Cuaderno de Coyuntura Regional (12)
Por: Caribe Investigación
Varios son los temas que han marcado la agenda pública del Caribe durante 2023 y 2024. Un contexto complejo que el Gobierno del presidente Petro entiende y trata de revertir. A pesar de los esfuerzos y resultados concretos -y no menos importantes-, siguen insuficientes para satisfacer las demandas de una región que respaldó la campaña del cambio por la vida.
Dos acotaciones breves antes de comenzar el presente análisis. Las conflictividades diversas que enfrenta el Gobierno en el Caribe, sin embargo, tienen sus raíces en un contexto político, social, económico mucho más complicado y de décadas de acumulación.
Y no solo enfrenta un acumulado de exclusión e inequidades, sino todo un entramado institucional y político que abiertamente se opone a las políticas del cambio y se convierte en la piedra en el zapato de la gestión actual.
De antemano una valoración positiva de la gestión de Gobierno: ha privilegiado el diálogo para la resolución de los conflictos, algo que lo diferencia sustancialmente de los gobiernos de las últimas dos décadas.
Cuatro temas centrales ocuparán el presente análisis: pobreza; violencia, inseguridad, paramilitarismo y derechos humanos; reforma agraria y entrega de tierras; y conflictividades sociales. Más como un acercamiento, y desde una perspectiva de comprensión contextual, que como una verdad absoluta e invariable.
- Pobreza
Recientemente, el presidente Gustavo Petro aseguró en declaraciones que “la paz se hace reduciendo la pobreza”, hacía referencia a los resultados de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema en Colombia para el año 2023, publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
En resumen, la pobreza monetaria en el país se ubicó en 33 %, lo que representa una disminución de más de tres puntos porcentuales en comparación con el registro de 2022, que fue de 36,6 %. En términos de pobreza monetaria extrema, la tasa también disminuyó en 2023 con respecto al año anterior, pues pasó de 13,8 % al 11,4 %.
Según el DANE salieron de la línea roja de carencias materiales 1,6 millones de personas durante 2023. Aunque la pobreza aún agobia a 3 de cada 10 colombianos y la pobreza extrema sigue siendo más alta a la que se tenía previo a la pandemia por COVID, son resultados significativos en términos generales porque hablan del propósito y liderazgo del Gobierno para superar esta situación.
En la región Caribe, sin embargo, los resultados siguen siendo preocupantes. La ciudad de Valledupar (Cesar) se ubicó como la segunda del país y la primera del Caribe con mayor porcentaje de pobres (49,8%), seguida por Riohacha (46%), Sincelejo (44,3%), Cartagena (41,1%) y Santa Marta (39,7%). Solo las ciudades de Montería (34,3%) y Barranquilla (29,6%) redujeron la pobreza para el periodo 2023.
Un elemento que complejiza este tema tiene que ver con los índices de criminalidad y violencia en general, como se reseña más adelante. Las principales ciudades del Caribe -con sus matices- comparten un panorama de violencia delicado porque no solo compromete la seguridad ciudadana y la percepción que se tenga sobre el tema (negativa), implica también el avance del paramilitarismo de lo rural a lo urbano, en un período donde igualmente avanzan grandes proyectos de infraestructura con una política de desplazamiento simbólico y físico (gentrificación) de poblaciones y comunidades históricamente marginadas.
Ciertamente, las ciudades del Caribe y del Pacífico (Quibdó lideró la lista con 60,1 % de pobreza) siguen ocupando el primer lugar en los indicadores negativos de pobreza, desempleo, costo de vida, inseguridad y violencia.
Ambas regiones guardan similitudes en cuanto a la formación social y económica. Fueron dos regiones golpeadas fuertemente por el paramilitarismo en las décadas pasadas e impactadas igualmente en la actualidad. Preocupante también que la juventud en estas regiones no tenga oportunidades de estudio y empleo, ni esperanza de vida digna, porque terminan engrosando las filas del paramilitarismo, el crimen y narcotráfico.
Caribe y Pacífico son las dos regiones donde Gustavo Petro ganó por amplia mayoría durante las presidenciales de 2022, gracias a un mensaje de esperanza y de cambio que el hoy mandatario supo conectar con la gente. Aunque este Gobierno ha hecho grandes esfuerzos por revertir esta realidad, falta mucho por hacer en un país estructuralmente desigual y excluyente.
- Violencia, conflicto, inseguridad y derechos humanos
Durante los últimos cuatro años, los niveles de violencia e inseguridad de las principales ciudades y regiones del Caribe colombiano se han mantenido, y esto ha deteriorado la percepción de seguridad de los ciudadanos.
Mientras tanto, aumenta también la violencia de los principales grupos paramilitares de la región, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada; los impactos en los liderazgos y derechos humanos en toda la región; y de igual manera las rivalidades entre bandas del crimen organizado en ciudades como Cartagena y Barranquilla.
En febrero pasado, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC (CCSPJP), una organización de la sociedad civil mexicana, emitió un informe sobre las 50 ciudades más peligrosas del mundo en el periodo enero-diciembre de 2023.
Ocho de estas ciudades están ubicadas en Colombia, y cuatro de ellas en el Caribe: Sincelejo (Sucre), Santa Marta (Magdalena), Cartagena de Indias (Bolívar) y Barranquilla (Atlántico). En el caso de la capital sucreña, es la primera vez que esta ciudad aparece en la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo.
Los homicidios en Sincelejo pasaron de 89 en 2022 a 154 el año pasado, para dejar una tasa de 50,6 ―muy cercana a la de Buenaventura―, detalla el informe. Parte de la violencia, según indican las autoridades, se debe a la incursión de las AGC a finales de 2022 para desplazar a un grupo local armado denominado Los Norteños.
En el caso de Santa Marta aparece en la lista por segundo año consecutivo con una tasa de homicidios de 39.62 por cada 100.000 habitantes. Desde hace más de una década, tanto la capital samaria como la Troncal del Caribe y las estribaciones de la Sierra Nevada, han sido disputadas por las AGC y las ACSN, lucha que se ha incrementado en los últimos dos años con impactos humanitarios en el sur de Magdalena, la capital magdalenense, la Troncal del Caribe y la zona rural de Riohacha.
Durante el primer semestre de 2024 se registraron más de 100 personas asesinadas en la capital samaria. Según datos aportados por la Policía se estableció que 86 % de esos homicidios se cometieron con arma de fuego. Todos los análisis coinciden en que la violencia de Santa Marta y su área metropolitana se debe a la disputa que mantienen las AGC y las ACSN.
Después de la pandemia, Barranquilla y su área metropolitana se convirtió en un hervidero con altos índices de extorsión, sicariatos, guerra entre bandas y masacres, panorama que se asemeja al de la incursión de las AUC en la década de 2000 en el departamento. Es notoria la arremetida contra los sectores populares y más vulnerables, que va de la mano con una política de gentrificación y desarrollo de importantes proyectos de infraestructura: APP del Río Magdalena, puerto de aguas profundas, metro ligero, la vía Barranquilla-Ciénaga, Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, entre otras obras.
Lo anterior descarta por completo la tesis que manejan analistas y autoridades policiales. No se trata de una guerra entre bandas por el control del microtráfico, la extorsión y las rutas de narcotráfico, sino de una política de gentrificación y desplazamiento violento que de a poco va acabando con el tejido social en amplios territorios netamente urbanos con el fin de darle paso a capitales privados y del Estado para el desarrollo de grandes obras de infraestructura.
Paramilitarismo
Los indicadores y análisis señalan que la disputa territorial entre las AGC y los Conquistadores de la Sierra Nevada en el Magdalena no solo afecta el tejido social y los liderazgos en el territorio, el turismo y el comercio, sino que se va extendiendo hacia la capital de La Guajira por la Troncal del Caribe y por la zona rural del Distrito, donde se han registrado anuncios de limpieza social por parte de ambas organizaciones, enfrentamientos armados y desplazamientos de comunidades wiwa y afro.
Esto último indica que las AGC no solo tienen como objetivo controlar la Sierra Nevada y sus estribaciones, sino establecer un corredor estratégico que conectará la región del Magdalena Medio con los departamentos Catatumbo, Magdalena, Cesar y La Guajira, es decir, apunta al control del corredor fronterizo con el occidente venezolano.
Esto desmonta el argumento de analistas del conflicto, quienes destacan que este poderío apunta exclusivamente a consolidar una ruta de extracción de drogas y de minería con conexión entre el Magdalena Medio, el sur del Cesar y Catatumbo.
Breve paréntesis: este avance de las AGC significa el posible debilitamiento de los Conquistadores de la Sierra Nevada, quienes a la par han sido golpeados por la fuerza pública en los últimos meses; no es casual que los Conquistadores hayan insistido este año en establecer una mesa de diálogo con el Gobierno, al punto de aupar y promover el paro “cívico” que se llevó a cabo en la Troncal del Caribe en junio pasado.
¿Hacia dónde va?
Un análisis publicado el pasado 24 de julio por la Corporación para la Educación e Investigación Popular (Cedins) asegura que “es evidente que el entendimiento del paramilitarismo que han hecho algunos académicos y el mismo EGC, se reduce a la literalidad de la palabra paramilitar, como aquel grupo armado que realiza su accionar de forma paralela a la fuerza pública; pero tantos años de conflicto armado nos han enseñado que este fenómeno trasciende de esa definición, y que realmente se trata de una incursión militar prosistémica, ejecutada por amplios sectores de las elites para asegurar su permanencia como agente dominante en los campos económico, político y social”.
Explica el Cedins que “la connivencia o actuación conjunta con la fuerza pública es un factor determinante en momentos concretos de las operaciones contrainsurgentes, pero en otras ocasiones las fuerzas militares gubernamentales se pueden ver obligadas a combatir a sus agentes. Eso sí, vale la pena recordar que la confrontación armada que sostiene el Clan del Golfo con la fuerza pública es una directriz nacional, porque a nivel local la capacidad de penetración social que tiene este grupo ha implicado la capacidad de cooperar con la Fuerza Pública, por tanto, la separación que se tiene con el Ejército no es tan tajante como lo afirman los voceros del Clan”.
Dos casos concretos confirman lo anterior. El de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Urabá Antioqueño, y el de las comunidades del Sur de Bolívar. En ambos casos, organizaciones de derechos humanos han denunciado la connivencia entre las AGC y la fuerza pública para que los primeros mantengan o consigan el control absoluto del territorio. En el caso de San José de Apartadó, las denuncias señalan la complicidad de la Brigada XVII del Ejército con las AGC; y en el caso del Sur de Bolívar de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte.
Algo similar sucede en los Montes de María, donde las AGC ejercen el control absoluto de la vida cotidiana de sus municipios, a pesar de que el Estado tiene presencia en la zona con más 4.000 miembros de la Armada, la Policía y el Ejército.
Desde la firma del Acuerdo de Paz (2016), las AGC crecieron 58 % según cálculos de Indepaz, se convirtieron en la primera fuerza militar no legal del país con presencia en departamentos como Nariño, Cauca, Valle, Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Guajira, Cesar, entre otros, es decir, el mismo mapa de control territorial ejercido por las AUC entre 1990 y 2000.
Objetivo
En otro análisis publicado por el Cedins en junio pasado, señalan la razón de la actual militarización del territorio y el copamiento por parte de las AGC: “25 años de extractivismo a fondo en esta región deja un panorama desolador, y lo que evidencia la militarización y la nueva ofensiva bajo la modalidad paramilitar, es que el capital va por lo que queda, por lo que no han podido saquear. Es un nuevo auge del extractivismo legal e ilegal, que para efectos de las afectaciones a las comunidades se comportan igual, pues para el capital lo que importa es la ganancia y la acumulación”.
El asesinato de líderes y las masacres cometidas en la región durante 2024 siguen siendo alarmantes, tomando en cuenta las estadísticas de Indepaz. De los 86 líderes y defensores asesinados hasta el 19 de agosto en el país, 10 fueron del Caribe (11%); de las 37 masacres registradas en el territorio nacional, siete corresponden al Caribe para casi 20% del total.
Las cifras de Indepaz de 2023 indican que se cometieron 93 masacres en todo el país, más de una cuarta parte (27 %) se registraron en el Caribe (25 casos). Después del Atlántico con nueve casos le sigue el departamento de Magdalena con siete.
Toda la crisis de violencia, criminalidad y avance paramilitar viene desarrollándose de manera paulatina durante los últimos años, pero repuntó con la asunción del gobierno del Cambio en 2022. Una manera eficaz para entorpecer los avances del Gobierno de Petro, aderezado con el ataque mediático y psicológico hacia su gestión y la izquierda con la doble intención de ocultar las verdaderas causas de las inequidades y responsabilizar a Petro de la “enfermedad”.
El paramilitarismo hoy forma parte de una estrategia de exterminio y/o control social de nuevo tipo, cuyo objetivo apunta a frenar los procesos sociales y organizativos en los territorios, las alternativas políticas y el avance de las fuerzas de la izquierda y del progresismo; a contrapartida, desalentar y desesperanzar a las franjas poblacionales más vulnerables, para, de esta manera, restarle viabilidad política a un proyecto de transformación.
Un Gobierno que dialoga
Ante este panorama, es comprensible la incertidumbre y el miedo de la ciudadanía en general y los liderazgos sociales y ambientales en los territorios de mayor conflictividad. Sin embargo, se debe destacar dos elementos positivos y esperanzadores.
El primero tiene que ver con la valoración positiva que hace de la gestión del Gobierno un sector social clave para las transformaciones que demanda el país. En los tres sondeos de opinión que ha llevado a cabo durante 2024 el programa Pulso de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), 68 % de los líderes consultados valoraron positivamente la presidencia de Gustavo Petro.
“Buena parte de esa aprobación radica en que perciben que su gobierno ha aumentado los espacios de participación, que los diálogos con grupos armados, en especial el del ELN, tienen buen pronóstico a pesar de la crisis, y que se ha avanzado en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), claves para los municipios más afectados por la violencia”, precisa la FIP.
A pesar de que la percepción de seguridad es negativa mayoritariamente, una lectura interesante ofrece el informe de la FIP. Los líderes perciben que las condiciones de seguridad del Gobierno son peores que las del Gobierno de Santos, pero mucho mejores que las de la administración Duque.
Lo anterior, aunque es una interpretación atrevida del presente análisis, pudiera entenderse por su carácter dialogante, sus esfuerzos en materia social y económica, y la apuesta decidida para construir un camino de paz con diversos actores armados.
Esto pudiera consolidarse desde lo perceptual tomando en cuenta el inicio reciente de dos mesas de diálogos socio jurídicos con los principales grupos armados ilegales que hacen presencia en el Caribe, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Despertó esperanza en amplias capas sociales de la región, aunque no faltó escepticismo por parte de líderes y analistas por la falta de gestos de paz de estos dos actores armados que, a través de comunicados, mantienen un discurso de voluntad de paz, pero en los hechos siguen controlando vastos territorios violentamente.
Un elemento adicional se debe analizar. La confrontación militar entre ambas organizaciones viene acompañada por una guerra de comunicados (unos apócrifos, otros reales), en la que cada cual hace señalamientos con el objetivo de deslegitimar al otro.
La otra cara de la moneda es que este intercambio de señalamientos ha tomado carácter de guerra psicológica, con impacto directo en las comunidades. Anuncios de limpieza social, amenazas a supuestas bases sociales de cada actor, lista de personas “no gratas”, son algunas de las manifestaciones terroríficas de esta confrontación narrativa.
La guerra de comunicados no solo busca deslegitimar al oponente en un contexto de diálogos con el Gobierno, aterroriza aún más a las comunidades inermes y asediadas por todo tipo de violencia.
Falta por conocer la metodología con la cual se desarrollarán estas mesas de diálogos, y si irá acompañada de una política para el desmonte definitivo del paramilitarismo tomando en cuenta los siguientes factores:
El fracaso del proceso de Justicia y Paz de Uribe; el arraigo del paramilitarismo en las regiones; su carácter y función dentro del Establecimiento en el marco de la doctrina del enemigo interno; por lo tanto, la vinculación histórica con el Estado y/o con sectores económicos y políticos regionales, como viene sucediendo en las últimas décadas.
- Conflictividad social
La región Caribe sigue presentando una alta conflictividad social. Una lectura cercana, aunque no total, la encontramos en el informe de 2023 elaborado por el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo.
Entre enero y diciembre el Observatorio registró 619 eventos más en comparación con 2022 en las distintas regiones del país. “Los mecanismos que utilizó la comunidad para expresar su inconformidad por las acciones u omisiones del Estado o de particulares también tuvieron un aumento en el mismo comparativo anual: ocupación o toma de instalaciones (94%), ceses de actividades (62%), bloqueos de vías (62%) y plantones y concentraciones (31%)”, reportó la institución.
En este sentido, el Caribe lideró las cifras de la siguiente manera: de los diez departamentos que concentraron el mayor número de conflictos sociales estuvieron Bolívar con 7 %, Magdalena 6 %, Atlántico 5 %, La Guajira, 5%, y Córdoba con 4%.
Los eventos identificados por el Observatorio, en general, estuvieron relacionados con conflictos laborales 18%; la garantía del derecho a la educación 12%; inversión o presencia estatal 11%; conflictos políticos relacionados con la elección de alcaldes y gobernadores 11%; prestación de servicios públicos 10%; derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad 9%; políticas de transporte 9%; propiedad de la tierra o vivienda 5%; y conflictos ambientales 5%.
El escenario de 2024 en el Caribe sigue marcado por protestas y conflictividades de todo tipo, sin embargo, los hechos evidencian tres preocupaciones primordiales entre la ciudadanía: las altas tarifas de energía; el derecho a la movilidad urbana, limitado por los peajes de carreteras; y el acceso al agua potable.
El 13 de julio pasado, la Defensoría del Pueblo también entregó unas cifras de conflictividad que nos permitirán entender lo anterior. Entre enero de 2022 y el 15 de marzo de 2024, en Colombia fueron registrados 438 conflictos sociales a causa de inconformismos de la ciudadanía con la prestación de servicios públicos domiciliarios.
El documento “Conflictividad social asociada a la prestación de servicios públicos domiciliarios: Estudio de caso Bolívar, Sucre y Córdoba” evidencia que, de todos los eventos, 203 estuvieron relacionados con el acceso al agua potable (46,3%) y 195 al servicio de energía eléctrica (44,5%). Los dos servicios abarcaron 90,9% de la totalidad de los conflictos durante el período de estudio.
“Los eventos tuvieron como causas, principalmente, la interrupción del suministro del servicio, las altas tarifas y la falta de infraestructura adecuada”, detalla el informe.
Entre enero de 2022 y el 15 de marzo de 2024, Magdalena fue el departamento que reportó la mayor cantidad de conflictos sociales con 58 casos (13,2%); le siguieron Atlántico con 57 (12,3%); Bolívar con 54 (12,3%); Córdoba con 31 (7,1%); y La Guajira con 28 (6,4%). Los seis departamentos concentran el 58,9% de la totalidad de los eventos.
Si bien el informe del Observatorio hace hincapié en dos servicios esenciales como la energía y el agua potable, el primero copó la agenda de 2024 con protestas y movilizaciones de todo tipo en contra de las operadoras Air-e y Afinia.
Lo cierto es que el impacto de las altas tarifas de energía continuará más allá del anuncio del Gobierno del pago de una parte de la deuda a los operadores. La medida apenas impactó 4% en la reducción de la tarifa, pero no trastocará la actual estructura de cobro diseñada durante la administración Duque, ni incidirá en el actual modelo de prestación de servicios en mano de privados.
El Gobierno se encuentra en una especie de jaque mate para revertir la situación, las medidas anteriores al pago de la deuda fueron revertidas por el Consejo de Estado, y los mandatarios regionales del Caribe actúan más como resorte de los intereses privados que como defensores de los derechos de la gente.
Se debe sumar la actual acción criminal e inhumana de Air-e de racionar-cortar la energía eléctrica a varios municipios en los departamentos donde opera para obligar a los usuarios a pagar los recibos. Abonando así un terreno propicio para un estallido social sin precedentes en la región.
Otro tema que afecta la agenda ciudadana tiene que ver con el derecho a la movilidad urbana con respecto a los peajes del país. El Caribe no es la excepción y ha quedado demostrado en los últimos años con distintas protestas lideradas por comunidades, comerciantes y transportistas de Turbaco y Arjona (Bolívar) para impedir la reactivación del cobro del peaje de este municipio.
Esta problemática tuvo su mayor auge e impacto en mayo pasado con más de seis días de protestas y trancones que afectaron la dinámica económica, comercial y social de la región, no solo del municipio de Turbaco. Aunque no ha sido un caso aislado, recordemos que las comunidades de Puerto Colombia (Atlántico) también vienen luchando para frenar la reactivación del cobro del peaje de Papiros.
El contexto anterior habla del poco margen de maniobra que tiene el Gobierno del Pacto Histórico para resolver las demandas urgentes del país, lo que mantiene viva la idea de convocar a una Constituyente para avanzar en las transformaciones ciudadanas, y de la confrontación de dos modelos de sociedad: el que promueve el derecho a la vida y al acceso a los servicios públicos, y el que defiende la acumulación de capital en detrimento de los derechos y necesidades ciudadanas.
- Reforma agraria y entrega de tierras
La reforma agraria es una de las banderas principales del Gobierno, sin embargo, al finalizar la gestión de la ministra Jhenifer Mojica, ésta reconoció que apenas han podido cumplir con 10% de la meta establecida, es decir, un poco más de 86 mil hectáreas de tierras entregadas. Esto supone un reto en materia formalización o titulación de predios, otro de los talones de Aquiles de la reforma agraria.
La ministra entrante, Martha Carvajalino Villegas detalló recientemente que la meta para 2024 es obtener 500.000 hectáreas y llegar al millón restante durante 2025 y 2026. “La estrategia para lograrlo está clara: las compras deben concentrarse en fincas con grandes extensiones de tierra fértil, ubicadas principalmente en la Costa Caribe y en el Magdalena Medio”, según reseñó el diario español El País en su sección Colombia.
Esto deja varias lecturas. En primer lugar, el Gobierno se ha tomado en serio las movilizaciones campesinas que se han realizado los últimos meses tanto en el Magdalena Medio como en el Caribe para exigir el desmonte del paramilitarismo y la democratización de la tierra en la región, tomando en cuenta que fueron las regiones de mayor saqueo de tierras e impacto humanitario debido a la expansión paramilitar de las décadas de 1990 y 2000.
También, que se está considerando estas dos regiones por varias razones: por la alta concentración de la tierra en pocas manos y los bajos niveles de titulación de la tierra, la alta conflictividad social, la violación de derechos humanos, el impacto en los liderazgos sociales por la expansión paramilitar y de proyectos extractivos, y por la gran fertilidad de las tierras de la región.
Es por ello que el nombramiento de Carvajalino Villegas, quien es considerada cercana a los movimientos campesinos, apunta a reforzar la reforma agraria como bandera clave del Gobierno. De hecho, a principios de julio fueron entregadas en eventos simultáneos las primeras de 8.000 hectáreas en Caucasia y Yondó (Antioquia), Chimichagua (Cesar), Ayapel y Pueblo Nuevo (Córdoba), Baraya (Huila) y Fonseca (La Guajira).
Ahora bien, a pesar de la lentitud, limitaciones y de los modestos resultados, el Caribe ha estado en el foco del Gobierno en cuanto a entrega de tierras, o por lo menos es su principal apuesta si se revisan hechos concretos.
El caso más reciente tiene que ver con la declaratoria de la primera zona de protección para producir alimentos del país, que impactará a los municipios del sur de La Guajira: El Molino, La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, Distracción, San Juan del Cesar, Barrancas y Hatonuevo.
A partir de esta declaratoria, 330.000 hectáreas de los nueve municipios serán priorizadas y focalizadas para proyectos agrícolas y de producción de alimentos, y, lo más importante, de protección especial para detener o neutralizar proyectos mineros como el que encabezaba la Best Coal Company en Cañaverales, San Juan del Cesar.
Sin duda, una manera de avanzar en materia de tierras, entregando herramientas para los movimientos campesinos y frenando los proyectos mineros de la región. Una manera de revertir también el impacto de más de cuatro décadas de explotación que se tradujo en la pérdida de la vocación agrícola y secuelas medioambientales irreversibles.
A finales de marzo, el Gobierno hizo otro acto simbólico y de impacto en el sur del Caribe: entregar más de 4 mil hectáreas de tierras a familias campesinas y pescadores de distintas regiones caribeñas.
En mayo también entregó 19 títulos colectivos afro sobre más de 3 mil hectáreas en siete departamentos en el marco de la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad. Fue significativo y esperanzador en especial para la comunidad afro del Consejo Comunitario Afrocolombiano de Bajo de Polo, en el corregimiento de Rotinet, municipio de Rapelón (Atlántico), después de más de 100 años de constitución y décadas de espera. Durante la misma jornada, otras 940 hectáreas de tierra fueron entregadas a varios consejos comunitarios afro de La Guajira, con lo cual beneficiaron a 243 familias.
Más allá de anuncios propagandísticos, estos actos están relacionados con las metas anunciadas por el Gobierno el año pasado -y ratificadas a principios de 2024-, es decir, priorizar la entrega de tierras en el Magdalena Medio y el Caribe por ser las regiones con mayor fertilidad y con más solicitudes de titulación de tierras.
Aunque lenta, la entrega de tierras es una de las apuestas más importantes del Gobierno en el Caribe, y está conectada con la exigencia de los movimientos campesinos en el territorio para acelerar una reforma agraria, consolidar y desarrollar proyectos para la vida, protegerse de los proyectos mineros y agroindustriales.
Por fortuna, o más bien por convicción, las entregas de tierras o titulaciones en el Caribe se vienen impulsando de manera visible y focalizada: a comunidades y territorios colectivos indígenas y afro como viene sucediendo en La Guajira y en Tierrabomba (zona insular de Cartagena); este último caso bastante emblemático toda vez que predios de la nación eran explotados de manera ilegal por particulares y empresas en detrimento de la Nación y de las comunidades originarias.
El esfuerzo del Gobierno en el tema de tierra viene acompañado de un nuevo tipo de administración de la Sociedad de Activos Especiales. Un cambio de paradigma que logra superar la corrupción y complicidad de esta institución con mafias políticas y del narcoparamilismo; a la par pone a disposición de la reforma agraria, del campesinado y de los proyectos agroalimentarios las tierras y activos embargados durante gestiones anteriores.
- Dos temas finales
Aunque el tema del aumento del combustible ha pasado de agache, vale la pena analizar algunos elementos tomando en cuenta que desde septiembre del año pasado advertimos sobre el impacto que este podría tener en los departamentos de la costa norte fronterizos con Venezuela.
Los últimos meses, los transportadores de Valledupar (Cesar) vienen sufriendo a la hora de abastecer combustible. Tanquear con Gas Natural Vehicular (GNV) “es un viacrucis para un alto porcentaje de transportadores que utilizan este combustible de bajo costo”, reseñó el diario El Pilón el pasado 4 de julio.
“Solo hay dos estaciones de servicio que suministran GNV y cuando una se daña obviamente la otra colapsa. Eso nos genera muchas pérdidas porque tenemos que hacer filas de hasta 4 horas para poder tanquear y eso nos dificulta cumplir con la tarifa. Es más económico utilizar el gas natural porque al día de tanqueo cuesta $60.000 y si utilizara gasolina serían $120.000”, manifestó un conductor al diario.
Este escenario, producto del aumento paulatino del costo de la gasolina para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios al Combustible (FEPC), lo habíamos asomado en septiembre pasado en un análisis titulado “¿Incidirá el aumento del precio del combustible en las dinámicas del corredor fronterizo Cesar-La Guajira-Venezuela?”.
“¿Se reactivará el contrabando transnacionalizado del carburante venezolano hacia el Caribe colombiano con la misma fuerza de hace diez años? ¿Qué importancia juegan Cesar y La Guajira en este escenario? ¿Tendrá algún impacto en materia de seguridad y Derechos Humanos?”, fueron algunas de las interrogantes planteadas.
Aunque de manera muy fugaz, en el corredor que va desde Paraguachón hasta Maicao se comienza a comercializar de nuevo el combustible venezolano, considerablemente más económico que el colombiano, tal como advertíamos el año pasado.
Una solución posible a la alta demanda de combustible económico, sin que afecte el plan del gobierno de reducción del déficit del Fondo de Estabilización, sería aumentar la reconversión a GNV principalmente en los departamentos fronterizos Cesar-La Guajira.
La situación de Valledupar contrasta con la realidad nacional, como reseña El Pilón: “De acuerdo con un informe de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), las conversiones de vehículos de gasolina a gas natural aumentaron en un 63 % en 2023, comparado con las conversiones en 2022. Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali y Villavicencio han sido las ciudades con más vehículos convertidos durante el trimestre de 2024”.
Venezuela y el Caribe
Lo último está relacionado con Venezuela y su actual contexto político pos electoral. El Gobierno del presidente Petro, a nuestro entender, aunque intentó mantener una postura conciliadora al respecto, con sus últimas declaraciones o escritos en la red X, se pronunció de manera desacertada.
En primer lugar, porque desconoce el contexto político y social venezolano. En segundo término, porque desconoce sus instituciones al sugerir propuesta a todas luces inviables. Y, por último, porque hace alarde de un rol que nadie en Venezuela le ha solicitado, y esto de alguna manera puede afectar las relaciones bilaterales.
Como expresó recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo que debe prevalecer en estos momentos es el respeto a las instituciones venezolanas, es decir, los principios de no injerencia en los asuntos internos de otros países y la autodeterminación de los pueblos.
Petro acertó al afirmar que la paz de Venezuela era la paz de la región, algo similar a lo que expresó el presidente Chávez en su momento, pero a la inversa, que la paz de Colombia significaba la paz de la región.
Este debe ser el elemento central de la política exterior de Petro, entender que la participación de Venezuela en los procesos de paz de Colombia no solo ha sido histórica, sino también clave y trascendental. Venezuela, al contrario, ha recibido todo tipo de ataques por parte de la dirigencia tradicional colombiana.
En estos dos años de Gobierno, Venezuela ha sido clave también en materia económica y energética. Las exportaciones del empresariado colombiano hacia Venezuela se reactivaron; la empresa venezolana Monómeros (Barranquilla), clave para el mercado de fertilizantes del Caribe y el interior del país, ha oxigenado el mercado.
No menos importante es el acuerdo de suministro de gas natural licuado venezolano al Caribe colombiano. En marzo pasado el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, informó que en 2025 la estatal colombiana importará 60 millones de pies cúbicos de gas venezolano para cubrir un déficit de 17% en la demanda de gas en Colombia.
En la actualidad, el gasoducto transcaribeño Antonio Ricaurte, construido con recursos venezolanos durante la administración Uribe-Chávez, está en fase de recuperación y rehabilitación.
Venezuela, por lo tanto, es fundamental para Colombia en materia de paz, economía e intercambio energético; es un país con un liderazgo de importancia geopolítica en la región y el mundo, rol que no se debe ni subestimar ni escamotear con propuestas injerencistas que se le pueden revertir a Colombia.
