o con las AGC o las ACSN, es que no cuenta con un marco jurídico para soportar cada proceso y materializarlo; dicho sea de paso, una ampliación de la Ley de Justicia y Paz difícilmente podrá abarcar a bandas criminales que no tengan una relación directa con el paramilitarismo de la década de 2000.
El otro asunto es que la correlación de fuerzas del Gobierno dentro del Congreso, las tensiones entre Petro y la oposición cada día son más intrincadas. Y el ataque mediático de las principales figuras de la oposición hacia el Gobierno en torno a la paz tota o la política de seguridad en general no deja margen para el diálogo y la reflexión.
Pero, ¿a quién beneficiaría la extensión de ley? El articulado, según cita El Espectador, “tiene todo para convertirse en el marco jurídico que el Gobierno necesita con urgencia para el sometimiento a la justicia de bandas y estructuras criminales, aunque por la forma en la que está diseñado terminaría beneficiando mucho más al Clan del Golfo”.
¿Está consciente el Gobierno de ello? Posiblemente sí, pero pensar a estas alturas que a las AGC las pueden derrotar militarmente no solo sería irresponsable, sino ingenuo porque se han expandido por amplios territorios y zonas, mantienen alianzas y relación con figuras, voceros y estructuras policivas y militares del Estado.
Regresemos al punto principal: ¿la designación de ex jefes paramilitares puede contribuir a la paz en el país? Al igual que el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) creemos que “es urgente que el gobierno reevalúe esta estrategia y priorice un enfoque centrado en garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición, poniendo a las víctimas del paramilitarismo y del Estado en el centro del proceso, y asegurando su participación activa en el mismo”.
Sin embargo, ¿se puede consolidar un proceso de paz en el país sin la participación de las principales cabezas del paramilitarismo de las décadas de 1990 y 2000? Depende de cómo se analice.
Es importante que, cumpliendo con criterios éticos y también con la participación de las víctimas, se establezcan métodos de trabajo claros para que, por un lado, los exjefes paramilitares contribuyan con la verdad, reparación, y la justicia del proceso fallido del 2000, y por el otro, tiendan puentes en distintos procesos y con distintos actores para consolidar las iniciativas del Gobierno, sobre todo para tejer procesos duraderos, participativos y palpables para la paz.
Existen un hilo muy claro entre el paramilitarismo de la década de 2000 –a pesar de la falsa desmovilización del gobierno Uribe- y la continuidad del paramilitarismo en la década de 2010. Esto, sencillamente, no se puede obviar.
- La mentira sobre el gas
El anuncio de este domingo 1 de diciembre sobre la importación de gas a través de la comercializadora TPLGas desató todo tipo de críticas y mentiras. Ayer arrancaron con el coro: por primera vez en 45 años Colombia consumirá gas importado. Los titulares y contenidos de los distintos medios no discreparon mucho de esta matriz.
Ante tanta falsedad y poses de soberanía, se deben aclarar varias cosas: no es la primera vez que Colombia compra gas natural importado, lo viene haciendo desde hace años; por ejemplo, el que hasta ahora se viene comprando es de Estados Unidos, Europa y Trinidad y Tobago.
TPLGas será la encargada, por ahora, de suministrar a las empresas nacionales el gas natural importado, es decir, supone el reemplazo del grupo que monopolizaba la importación del combustible. También un cambio en la estructura del costo final porque este lo puede regular el Gobierno a través de la CREG, y no significa un alza en el costo del servicio final, como auguraba Naturgas y todo el sector energético en oposición al Gobierno.
El comunicado de TPLGas en ningún momento habla del reemplazo total del gas natural que se produce en Colombia, aunque sí especifica que pone a disposición 40.000 Millones de Unidades Térmicas Británicas (MBTUD). Toca esperar la versión del Gobierno para reflexionar con claridad sobre el tema.
Ahora bien, el sector energético del país, los grupos de poder y sus voceros mediáticos se alarman porque esta decisión supone dejar de producir gas en Colombia para importarlo en su totalidad y culpan a Petro por ello. Les recordamos que fue parte de su propuesta de gobierno en el marco de la transición energética, ¿de qué se sorprenden entonces?
Que no les conviene o no es lo ideal ya es harina de otro costal. Y por supuesto que no les conviene que una o varias empresas sean las que importen el gas natural bajo la regulación de la CREG, porque se les acaba el negocio a las empresas que venían haciéndolo.
