La minería masiva de datos (data mining) es la suma de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos, automática o semiautomáticamente, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos que expliquen el comportamiento de estos datos.

Cambridge Analytica (CA) es una empresa británica de análisis de datos digitales que trabajó para la campaña electoral de Donald Trump en 2016. Junto a Facebook, la mayor red social del mundo, son el vórtice de una tormenta político-mediática tras descubrirse una de las brechas de datos más grandes en la breve historia de internet. CA tuvo acceso no autorizado a información personal de 50 millones de usuarios de Facebook, sólo en EEUU. Así, Facebook se convirtió en corresponsable de la propagación de “fake news” o contenido falso durante el proceso electoral en EEUU para lograr cambiar la forma de pensar de la ciudadanía.

El escándalo se destapó cuando The Observer y The New York Times citaron a antiguos empleados, asociados y documentos de Cambridge Analytica para demostrar que la firma recopiló información privada de los perfiles de Facebook de decenas de millones de usuarios sin su permiso. Supuestamente obtuvo estos datos de Aleksandr Kogan, un psicólogo de la Universidad de Cambridge que creó una aplicación llamada Thisisyourdigitallife en 2014, quien luego compartió los datos con CA, lo cual le permitió desarrollar un 'software' para ayudar a influir en las elecciones.

Desde allí, la tormenta fue creciendo, tras las declaraciones del director ejecutivo de la empresa, Alexander James Ashburner Nix, frente a cámaras ocultas de la televisión británica, lo que generó urticaria y mucho nerviosismo en varios gobiernos de la región (Argentina, Brasil, Colombia y México) que también habrían utilizado esos algoritmos.

Esta historia comenzó con el uso de los datos filtrados para manipular a los votantes e influir en el resultado de las elecciones presidenciales de EEUU de 2016, cundo Donald Trump se alzó con el triunfo. Y continuó al utilizar sistemas similares para apoyar la campaña por el Brexit, la de Mariano Rajoy en las elecciones españolas, la de Peña Nieto en las mexicanas, ¿la de Santos en Colombia y Macri en Argentina?

Curiosamente, son todos ellos países con gobiernos de derecha, autoritarios, represivos. En Colombia, el temblor llegó cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el bloqueo de la app Pig-pi (aplicación de los hermanos estadounidenses Joel e Isaac Phillips), administrada por la sociedad Farrow Colombia SAS, puente de conexión con Cambridge Analytica, mientras surgía el nombre del alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, asesorado por esa empresa durante su última campaña a la Alcaldía capitalina.

El diario colombiano La República informó que Pig.gi llegó a Colombia el cuatro de noviembre de 2016, y recibió capital de Socialatom Ventures, compañía de la que es socio Andrés Barreto, un mimado joven empresario colombiano y uno de los fundadores de Grooveshark, Pulso Social, Onswipe, que está vinculado a Farrow Colombia SAS, en alianza con Cambridge Analytica, "el cerebro atrás de la elección de Trump".

En Argentina, el 19 de marzo pasado el presidente Mauricio Macri creó, por un decreto de necesidad y urgencia la “Unidad de Opinión Pública”. Un día después, Amnistía internacional publicó un informe donde demostraba, con datos concretos, la existencia de una cybertropa (que operaba con bots y mostraba comportamientos no humanos similares en diferentes cuentas de Twitter), que ataca a opositores o periodistas que plantean algún nivel de disidencia con el gobierno de Macri. Alexander Nix había mencionado a Argentina como otro de los clientes de CA, junto a Kenia, la India, Estados Unidos y China.

Cuando (casi) todo sale a la luz
La controversia dio un giro cuando un documental de Channel 4 News reveló las tácticas sucias de CA en procesos electorales en diferentes países. Los ejecutivos de la compañía fueron grabados alegando que podrían también usar las llamadas 'trampas de miel' (uso de relaciones sexuales o románticas para desacreditar a rivales), sobornos, espías y noticias falsas (fake news) para ayudar a determinados candidatos a ganar elecciones en cualquier país del mundo.

Cambridge Analytica cuenta con divisiones políticas y de mercadeo, y oficinas en Nueva York, Washington, Londres, Brasil y Malasia. La empresa fue financiada por el partidario de Trump y multimillonario Robert Mercer. El ex asesor de seguridad de Trump, Steve Bannon fue miembro de su junta directiva. Esta controversia puso de relieve que Facebook no salvaguardó los datos privados de los usuarios, tal como lo admitió ante el Congreso estadounidense el dueño de la red, Mark Zuckerberg. El exanalista estadounidense de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU (NSA), Edward Snowden, aseguró que Zuckerberg hizo su fortuna con la venta de datos íntimos de millones de usuarios.

“Las empresas que hacen dinero recopilando y vendiendo registros detallados de vidas privadas alguna vez fueron descritas como compañías de vigilancia. Su cambio de nombre a redes sociales es el engaño más exitoso desde que el Departamento de Guerra se convirtió en el Departamento de Defensa”, señaló.

Alex Taylor, otro directivo de CA dijo en uno de los videos de la televisión británica: “Podemos mostrarle al electorado lo que quiere ver, en el momento justo, en el lugar indicado. Mientras más información puedas conocer y más datos obtengas, mejor podrás manipularlo”. “Podrás saber quién es la oposición, sus secretos, sus tácticas…”, agregó Mark Turnbul, otro de los directivos.

La neutralidad de la Red
La transformación de los medios de comunicación en factores de poder, fue acompañada de una metodología para elaborar una realidad ficcional como herramienta de manipulación y construcción de un discurso hegemónico, cuyo objetivo es el control social.

El Big Data permite a la información interpretarse a sí misma (por medio de algoritmos), lo que va convirtiendo lo que nos queda de democracia en una dictadura de la información manejada y manipulada por las grandes corporaciones, al servicio de los poderosos. Hoy los temas de vigilancia, manipulación, transparencia y gobernanza de Internet cobran vital significado. Por eso la lucha por la neutralidad de la red.

Christopher Wylie, quien trabajó directamente en la construcción de herramientas que le permitió a CA comprar (y tener acceso a) datos que de otra forma no podrían haber extraído desde Facebook, explicó que “Sabríamos a qué tipos de mensajes sería susceptible una persona y dónde iría a consumir este contenido”, y agregó que “también sabíamos cuántas veces debíamos enviarle ese contenido, para lograr que cambiase su forma de ver el tema”.

De acuerdo a The Guardian, en 2014 Bannon era el jefe de Christopher Wylie; mientras que Mercer era uno de los inversionistas de Cambridge Analytica. “De alguna forma terminé siendo el canadiense vegano y gay que creó la herramienta de guerra psicológica de Steve Bannon”, relata el ex funcionario de la firma británica. Coincidentemente, Bannon también fue uno de los creadores del sitio de noticias de ultraderecha Breitbart, utilizado por Cambridge Analytica al momento de “bombardear con contenido” a los usuarios.

El polaco Michal Kosinski, profesor de la Universidad de Cambridge, descubrió seis años atrás que con analizar 68 “me gusta” de un usuario de Facebook podía deducir el color de la piel, su inteligencia, religión, adhesión política, orientación sexual, si consumía alcohol o tabaco. “La vida privada ha desaparecido: Con toda la información que se va dejando en Internet y otros sistemas (bancarios, celulares, tarjetas de crédito, sistemas de clientes, gubernamentales, etcétera), intentar protegerla es una batalla perdida”, señaló.

Nuestros correos electrónicos son cartas que viajan expuestas al cartero, nuestros foros son un semillero de confesiones jugosas, pero una serie de señales sencillas nos han inducido a creer que nos movemos en espacios lacrados. Es una ilusión poderosa, semejante a la naturalidad con que 500 años después de saber que la tierra gira sobre su eje, repetimos que el sol sale en las mañanas y se oculta en la noche, dijo Kosinski a la Revista Capital Online.

A su juicio, no basta estar en línea para dejar huellas, también lo que hacemos offline deja huellas, como las compras con tarjeta, nuestros movimientos mientras estamos con el celular en el bolsillo (o la cartera): nuestros celulares son un vasto cuestionario que está siendo rellenado constantemente, consciente o inconscientemente.

Es difícil para cualquiera de nosotros comprender la facilidad con que nos engañan los sentidos, nuestras percepciones (de eso se trata precisamente la llamada guerra de cuarta generación) y entender que una naturaleza tecnológica es la que define la realidad por la eficacia de los algoritmos, no sólo para obtener información, sino para procesarla y extraer a los usuarios toda clase de productos y subproductos capaces de favorecer la rapiña universal.

Pedagogía del Lejano Oeste (Far West)

Las masacres en los Estados Unidos se han convertido en un elemento característico de la identidad de los habitantes de ese país. En cualquier lugar y en el momento menos pensado irrumpe algún matón que, a sangre fría, asesina a las personas que encuentre a su paso, en iglesias, cines, discotecas, plazas públicas o en universidades y escuelas. Esos asesinos, Made in USA, son un resultado de esa “cultura de la muerte” que se ha gestado desde hace varios siglos, cuando se permitió la matanza indiscriminada de indígenas y negros africanos esclavizados a la brava. Son tristemente célebres los linchamientos de negros y las masacres de indígenas, para apropiarse de sus tierras, durante la brutal expansión hacia el Lejano Oeste en el siglo XIX. Esa cultura de la muerte se sustenta en el individualismo, en el darwinismo social, en el racismo, en la competitividad, como rasgos esenciales del capitalismo, que en los Estados Unidos se ejercen con inusitada violencia hacia quienes se ven como “enemigos” internos o externos.

Un rasgo esencial de esa cultura de la muerte es el endiosamiento a las armas, a las cuales se les exalta como un instrumento de libertad, hasta el punto que, según la Segunda Enmienda Constitucional, portar armas es un derecho individual, que ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales ni locales pueden restringir, es decir, legalmente existe una carta franca para matar.

Ese derecho a matar es propugnado a nombre de la libre empresa por los productores de armas, a quienes beneficia un libre mercado de instrumentos bélicos, como se muestra con algunas cifras en sí mismas contundentes: en 2009 ya habían más armas (310 millones) que habitantes (306 millones) en el territorio estadounidense; en 2012, los civiles tenían a su disposición 114 millones de pistolas, 110 millones de rifles y 86 millones de escopetas, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso; en 2013, último año del que hay cifras oficiales, se vendieron 16,3 millones de armas de fuego en ese país, o sea, 44.889 armas al día.

Al mismo tiempo, un poderoso lobby, encabezado por la Asociación Nacional del Rifle, fundada en el siglo XIX, efectúa una campaña permanente para que la libertad de portar armas no sea restringida. Dicha asociación cuenta entre sus principales impulsores a los republicanos y a la extrema derecha civil, así como a muchas iglesias evangélicas, defensoras incondicionales de la utilización de las armas de fuego por parte de sus feligreses.

La venta de armas es libre para cualquier persona en los Estados Unidos, incluso se les vende armas a niños y hasta a bebés. Por ejemplo, en 2007, Howard David Ludwig, alias 'Bubba', obtuvo su permiso de armas en Chicago a los 10 meses de edad. En el documento con el que se le vendió el arma, registrada a nombre de él, pero por supuesto adquirida por sus padres, se precisaba que el tenedor de la licencia tiene una estatura de 68 centímetros y pesaba nueve kilos.

Las escuelas y universidades se encuentran entre los sitios predilectos para realizar matanzas y tiroteos. A raíz de la masacre en una escuela de La Florida, con 17 muertos, han surgido novedosas propuestas “pedagógicas”, que vale la pena comentar por su notable contenido educativo. Así, el presidente de Estados Unidos propuso que los profesores se armaran, no precisamente de valor, sino con armas de fuego, para defenderse de posibles ataques. En concreto sostuvo: “Hay algo que se llama portar armas de forma oculta, y que solo funciona cuando tienes a gente entrenada para ello. Los profesores tendrían un permiso especial, y (la escuela) ya no sería una zona libre de armas”. Para rubricar su propuesta agregó que se podrían enviar “profesionales”, marines, a las escuelas, como forma de enfrentar el problema. Poco después, Donald Trump precisó su “humanitaria” propuesta: "Un 20% de profesores tendría la posibilidad de disparar inmediatamente si un loco salvaje se presenta en un colegio con malas intenciones. Una escuela libre de armas es un imán para la gente malvada”.

La “solución” que propone el presidente de los Estados Unidos es propia de la mentalidad guerrerista predominante en ese país, cuya consigna es solucionar el problema de las armas no mediante su eliminación o reducción, sino con más armas. En el caso de los profesores, eso quiere decir que la idea es darles armas y entrenamiento bélico a 640 mil maestros en todo el territorio estadounidense.

En lugar de proporcionarle a las escuelas y a sus estudiantes y maestros, cosas como bibliotecas, libros, música, arte… se les ofrece armas. De concretarse esa propuesta, se estaría armando con rifles, pistolas y escopetas a un 20 por ciento de profesores, y el 80 por ciento restante quedaría ahora a expensas no solo de estudiantes, sino de sus propios colegas.

Introducir armas en las escuelas tienen un efecto directo en la propia esencia de la educación, que es la de alimentar la diversidad de puntos de vista sobre un tema, discutir, controvertir, dudar, preguntar, sin que eso sea constreñido, menos recurriendo a la violencia física. Nada de eso tendrá sentido con profesores y estudiantes armados. Ningún debate o exposición de algún punto de vista controversial podrá efectuarse, cuando se corre el peligro de que cualquier debate, discusión o diferencia, termine con un duelo armado en la propia aula de clase.

Ya hay evidencia de lo que afirmamos. En la Universidad de Houston, en Texas, se dictan talleres en los que se brindan recomen-daciones a sus docentes de cómo defenderse en caso de algún ataque armado por parte de estudiantes. Y entre las indicaciones que allí se sugieren se encuentra la de “ser cuidadoso a la hora de discutir un tema sensible”, “eliminar ejes temáticos delicados del plan de estudio”, “no intervenir en determinadas situaciones si se está enfadado” o “limitar el acceso de los alumnos fuera de las horas lectivas”. En pocas palabras, ya lo más importante no son las ideas ni la capacidad de argumentación, sino las armas. Armados con esos instrumentos bélicos, en las aulas de clase se van a revivir los duelos del siglo XIX en el lejano oeste, cuando cualquier matón imponía su ley.

En los Estados Unidos se hace realidad uno de los principios rectores de la pedagogía represiva y autoritaria de todos los tiempos, que afirma que la letra con sangre entra, puesto que ahora los profesores pueden educar con el ejemplo de dispararles a sus estudiantes y estos pueden mostrar todo lo que han aprendido matando a sus profesores y a sus compañeros de clase. Como en Estados Unidos todo se mide en sangre, como en la guerra con el body count, el recuento de cadáveres, ahora el nivel y seriedad de la educación se medirá con un nuevo y novedoso ranquin: la cantidad de sangre que anualmente reporta una escuela o una universidad, de acuerdo al número de muertos, profesores y estudiantes, que en ese año se registren. ¡Esa sí que es una novedosa contribución a la cultura universal!

Asistimos al despliegue de una crisis civilizatoria, es decir orgánica, del sistema mundo vigente desde los años setenta; eso implica un cambio radical en la gestión de nuestro modo de vida. Su deconstrucción requiere de años y centurias como lo ilustra la historia, pues no se trata de una crisis funcional al mantenimiento del sistema sino a la emergencia de uno nuevo.

Dos son las variables que fundamentan el carácter de este tipo de crisis: un nuevo patrón o paradigma energético y un nuevo giro comunicacional. El primero relacionado con el tipo primordial de energía utilizada para el sostenimiento de todo el sistema por parte de las respectivas formaciones sociales, y el segundo con la forma de comunicarse entre sí.

En la historia de la humanidad se han dado dos de esas crisis, y actualmente nos encontramos en la transición hacia una tercera, debido a la emergencia de un nuevo patrón energético, sustentado en las energías renovables –que son las más abundantes en el planeta y el universo–, y de la comunicación en red-internet que fundamenta la naciente sociedad informacional.

La primera fase premoderna se erigió por sobre las comunidades primitivas a partir de la aparición de las ciudades-estados –hace unos diez mil años–, acompañada de la invención de la escritura y el uso de la leña, que superaba su tradición oral. Su gestión estaría a cargo de los sistemas políticos despóticos y patrimonialistas concentrados en un soberano: Faraón, César, Mandarín, Gran Inca o Rey, quienes disponían de forma personal de la organización de esas sociedades conocidas como hidráulicas.

La segunda fase emerge a partir del siglo XV con base en el uso de las energías fósiles como el carbón, y en el siglo XIX el petróleo, junto a la escritura de Gutenberg, que dio al traste con la premodernidad y erigió la sociedad moderna. Por sus características de ser una energía almacenada y de riqueza única, su gestión requiere de monopolios centralizados –de gran capital de inversión– como las empresas transnacionales, y políticos –de gran poder–, como los estados nacionales con sus agentes, los partidos políticos; todos estos asistidos por el despliegue científico y tecnológico “duro” y macro, la administración empresarial taylorista-fordista, y la democracia representativa liberal, entre otros. Su impacto ambiental y la reducción de las reservas del petróleo gatillan la aparición de una nueva fuente.

La crisis petrolera de los años setenta y su réplica a partir de entonces hace de las energías limpias el nuevo paradigma energético, a su vez acompañado de la comunicación en red, ambos en correspondencia con el nuevo espíritu de la época: lo diverso. Diversidad en las fuentes energéticas y en los discursos de la riqueza étnica y cultural. Fuentes energéticas que al no estar almacenadas sino disipadas en diversas fuentes: solar, eólica, hidráulica, térmica, biomasa, biogás, mareomotriz, olamotriz, hidrógeno, etc., revaloran el lugar como un punto vital y ponen en el centro la participación de sus lugareños en su producción y gestión. Como explica Gunter Pauli (2011) en su texto La economía azul, “se trata de un nuevo enfoque de la gestión de la demanda: la intervención en el lado del suministro…”

Esa nueva gestión cuestiona la administración corporativa vertical y monopólica de las grandes empresas, fundadas en la administración de la energía fósil almacenada. Así, da cabida al ejercicio de la participación directa de los productores y distribuidores individuales y colectivos, organizados en pequeñas y medianas empresas comunitarias autosuficientes, autogestoras y cogestoras, en red con otras comunidades e individuos, para el uso de sus propias energías, que como diría Gandhi, “no se basa en la fuerza, sino en la gente en su propio hogar, no una producción para las masas, sino de producción de las masas”. Sistema de producción de la mano de las tecnologías “blandas”, “pequeñas y hermosas”, de punta como la producción en 3D, que sigue la filosofía de acceso de código abierto, donde el software con las instrucciones para imprimir objetos no es propiedad de nadie, en el que se usan materiales de origen local que la hace una tecnología de aplicación universal.

Y como el asunto energético se concentra en la obtención de electricidad a partir del calor, la fricción, la presión, el magnetismo y la bioquímica, se abre entonces todo un arcoíris de posibilidades energéticas que incluye la producida por los mismos cuerpos biológicos a través de la química del potasio, el sodio y el calcio, que no necesita de pilas ni de cables, ni metales, requiriendo menos energía externa y la disminución en la dependencia de la minería, como explica Pauli.

Quedan de lado esas imágenes de grandes depósitos y chimeneas de las que salen diversas fuentes contaminadas y contaminantes –administradas por monopolios–, para imaginar tiempos en que se intercomunican los más diversos y constantes flujos limpios de energía, que mantienen en funcionamiento permanente la red, sin stock críticos por efecto de la acumulación, sino obrando armoniosamente a través de la complejidad distribuidora-productora.

Estas redes intercomplejas van construyendo espacios como Internets de energía local, cuyo ejemplo se ilustra en la India, “en dónde debutó a lo grande en julio de 2012, cuando el país sufrió el peor apagón, entrando en pánico gran parte de su territorio, mientras en una pequeña aldea de una zona rural de Rajastán siguió como si nada gracias a su micro red de electricidad verde”, según relata Jeremy Rifkin (2014) en su texto La sociedad de coste marginal cero.

De esa manera se va predisponiendo una civilización del Procomún Colaborativo, como la denomina Rifkin, que se traduce en una nueva “manera de organizar la vida económica, y ofrecer la posibilidad de reducir las diferencias en ingresos, democratizar la economía mundial y de crear una sociedad más sostenible desde el punto de vista ecológico (…) procomún colaborativo que está en alza y es probable que hacia 2050 se establezca como el árbitro principal de la vida económica en la mayor parte del mundo”. Año a partir del cual el petróleo entre en picada productiva ante el agotamiento de sus últimas reservas en la actualidad, objeto del fracking.

*Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Miembro del Grupo de Seguridad y Defensa, y del Centro de Pensamiento y seguimiento al diálogo de Paz de la Universidad Nacional.

La ciudad de Cali es uno de los principales centros urbanos del país, por lo tanto está unida a la dinámica del capitalismo comercial y financiero. Actualmente, con la reestructuración de las dinámicas económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas de la ciudad, se ha perpetuado una lógica avasalladora en contra de las comunidades populares y sus territorios, desembocando en conflictos que la prensa amarillista termina denominando como disturbios o enfrentamientos.

El caso más se reciente se dio en el oriente de la ciudad (sector conformado por comunidades populares), donde se planea implementar los proyectos Plan Jarillón y Obras Complementarias (PJAOC) y la Ciudadela Recreativa El Pondaje y Charco Azul, proyectos complementarios con otros que se están desarrollando en el resto de la ciudad como Ciudad Paraíso, que reestructurará el centro de la ciudad para convertirlo en un sector comercial, y Zonamerica, la primera zona franca de venta de servicios del país, y la segunda a nivel latinoamericano, que buscar potenciar la ciudad como una ciudad del servicio. Estos proyectos juntos articulan la renovación y modernización de la ciudad.

El proyecto Plan Jarillón, que no solo es una de las obras más importantes de ciudad, sino de Colombia, bajo la excusa de proteger a los pobladores asentados en los alrededores del río de los “estragos generados por inundaciones”, busca realizar un malecón en el Jarillón del río Cauca y darle uso privado a su navegabilidad. Para ello reubicarán forzosamente a 8.700 familias, aproximadamente 35.000 personas. Cabe resaltar que estas reubicaciones van desde desalojos violentos, hasta comprar los predios a precios mínimos sin haber hecho la correcta valorización, sumándole que a muchas personas que ya contaban con vivienda se les reubicará en viviendas de interés social que no se ajustan a sus necesidades.

Como solución al problema de la vivienda, la Alcaldía adelanta el proyecto Ciudadela Recreativa El Pondaje y Charco azul, que comprende la construcción de 1.940 apartamentos, en condiciones no aptas, para las familias víctimas de los desalojos producidos por el Plan Jarillón y Ciudad Paraíso, quitándoles así a las familias de los barrios Brisas de la Paz, El Barandal, El Jazmín, La Esperanza, La Florida, Nueva Florida, Nueva Ilusión, Playa Alta, Playa Baja, Polo, Sardi, Villa Uribe y Belisario el único pulmón verde del oriente de la ciudad y el escaso espacio comunitario con el que cuentan en el sector.

Este último proyecto ya se encuentra contratado y firmado con la constructora Enlace S.A.S., quienes afirman que el lote es de propiedad privada; sin embargo la actual administración del alcalde Maurice Armitage tiene el antecedente de adelantar obras con permisos que poseen dudoso marco legal para su ejecución. Un ejemplo más reciente es la obra en ejecución de la terminal sur del Transporte Masivo Integrado de Occidente, que se adelantó en la zona conocida como el humedal El Cortijo, que desaparecería dejando a la ciudad sin un importante corredor ecológico, y generando daños irreparables a la fauna y flora del sur de la ciudad.

Ciudadela Recreativa hace parte de las tácticas que han ejecutado las administraciones para poder adecuar la ciudad a los intereses de la clase privada. Recordemos el proyecto del barrio Potrero Grande, donde se construyeron casas de interés social para reubicar 48 asentamientos del Jarillón del río Cauca y la Laguna del Pondaje, pero el resultado de este proyecto fue una zona donde se multiplicaron las problemáticas sociales de la comunidad. Básicamente lo mismo se generará con la implantación autoritaria de este proyecto habitacional donde se les quitará a los barrios aledaños su único espacio verde para la recreación y la cultura.

Todas estas acciones obedecen al POT aprobado en el municipio por medio del acuerdo 069 del año 2000, que rigió en teoría hasta el 2014, año en que fue ajustado con vigencia hasta el año 2027. Según instituciones como la Universidad del Valle, este tiene potenciales efectos devastadores de las políticas de desarrollo para la construcción de la ciudad. Este documento permite a los gremios del sector privado del gran capital, apropiarse de los espacios, las instituciones y las relaciones sociales, buscando el ordenamiento y el control de las actividades de sus pobladores y del territorio. Por otra parte, les permite marcar las tendencias económicas, políticas y culturales de sus áreas de influencia, en concordancia con los planes de reestructuración de todo el departamento del Valle del Cauca, para generar la concentración de actividades productivas especializadas, que maximicen la inversión pública de infraestructura y seguridad, en aras de la potenciación de la inversión privada. En este POT se generan las Unidades de Planificación Urbana (UPU), que corresponden a diversos proyectos de re-direccionamiento de los usos de los espacios urbanos, sacrificando los intereses comunitarios a los rendimientos de la empresa privada. Una de las UPU es la Zona del Oriente de Cali.

Bajo toda esa maquinaria se terminan desarrollando proyectos visionados desde el gran sector empresarial, que termina perjudicando el Oriente de Cali con proyectos que atentan contra los derechos básicos para garantizar una vivienda digna, donde solo terminan beneficiándose en últimas la clase privada de la región que está en perpetua unión con la clase política del Valle.

No hay entre las dirigencias privadas que controlan la economía y el Estado, una apuesta de ciudad para la gente. Para las élites las gentes son potenciales compradores y mano de obra barata. Su interés se concentra en la implementación de una economía que avanza en detrimento de los sectores populares empobrecidos de la ciudad. Los planes no están pensados para el bienestar ni el buen vivir del pueblo, al contrario, se traducen en la continuación de la violación reflejada en el recorte de derechos fundamentales como la vivienda.

Hay acontecimientos que suceden a nuestro alrededor, y son cruciales, porque revelan las cosas necesarias para que una sociedad funcione todos los días. Uno de estos acontecimientos ha sido la acumulación de basuras en la ciudad de Bogotá. Este hecho elemental de recoger la basura pone de presente la trascendencia de unos trabajadores nunca nombrados, sin cuya labor silenciosa, anónima y despreciada, no podría funcionar en forma normal una ciudad extensa y superpoblada como Bogotá. Sí. Esos trabajadores, los recolectores de basura, los recicladores, los cartoneros. Sin ellos ninguno de nosotros podría habitar en Bogotá o en cualquier lugar en que se necesite recoger las toneladas de desechos que producimos, como parte de la lógica destructiva y contaminante que caracteriza al capitalismo. Sin esos recolectores, Bogotá apestaría (más de lo que hoy apesta), y las miles de toneladas dejadas de recoger producirían gases tóxicos y líquidos venenosos que en cuestión de semanas causarían una pandemia apocalíptica, que afectaría en forma fulminante el corazón y los pulmones de miles de personas, y frente al cual lo que se cuenta en El diario del año de la peste, la novela de Daniel Defoe (convertida en el Año de la Peste, la película de Felipe Cazals, con guion de Gabriel García Márquez), sería juego de niños.

Sin embargo, pese a su importancia, en esta crisis de basuras los trabajadores no son nombrados, a nadie le importan. Al respecto, en esta coyuntura de desaseo generalizado deberían hacerse cuestionamientos de fondo, relativos a las miserables condiciones de trabajo y de vida que soportan miles de seres humanos que desde las primeras horas del día salen a efectuar un trabajo duro, sorteando peligros diversos, que les pueden costar la vida a ellos y a sus familiares, por enfermedades y contaminaciones que resultan de tratar con desechos orgánicos e inorgánicos. Nadie quiere saber de la existencia de ese proletariado de la basura, solo importa que ellos quiten de nuestros ojos los desechos que producimos, los lleven lejos de nuestra presencia, sin interesar el destino de este enjambre de hombres, mujeres y niños.

Con la crisis de las basuras en la capital de Colombia emerge la figura del recolector de basuras, que trabaja para la empresa Aguas de Bogotá (en proceso de liquidación), cuyos 3700 trabajadores van a ser despedidos por la administración de Enrique Peñalosa, para concederle el negocio a sus amigos. A este personaje y a sus compinches, no les interesa ni la suerte ni la vida de esos miles de trabajadores, cuyo sustento depende de recoger basuras, una actividad sin la cual no podríamos vivir.

Los recolectores de basura de Aguas de Bogotá ven en peligro su futuro inmediato, porque al menos tres mil de ellos van a ser expulsados y no se les renovará contrato. Los otros miles de recolectores, la inmensa mayoría, que trabajan por su cuenta y riesgo, alcanzan escasamente un ingreso diario de 20 mil pesos (menos de diez dólares), por efectuar esta labor de utilidad pública y social.

Pero mientras esto sucede, a través de los medios de desinformación, y principalmente ahora por las redes antisociales, se difunden todos los días y a toda hora, chismes sobre la estrafalaria vida de los “famosos” (James Rodríguez, Falcao García y Shakira…), como si su existencia y las estupideces que a diario dicen o realizan, fueran trascendentales para la vida de todos los colombianos. Mientras que los recolectores de basura son despreciados y tratados como delincuentes y criminales, los medios de desinformación masivos (empezando por los noticieros deportivos y de farándula) adulan a esos famosos, que se han convertido en delincuentes de cuello blanco y de alta alcurnia, puesto que los mencionados arriba son, sin excepción alguna, evasores de impuestos, ladrones del fisco español, hasta el punto que uno de ellos, Falcao García, tuvo que pagar 6.5 millones de euros en multa. Si esa es la multa, no es difícil suponer la magnitud de su delito (que ameritaría cárcel de varios años).

Como muestra de la injusticia del capitalismo local y mundial, mientras que los recolectores de basura se mueren de hambre o subsisten con los mismos desechos que recogen, los “famosos”, cuya actividad es innecesaria, ganan millones de euros en salario, por efectuar cosas que no tienen ninguna importancia para la sociedad. Una sociedad, cualquiera que sea, puede vivir sin las patadas del futbol de James o Falcao y sin los aullidos destemplados de una bailarina que a veces trata de cantar, como Shakira. Si estos dejaran de existir o de hacer lo que hacen, de ninguna manera eso representaría un colapso social, ni mucho menos. Pero con los recolectores y recicladores no sucede lo mismo: sin ellos, literalmente hablando, no podríamos vivir.

El culto a los ricos y poderosos conduce a creer que son estos los que serían imprescindibles, lo que evidencia que en el capitalismo de hoy lo que de verdad cuenta y vale, tiene un precio inversamente proporcional a su valor real para la sociedad. Así, los recolectores de basura, con una función social de primer orden, valen menos que la basura que recogen, mientras quienes como Shakira desempeñan labores baladíes en términos del metabolismo material de la sociedad, obtienen ganancias aberrantes, que no se corresponden para nada con la nula importancia de lo que hacen. Por ejemplo, Falcao y James ganan en forma neta, libre de impuestos y deducciones, 750 mil euros al mes (2625 millones de pesos), mientras que Shakira recibe 4 millones de euros al mes (133 mil euros cada día, equivalentes a 465 millones de pesos). Esta última cifra de los ingresos diarios de una persona como Shakira, corresponden a lo que un reciclador de basuras, suponiendo en forma optimista que devengue el salario mínimo mensual de hoy en Colombia (780 mil pesos, o 260 dólares), ganaría en 50 años. Así de injusto e irracional: el recolector de basura, esencial para todos nosotros, va a ganar en medio siglo, lo que una persona que no desempeña ninguna actividad que sea importante para la sociedad, gana en 24 horas.

Aunque esto sea lo que existe en términos salariales, esa desigualdad demencial no puede ocultar ni negar –como se ejemplifica en estos días de acumulación de basuras en Bogotá– que vale más para la subsistencia de una sociedad recoger basuras que dar patadas a un balón o entonar gritos estridentes. Como lo ha dicho el crítico literario inglés Terry Eagleton, “buena parte de ese trabajo sucio y peligroso […] podría ser realizado por antiguos miembros de la familia real (inglesa)”. A lo que podemos agregar que el trabajo sucio, duro y peligroso, de recoger basura, debería ser realizado por todos nosotros, incluyendo a los “famosos” que no hacen nada importante en la vida, aparte de generar basura material y contaminación espiritual.

Por lo demás, a los trabajadores de todos los sectores, precarizados y explotados en forma intensiva como los recolectores de basura, bien les cabe emprender una lucha organizada y colectiva con la actualización de la célebre formula del Manifiesto Comunista: “¡Basuras del mundo, uníos!”.

En el mundo entero, y Colombia no es la excepción, la extrema derecha alienta un proyecto negacionista sobre el pasado, que consiste en rechazar la investigación, enseñanza y difusión de los crímenes del capitalismo y de las atrocidades de dictaduras militares y gobiernos colaboracionistas con los grandes poderes imperialistas. Dicho negacionismo busca borrar el pasado e imponer una verdad oficial, a la cual deben sujetarse los ciudadanos de un determinado país, so pena de ser juzgados y condenados por ponerla en cuestión. El hecho más reciente es el del gobierno derechista de Polonia, que el seis de febrero aprobó una ley que castiga con condenas de hasta tres años de cárcel a quienes afirmen que el Estado o el pueblo polaco estuvieron vinculados con los crímenes nazis, cuando ese territorio estuvo ocupado por las tropas hitlerianas.

Esta postura se sustenta en un patriotismo torpe y barato que llega al extremo de prohibir el uso de expresiones como “campos de concentración polacos”, “nazis polacos” y “campos de muerte polacos”, y a criminalizar a quien las utilice, no solo dentro del territorio de Polonia sino en cualquier lugar del mundo.

La turbia persecución y censura ya empezó a operar contra el periódico Página 12 y el periodista Federico Pavlovsky, sudamericano, concretamente de Argentina. En días recientes, una ONG polaca, denominada La Liga Polaca contra la Difamación, cuyo segundo nombre es Reducto del Buen Nombre, y aliada directa del gobierno de extrema derecha, presidido por Andrzej Duda, decidió demandar a Página 12. Esa organización cree que Polonia es tan grande e inmaculada que hasta puede juzgar a cualquier extranjero, sin importar dónde se encuentre, como si las leyes nacionales tuvieran un carácter de extra-territorialidad que permita aplicarla en cualquier sitio del planeta tierra. Además, se supone que esas leyes operan con retroactividad, lo cual indica el rigor intelectual y la sapiencia de sus impulsores. Así, el periódico señalado ha sido demandado porque el 18 de diciembre de 2017 publicó un artículo, con el título de Rostros familiares, que es encabezado por la foto de cuatro cadáveres de la resistencia anticomunista polaca de después de la Segunda Guerra Mundial. Esa ONG acusa a Página 12 de "manipular" la información con el objetivo de "dañar a la nación polaca y la imagen de los soldados polacos" y de "engañar conscientemente" a sus lectores para hacer "creíble la tesis del antisemitismo polaco".

En el artículo se hace referencia a un hecho histórico puntual, que aconteció el 10 de junio de 1941, en el pequeño pueblo de Jedwabne, en la Polonia ocupada por los nazis. En ese pueblo de solo 3000 habitantes fueron masacrados 1600 judíos por el resto de habitantes polacos: “Ese día, mil quinientas personas mataron o vieron matar a otras mil seiscientas, éstas últimas de origen judío, y en el exterminio no hubo ninguna distinción entre hombres, mujeres, niños y ancianos”. Resulta llamativo de esta masacre que no fuera ordenada por los nazis, sino que fuera un crimen colectivo efectuado por “pacíficos vecinos”, comunes y corrientes, que de repente procedieron a torturar y masacrar a quienes eran sus amigos y/o conocidos.

Según el historiador polaco-estadounidense Jan Gross, quien escribió el libro Vecinos, que desnuda este suceso histórico, fue un asesinato en masa “en un doble sentido, por el número de las víctimas y por el número de los verdugos. Los mataron de modo frenético, barbárico, y de múltiples maneras, a unos con herramientas de metal, a otros a cuchilladas, a otros a estacazos”. Según Pavlovsky, “uno de los elementos más perturbadores de esta historia es que rompe el arquetipo de monstruo que comete actos inhumanos”, porque “los verdugos fueron unos polacos normales y corrientes”.

Sin embargo, para el actual gobierno de Polonia, hablar de estas atrocidades es inaceptable porque cuestiona la pretendida pureza y heroicidad de los polacos, nacionalistas, católicos y anticomunistas, de los que ellos se proclaman descendientes.

Pero si por Polonia llueve negacionismo histórico, en Colombia no escampa en materia de borrar el pasado. La prueba más elocuente son las continuas alusiones de la representante del Centro (Anti)Democrático, María Fernanda Cabal, quien ha dicho que “la masacre de las bananeras es otro de los mitos históricos de la narrativa comunista” y que “fueron más los soldados asesinados en esa confrontación, donde el sindicato fue penetrado por la Internacional Comunista”. En cuanto a los asesinatos de Estado, que alcanzaron su máximo nivel en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los justificó diciendo que “parece que esos muchachos (víctimas de falsos positivos) habían cometido muchos crímenes”.

Estas afirmaciones son producto de la ignorancia, de un desprecio hacia aquellos que fueron asesinados por las Fuerzas Armadas de este país, y de una exaltación de los crímenes que estas han cometido, por defender la santa propiedad privada de la oligarquía criolla. A borrar los crímenes de esas Fuerzas Armadas y de los “hombres de bien de la patria”, como los grandes terratenientes y ganaderos, gremio al que está ligada directamente la mencionada congresista, y a presentarlos como héroes, se dirige ese intento de borrar el terrible pasado, y presente, de la sociedad colombiana. Por ello, tampoco sorprende que uno de los objetivos centrales de la extrema derecha colombiana, en cabeza de un criminal de guerra, cuyos principales amigos son paramilitares, sea el de impedir que no funcione ninguna comisión de la verdad ni que sean juzgados los empresarios patrocinadores de miles de asesinatos, torturas y desapariciones realizadas en Colombia. De llegar a triunfar en las próximas elecciones presidenciales ese sector, no sería extraño que se impulsara una ley por el estilo de la de Polonia.

Para que los colombianos no sepan que en este territorio se han cometido crímenes similares a los de los nazis, como los hornos crematorios (en Antioquia y Santander) para matar y desaparecer a humildes colombianos; que fueron asesinados cerca de diez mil colombianos entre 2002 y 2010 por miembros de las Fuerzas Armadas, cumpliendo órdenes del presidente y los ministros de defensa, solamente para presentar resultados positivos en la lucha contra-insurgente; que durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) se generalizó la tortura a los presos políticos; o que en la retoma del Palacio de Justicia fueron asesinados y desaparecidos por el Ejército decenas de trabajadores y visitantes de ese lugar…

Como bien lo dice el dramaturgo y novelista Miguel Torres en su libro La invención del pasado, sobre ese intento de borrar el pasado que tanto caracteriza a las clases dominantes, haciendo alusión a los sucesos del Palacio de Justicia: “Solitarias y vestidas de luto en un rincón de la plaza de Bolívar, se ven mujeres levantando los retratos de los empleados de la cafetería que los militares se llevaron del Palacio de Justicia y que hasta hoy no han vuelto a aparecer. Nadie se acerca a ellas. Dicen que eso no es cierto, que no ha pasado nada, que no hay desaparecidos, ni guerra, ni masacres, ni centenares de miles de muertos, que la gente como ha olvidado todo lo inventa todo. Eso es lo que dicen”.

Hablar de Hugo Chávez es hablar de polémica, de discurso encendido, de antiimperialismo y de excelente capacidad oratoria. Desde aquel cuatro de febrero de 1992, cuando siendo un desconocido pronuncia el “por ahora”, hasta su siembra el cinco de marzo de 2013, captó la atención de buena parte del mundo, incluyendo a quienes abiertamente le odiaban. Es ampliamente difundida en Venezuela la experiencia de enconados opositores, antichavistas “hasta la médula”, que no dejaban de sintonizar todos los domingos Aló Presidente, programa de radio y televisión en el que el Jefe de Estado abordaba diversos temas hasta por ocho horas continuas.

¿Qué hizo que casi la totalidad de un país se volcara bien sea a apoyar o a rechazar a Chávez? ¿Qué hizo que poderosos medios de comunicación, corporaciones y líderes mundiales pusieran los ojos en Venezuela? ¿Por qué durante 14 procesos electorales tan sólo perdió uno? La retórica simplista nos dice que era un líder populista, que manipulaba a su pueblo a través de dádivas y que tenía en su mente un proyecto autócrata, otros más imaginativos lo acusaban de loco y hasta miembro de una especie de culto casi satánico.

Sin embargo, la realidad es otra. Si bien Chávez no fue un dios, aun cuando lo han querido endiosar, sí es importante destacar que significó para la revolución bolivariana e incluso para el movimiento popular latinoamericano y mundial, el catalizador que contuvo, por lo menos por dos décadas, los procesos entreguistas y neoliberales que amenazaban al continente.

Es importante mencionar que Hugo Chávez llega al poder no por méritos de la izquierda, la cual estaba en franco retroceso tanto político como ideológico, sino por la precaria situación que vivía la población venezolana, pudiéndose resumir en una sola palabra: exclusión. Esto resulta clave para entender por qué un militar de rango medio, con tinte nacionalista, sin estar apoyado por los partidos tradicionales y que no pertenecía a la élite, logra quedarse con el poder.

Es la exclusión el detonante que derrumba la denominada cuarta república y el esplendor que vivía una pequeña pero opulenta clase social que disfrutaba de las mieles del petroestado. Para 1993, FUNDACREDESA, una institución gubernamental, estimaba, entre otras cosas que “El 1,07% de la población vive en la opulencia (cuatro mil familias). El 7,09% vive en relativo confort (15 mil familias). La clase media se ha reducido al 13,6%. El 37,6% conforma la clase obrera del país, unos 7 millones y el 40,34% son marginales, desclasados (cerca de 8 millones)”.

Una vez Chávez asume la presidencia, comienza a realizar una serie de transformaciones que cobraron su mayor éxito luego del fallido golpe de Estado proyanqui de 2002. Dicho éxito se debió a que, para superar las trabas y la burocracia típica del Estado burgués, creó una especie de instituciones paraestatales a las que llamó misiones sociales, que ofrecieron soluciones inmediatas a la población en temas sensibles como alimentación, salud, educación e identidad.

De esta forma se daba inicio a una etapa en la cual los índices de pobreza comienzan a retroceder por primera vez en años, con resultados excepcionales, lo que prendió las alarmas de poderosos intereses políticos transnacionales que temían la propagación por la región de la experiencia venezolana, más cuando la dialéctica de la propia revolución había transformado al Chávez, soldado nacionalista, en un comandante cada vez más radical y socialista.

En el plano meramente económico es importante destacar algunos datos y cifras de organismos multilaterales, que ofrecen luces y desmontan mitos. Antes que nada es perentorio acotar que si bien Chávez fue un militante del socialismo, la economía venezolana nunca trascendió el capitalismo, la vieja estructura del Estado burgués permaneció casi intacta. Ello no le quita méritos al enorme trabajo realizado por su gobierno, no olvidemos el estado y las condiciones en que se encontraba la República antes de 1998.


Indicadores como el PIB crecieron a un ritmo acelerado, el coeficiente de Gini que mide la desigualdad se redujo 20% en tan solo una década, siendo el más bajo de toda América Latina. Además no en vano, de acuerdo a la CEPAL, la pobreza pasó de 75,5% en 1997 a 25% en 2012. Por medio de las misiones sociales la patria se volvió una escuela, más de tres millones de mujeres, obreros y personas de la tercera edad volvieron al aula, lo que generó procesos no sólo de educación sino de empoderamiento. La matrícula universitaria creció como nunca, lo que antes era un privilegio pasó a ser parte de la cotidianidad. A través de convenios con Cuba se logró brindar atención gratuita y de calidad a sectores populares y zonas apartadas en las que nunca había llegado un médico. En fin, fue una época dorada, en la que negar el enorme crecimiento cuantitativo que tuvo el pueblo venezolano no es más que un signo de profundo sesgo e ignorancia.

Aunque parezca paradójico, el mayor logro de Chávez no se puede medir ni en dólares, ni en cifras o porcentajes, pues trasciende lo economicista. Haber revivido el sentido de patria; haber sacado a Bolívar de las academias; empoderar al pueblo no sólo a través de las leyes sino del despertar de una masa que se encontraba acéfala e inerte; sembrar en la mente de millones de venezolanos la semilla de la independencia, el antiimperialismo y la lucha por el socialismo; contagiar a jóvenes y niños por la defensa de lo nuestro y visibilizar a los históricamente excluidos, a los nadies, a los explotados, a los que sólo aparecían en las páginas de sucesos, a las amas de casa que no contaban para las estadísticas oficiales, a los abuelos que permanecían casi inmóviles por ya no ser útiles al sistema, a los millones de jóvenes que por no tener recursos económicos estábamos destinados al hampa o en el mejor de los casos a servir de fuente de enriquecimiento de unos pocos. Ese fue su más grande éxito.

Aun cuando las condiciones materiales en Venezuela no son las mejores, aun cuando EEUU arrecia las sanciones para ahorcar la economía y aun cuando se han perdido muchos de los logros alcanzados, la figura, el liderazgo y la tenacidad del comandante Chávez siguen presentes. En cualquier barrio o aldea se percibe el inmenso sustrato bolivariano que brota por las venas de millones de venezolanos y que no se borrará pese a las adversidades. ¿Lo habrá tomado en cuenta el imperialismo?

Contó Galeano que le preguntó a un humilde venezolano durante un proceso electoral “¿Y usted por qué vota a Chávez?” y este le respondió: “Porque no quiero volverme invisible nunca más”.

El 16 de diciembre de 2017, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó sin inmutarse que los asesinatos de dirigentes sociales, líderes comunitarios y ex guerrilleros no estaban relacionados con sus actividades, sino que, en su “inmensa mayoría”, “son fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas”.

Esta afirmación, aparte de ser completamente irresponsable, se convierte en una legitimación de los cientos de asesinatos políticos que siguen sucediendo en Colombia. Declaraciones de este tipo forman parte de la muralla desinformativa que se ha erigido en este país, y la cual no se quiere derribar por parte de los voceros del Estado ni de los grandes medios de incomunicación.

Este tipo de lenguaje denota que la lógica terrorista del Estado no se ha atenuado ni una pizca, a pesar de que se genere una retórica paralela de paz y de concordia, que no logra ocultar las dimensiones del lenguaje contra-insurgente y de enemigo interior que se ha creado en este país durante el siglo XX, y que se niega a desaparecer, como lo muestran las infames declaraciones del Ministro de Ofensa (perdón, de Defensa).

Al respecto, vale la pena recordar en forma rápida algunos de los peores ejemplos del uso de un lenguaje que justifica el crimen de los que son considerados como adversarios y enemigos, y cuyas vidas no tendrían ningún valor en esa lógica criminal de tipo contra-insurgente. El asunto se remite a lo sucedido desde 1918, con las primeras manifestaciones y protestas obreras y artesanales, las cuales fueron catalogadas –como sucedió con las huelgas en la costa atlántica y la masacre de artesanos en Bogotá en marzo de 1919– como producto de la acción del bolchevismo. Utilizar ese mote justificaba la muerte de obreros y trabajadores humildes, a los que se les indilgaban propósitos desestabilizadores que estaban muy lejos de su sentir.

El hecho más lamentable en esta misma dirección fue el de la Masacre de las Bananeras, cuando cientos de trabajadores fueron asesinados en diciembre de 1928 por el Ejército colombiano con el pretexto de que los huelguistas se habían convertido en una “cuadrilla de malhechores” que ponía en peligro la estabilidad del país, como producto de la acción de comunistas y anarquistas.

De ahí en adelante, hasta el día de hoy, esa lógica anticomunista y contrainsurgente se ha mantenido, siendo una de sus manifestaciones esenciales el uso de cierto tipo de lenguaje, descalificador, peyorativo y señalador, para legitimar la muerte o la desaparición de aquellos que deberían ser eliminados física y espiritualmente, porque así lo consideran los “colombianos de bien”.

Lo cierto es que ese lenguaje ha sido reiteradamente usado por presidentes de la República, Ministros, parlamentarios, sacerdotes de las altas jerarquías, militares, empresarios…, siempre con las mismas consecuencias. Los ejemplos abundan.

Cuando en junio de 1954 fueron masacrados varios jóvenes en el centro de Bogotá, los voceros del régimen militar se inventaron la versión de que los militares se defendieron de una agresión realizada por miembros del comunismo internacional y por eso dispararon contra inermes estudiantes. En agosto de 1959, durante una pacífica marcha de trabajadores de la caña de azúcar que se dirigía a Cali, fueron asesinados dos corteros en forma aleve por tropas del Ejército. Inmediatamente, el presidente Alberto Lleras Camargo adujo que “los dirigentes del paro son responsables de la tragedia y el desorden”.

En febrero de 1963, luego de que fueron masacrados doce personas en el municipio de Santa Bárbara (Antioquia), entre ellas una pequeña niña, cuando huelguistas intentaban impedir la circulación de camiones con cemento, la prensa, y los voceros del gobierno de Guillermo León Valencia señalaron que el Ejército se había visto obligado a disparar porque había sido atacado por trabajadores “revoltosos, agitadores comunistas y subversivos”.

En septiembre de 1977, el paro cívico nacional fue reprimido sangrientamente y en la ciudad de Bogotá dejó un saldo de una veintena de muertos, los que fueron calificados por los voceros del gobierno de Alfonso López Michelsen como “personeros de la subversión y traficantes de la inconformidad popular”.

El 22 de marzo de 1990 fue asesinado el candidato presidencial de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo. Dos días antes, Carlos Lemos Simonds, Ministro de Gobierno, señaló: “el país ya está cansado y una prueba de ese cansancio es que en estas elecciones votó contra la violencia y derrotó al brazo político de las Farc que es la Unión Patriótica”. En este caso, el lenguaje oficial se convirtió en una orden para matar a un candidato de la izquierda.


Más recientemente, cuando fueron asesinados varios dirigentes sindicales en Arauca, el cinco de agosto de 2004, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, los catalogó como terroristas que habían muerto en combate con el Ejército.

La joya de la corona, por sus dimensiones, cinismo e impunidad, se la lleva Álvaro Uribe Vélez cuando hablando del asesinato de varios miles de colombianos, en lo que de manera eufemística se denominó “falsos positivos”, justificó ese crimen diciendo que los muertos “no estaban precisamente recogiendo café”.

La lista podría extenderse hasta llenar cientos de páginas. Solo se trataba de recordar algunos ejemplos del empleo de un lenguaje agresivo que se usa como un arma de guerra, para destruir física y/o moralmente a los adversarios. Con la utilización de dicho lenguaje ya se siembra duda y cizaña sobre una persona determinada, antes o después de matarla.

Por esa razón, declaraciones como las del Ministro de Defensa simplemente proyectan un comportamiento de larga duración, sustentando en la impunidad que genera cinismo y desfachatez, que recurre a un lenguaje deshumanizante y que bestializa a los adversarios. Si dicho lenguaje no tuviera las consecuencias criminales que conocemos y padecemos en este país, el asunto no pasaría de ser meramente anecdótico, pero por desgracia no es así. Y en tal sentido es una manifestación de una lógica contrainsurgente que impregna el comportamiento de las clases dominantes de este país, reafirmada con las influencias de una lógica traqueta, para la cual la vida de los luchadores sociales y políticos no vale nada.

Para ellos, además, se agrega el estigma que tiene efectos aprobatorios entre la población, de señalar que si a alguien lo matan… por algo será, algo habrá hecho. En el caso que comentamos, simplemente decir que a los líderes sociales los aniquilan por líos de faldas, quiere decir que son crímenes pasionales aislados, y no una práctica genocida y sistemática, en la que tiene una responsabilidad central el Estado, las fuerzas armadas y sus socios paramilitares.

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