Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 73)
Por: Caribe Investigación
Dos asuntos siguen embolatando la gestión del Gobierno en el Caribe colombiano y en el país. El deficiente servicio de energía eléctrica y sus altas tarifas, las concesiones viales y la reactivación del cobro de peajes son temas cruciales para la estabilidad de la región Caribe porque impactan en la movilidad de sus gentes y comunidades, el transporte de mercancías, el desarrollo social y económico en general. De no encontrarles pronta solución seguirá incubándose un estallido social; estallido que con destellos se presenció durante todo 2024 en distintos departamentos.
En el mejor de los casos, la cuenta de cobro llegará en las elecciones presidenciales de 2026; al menos esa es la apuesta de los sectores de poder de Colombia, tan retardatarios como miserables. Aunque parezcan asuntos de distinto calibre “son caras de la misma moneda”, como veremos a continuación.
Con la Constitución de 1991, tan halagada hoy, se abrieron las puertas formalmente al modelo económico neoliberal en Colombia, el Estado quedó al margen de su responsabilidad para garantizar servicios básicos como la energía eléctrica, agua, aseo, finanzas, telecomunicaciones, entre otros.
Privatizar empresas estratégicas para supuestamente mejorar sus finanzas o la calidad de los servicios que prestaban (Empresa de Energía de Bogotá, Telecom, Ecopetrol, Banco Popular, Electricaribe, Seguro Social, Promigas, entre otras). La inversión privada, según el argumento de entonces, permitiría el desarrollo de grandes obras de infraestructura y vialidad, mejoramiento en la prestación del servicio.
La crisis eléctrica de 1992, por ejemplo, puso en evidencia el atraso tecnológico y de infraestructuras del país. Fue la excusa perfecta para que se impusiera el esquema que hasta hoy predomina en el país: el Estado quedó para temas regulatorios y de planificación, control y supervisión; mientras que la cereza del pastel, es decir, el tema económico, empresarial y de finanzas se quedó en manos de privados.
El resultado en materia de energía en el Caribe fue de reflote y refinanciación de algunas empresas, fusiones improductivas, corrupción, falta de inversión, pasivos acumulados, entre otros obstáculos; lo más cercano que recuerda la gente es la creación Electricaribe en 1998 con el objetivo de enderezar el entuerto de la privatización.
Electricaribe, muy al contrario de lo que se pregona hoy, lo que hizo fue heredar todos los males de ese proceso traumático y desordenado que se vivió después de la crisis de 1992. Las condiciones del servicio eléctrico del Caribe no mejoraron, de a poco la infraestructura fue quedando en la más deprimente obsolescencia.
Finalmente, Electricaribe fue despachada por Duque en 2020, quien dividió la torta en dos para que entraran las nefastas Air-e y Afinia. Para colmo de males, en su Plan de Desarrollo aprobó varios artículos para garantizar la rentabilidad de estos dos operadores, además del conocido régimen tarifario especial, causante de las altas tarifas de energía de la región.
Algo similar sucedió con el modelo de concesiones viales en el país y la región Caribe: el Estado se quedó con el rol de “supervisar, controlar y regular”, los privados con el negocio, la operatividad y la acumulación de capital.
Durante más de 20 años estos dos temas han impactado derechos fundamentales como el acceso a la energía eléctrica y otros servicios básicos, el desarrollo de actividades comerciales e industriales, en el caso de la energía; y el derecho a la autodeterminación y la planificación urbana, preservación socioambiental y movilidad en el caso de las concesiones viales y los peajes.
Ese Estado que debió regular, supervisar y controlar fue cooptado por mafias y sectores políticos, se hizo a un lado en una especie de política del “dejar pasar, dejar hacer”, con el Congreso como principal protagonista del desmadre para permitir leyes y contratos leoninos que socavaron uno a uno los derechos fundamentales.
Conflictividad
Desde hace casi dos años distintos sectores vienen reclamando cambios estructurales tanto en el servicio de energía como en el uso de las concesiones viales y los peajes. Estos dos temas forman parte de las principales preocupaciones de ciudadanos y sectores económicos y comerciales por el impacto directo que tienen en las finanzas y el costo de la vida, son hoy uno de los principales causantes de las conflictividades del Caribe.
¿Qué dicen las cifras? Según el Informe Anual de Conflictos Sociales Manifiestos (2023) de la Defensoría del Pueblo, de los diez departamentos que concentraron el mayor número de eventos, cinco son del Caribe: Bolívar (7%), Magdalena (6%), Atlántico y La Guajira (5%), Córdoba (4%).
La región Caribe “registró el mayor número de eventos de conflictos sociales manifiestos durante el 2023 con 650 conflictos sociales (32%)”, reza el informe. La mayoría de los eventos estuvieron relacionados con servicios públicos, conflictos laborales y conflictos por el derecho a la educación.
Sin duda, servicios públicos y conflictos por derecho a la movilidad (protestas contra peajes y concesiones viales) serán parte de los eventos de mayor importancia en el informe que presentará la Defensoría del Pueblo con respecto a 2024.
Solo con leer los titulares de prensa de 2024 podemos inferirlo: protestas masivas en todas las principales ciudades o bien contra las operadoras Air-e y Afinia, o bien contra el cobro o reactivación del cobro de peajes, o el fraudulento servicio que prestan los concesionarios viales.
A pesar de tener una infraestructura de inferior calidad a la de otros países de la región, Colombia ocupa el primer lugar en cuanto a peajes (180 aproximadamente), superando a dos economías con importantes obras de infraestructura vial como Brasil y México.
El ejemplo más palpable de esta contradicción la encontramos en el peaje de Turbaco, municipio de Bolívar, se encuentra a solo cinco minutos de Cartagena y afecta la movilidad de las comunidades de este y otros municipios.
Asunto complejo
Es innegable que el Gobierno sigue buscando alternativas, aunque algunas veces parece debilitado por los amarres jurídicos e injustos contratos realizados en administraciones anteriores con respecto a la prestación del servicio de energía y la administración vial. Congelar el aumento reciente de los concesionarios viales o prorrogar la reactivación del cobro de algunos peajes da un respiro, pero no es la solución de fondo.
A este complejo panorama debemos sumarle el inevitable incremento programado del precio de los combustibles, decisión que tomó el Gobierno con miras a sanear las finanzas y acabar con el desangre en el que se convirtió el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. ¿Cómo harán para cumplir con este aumento sin afectar la movilidad y el transporte?
Por otro lado, el diagnóstico del agente interventor de Air-e es grave. La película de terror que significó Electricaribe se maximizó con Air-e y Afinia. ¿La liquidación anunciada será la solución definitiva?
Otros actores apuestan por la creación de una empresa pública regional con capital público. Pero, ¿correrá por cuenta del bolsillo de la ciudadanía el desastre financiero de Air-e?
La gente se cansó de anuncios, diagnósticos y paliativos. La percepción que se tiene hoy es que el Gobierno se queda sin respuestas u opciones, arrinconado por los buitres y las leguleyadas, con un Congreso jugando con fuego ante una tensión social intacta.
Lo que queda claro es que la arquitectura institucional y económica de Colombia sigue resguardando los intereses del capital, a la vez que unos sectores políticos defienden la tesis de seguir financiando el saqueo.
- La Paz amenazada
La Paz es un anhelo de todos los colombianos y colombianas. Sin embargo, esta se encuentra bajo amenaza constante. El ejercicio de la defensa de los derechos humanos, ambientales y liderazgos en el país es uno de los más peligrosos.
Hace pocos días, el portal de investigación Vorágine recogió una reflexión que parece inverosímil: “Cada dos días, desde 2016, asesinan a un líder de derechos humanos. Es una tendencia invariable y, a pesar del cambio de gobierno, eso no se frenó”, reveló un líder en condición de anonimato a Vorágine.
Esa declaración refleja dos cuestiones fundamentales. La primera es que la amenaza al tejido social es sistemática, no hay garantías para el libre desenvolvimiento ni para líderes ni para comunidades enteras, sometidos a todo tipo de violencia.
La segunda es que la apuesta de la Paz Total del Gobierno encierra sus propias contradicciones: turbulencia en las mesas establecidas con disidencias de las FARC, ELN y Comuneros del Sur.
Tampoco existe una hoja de ruta y metodologías para definitivamente entablar diálogo con otros actores armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
En torno a las AGC se presenta una traba adicional. A través de la resolución 546 de 2024, el Gobierno Nacional excluyó a tres voceros de la AGC de la mesa de diálogo sociojurídico anunciada hace cuatro meses con esta organización paramilitar.
Lo anterior debido a la orden de extradición que pesa sobre tres jefes de esta organización, entre ellos Jobanis de Jesús Ávila (Chiquito Malo). El pasado 2 de enero, el abogado de las AGC escribió en la cuenta X: “El EGC fue sorprendido con decisiones unilaterales, erróneas e incoherentes que ponen en riesgo la Paz Total con el Ejército Gaitanista de Colombia”.
¿Seguirá Estados Unidos imponiendo la agenda de la paz en Colombia a través de su doctrina “antidrogas”? Y no lo decimos por las AGC, sino porque todo proceso de paz debe garantizarse a partir de la participación de toda la sociedad colombiana, partiendo de los intereses del país, y no de agentes extranjeros.
En todo caso, los análisis sobre la paz son cada vez más incrédulos en cuanto al alcance que pueda tener el Gobierno nacional los próximos meses en los procesos que lleva a cabo con distintos actores, mientras tanto la paz sigue amenazada, los líderes y comunidades viven en zozobra y sin protección.
En las principales ciudades del Caribe no hay esfuerzo que valga. Las extorsiones no paran, los asesinatos y masacres y la lucha entre bandas u organizaciones tampoco. Distintos actores armados entendieron la importancia y crecimiento de los entornos urbanos para proyectar sus actividades y lógicas de exterminio.
- Derechos humanos
Las AGC continúan como la principal amenaza paramilitar para los liderazgos en el territorio caribeño, aunque públicamente jueguen a ser los “buenos” de la película, a través de comunicados muy bien elaborados con los cuales descalifican a denunciantes y líderes, o simplemente instrumentalizan la paz.
A principios de enero, la Corporación Regional de Derechos Humanos (Credhos) denunció que las AGC declaró a cuatro integrantes de Credhos y otros líderes de Magdalena Medio como objetivo militar.
Días después de esta denuncia, Credhos emitió una nueva alerta sobre las constantes vulneraciones a los derechos humanos en región de Guamocó, sur de Bolívar, tras varias incursiones de hombres armados pertenecientes a la AGC, según reseñó El Espectador.
De igual forma, la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios de Chimichagua y Astrea, Cesar, alertó el pasado 9 de enero que estaban siendo víctimas de desplazamiento forzado, confinamiento y amenazas en un conflicto por la tierra que data de varios años.
Sin embargo, el defensor de derechos humanos, Lerber Dimas, señaló en torno a estos dos municipios un contexto preocupante. En su cuenta X aseguró: “Como si fuera poco, Chimichagua cerró 2024 con 14 homicidios y Astrea con 7. En el inicio de 2025 han sido asesinadas dos personas en Chimichagua. La retoma del EGC (AGC) inició con fortaleza, tal cual lo anunciaron días antes en reuniones”.
Estos y otros hechos aterradores con víctimas de sicariato o cuerpos desmembrados abren este 2025 y se suman al delicado panorama de los derechos humanos registrado el año pasado.
Mientras tanto, la guerra entre las AGC y los ACSN sigue afectando los liderazgos y comunidades de los territorios en disputa: Sierra Nevada de Santa Marta, Troncal del Caribe, zona rural, comuna 10 y Distrito de Riohacha y parte del Cesar. Tierra de nadie.
