1. ¿Hacia dónde va?
El anuncio de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, se presenta como un paso “ambicioso” dentro de la política de paz total. Sin embargo, existen riesgos y críticas que ponen en duda la viabilidad y credibilidad del proceso.
En primer lugar, se debe tomar en cuenta la débil capacidad estatal en la protección de líderes sociales y comunidades: Durante 2025, el Estado mostró escasos resultados. En lo que va de año, según registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), fueron asesinados 181 líderes sociales en todo el país.
Esto no quiere decir que la responsabilidad directa de esta violencia recaiga exclusivamente en las AGC, pero sí despierta desconfianza sobre la capacidad del Estado para garantizar seguridad en las nuevas zonas de concentración y que los acuerdos pactados con esta organización se traduzcan en una reducción efectiva, verificada y monitoreada de la violencia ejercida por ellos en los distintos territorios donde mantienen influencia.
Por ejemplo, la semana pasada la Defensoría del Pueblo emitió una de las alertas tempranas más complejas elaboradas en los últimos años (020-25), en la cual la Sierra Nevada de Santa Marta es el principal eje de una disputa violenta entre las AGC y los Conquistadores de la Sierra Nevada, donde las comunidades rurales, indígenas, afro y liderazgos de 21 municipios de La Guajira, Magdalena y Cesar siguen siendo víctimas indefensas ante un Estado ausente y un Gobierno ambivalente y esquivo.
Aunque se concentre parte de las AGC en las ZUT, la violencia paramilitar seguirá activa y afectará gravemente los derechos humanos en otras regiones. Además, los acercamientos con los Conquistadores de la Sierra Nevada tampoco han presentado avances significativos que puedan conducir a zonas de alivio humanitario y desescalamiento de la violencia en los territorios mencionados por la Alerta Temprana de Santa Marta.
Por otro lado, se debe considerar la capacidad militar y económica de las AGC. Si en los acuerdos no se establecen puntos claros sobre estos temas, se corre el riesgo de que algunos frentes y estructuras no se acojan al acuerdo y continúen con sus actividades por otras vías y con otros nombres, como sucedió con las antiguas FARC.
No menos importante es la falta de garantías para el ejercicio de los liderazgos sociales en los territorios de influencia de esta organización y la nula participación de la sociedad en este proceso Gobierno-AGC. Las negociaciones con grupos armados suelen ir por una vía, mientras las comunidades siguen desprotegidas y sometidas a desplazamientos, confinamientos y asesinatos.
Un punto específico del acuerdo anunciado por el Gobierno es más controversial. La suspensión de órdenes de captura y extradición. Algunos sectores advierten que otorgar beneficios jurídicos sin resultados tangibles en desarme y reparación puede interpretarse como impunidad, un episodio que ya se vivió durante el proceso pactado entre las AUC y el gobierno de Uribe.
Un mensaje entrelíneas, sin embargo, deja este anuncio. La administración Uribe no cumplió con lo anunciado durante el proceso con las AUC y cuando los antiguos mandos de esta organización comenzaron a detallar su responsabilidad en los crímenes cometidos, el gobierno no solo los extraditó, sino que silenció y extraditó la verdad.
Hoy, el acuerdo entre el Gobierno Petro y las AGC especifica que se suspenderán las órdenes de captura y extradición para que el proceso tenga respaldo y resultados. Y esta era la traba principal que existía hasta el momento, tomando en cuenta que los Estados Unidos ejercería presión sobre un eventual proceso con esta organización por las órdenes de extradición pendientes. ¿Una ruptura del Gobierno Petro con la tradicional política de extradición?
Otra duda que deja el acuerdo es que se centra en la concentración de los combatientes de las AGC, pero no aborda de manera clara cómo se garantizará la protección de las comunidades en los territorios donde las AGC y otros grupos ejercen poder de facto. Ya sucedió con las FARC, y fueron precisamente las AGC el actor que mayoritariamente se benefició con la salida de las FARC del territorio y la nula o poca presencia del Estado en las zonas de influencia fariana.
El acuerdo con las AGC es, por lo tanto, un avance simbólico en la política de paz total, pero enfrenta riesgos evidentes: la limitada capacidad estatal para proteger a la población, la persistencia de confrontaciones armadas en regiones como la Sierra Nevada, o la fragmentación interna de los grupos armados. Este proceso corre el riesgo de convertirse en un gesto político sin impacto real en la reducción de la violencia en todo el país.
2. Pobres resultados
Al cierre de noviembre del presente año, INDEPAZ registró el asesinato de 181 líderes sociales en todo el país. El último caso de lo que va de año es el de la etnoeducadora del pueblo wiwa, Elizabeth Mojica, asesinada a tiros al frente de su vivienda, ubicada en La Laguna, Riohacha.
“Este crimen ocurrió a pesar de que la Defensoría del Pueblo emitió varias alertas tempranas. En estos comunicados, advirtió a las autoridades sobre el riesgo inminente y la grave situación que enfrentan las comunidades en La Guajira”, advirtió el portal informativo Colombia Informa citando la Defensoría del Pueblo y reportes de Indepaz.
Desde la firma del Acuerdo de 2016, en La Guajira han asesinado a 28 líderes sociales según registros de INDEPAZ. No es fortuita entonces la Alerta Temprana de Santa Marta emitida la semana pasada por la Defensoría del Pueblo, en la que 21 municipios que integran el macizo de la Sierra Nevada se ven seriamente afectados por la violencia que las AGC y los Conquistadores de la Sierra Nevada vienen ejerciendo los últimos años.
En total, desde 2016 se han registrado 1.885 asesinatos de líderes sociales y 691 masacres con un saldo de 2.515 personas asesinadas en todo el país.
Existe actualmente una desconexión entre el trabajo de prevención y alerta realizado por la Defensoría del Pueblo y la respuesta que el Estado da a todas las situaciones diagnosticadas. Tampoco se ha diseñado un plan de prevención y defensa de las comunidades y liderazgos víctimas de la violencia, a pesar de las múltiples advertencias, análisis y reflexiones elaborados los últimos años.
Por último, queremos referirnos específicamente a la Alerta Temprana de Santa Marta. Al respecto, el sociólogo y defensor de derechos humanos, Lerber Dimas, hizo un minucioso reporte sobre la violencia en la Sierra Nevada en un artículo publicado por El Espectador el pasado 4 de noviembre.
Dimas, luego de detallar sobre los asesinados ocurridos los últimos meses, explica que no son el único factor que afecta la vida de las comunidades y territorios. “El guardar silencio frente a temas graves y no encontrar apoyo de quienes siempre van allá para la foto… es altamente peligroso”.
También explica que grupos armados utilizan la ropa tradicional indígena para pasar desapercibidos e ingresan a las casas de los indígenas para protegerse del asedio del Ejército. Presenciamos, ante todo, un sistemático asedio contra la población indígena del macizo montañoso, en riesgo físico de desaparecer si no se toman las medidas pertinentes.
Otra de las críticas que hace Dimas es la falta de participación de las comunidades indígenas en los diálogos de paz anunciados por el Gobierno con el actor principal de la Sierra Nevada, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Y es una denuncia que han hecho organizaciones indígenas, quienes aseguran que han enviado cartas a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz sin que hayan recibido respuesta alguna.
3. Posacuerdo
Se celebró en San Juan de Nepomuceno el VII Foro sobre Posacuerdo en el Caribe colombiano, evento organizado por la Universidad de Cartagena.
No sorprende que se hable del nuevo ciclo de violencia para referirse a los ejes de violencia de mayor impacto en el Caribe colombiano: sur de Bolívar, sur de Córdoba, Sierra Nevada de Santa Marta y los Montes de María. Aunque se quedan cortos, porque la violencia se instaló desde hace rato en las principales ciudades del Caribe con modalidades distintas y actores de todo tipo, lo que hace más compleja la situación en toda la región.
Lo que varios análisis vienen advirtiendo quedó registrado en el evento: los jóvenes son las principales víctimas de todo el repertorio de violencia que se vive en la región. Sin esperanzas, ni oportunidades de empleo o estudio, son presa fácil del reclutamiento por parte de distintas organizaciones criminales, sobre todo en ciudades como Sincelejo, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar o Riohacha.
En el caso de los Montes de María y de la zona del Canal del Dique, sin embargo, destacan la labor que las mujeres campesinas vienen realizando para rescatar la vocación agrícola del territorio con más de 200 patios productivos.
4. PAE en crisis
Hace un par de semanas aseguramos que el atraco de los recursos del PAE en Sincelejo debería constituir un delito de lesa humanidad por atentar contra la integridad de los niños beneficiados de este programa. Es sistemático el uso indebido (robo) de los recursos del PAE en todo el Caribe colombiano.
Un detalle se nos pasó por alto: existe actualmente una demanda de $14 mil millones promovida por la suegra del alcalde, lo que pone en riesgo la alimentación de miles de niños del municipio.
“El mismo alcalde debe ejecutar la diligencia contra el operador del PAE. Conflicto de interés total. Negocios familiares por encima de la alimentación escolar”, escribió el columnista y arquitecto Carlos Paternina.
5. Gas vehicular
La terminación de varios contratos de largo plazo en el sector gasífero nacional ya se siente en la región Caribe, donde el precio del gas vehicular registra incrementos entre 10% y 15%. El impacto es especialmente fuerte para los cerca de 5.000 taxistas de Barranquilla que en los últimos años migraron de gasolina a gas como alternativa para reducir costos.
El cálculo es el siguiente: antes un tanque costaba $25.000, ahora se acerca a los $30.000. Con un promedio de tres tanqueadas diarias, el gasto adicional asciende a $15.000 por día, lo que en un mes puede representar hasta $450.000 más en costos de operación.
“Ahora en diciembre no se sentirá mucho el cambio, pero en enero, cuando baje la demanda, sí… Yo con eso hago mercado”, expresó un conductor consultado por Blu Radio.
Por su parte, Gases del Caribe aseguró que cuentan con respaldo en contratos con campos menores, lo que evitaría un impacto tan fuerte como en otras zonas del país. Según la empresa, el incremento en la tarifa del gas natural vehicular ha sido de 11%, lo que para los transportadores se traduce en un alza cercana a 6% en sus gastos.
El panorama abre un nuevo debate sobre la sostenibilidad de la conversión a gas en el transporte público y la necesidad de medidas de alivio para quienes dependen de este combustible en su trabajo diario.
6. Asentamientos informales
Un reportaje del diario El Universal da cuenta del fenómeno de los asentamientos de origen informal en la ciudad de Cartagena: casi 40 % del territorio del perímetro urbano es informal, zonas que no cuentan con títulos de propiedad y están por fuera del ordenamiento territorial, por lo tanto, quedan excluidas de la planificación urbana y quedan vulnerados sus derechos sociales, económicos, de vida y movilidad.
Un diagnóstico aparentemente preciso, pero deja al margen otros factores como discriminación institucionalizada, asalto de los espacios públicos y culturales por parte del capital privado, políticas restrictivas contra la población raizal, planificación urbana secuestrada por el poder político y económico local.
