Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 87)
Por: Caribe Investigación
- Informe de PDHAL
La Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra sumida en una grave crisis de seguridad, según el informe semestral de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos (PDHAL), publicado la semana pasada a través de distintos medios.
Entre enero y junio de 2025, se registraron 634 homicidios en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, en un contexto de creciente confrontación armada entre las agrupaciones paramilitares de las AGC y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), también por la incursión de grupos del crimen locales como Los Carperos y Los Primos, detalla el informe.
El departamento con mayor afectación es Magdalena con 340 homicidios registrados durante el primer semestre, una cifra que no se reseñaba desde 2010. En el caso de La Guajira se reportaron 131 asesinatos, principalmente entre Riohacha y Maicao. Esto ratifica que la confrontación armada entre las AGC y ACSN tiene como epicentro la Troncal del Caribe (Santa Marta-Riohacha).
El informe de PDHAL también alerta sobre la progresiva y violenta expansión de los Conquistadores en el Sur de Cesar y la Serranía del Perijá, hecho que coincide con el aumento de homicidios en estas subregiones. “La situación en esta zona —donde confluyen el Catatumbo, el Perijá y la Sierra— es altamente preocupante por la presencia simultánea de varios actores armados”, precisó el director de Indepaz, Leonardo González, al referirse al informe de PDHAL.
PDHAL advirtió que la extorsión, la desaparición forzada y el reclutamiento van en aumento en los tres departamentos que componen la Sierra Nevada, además, resalta la evidente falta de articulación entre autoridades locales y departamentales en materia de seguridad el escaso alcance de la política de paz hacia las ACSN que, dicho sea de paso, solo está enfocada en los territorios del Magdalena, sin tomar en cuenta las realidades de Cesar y La Guajira.
Otros elementos agravan la situación, como ha denunciado el defensor de DD.HH. Lerber Dimas. Por un lado, los asesinatos y/o amenazas a líderes indígenas en el territorio; por el otro, los grupos armados, especialmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), “están ejerciendo un control terrorífico sobre las comunidades locales, incluyendo la práctica de asesinar a familiares de bandas rivales para eliminar la oposición y mantener su poder”.
Desde hace dos años, desde Caribe Investigación venimos previniendo que existe en curso una paramilitarización de todo el corredor fronterizo norte (sobre todo Cesar-La Guajira, fronterizo con Venezuela). Esto no quiere decir que el paramilitarismo dejó de existir en esta región, solo que los últimos años fue mutando, no mantiene la unidad que mantuvo el Bloque Norte de las AUC, pero sí el impacto profundo sobre el territorio y el tejido social.
También, queda en evidencia el enfoque errado —exclusivamente policivo— con el cual las autoridades locales y regionales pretenden revertir la grave situación de seguridad en las principales ciudades del Caribe. Un ejemplo de esto es el anuncio del alcalde de Barranquilla, Alex Char, sobre la creación del Centro Estratégico de Fusión Contra el Multicrimen Transnacional del Caribe (CEFCA), que contará con el apoyo técnico, metodológico y financiero de los Estados Unidos, específicamente de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado.
Por último, se comete el error de pensar que esta expansión paramilitar se debe a la lucha por el control de rutas del narcotráfico. Sí, es una de sus principales fuentes de ingresos, pero se debe entender que quien controle militar y socialmente la región Caribe, estará controlando una región clave por sus recursos y proyectos de todo tipo (mineros, monocultivos, reservorios de agua, urbanísticos y turísticos, entre otros), además por su conexión directa con el codiciado occidente venezolano (de interés estratégico para los Estados Unidos).
Las organizaciones paramilitares en disputa se pelean también las áreas urbanas y las principales ciudades del Caribe colombiano porque estas representan grandes oportunidades para sus operaciones logísticas y económicas; la lucha no solo es por drogas.
