Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 85)
Por: Caribe Investigación
- La DEA caribeña
Cada vez que los índices de inseguridad repuntan en el departamento del Atlántico y el Área Metropolitana de Barranquilla, la administración Char se explaya en medidas y planes de seguridad que prometen proteger a los ciudadanos y acabar con las bandas multicrimen, el paramilitarismo, el narcotráfico, el sicariato y la extorsión. Como si se tratase de un acto de magia.
Según anunció el alcalde Char la semana pasada, invertirán $70.000 millones en la creación del Centro Estratégico de Fusión Contra el Multicrimen Transnacional del Caribe (CEFCA), un proyecto desarrollado con apoyo técnico, metodológico y financiero de los Estados Unidos, específicamente de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado.
El CEFCA funcionará como un “hub” de seguridad con cinco componentes estratégicos: análisis criminal, operaciones tácticas, cibercrimen, inteligencia regional y monitoreo 24/7, todos centralizados en un mismo espacio. El objetivo es mejorar la coordinación institucional y las capacidades operativas contra redes delictivas que afectan a Barranquilla y la región Caribe. El proyecto se ajustará a los lineamientos del INL para gestionar financiamiento y asistencia técnica de EE.UU.
Implicaciones
Ningún financiamiento o asesoría de Estados Unidos en el hemisferio ha sido gratuito. Así como el Comando Sur ha ido avanzando en la región con acuerdos de seguridad y cooperación militar (Guyana y Ecuador, por ejemplo), otros programas de seguridad se perfilan para retomar el control de Estados Unidos en el continente, lo que a la postre pretende frenar la expansión comercial y la influencia que han tenido China y Rusia las últimas dos décadas.
Tampoco podemos esperar que el enfoque en materia de seguridad y narcotráfico, y mucho menos la forma metodológica estadounidense, cambie con respecto al esquema tradicional de “colaboración” antidrogas que EE.UU. viene ejecutando en Colombia desde la década 1980 (guerra contra las drogas), profundizado con el Plan Colombia (durante los gobiernos de Pastrana y Uribe). En consecuencia, vale recordar:
- Segura repetición del modelo fallido de cooperación antidrogas, a través del cual priorizan la lucha antidrogas mediante enfoques militarizados y de inteligencia, un modelo que históricamente ha tenido efectos negativos en Colombia: estigmatización de los sectores más vulnerables, aumento de la violencia, desplazamientos forzados y readaptación de organizaciones narco paramilitares a las nuevas dinámicas. Si el CEFCA sigue esta línea, podría agravar la conflictividad en la región Caribe, donde es más que evidente la influencia y control de organizaciones paramilitares como las AGC y los Conquistadores de la Sierra Nevada, además de complejas y diversas bandas que operan al servicio de estas dos organizaciones.
- Riesgo de injerencia y pérdida de autonomía. El ajuste del proyecto a los lineamientos del INL sugiere que EE.UU. tendrá influencia en su diseño y operación, lo que podría condicionar las estrategias de seguridad local, lo que deja al margen al Estado como garante de la política de seguridad; aunque sabemos que la doctrina del enemigo interno sigue vigente, y esta se diseñó en función de los intereses de Estados Unidos. Lo anterior ha ocurrido antes con el Plan Colombia, donde las prioridades de Washington (erradicación forzada, militarización, extradiciones) ignoraron el enfoque social y terminaron exacerbando el conflicto.
- Impacto en los acuerdos de paz y enfoque represivo. Si el CEFCA se concentra en acciones puramente policiales-militares, sin abordar causas estructurales (pobreza, corrupción, impunidad, desmonte del paramilitarismo), podría socavar lo poco que se ha avanzado en acuerdos de paz al estigmatizar regiones. Además, el monitoreo 24/7 y el uso de inteligencia, sin ningún parámetro constitucional, derivarían en violaciones a los derechos humanos, como ha pasado con programas similares en México y Centroamérica, o como sucedió recientemente en Ecuador con los acuerdos de cooperación firmados con el Comando Sur bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y el crimen transnacional.
Puede que el objetivo apunte a mejorar capacidades investigativas locales y regionales, pero estará destinado al fracaso si los Estados Unidos siguen metiendo sus narices en temas de seguridad. Este proyecto anunciado por Char se convertirá en otro instrumento de control con efectos graves para la región.
La región Caribe tiene una particularidad que no podemos obviar (y esta fue una de las razones por las cuales tanto el gobierno de Uribe como el paramilitarismo se ensañaron contra la región entre las décadas de 1990 y 2000):
– Sus antecedentes de lucha social y defensa del territorio, a pesar de la operación de arrase total de 1990-2000.
– Su riqueza acuífera, pero también su perfil agrícola (cuenta con 5 millones de hectáreas fértiles aproximadamente).
– Sus puertos son clave para la economía nacional y regional, tanto por su valor estratégico como por su impacto logístico y comercial. A través de éstos se movilizan productos como petróleo, carbón, frutas, manufacturas, bienes de consumo, insumos agroquímicos. Históricamente, estos puertos también han tenido un papel geopolítico relevante. Desde la época colonial, han sido puntos de conexión entre Colombia y Venezuela, y entre Colombia y el resto del mundo.
- Reducción de las tarifas
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) aprobó una reducción en las tarifas de energía para el Caribe colombiano, que se verá reflejada en las facturas entre agosto y septiembre de 2024. Esta decisión, resultado de una Acción Popular fallada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, elimina cobros adicionales injustos que afectaban a los usuarios de Air-e (Atlántico, Magdalena, La Guajira) y Afinia (Córdoba, Bolívar, Sucre, Cesar). Se estima un ahorro de $54/kWh para Air-e y $23/kWh para Afinia, con un impacto regional de $396.000 millones anuales.
La medida fue impulsada por personeros municipales y organizaciones como la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, quienes denunciaron que el régimen tarifario especial (vigente desde 2019) encarecía artificialmente la energía con recargos como el 20% por gastos administrativos y $90/kWh por pérdidas no técnicas (robos).
Pero sería injusto dejar al margen la pelea que ciudadanos en general dieron con protestas y marchas para denunciar el saqueo de estas operadoras, sobre todo de los extractos más pobres; y también, los esfuerzo que el Gobierno Nacional hizo para frenar este atropello.
La reducción tarifaria llega en un momento crítico para el Caribe por la ineficiencia operativa acumulada durante años y los pasivos heredados desde Electricaribe. Si bien el ajuste es un avance, no resuelve problemas de fondo:
Fragilidad del sistema energético
La región depende en gran medida de hidroeléctricas, vulnerables a sequías como la de 2024. Sin mayor inversión en energías alternativas (solar, eólica) o el cambio en el régimen de producción, comercialización y prestación de servicio (en manos de privados), los cortes, deficiencias y sobrecostos seguirán siendo un dolor de cabeza.
Las deudas de Air-e y Afinia reflejan un modelo insostenible: trasladar pérdidas por robos e ineficiencia a los usuarios. Sobre todo, trasladar las decisiones irresponsables de los operadores a las arcas del Estado.
La medida responde a la presión social, pero sin reformas estructurales (por ejemplo, una reforma a la ley de servicios domiciliarios, modernización de redes, creación de un modelo público), las tarifas podrían repuntar en 2025 y el servicio seguirá siendo deficiente.
- Carbón a la baja
La caída del 10,1 % en la extracción de carbón en Colombia durante el primer trimestre de 2025 refleja una tendencia estructural que va más allá de una simple fluctuación coyuntural. Esta disminución, concentrada en los departamentos de Cesar y La Guajira —responsables de más del 90 % de la producción nacional—, responde a una combinación de factores: la sobreoferta global, la baja en los precios internacionales (con una reducción promedio de 11 dólares por tonelada métrica respecto al año anterior) y la alta rotación de inventarios que permitió cubrir la demanda sin necesidad de aumentar la producción.
Empresas como Drummond han comenzado a ajustar sus planes de mina para adaptarse a este nuevo escenario, lo que sugiere una reconfiguración del modelo extractivo tradicional. Aunque la compañía logró exportar más carbón del que produjo en 2024, el ajuste anunciado para 2025 indica que incluso los grandes actores del sector están sintiendo la presión del mercado internacional. Esta situación se enmarca en un contexto de “transición energética global” (realmente cambio de matriz energética), donde el carbón pierde protagonismo frente a otras fuentes, y donde los países importadores están reduciendo su dependencia de este mineral.
Lo anterior evidencia que Colombia enfrenta riesgos si su economía, sobre todo los departamentos Cesar y La Guajira, sigue dependiendo del carbón (desempleo, pérdida de ingresos fiscales). Pero es una oportunidad para que, de una vez por todas, podamos frenar el ecocidio sobre el corredor minero Cesar-La Guajira, y se consoliden propuestas de comunidades energéticas alternativas cuyos objetivos apuntan a nuevas formas de producción local y de autoabastecimiento energético, que proyecten un nuevo tipo de relaciones donde medien otras consideraciones eco-sociales.
Se abre una ventana para acelerar una transición energética justa, pero verdadera transición. Porque el cambio de matriz energética de por sí no es garantía de transición si seguimos los mismos patrones de depredación y consumo.
- Cerrejón
Llama especialmente la atención dos elementos que, según el Cerrejón, han afectado la productividad de esta mina. En primer lugar, los cuatro atentados con explosivos que sufrió su línea férrea entre diciembre de 2024 y febrero de 2025. Aunque hasta hoy ninguna organización armada asumió la autoría de los atentados, la transnacional reconoce públicamente que esto ha paralizado en parte su productividad.
El otro factor es de repercusiones mucho más profundas. Durante 2024, la empresa registró 333 bloqueos en sus operaciones, de los cuales 299 estuvieron relacionados con protestas por servicios públicos, empleo y conflictos sociales. Esta realidad no cambiará tomando en cuenta las condiciones de precariedad en la que viven comunidades wayuu a lo largo de la línea férrea.
Ante el abandono estatal, la lentitud en las obras y programas sociales existentes, la protesta contra la línea férrea se ha convertido en la principal herramienta de lucha de comunidades y líderes del territorio, de gran impacto para las finanzas de la transnacional.
- Yukpas y campesinos
Un conflicto territorial entre campesinos de Codazzi (Cesar) y la comunidad indígena yukpa mantiene en alerta a la región, con enfrentamientos que han derivado en pérdidas de ganado y tensiones entre ambas comunidades. Organizaciones campesinas como Asoperijá y Agroecospe han acusado a la Alcaldía de ineficacia en la mediación, ya que las mesas de trabajo no han logrado avances concretos; también denuncian que los líderes yukpas no asistieron a los diálogos pactados y que los ataques a cercas y cultivos persisten, por lo cual demandan una intervención urgente del Gobierno.
Ante la escalada del conflicto, el secretario de gobierno de Codazzi, Víctor Espinosa, advirtió que la situación podría agravarse y propuso trasladar las negociaciones a Bogotá para garantizar la participación de entidades como el Ministerio del Interior, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. La administración municipal insiste en que se requieren medidas inmediatas, pues los intentos locales de diálogo han fracasado reiteradamente. Este llamado refleja la desesperación por frenar una disputa que ya ha generado daños materiales y confrontación entre ambos sectores.
El fondo del conflicto se remonta a una sentencia de la Corte Constitucional (2017) que ordenó a la Agencia Nacional de Tierras delimitar los territorios ancestrales yukpas en un plazo de dos años, mandato incumplido hasta hoy. Esta demora ha exacerbado las reclamaciones indígenas y la resistencia de los campesinos, lo que evidencia fallas estatales en la garantía de derechos étnicos y la resolución pacífica de conflictos agrarios.
Este caso ejemplifica la inoperancia institucional, la falta de garantías para el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, la deuda histórica con los yukpas.
- La sombra del hambre
La ONU lanzó una alerta sobre el deterioro de la seguridad alimentaria en América Latina. Colombia y Bolivia, según la organización, requieren “seguimiento urgente”. Haití es señalado como el epicentro de la crisis regional por tercer semestre consecutivo.
Según el informe semestral sobre los puntos críticos del hambre, elaborado por la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en Colombia cerca de 7,8 millones de personas (15 % de la población) padecen inseguridad alimentaria aguda y necesitarán ayuda humanitaria urgente en 2025. “Las cifras podrían escalar debido al recrudecimiento de la violencia contra la población civil, que ha incrementado los desplazamientos forzados en distintas zonas del país”, según nota publicada por Diario del Norte.
- Lucha wayuu en Riohacha
La Corte Constitucional de Colombia admitió una acción de tutela presentada por comunidades indígenas wayuu de la cuenca del Arroyo Guerrero (Riohacha, La Guajira), quienes denunciaron violaciones a sus derechos fundamentales en el marco del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
Las comunidades vienen denunciando que entidades como el Ministerio de Ambiente, la ANLA, la Dirección de Asuntos Indígenas, la Gobernación de La Guajira, la Alcaldía de Riohacha y la empresa Espegua omitieron la consulta previa, ignoraron amenazas contra líderes de estas comunidades, mientras avanza el proyecto sin garantías legales ni participación indígena. La Corte reconoció la gravedad de los hechos, que afectan derechos como la vida, la salud, el agua y el territorio ancestral, y remitió el caso a jueces de Bogotá para su evaluación.
Si los jueces fallan a favor de las comunidades, sentarían un precedente para frenar proyectos sin consulta previa. De lo contrario, se perpetuaría la exclusión histórica de los pueblos indígenas en decisiones que impactan su territorio.
