Por: Juan Alejandro Echeverri
Estaban advertidos: la empresa prometió “trabajar muy duro” para que no pudieran alcanzar la votación que requiere la huelga. Y así lo hizo…
Hace más de 300 días la subdirectiva Bugalagrande del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) instaló una “carpa de resistencia” a las afueras de la planta que la multinacional Nestlé tiene en ese municipio de Valle del Cauca, donde laboran alrededor de 1.200 trabajadores que empacan Milo, lácteos y café en diferentes presentaciones, también alimentos culinarios como sopas, caldos y cremas. Hoy la carpa y los afiliados al sindicato siguen allí en modo de protesta por las negativas de la empresa a renegociar la convención colectiva que venció el 31 de mayo de 2024.
En Colombia y en el mundo, la convención colectiva es un acuerdo contemplado en la legislación laboral, con el que los sindicatos intentan mediar la relación patrón-trabajador y mejorar sus condiciones laborales.
La norma colombiana establece que 60 días antes de expirar una convención colectiva, los sindicatos deben notificar su disposición a presentar un nuevo pliego de peticiones y negociar con el empleador la nueva convención. Luego de una asamblea nacional, el 2 de abril de 2024, Sinaltrainal presentó a Nestlé el pliego y la comitiva negociadora escogida por sus afiliados para representarlos.
En lugar de negociar, la multinacional optó por materializar las amenazas expresadas en el 2021, cuando el sindicato, en el marco de la anterior negociación, estuvo a pocos votos de obtener la cantidad necesaria para declararse en huelga, una estrategia de parálisis laboral que tienen los sindicatos para presionar por sus demandas, pero poco común en Colombia por el regresivo marco legal que con los años se ha consolidado en el país.
Dada la negativa de Nestlé, SINTRAINAL instauró una querella administrativa ante el Ministerio del Trabajo para que le ordenara cumplir su obligación de negociar la nueva convención colectiva. La cartera, asegura el sindicato, nunca actuó; tampoco hizo nada ante los despidos masivos —algunos sin justa causa— de trabajadores afiliados al sindicato que contaban con un fuero especial que impedía su remoción.
Además de instalar la carpa, donde se hace agitación política del conflicto, talleres lúdicos, cine y reuniones, la junta directiva de Bugalagrande usó los permisos acordados en la convención colectiva para apersonarse de la situación. Argumentando que no podían hacer uso de ellos, la empresa también los despidió, pese a contar con un fuero especial que no lo permitía.
Un juez laboral les dio la razón a los 10 trabajadores, la empresa apeló y un tribunal volvió a dejar en firme la decisión. A la par que Nestlé reprendía con despidos y litigaba en tribunales, optó por hacer una modificación del reglamento interno de trabajo. La multinacional se amparó en la ley 2101 del 2021, referente a la reducción de la jornada laboral en el país. Según José Mauricio Valencia Tamayo, tesorero de la junta directiva nacional de SINTRAINAL y presidente de la subdirectiva de Bugalagrande, “montaron un nuevo horario, obligando a los trabajadores a trabajar domingos y festivos. Cosa que en la convención colectiva, como derecho adquirido, ya estaba regulada. Los trabajadores tenían derecho a elegir si trabajaban [un domingo o un festivo], no podían ser obligados”. No solo se vulneraba un derecho adquirido, las nuevas condiciones iban a impedir que los afiliados pudieran participar en las asambleas, en los espacios de deporte, recreación y cultura, por ello el sindicato volvió a instaurar una querella ante el Ministerio del Trabajo, esa vez tampoco recibieron respuesta.
Nestlé, por su parte, echó cuatro trabajadores más por incumplir el nuevo reglamento. La empresa anunció más despidos, incluso de personas que gozaban de fueros de estabilidad laboral reforzada por asuntos de salud. Hasta hace unas semanas, asegura Mauricio, el sindicato contabilizaba un total de 48 trabajadores cesados. De momento, con el litigio jurídico lograron el reintegro de siete de ellos, de los cuales uno no soportó la presión patronal y renunció.
La estrategia de terror y dilación no terminó ahí. En simultáneo, un grupo de trabajadores afines a la empresa presentaron varios depósitos de junta ante el Ministerio del Trabajo, con el fin de suplantar la verdadera junta directiva nacional y la de Bugalagrande escogida en asamblea. Mauricio asegura que este sector “facilitó todo para que nos levantaran el fuero y nos despidieran, cuando el representante del sindicato debe ayudar al trabajador para evitar que se le levante el fuero. Eso se lo dijo un juez en varias audiencias a estos señores”.
Tras décadas de negociaciones, y gracias a las cuotas sindicales, la subdirectiva de Bugalagrande hoy puede decir que es dueña de una sede en la que funciona un instituto técnico de educación, una farmacia, una funeraria, un fondo de ahorros, una fundación cultural y un centro deportivo. Con la nueva convención colectiva el sindicato pretende conquistar y mantener condiciones de bienestar laboral a nivel nacional. Superar algunas cláusulas que limitan el acceso a la atención en salud. También, como explica Mauricio, acceder a un monto, que cifran en alrededor de 1.000 millones, para cimentar la anhelada universidad en el municipio: “¿Qué le decimos a la empresa? Usted lleva años aquí en Colombia y Bugalagrande, y no ha aportado para una construcción social”.
En Bugalagrande, los afiliados de Sinaltrainal han sido tachados de vándalos por instalar pasacalles y hacer pintas alusivas a su lucha. Tanto la empresa como el sector que quiere fungir como negociador sin haber sido escogido para ello, acudieron a una querella policiva para desalojarlos de la carpa y de la sede; les han señalado de desviar recursos sin sustento probatorio; y, al igual que a sus familiares, los han difamado en cuentas falsas de redes sociales.
La jugada del Ministerio
Desde que empezó el conflicto laboral, Mauricio asegura que la directiva de Sinaltrainal se reunió tres veces con Gloria Inés Ramírez, quien fungió como ministra de trabajo hasta la segunda semana de este mes, pero ni así lograron que la cartera les diera el trato dado a los “esquiroles, aquellos que se postran a los intereses del patrón”, como los denomina Mauricio.
“El 13 de febrero de 2025, queda para la historia como uno de los días más sucios e injustos para los trabajadores al servicio de la multinacional Suiza Nestlé afiliados a Sinaltrainal”, denunció el sindicato en un comunicado. Ese día, las redes sociales del ministerio y varios medios de comunicación anunciaron que la ministra y viceministra de trabajo, directivos de Nestlé, representantes de Sinaltrainal, la embajada suiza, dos voceros de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y delegados de la Defensoría del Pueblo habían instalado una mesa de negociación para dirimir el conflicto entre las partes. Lo que no se mencionó en la comunicación oficial, ni en ninguna de las notas, es que los negociadores avalados por el ministerio no contaban con la representación legal del sindicato y no fueron elegidos por los trabajadores como delegados.
“Eso generó desconcierto en los trabajadores, ¿cómo es que nosotros, con la representación legal, con varios jueces reconociéndonos, el ministerio se presta para un precedente de estos? ¿Cómo así que nosotros luchamos un año y no pasó nada, y en un día pasó de todo? Esto es un golpe directo a todos los trabajadores y al sindicalismo en el país”, manifiesta Mauricio.
Periferia envió una serie de preguntas al número personal de la exministra Gloria Inés Ramírez para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvimos respuesta. También contactamos a Manuel Muñoz, jefe de sostenibilidad corporativa de Nestlé, quien tampoco respondió nuestros interrogantes.
Aunque existe el riesgo de que este escenario le permita a la empresa y al sindicato fachada negociar una convención colectiva amañada, Sintrainal solicitó una medida cautelar ante un juez para que detenga el proceso de negociación fraudulento y se respete lo democráticamente discutido y decidido por la base real del sindicato.
Un patrón sistemático
La multinacional suiza Nestlé tiene presencia en más de 150 países. En Colombia está instalada desde 1944. Además de Bugalagrande, sus lugares de producción están localizados en Dosquebradas (Risaralda), Mosquera (Cundinamarca), y Valledupar (Cesar). Las denuncias en su contra no son nuevas, en 2005 el portal suizo Swissinfo publicó una nota en la que ONG´s de ese país certificaban las denuncias de sus trabajadores colombianos por las prácticas antisindicales y la mala gestión laboral y ambiental de la empresa.
Nestlé es tan solo una de las compañías que ha alimentado una cultura antisindical en Colombia, responsable de que existan 6.000 sindicatos, pero solo el 4% de la población trabajadora está afiliada a uno de ellos, según cifras del Sistema de Información Laboral y Sindical (Sislab) publicadas en 2024.
La apatía sindical de los trabajadores colombianos no se podría explicar sin la violencia histórica de la que han sido víctimas. Según informes de la Escuela Nacional Sindical, entregados a la Comisión de la Verdad en 2020, 3.240 sindicalistas fueron asesinados en Colombia entre 1971 y 2018. Sinaltrainal contabiliza 39 afiliados víctimas de la cruzada homicida, el primero en 1989 y el más reciente en 2018.
Por las próximas generaciones
Pese a ser la materia prima que genera la ganancia, el trabajador suele ser el que menos beneficio obtiene de ella. Lejos de cambiar esa lógica, las distintas reformas laborales hechas en Colombia han recortado derechos y precarizado las condiciones de los trabajadores. Por ejemplo, en el Decreto Ley 2351 de 1965 se normatizó el despido con justa causa. Años después, la Ley 50 de 1990 abrió la posibilidad de los despidos sin justa causa; hasta ese entonces, quienes llevaran más de 10 años laborando en una empresa no podían ser despedidos y tenían derecho al reintegro, con dicha norma eso fue desmontado. Mauricio recuerda que en 2004, luego de otras reformas hechas al código sustantivo del trabajo en el 2002, un episodio de esquirolaje similar le robó a él y sus compañeros algunos beneficios conseguidos en la convención colectiva, además les redujo en un 48 % el salario.
Mauricio asegura que la tendencia se mantiene: “hoy lo que se quiere es que, si nosotros en el presente ya somos caros, los próximos trabajadores sean más económicos”.
Actualmente, en el Congreso de la República se debate una nueva reforma laboral impulsada por el único gobierno progresista que ha gobernado Colombia, en teoría, el primero que está de lado de los trabajadores. Aun así, este dirigente sindical no se hace ilusiones, reconoce que la nueva reforma tiene algunos puntos relevantes, en cuanto a devolución de derechos se refiere, pero es consciente que el Congreso sigue compuesto por fuerzas políticas que les han dado facilidades a los empresarios para que precaricen a los trabajadores, los castiguen por organizarse y debiliten los sindicatos.
Mauricio sabe que en el sindicalismo pueden ser más las derrotas que las victorias. Pero eso no es motivo suficiente para abandonar la “carpa de la resistencia”, porque: “Acá tenemos desarrollos empresariales en propiedad colectiva, es decir que la riqueza se revierte otra vez en la gente. Hemos demostrado que se puede redistribuir la riqueza, se pueden conquistar caminos de bienestar. Eso nos ha dado la posibilidad de fortalecer la consciencia del obrero, de entender que esta lucha es correcta, que podemos seguir discutiendo condiciones de transformación social. Hay agotamientos, hay a veces desilusiones, porque son muchas derrotas a veces. Pero nosotros creemos que esto va a ser un aporte a la conciencia de las próximas generaciones de trabajadores”.
*Actualización de rectificación 18/06/2025: En la versión inicial de este artículo se hizo una afirmación que carece de elementos probatorios, según la cual contra cinco directivos de la multinacional Nestlé seguía abierta una investigación por los asesinatos que cometieron grupos paramilitares contra Luciano Enrique Romero, y Víctor Eloy Mieles Ospino.
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